Tras casi un año de incertidumbre, se reveló que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos aprobó el despliegue de “comandos secretos” armados, con autorización para matar durante los desórdenes ocurridos dentro del Capitolio de Washington DC el 6 de enero de 2021.
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Fue el fiscal general en funciones en esos momentos, Jeffrey A. Rosen, quien decidió unilateralmente esas medidas de contingencia que abordaban las posibilidades más extremas, de acuerdo con Newsweek del 3 de enero.
De hecho, no hubo ninguna solicitud formal de organismos como la Policía del Capitolio, el Servicio Secreto o el Departamento de Policía Metropolitana. En este caso, El DOJ y el FBI decidieron actuar de forma independiente, con las fuerzas de operaciones especiales al acecho.
Luego, Rosen declaró ante el Congreso que Rosen que su departamento “no tenía un papel de primera línea con respecto al control de multitudes”, que se centran en operaciones de “alto riesgo”.
Asimismo, la decisión de Rosen había sido precedida de una reunión del 3 de enero en Quantico, Virginia, para repasar posibles amenazas, contingencias y planes para la sesión conjunta del Congreso del 6, que tampoco se conocía, según Newsweek.
A ella asistieron los equipos del FBI de Rescate de Rehenes, el equipo nacional “Render Safe”, y el equipo SWAT de la Oficina de Campo de Baltimore.
También Equipos de Respuesta Especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Grupo de Operaciones Especiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
Los equipos tácticos del FBI llegaron al Capitolio a primera hora del 6 de enero, no obstante, “la pregunta que persiste es: ¿Qué fue lo que vio el Departamento de Justicia que le hizo ver el 6 de enero como un acontecimiento extraordinario, algo que evidentemente no vieron las demás agencias?”, destaca el autor William M. Arkin.
Es de recordar que en esos disturbios la única persona que murió violentamente fue la desarmada veterana Ashli Babbitt, a manos del teniente Michael Byrd, quien fue exonerado de todo cargo.
Por otro lado, aunque se nombró un Comité Selecto investigador dedicado a dilucidar lo ocurrido durante ese día de disturbios, aún no hay claridad sobre lo sucedido.
En este sentido, el representante Rodney Davis, republicano por Illinois, dice que las oficinas que dependen directamente de la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi no están cooperando.
Davis, escribió una carta a Pelosi, exigiendo que las oficinas de la Cámara bajo su control dejen de obstruir una investigación del GOP sobre las vulnerabilidades de seguridad del edificio del Capitolio.
“Los eventos del 6 de enero de 2021 expusieron serias vulnerabilidades de seguridad en el Complejo del Capitolio”, expresó Davis del 3 de enero de 2022.
Y agregó: “Desafortunadamente, en los últimos doce meses, los demócratas de la Cámara han estado más interesados en explotar los eventos del 6 de enero con fines políticos que en llevar a cabo una supervisión básica de las vulnerabilidades de seguridad expuestas ese día.”
Asimismo, aludió a los muchos intentos de los republicanos para acceder a los registros, todos los cuales han sido negados o ignorados hasta ahora por los funcionarios que responden directamente a Pelosi.
Por su parte, el representante Jim Jordan, republicano de Ohio, fue aún más allá diciendo que el Comité ha mentido al pueblo estadounidense y que fue diseñada para ocultar las acciones de Pelosi.
