El sumario de la operación Sana, la mayor investigación contra la trata de niñas para la prostitución y venta de droga en Madrid, revela que los principales explotadores eran jóvenes de la banda latina Dominican Don’t Play (DDP) y que algunas de ellas, también las que se escapaban de centros de la Comunidad donde estaban tuteladas, llevaban hasta dos años siento vendidas en narcopisos y chabolas.
Antilavadodedinero / Abc
Testigo protegida 1: «Me golpeaban y me tiraban de los pelos.Me daba igual morirme»
La primera exploración a esta menor, que cayó en las zarpas de la red con 13 o 14 años, se produce el mismo día en que se la localiza en una narcochabola de Villaverde, el 23 de junio pasado. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (Ufam) de Madrid recaba un testimonio en la que la víctima asegura que se prostituye porque quiere: «A cambio de droga, ropa…
Yo sé qué quiero algo y me lo compro; quiero maquillaje, ropa, desayuno… Lo hago cuando lo necesito». Señala un chalé en Fuentidueña de Tajo donde se ha acostado «varias veces» con un individuo. «Me daba 50 euros, a veces 40, 30.
Cuando fui al centro [de menores] de Aranjuez, yo ya me acostaba con él», relata, y añade más datos de otros hombres («Un rumano que roba botellas de whisky, de unos 55 años, y me daba asco»); también de otras relaciones sexuales «a cambio de un gramo de base [de cocaína]» o «de perico». En una segunda exploración, a primeros de octubre, menciona a uno de los proxenetas, el Kalifa, que la obligaba a acostarse con otros Dominican Don’t Play.
El relato evoluciona, aparecen más nombres de la red, como Chuky, Ñaño, Tabárez, Randy y Metralla. De este último, afirma: «Me obligó a mantener relaciones sexuales con tres o cuatro amigos suyos. Yo me quería ir, pero no me dejaba. Yo estaba en el piso de abajo y me grababan con una cámara que tenía en su casa. Me traía a gente desconocida para que me acostara con ellos, a cambio de dinero, y él se quedaba la mitad. Me encerraban, no me dejaban salir y me grababan.
Yo no era así. Cuando conocí al Kalifa, me cambió la vida; él me enganchó a la droga, yo no quería». Conforme avanza la declaración, va reconociendo que era una esclava y da detalles demasiado explícitos y duros como para ser reproducidos aquí.
Luego habla a los agentes de algunos lugares donde las prostituían: «Quiero que cerréis [el piso de] Felisa Méndez, es un sitio de putas en el que me hicieron el anuncio», refiere sobre las fotografías en mallas que le hicieron para traficar con ellas.
Una semana después, en una tercera declaración, dice a los agentes que «lo voluntario y lo no voluntario» lo tiene «escrito todo en Instagram». Habla de lugares como viviendas en la calle del Monte Igueldo, 62, y de otros apelativos como el Cuba, el Grande («Me dijo que me daría dinero y droga a cambio de relaciones sexuales, y no me dio nada»), un marroquí que abusó de ella en un piso tutelado para mayores de edad… E identifica a la mayoría en reconocimientos fotográficos e incluso aporta nombres y sus cuentas en Instagram.
«Llevaba un año enganchada a la droga», insiste, tras detallar más nombres de «gente que se dedica al tráfico de drogas y que sabía la edad que tenía» cuando abusaban de ella: «Todos, empezando por el Kalifa, pertenecen a bandas latinas, son amigos y se dedican a vender droga en Usera y Villaverde. Uno de los jefes es M. T, una persona muy peligrosa y poderosa, que además tiene armas». Y concluye a los agentes: «Si se enteran de que estoy contando todo, me van a matar, van a ir a por mí».
El testimonio de esta testigo es de los más espeluznantes, pues explica cómo la golpeaban, le tiraban de los pelos, le dejaban moratones…
«Empecé a adelgazar, me daba igual todo, incluso de morirme; vi lo que nunca he visto en mi vida. Me tenían como a un perro. Finalmente, la Policía la rescató de una vivienda okupa, fue llevada a un centro de menores, del que escapó durante dos meses. Luego, se supo que estaba con su padre, que, presuntamente, la obligaba a prostituirse para ‘financiarse’ la droga que él consumía («a cambio de una bolsa de cocaína» o «por 20 euros y medio gramo de cocaína»). La chica, ya tutelada, llegó a cortarse las venas. Una amiga relató que incluso el padre habría mantenido relaciones con la testigo 1.
Testigo protegida 2: «Me han violado durante dos días y medio hasta que hui»
La segunda víctima es la que permaneció encerrada tres días en un piso de Usera y logró escapar. El 31 de agosto, acudió a un estanquero de la calle de Amparo Usera llamó a la Policía. «Necesito un médico, he sido violada. Hace dos días y medio, me fui de casa», dijo la menor a los agentes, según consta en las actuaciones. «Iba por la calle y pedía cobijo a la gente, hasta que una mujer me llevó a su casa.
Solo recuerdo que, estando tumbada en la cama del dormitorio, un hombre me forzó a tener sexo durante dos días y medio, hasta que logré huir», testificó. Sangraba, se había hecho sus necesidades encima y, en los análisis posteriores en el hospital, se desveló que había consumido hachís, cocaína y otras sustancias. Era amiga de la testigo protegida número 1 y la novia del Kalifa, que la llevaba a prostituirla al polígono Marconi y a las narcochabolas de San Cristóbal de los Ángeles, denominada El Fumadero. Lo hizo durante más de un año. Y vuelven a aparecer Ñaño, Chuky, una mayor de edad que las obligaba a trasladar droga en sus genitales (a la que llama la Rubia)… Y el rapero conocido como Saymol Fyly, uno de los presuntos vértices de la trama.
La chica se había escapado de un centro de menores y Kalifa la ‘acogió: «Me daba golpes por todos lados, me zarandeaba, me izaba agarrándome por los hombros y me agarró por el cuello. Porque me negué a salir a robar para llevarle dinero».
Testigo protegida 3: «La violaban incluso inconsciente y cuando no podía ni moverse»
Se trata de una menor con continuas escapadas de centros de menores a sus espaldas. Como el resto de víctimas, es una niña extremadamente vulnerable, con un entorno social y familiar desestructurado.
Ya en julio de 2020, 16 meses antes de la explotación de la operaciónSana, la metieron en la trama. En noviembre de 2020, tras un ir y venir a causa de sus fugas, declara que el rapero Saymol les «suministraba drogas a las menores y se aprovechaba de ellas».
Tanto él como una mujer dominicana, L. D. O. V., «las embaucaban para que fuesen al poblado chabolista de San Cristóbal, les ofrecían alojamiento y las introducían en el mundo de las drogas, desarrollando una fuerte adicción». Habla de un tal Miguel, «que había violado a muchas».
La chica se refiere también a la testigo protegida número 5: «Acudía al poblado en muy mal estado por el consumo de drogas. Los hombres llegaban a mantener sexo con ella incluso cuando no podía andar ni moverse, hasta inconsciente».
Testigos protegidas 4 y 5: «Me van a matar o a echarme ácido en la cara, como a otras»
El atestado policial destaca que los testimonios de esta madre (4) e hija (5) «contribuyen a conocer el ambiente en que consumen y se prostituyen las menores; confieren aún mayor credibilidad a lo manifestado por las testigos 1 y 2, observándose un total paralelismo en la descripción que realizan los familiares del deterioro físico y mental que presentan las menores».
El 3 de septiembre de 2019, la Policía interviene en su domicilio por una riña familiar: la madre no está de acuerdo con las compañías y sitios que frecuenta la niña. Ese 30 de diciembre, la mujer manifiesta que teme que su hija esté «en un punto de encuentro de toxicómanos, dado que es adicta a la heroína y otras sustancias». Empezó con 17 años: «Conoció a una mujer en Legazpi, que le facilitó el ejercicio de la prostitución en el paseo de las Delicias, 127, en pisos regentados por dominicanos. Incluso hacían tríos junto a clientes de discotecas en reservados».
Desapareció entonces cinco días, en los que estuvo en los narcopisos de San Dalmacio, donde Chuky la inició en la drogadicción: «Tenía enamorada a mi hija. Cuando estaba enganchada, le tenía a él cariño y admiración; cuando estaba bien, decía que era un hijo de p…». Siendo aún menor, «la tuvo encerrada cuatro días en un chabolo, hasta que otro toxicómano y varias prostitutas, al verla desangrarse por sus genitales, la sacaron de allí».
Una vez en que la madre acudió a rescatarla del poblado, otra menor que estaba allí le dijo: «A tu hija te la han metido primero a despachar droga y ahora, como consumía mucho, la tienen ahí abajo, donde la mandan a prostituirse para sacar dinero». Tras ello, la menor sigue yendo y viniendo de su casa, se escapa, va a drogarse durante días, está en tratamiento psiquiátrico… Y le ha dicho a su madre: «Mamá, ten cuidado con a quién denuncias, porque nos hacen un ‘mandado’», en referencia a que enviarían a un toxicómano a matarlas. Teme que le «echen ácido en la cara como a otras niñas y a mujeres a las que se lo han hecho», refiere la menor a su progenitora.
Testigos protegidas 6, 7 y 8: «Le reclamaban 580 euros porque le habían robado la droga»
La primera es madre de la segunda. Dice que su hija se fugó en marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento. La niña, de 15 años, a raíz de su amistad con la número 8 (una camarera de discoteca que no cesaba de escapar de un centro tutelado), se iba de casa. Permanecía con dominicanos y «volvía con un olor muy fuerte, como de donde se hacen fuegos, se duchaba y se iba». «Una vez me dijo que necesitaba 580 euros para devolver, ya que le habían robado la droga y que la tenían amenazada.
Había vendido el patinete para tener algo de dinero y darlo», dijo la número 6. Su hija manifestó: «Hay otras menores que venden droga y no va a pasar nada, porque van a seguir vendiendo y la Policía no puede hacer nada», consta en el atestado policial. «Mi hija ya no es la persona que era antes. Ahora está callada, como triste. Alguien la está apretando», dice, y clama ayuda a la Policía.
«En 2021 pusimos 84 denuncias sobre estas menores»
La Comunidad de Madrid pidió a la Fiscalía, en octubre de 2021, la privación de salida del centro de una de las menores víctima de la trama, detallan fuentes de Sol.
En enero de 2022, insisten, «los centros directivos de la Comunidad de Madrid no tienen respuesta del juez».
Además, aseguran que de las 5.000 denuncias del Gobierno regionalen 2021, 84 son de las mismas menores de la operación Sana. Añaden en Sol que, a 20 de enero’22, el juzgado no ha permitido personarse en la causa a la Comunidad de Madrid.
