Mónica Bauer Mengelberg, esposa de José Luis Vargas, magistrado y expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha comprado una propiedad por valor de tres millones de dólares en el Estado de Connecticut, en el noroeste de Estados Unidos,. El matrimonio había sido investigado anteriormente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bajo sospecha de corrupción y el blanqueo de más de 30 millones de pesos en el extranjero a partir de una red de empresas fantasma.
Antilavadodedinero / Elpais
Familiares de Bauer Mengelberg han asegurado que el dinero usado en la adquisición del inmueble pertenece exclusivamente a la mujer, y que Vargas no ha tenido nada que ver en su compra. Para ello, según documentos citados por el diario mexicano, Bauer Mengelberg pidió un préstamo al banco HSBC por valor de dos millones de dólares. La hipoteca fue firmada el 10 de septiembre de 2021. La propiedad tiene una superficie de 598,76 metros cuadrados e incluye una vivienda con seis habitaciones y cinco baños.
Vargas señaló que la vivienda fue comprada por su esposa por necesidades laborales, ya que su trabajo la obliga a pasar largas temporadas en Connecticut. De acuerdo con su página de LinkedIn, Bauer Mengelberg López ha sido empleada desde hace casi 20 años en distintos cargos de la empresa PepsiCo.
La UIF empezó a investigar al matrimonio en 2020, cuando aún se encontraba capitaneada por Santiago Nieto, quien dimitió el pasado noviembre después de su polémica boda en Guatemala. La unidad identificó un patrón en las finanzas de Vargas, que realizaba transferencias al extranjero a través de empresas fachadas. Además, la UIF argumentó que la pareja tenía un estilo de vida superior a lo que sus ingresos regulares podrían permitir.
En 2021, la UIF denunció formalmente a Bauer Mengelberg López y Vargas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por un presunto blanqueo de 30 millones de pesos que el matrimonio obtuvo ilícitamente, de acuerdo con la investigación. Las cuentas en el extranjero del matrimonio estaban a nombre de la mujer, que había adquirido un inmueble en Miami además de varias propiedades en Ciudad de México y el Estado de México. Finalmente, la Fiscalía decidió no llevar a cabo ninguna acción penal y el caso se cerró, aunque la UIF impugnó la decisión.
Aunque no hubo consecuencias legales, en el seno del TEPJF se desató una fuerte crisis. El pasado agosto cinco de los siete magistrados de la institución, encargada de dirimir las controversias sobre candidaturas, partidos, coaliciones, financiación y campañas, votaron a favor de destituir a Vargas, que ostentaba el cargo de presidente desde noviembre de 2020, por vulnerar los “principios y deberes” del cargo y cometer “abusos” durante su administración.
Aunque en un principio Vargas se negó a dimitir, finalmente firmó su renuncia el pasado 9 de agosto, ya que los escándalos sobre su figura habían alcanzado una magnitud que el magistrado no pudo sortear. El juez Reyes Rodríguez Mondragón, elegido por sus compañeros como sucesor en el cargo también declinó el puesto unas horas antes. Vargas ha asegurado que la vivienda de Connecticut será incluida en la declaración patrimonial de su esposa el próximo mayo.
