La Fiscalía de Nueva York (Estados Unidos) ha pedido una pena de prisión de 10 años para el que fuera el excomandante de la policía federal mexicana, Iván Reyes Arzate, alias La Reina, después de que se declarara culpable en octubre pasado de haber colaborado con el narcotráfico.
Antilavadodedinero / Elpais
Arzate trabajaba bajo las órdenes del entonces secretario de Seguridad Genaro García Luna, procesado y pendiente de juicio por corrupción y crimen organizado. Arzate confesó ante un juez que en 2016 recibió al menos 290.000 dólares a cambio de informar sobre las investigaciones conjuntas estadounidenses y mexicanas a un grupo llamado El Seguimiento 39, asociado con el Cartel de Sinaloa. La audiencia que decidirá su condena está prevista para este miércoles.
La confesión de Reyes ante un juzgado de Nueva York en octubre puso contra las cuerdas el ya complejo proceso que enfrenta García Luna, quien después de meses de aplazamiento de audiencias por la pandemia, está previsto que se siente en el banquillo en octubre de este año. La declaración de La Reina abría la puerta a una posible colaboración con la justicia estadounidense y con ello, un nuevo golpe contra el exsecretario y señor de la guerra contra las drogas durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Por esta posible colaboración, la defensa ha pedido este martes que la condena no supere los cinco años.
El juez federal que verá el caso de Reyes esta semana, Brian Cogan, es el mismo que trata el de García Luna y también el que condenó a cadena perpetua en 2019 a Joaquín El Chapo Guzmán en lo que la prensa denominó “el juicio del siglo”. En ese mismo juzgado de Nueva York fue donde sonó públicamente el nombre de García Luna por primera vez durante el proceso contra El Chapo.
El hermano de Ismael El Mayo Zambada —el histórico líder de Sinaloa—, Jesús El Rey Zambada, socio de Guzmán, declaró en una audiencia en febrero del 2018 que el Cartel de Sinaloa había sobornado con pagos millonarios a García Luna al menos en dos ocasiones. Detenido en diciembre de 2019 en Texas, el zar antidrogas de Calderón está acusado de ser el brazo del Gobierno que facilitó al cartel más poderoso del mundo operar con impunidad en México, incluyendo los cargos de distribución y posesión de cocaína, además de declaraciones falsas ante agentes del Servicio de Aduanas e Inmigración.
Reyes formaba parte desde 2003 de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, el área dedicada a combatir al crimen organizado en estrecha colaboración con los agentes de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. En 2008, Reyes fue ascendido a responsable del departamento, convirtiéndose así en uno de los hombres de máxima confianza de García Luna, que había sido nombrado dos años antes secretario de Seguridad por Calderón para encabezar una estrategia contra al narcotráfico que pasaba por la salida masiva de los militares de los cuarteles para patrullar las calles mexicanas.
“Mientras Reyes dirigía la unidad especial de la Policía federal mexicana y trabajaba conjuntamente con los agentes de la DEA, se estaba reuniendo también con los líderes de los carteles”, rezaba la nota del Departamento de Justicia. El expolicía ya había sido sentenciado en 2018 a tres años de cárcel por otro juzgado de Chicago por obstrucción a la justicia. Pero en enero del año pasado, cuando estaba a punto de cumplir su condena, la corte de Nueva York volvió a acusarlo de más cargos relacionados con narcotráfico y atrajo su caso.
Tras la confesión de Reyes, la justicia estadounidense lo ha considerado un traidor de la Santísima Trinidad del combate al narco: presuntamente conspiró contra la Agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), el FBI y el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés).
“Al aceptar miles de dólares de sobornos a cambio de información, Reyes Arzate forjó una alianza con los traficantes de droga y traicionó, no solo al pueblo de México, sino a los agentes estadounidenses con los que trabajaba poniendo en riesgo sus vidas”, apuntaba entonces el fiscal Breon Peace en un comunicado del Departamento de Justicia. Bajo esos mismos argumentos, pide una condena más alta ante el juez Cogan
