Una radiografía satelital de los estados Amazonas y Bolívar del sur de Venezuela ha permitido identificar más de 3.700 puntos de actividad minera y una red de pistas utilizadas para traficar oro y drogas.
Antilavadodedinero / Elpaís
Así lo revela la primera entrega de esta serie que, a partir de imágenes desde el espacio procesadas con inteligencia artificial, muestra cómo la selva venezolana está siendo arrasada a un ritmo sin precedentes y se ha convertido en la base de operaciones de grupos criminales transfronterizos
La selva de Venezuela encubre al menos 42 pistas de aterrizaje desde las que despegan avionetas cargadas con oro de la región de Guayana. La mitad de esas pistas se encuentran junto a alguna de las miles de minas ilegales que emergen al sur del río Orinoco, el más largo del país y el tercero de Sudamérica.
Distintos reportes periodísticos han dado cuenta de que una parte del oro venezolano sale por vuelos furtivos, sobre todo cuando estos son interceptados ya en ruta o en destino y se vuelven noticia. Pero un trabajo conjunto de Armando.info y EL PAÍS, con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media, permite mostrar por primera vez en el mapa de Venezuela los puntos estratégicos que han establecido las redes de contrabando para sacar cargamentos ilícitos por vía aérea. Se trata de la entrega inicial de esta serie llamada Corredor Furtivo.
Estos hallazgos surgen de un levantamiento de información por monitoreo satelital, procesado luego con inteligencia artificial, para ver y entender de forma integral la evolución del fenómeno minero en la Guayana venezolana, al norte de la Amazonía.
Con ayuda de expertos, se programó un algoritmo para reconocer y asociar imágenes similares a tomas cenitales de minas a cielo abierto y pistas clandestinas, con el fin de identificar esos patrones en la selva. El resultado, contrastado luego con otras tomas satelitales de alta definición, arroja 3.718 puntos con explotaciones ilegales de oro en los estados Amazonas y Bolívar, que suman en conjunto 418.145 kilómetros cuadrados de superficie: casi la mitad del territorio venezolano.
Cartografía de las pistas
La proximidad que existe entre pistas y minas clandestinas se puede comprobar, por ejemplo, en el punto correspondiente a las coordenadas 4°45′25.2″N 61°29′07.2″W. En ese sitio de la Gran Sabana se observa una pista en medio de un territorio donde se hace evidente la expansión de minas a cielo abierto desde 2015, según se constató en un seguimiento histórico del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA). La Gran Sabana, al sureste del estado Bolívar, constituye un paraje y ecosistema singulares, una altiplanicie de 10.000 kilómetros cuadrados que sirve de umbral de acceso a la región de los tepuyes, macizos característicos del Escudo Guayanés.
Algo similar se encuentra en las coordenadas 5°58′54.2″N 63°13′41.7″W, un punto dentro del Parque Nacional Canaima. Fundado hace 60 años y declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1994, no solo es el escenario del Salto Ángel, la catarata más alta del mundo, sino la joya de la corona de los monumentos naturales del sur de Venezuela.
En las coordenadas 4°52′22.1″N 62°26′02.1″W, a orillas del río Caroní, en 2015 quedaron registros de dos pistas de aterrizaje. En la actualidad, todavía se puede distinguir una de ellas muy cerca de una gran mina a cielo abierto, al otro lado del río. Más de una docena de las pistas identificadas por el algoritmo, de hecho, se ubican en las riberas del Caroní, que nace cerca de la frontera con Brasil y sube desde allí por todo el estado Bolívar.
1. La pista doble junto al Caroní
Entre las poblaciones de Urimán e Icabarú se mejoró una antigua zona de aterrizaje y despegue que había al otro lado del río, frente a una nueva zona de extracción.
2. Extracción en Urimán
28 kilómetros aguas arriba del poblado de Urimán, se encuentra una área de explotaciones ilegales que abarca 760.000 metros cuadrados. Como tantas minas que se despliegan alrededor del río Caroní, cuenta con una pista para aviones.
3. El Pulgo
47 kilómetros al noreste de la zona turística de Canaima, conocida por sus cascadas y ser punto de acceso habitual al famoso Salto Ángel, se encuentra esta zona repleta de minas que han seguido creciendo en los últimos años.
4. Las Claritas
La zona de mayor actividad minera del sureste venezolano está localizada seis kilómetros al noroeste de Las Claritas, en el municipio de Sifontes. Estuvo administrada por la canadiense Crystallex hasta que cesó su actividad. Una pista aérea da servicio a las extracciones informales.
5. Apoipó
El río Kukenán sirve de límite meridional de la zona protegida del Parque Nacional de Canaima. Al sur de esta frontera natural, prospera una miríada de extracciones ilegales.
Algunas de las pistas que surgen en las imágenes ya estaban emplazadas en décadas anteriores para servir a comunidades indígenas o poblaciones remotas dispersas en la accidentada geografía de la zona.
Hoy, estas instalaciones han quedado ubicadas estratégicamente muy cerca de minas emergentes. Es el caso de la comunidad piaroa establecida al noroeste del estado Amazonas, en un territorio conocido con el nombre de Janacome.
Allí, al lado del campamento indígena destaca una pista (en la coordenada 5°37′58.3″N 66°26′48.7″W), a escasos dos kilómetros de tres minas emergentes que, según afirman tres fuentes de la zona, se encuentran en manos de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Encuentro de dos mundos
Más que una denuncia en particular, un conjunto de testimonios dan cuenta de la presencia de tropas guerrilleras en el Amazonas venezolano, y del uso de ese territorio para la minería, a pesar de que está prohibida por mandato de ley.
La advertencia “¡cuidado con la guerrilla!” ha estado en el ambiente al menos en la última década, pero pocas veces ha quedado tan de manifiesto como hace dos años, cuando, en una suerte de encuentro de dos mundos, los guerrilleros se presentaron ante los indígenas locales como sus nuevos vecinos.
Ese día, el 23 de febrero de 2020, una comisión de combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se presentó durante una asamblea ante los representantes de las comunidades piaroa de las riberas de los ríos Autana, Cuao, Sipapo y Guayapo, en la localidad de Pendare.
Allí, en ese rincón selvático del occidente del Amazonas venezolano, a medio camino entre la margen derecha del río Orinoco y el famoso cerro Autana —protagonista de mitos aborígenes y carteles turísticos—, formalizaron sus nuevos campamentos y pidieron adoptar la política del buen vecino.
En aquella reunión, los guerrilleros aseguraron que venían en son de paz, que su intención era proteger el territorio y que incluso contaban con la venia de Caracas. Pero no solo encontraron la resistencia indígena, sino que no tuvieron en cuenta que los piaroa también saben grabar audio y video: así quedó registrada la presencia de grupos irregulares.
Y así recogieron también el testimonio de uno de los indígenas, que en su intervención advertía sobre “una pista clandestina que existe allá en Autana [uno de los municipios del norte de Amazonas y epicentro del territorio piaroa]”. “¿Eso es puro cuento?”, preguntaba, desafiando a los uniformados: “Disculpe, ¿será que allá en Autana no hay una pista de aterrizaje?”. La respuesta de la concurrencia fue clara: “¡Sí hay!”, le dijeron a coro.
“¿Qué están trabajando? ¿Seguridad? ¿Seguridad de la Nación? El pueblo quiere saber qué pasa”, insistió el vocero de los piaroa. Tres días después, en sintonía con sus palabras, la Organización Indígena del Pueblo Uwottüja del Sipapo (Oipus) rompió el silencio para solicitar al Estado venezolano que hiciera algo.
No solo pidieron que la administración de Nicolás Maduro reconociera el apoyo del que hablaban los guerrilleros, sino que también expulsara los aviones que han invadido su espacio. “Declaramos el rechazo a la explotación de la minería, también rechazamos que use nuestro territorio para el tránsito de actividades ilícitas”, señalaron en el comunicado del 26 de febrero de 2020.
“Que explique o aclare a nuestro pueblo indígena sobre la construcción de pistas de aterrizaje, que durante las noches [sic], despegan y aterrizan en el sector de río Autana”.
No había pasado un mes de esa exhortación cuando otro extraño aviso volvió a poner en evidencia, en marzo de 2020, que el norte de Amazonas se ha vuelto puente aéreo de tráfico de drogas y minerales: una avioneta apareció abandonada cerca de la población de San Pedro del Orinoco (de coordenadas 04°36′30.52″N 67°46′12.88″W). Los restos de la aeronave aún dejaban leer las iniciales de sus siglas, PT, que corresponden al registro aéreo de Brasil.
Algo huele en San Pedro del Orinoco
Los indígenas ubican una pista en ese punto de la frontera con Colombia. Se trata, sin embargo, de un lugar que pasó inadvertido en el rastreo satelital programado para este trabajo.
Todavía un año después, para marzo de 2021, los satélites de Planet, Digital Globe y Google no registraban pista alguna en la zona; tampoco el Sentinel-2, que sirvió de base para programar el algoritmo de este trabajo. En ese punto se veía, sí, un largo camino de tierra por el que debieron transitar los indígenas al momento de encontrar la avioneta.
Es evidente que algo pasa en San Pedro del Orinoco. Aunque en marzo los satélites no alcanzaron a divisar la pista, en septiembre detectaron en el mismo punto una nueva línea recta de unos 340 metros de largo. Una especie de pista improvisada que representaría un verdadero reto para cualquier piloto, a pesar de que se trata de un terreno despejado sin montañas ni bosques que obstaculicen cualquier aterrizaje forzoso.
Otras dos pistas clandestinas ya habían aparecido en la zona en 2018. A contracorriente de la política del gobierno de Nicolás Maduro, que ignora las guerrillas que crecen en Amazonas, el entonces ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, general Néstor Reverol, anunció que habían destruido esas dos pistas e incautado 450 panelas de cocaína en el sector Cacahual, un punto de la frontera con Colombia ubicado a 30 kilómetros de San Fernando de Atabapo.
“En el lugar de la incautación se localizaron dos pistas clandestinas y depósitos de combustible de aviación con 3.200 litros”, publicó el 30 de abril de ese año en su cuenta de Twitter.
En 2021 circularon otras noticias sobre vuelos furtivos de aeronaves con matrículas brasileñas que debieron efectuar aterrizajes de emergencia en la zona. El 23 de septiembre, un bimotor Piper modelo Navajo, con siglas PT-JEH, sorprendió al aterrizar de emergencia en el aeropuerto principal de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, sobre la margen derecha del río Orinoco y en plena frontera con Colombia.
Se había agotado su reserva de combustible. Volaba desde la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima, norte de Brasil, hacia el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en Los Llanos del suroeste de Venezuela.
Aunque no llevaba carga, de acuerdo con el reporte militar, arrojó trazas de drogas, por lo que sus dos tripulantes –el italiano Deverson Ceccaroni y el colombiano Duvier Linares– fueron arrestados.
La aeronave, propiedad de la empresa brasileña AEB Taxi Aéreo y Transportes Ltda, no contaba con permisos vigentes de operación para taxi aéreo y tenía suspendido el certificado de aeronavegabilidad, según confirma el registro oficial de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil (ANAC).
Un caso similar es el de la avioneta brasileña PT-KFN, que se vio forzada a aterrizar al otro lado del río Orinoco —en la ciudad colombiana de Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada— y en la que también se encontraron trazas de clorhidrato de cocaína. Los dos ciudadanos brasileños que iban a bordo quedaron bajo arresto.
Si no fuera por los acontecimientos fortuitos que han dado pie a estas noticias, que dejan en evidencia una actividad que es cotidiana, no se sabría nada de ese tránsito. El Amazonas venezolano se ha convertido en ruta regular para las redes de los cárteles colombianos; el territorio del estado más meridional de Venezuela tiene una escasa densidad poblacional, pues aloja apenas 0,5% de los habitantes del país en un área que representa poco más de 17% del territorio nacional.
No hay muchos testigos de lo que allí ocurre. Extensa, selvática, con una orografía abrupta y cruzada por una maraña de ríos caudalosos que conforma su forma más práctica de movilidad y transporte, el Estado se presta para el ocultamiento de actividades ilícitas.
Un “genocidio silencioso”
Hasta en el Alto Orinoco, probablemente la región más remota e inexpugnable de todo el país, explorada del todo apenas en 1951 por una expedición francovenezolana, se encuentran rastros tanto de minas como de pistas clandestinas.
Los pueblos locales ye’kwana y sanema –agrupados en las organizaciones indígenas Kuyunu y Kuyujani– presentaron en julio de 2021 una denuncia ante la Fiscalía Superior del estado Amazonas sobre una invasión de al menos 400 mineros brasileños –los llamados garimpeiros–, pertrechados con 30 bombas hidráulicas que, según sus palabras, están generando “contaminación de mercurio en las aguas”, “contagio de enfermedades” y hasta un “genocidio cultural silencioso”.
Esta denuncia, al igual que tantas otras similares presentadas al menos desde 2013 por comunidades indígenas ante el Ministerio Público, organismos militares locales y nacionales, instancias parlamentarias y dependencias públicas, fue ignorada.
“Líderes ye’kwana y sanema señalan que están siendo víctimas de asesinatos selectivos perpetrados por estos garimpeiros, cuando sienten que pueden ir en su contra”. Eso alertaron ante el Ministerio Público en un oficio fechado y sellado el 21 de julio de 2021. “Los garimpeiros están fuertemente armados y esclavizan a hombres, mujeres y niños del pueblo sanema. Tienen además una pista clandestina de unos siete kilómetros (7 kms) de extensión”.
Una semana después, por medio de un comunicado, las mismas organizaciones indígenas agregaron que en ese sitio extraviado del sur de Amazonas —al que es más fácil llegar por Brasil que desde la propia Venezuela— hay dos helicópteros que llevan alimentos y materiales a una mina ubicada en el caño Wasiri: “Cada tres días van avionetas a buscar el oro, sacan entre 40, 50 y 100 kgs diarios”.
Molestos y frustrados, los representantes de los pueblos indígenas hablaron también de dos pistas clandestinas en esa carta abierta: la primera, “en medio de la selva”, a la que llega una “avioneta que siempre se dirige hacia la zona de Brasil”, y la segunda, situada a siete kilómetros de la mina de los garimpeiros, en el sector Simada Woichö, en las coordenadas 03°49′9.51″N 64°35′59.818″W, cuya localización coincide con una de las pistas detectadas por el algoritmo desarrollado para este trabajo.
Ese pedazo de tierra aludido en las denuncias representa apenas una nota al pie de página en la lista de las minas clandestinas que brotan y prosperan al sur del país. Solo en el estado Amazonas, este rastreo satelital detectó 303 puntos de minería, a pesar de que la actividad está expresamente prohibida allí, en la reserva forestal más importante del país.
Entre esos puntos destaca una mina que apareció meses atrás en la frontera sur, a escasos diez kilómetros de la línea con Brasil, así como también en el cerro Yapacana, una de las joyas ecológicas de Venezuela y Parque Natural. Esa zona, donde en 2009 el gobierno de Hugo Chávez hizo un amplio operativo militar para expulsar a Colombia a cientos de mineros ilegales, se observa deforestada desde hace al menos cinco años.
La organización no gubernamental SOS Orinoco, que ha estudiado la depredación minera en los últimos tiempos, sigue muy de cerca la situación en los parques nacionales. En el caso del Yapacana, destaca que nada más de 2019 a 2020 perdió nuevas áreas de bosque —de 2.035 a 2.227 hectáreas—, y los sitios mineros se incrementaron a casi el doble: de 36 a 69.
40.000 campos de fútbol deforestados
La proporción de selvas afectadas y la velocidad de la deforestación en Venezuela supera todo precedente en la región amazónica. En 2020, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) sumaba 4.472 puntos con minas ilegales en toda la Amazonía. Si bien la mitad de esas minas correspondían a territorio de Brasil, 32% estaban en Venezuela, aunque sus bosques representan tan solo 5,6% del total de la Amazonía.
La organización Provita reporta más de 380.000 hectáreas de bosque perdidas desde el año 2000. La mayor parte de la deforestación corresponde a terrenos boscosos convertidos en conucos y terrenos destinados al sector agropecuario, pero las áreas mineras —y la degradación que arrojan en ríos y comunidades locales— se ha triplicado en cuestión de 20 años:
“Si bien la superficie destinada a este uso es baja (0,1% del área total), en el período 2000-2020 se observa un incremento sostenido al pasar de 18.490 hectáreas en el año 2000 a 55.090 hectáreas en el 2020, con una tasa de crecimiento anual estimada en 5,5%”.
Esa tendencia se repite en otras áreas específicas. El ritmo en las minas no se ha ralentizado ni con la pandemia ni con las cuarentenas. El algoritmo de este trabajo encontró 3.415 puntos minados en el estado Bolívar, el más grande de Venezuela.
Como ya se ha dicho, destaca una clara línea que bordea el río Caroní y otros cauces de su cuenca, las minas emergentes de Canaima, o los tradicionales yacimientos de Las Claritas, en donde sí han habido concesiones legales.
Pero las consecuencias de la minería ilegal se pueden ver en los alrededores de los núcleos urbanos, y hasta en represas de centrales hidroeléctricas como las de Macagua, Caruachi y Tocoma, todas en el Caroní.
La minería de oro artesanal supone la tala masiva de árboles y el bombeo de agua a presión hasta dejar la tierra desnuda. Las aguas residuales tóxicas quedan en los característicos estanques amarillos, tostados y turquesas, rodeados de cúmulos de tierra deforestada.
La computadora aprende a identificar algunas de estas características en las imágenes satelitales, junto con otros patrones que los humanos no reconocen a simple vista. Así se revela un mapa claro de la deforestación en Guayana. Y se logra uno de los objetivos de este trabajo periodístico sobre la minería en la región: trascender la anécdota, la información parcial y las crónicas desde lugares específicos, para abordar el problema desde una visión general.
Se mire como se mire, la escala de la minería en el sur de Venezuela es enorme. Desde la perspectiva de los satélites espaciales de observación, cuyas imágenes de alta resolución se utilizaron para este presente proyecto periodístico, esa deforestación abarca el equivalente a 40.000 canchas de fútbol.
El algoritmo diseñado para el proyecto conseguía analizar las imágenes en bloques de 28 x 28 píxeles. A ras del suelo, cada uno de esos parches de 28 x 28 píxeles representa un área de 78.400 metros cuadrados —unos 11 campos de fútbol— de selva real. Junto a las cicatrices de la minería, las imágenes tomadas desde el espacio ahora evidencian 42 pistas clandestinas que, además, vulneran la soberanía nacional y conectan esta región con actividades criminales transnacionales.
Son los dilemas de la Venezuela de hoy y del futuro. Aun con alguna negociación política; aunque Nicolás Maduro continúe en el poder o cualquier otro líder del chavismo o de la oposición cruce el umbral de la puerta del Palacio de Miraflores para sucederlo, estos ya no solo son problemas de la denominada República Bolivariana, sino de toda la región.
(*) Esta es la primera entrega de una serie investigada y publicada en simultaneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
