La semana que comenzó escandalizada cuando se supo que la esposa de Andrés Mayorquín, exasesor de María Paula Correa, jefe de gabinete del Gobierno de Iván Duque, había obtenido contratos a instancias de su cónyuge.
Antilavadodedinero / Pulzo
Karen Váquiro, esposa de Mayorquín, suscribió con varias entidades del Estado más de 24 contratos por más de 1.200 millones de pesos. Hasta el alcalde de Cartagena, William Dau, aseguró que Mayorquín le había escrito varias veces para ofrecerle los servicios de su mujer.
El nuevo caso de contratación —que, si bien no necesariamente transita por los caminos de lo ilegal, sí lo hace por los de lo ético— está relacionado con Claudia Marcela Montealegre, esposa de Germán Quintero, secretario jurídico de la presidencia de la República. De acuerdo con De la Torre, Montealegre trabajó en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y ha obtenido 16 contratos con entidades estatales.
“Desde el 12 de enero de 2021, cuando Quintero entra como secretario jurídico de la presidencia, en remplazo de Clara María González, ella [Claudia Marcela Montealegre] ha adquirido un total de 9 contratos en ese periodo específico que suman 653 millones de pesos”, dijo De la Torre
También informó que todos los contratos han sido asignados a través de contratación directa y tienen por objeto brindar asesorías legales, con entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP), el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y la Alcaldía de Armenia.
Sin embargo, la periodista llamó la atención sobre el hecho de que existe una diferencia entre una pareja (la de Váquiro y Mayorquín) y otra (la de Montealegre y Quintero). Según De la Torre, Montealegre sí reportó que su esposo era funcionario, “a diferencia de la otra que dijo que nunca tenía marido en el sistema público”.
“Pero además ella [Montealegre], antes de la llegada de su esposo a la presidencia, ya había tenido contratos también con Planeación Nacional, Coljuegos, y con el Ministerio de Cultura por 690 millones de pesos”, agregó la periodista.
“Es una asesora jurídica muy reconocida, muy importante, que lleva muchísimo tiempo asesorando al Estado”, concedió De la Torre.
Alejandro Santos, del equipo periodístico de la emisora, remarcó que “en estos casos, el cargo que se ejerce tiene tanto poder, porque está en presidencia, es el secretario jurídico de presidencia, inevitablemente hay una influencia indirecta que puede ejercerse así sea tácita, en la contratación. Cuando uno asume la decisión ce meterse en lo público y en este tipo de cargos, pues tiene que hacer sacrificios y si la pareja, independientemente de su formación y su trayectoria, depende de los contratos del Gobierno o del Estado, pues va a tener que cuidarse mucho más”.
“Es que, además, qué tal el cargo del marido. Es decir: el marido no es nada más ni nada menos que secretario jurídico de presidencia. Entonces imagínese el nivel de la influencia que tiene”, terminó De la Torre.
