Dos ciudadanos peruanos responsables de operar una serie de centros de llamadas en Perú que defraudaron y amenazaron a residentes de EE. UU. de habla hispana fueron condenados a cumplir penas de prisión en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El 9 de febrero, el juez federal de distrito Robert N. Scola Jr. condenó a Josmell Espinoza Huerta (Josmell Espinoza), de 32 años, a 88 meses de prisión. Hoy temprano, el juez Scola ordenó a Carlos Alberto Espinoza Huerta (Carlos Espinoza), de 40 años, ser encarcelado por 102 meses.
Josmell Espinoza y su hermano Carlos Espinoza se declararon culpables a fines de 2021 de conspirar para cometer fraude postal y fraude electrónico a través de varios centros de llamadas peruanos que poseían y operaban. Según documentos judiciales, Josmell Espinoza y Carlos Espinoza eran copropietarios y operaban el centro de llamadas de JFC Perú en Perú. Además, Josmell Espinoza era propietario y operaba los centros de atención telefónica Camino Al Progreso y Latin Shop, y Carlos Espinoza poseía y operaba por separado los centros de atención telefónica Latinos en Acción y Latin Force en Perú.
Desde abril de 2011 hasta julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus cómplices en Perú llamaron a las víctimas —muchas de las cuales eran inmigrantes recientes de América Central, México y otros países de habla hispana— y las amenazaron de manera fraudulenta con consecuencias legales si no hacían pagos por productos supuestamente entregados y tarifas de liquidación para clases de inglés. Los acusados y sus cómplices usaron declaraciones falsas y amenazas para obtener dinero de las víctimas en todo Estados Unidos diciéndoles falsamente que debían aceptar y pagar cursos de inglés y otros productos educativos y que no hacerlo ellos en peligro legal. Los acusados y sus cómplices luego amenazaron falsamente con arrestar y deportar a sus víctimas para cobrarles los pagos.
Al declararse culpables, ambos acusados admitieron que ellos y sus empleados afirmaron falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un llamado “tribunal de delitos menores”, que no existe. Las personas que llamaron amenazaron falsamente a las víctimas con procedimientos judiciales, marcas negativas en sus informes de crédito, encarcelamiento y consecuencias migratorias si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y las tarifas de liquidación. Carlos Espinoza hizo que las víctimas perdieran más de $1.3 millones, y Josmell Espinoza hizo que las víctimas perdieran más de $700,000.
“La Rama de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará a los delincuentes transnacionales que defraudan a los consumidores estadounidenses vulnerables”, dijo el Fiscal General Auxiliar Interino Brian M. Boynton de la División Civil del Departamento de Justicia. “Estas dos sentencias demuestran que los acusados que utilicen amenazas para aprovecharse de nuestras comunidades de inmigrantes serán llevados ante la justicia y rendirán cuentas en los tribunales estadounidenses”.
“Este caso demuestra que el largo brazo de la justicia no tiene límites cuando se trata de llegar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación”, dijo el Fiscal Federal Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida. “Seguiremos llevando la justicia estadounidense a los delincuentes transnacionales que usan tácticas de miedo e intimidación para robar dinero de inmigrantes, personas mayores y otras personas que viven en este país”.
“Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y sus socios encargados de hacer cumplir la ley han investigado y enjuiciado a redes criminales internacionales que tienen como objetivo a los consumidores estadounidenses para robarles el dinero que tanto les costó ganar”, dijo el inspector a cargo Joseph Cronin de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de EE. UU. “Continuaremos persiguiendo agresivamente a estos criminales para asegurarnos de que sean procesados con todo el peso de la ley”.
Con la sentencia de Carlos Espinoza en Miami hoy, los siete acusados en este asunto ahora se han declarado culpables y han sido sentenciados a cumplir penas de prisión. Cinco acusados fueron arrestados por las autoridades peruanas en base a una solicitud de extradición de EE. UU. y fueron extraditados al Distrito Sur de Florida en octubre de 2020. Cada uno de esos acusados fue sentenciado a cumplir una pena de prisión a principios de este año. Henrry Milla fue condenado a 110 meses de prisión, Jerson Rentería fue condenado a 100 meses de prisión y Evelyng Milla, Fernan Huerta y Omar Cuzcano fueron condenados a 90 meses de prisión cada uno. Carlos Espinoza y Josmell Espinoza evadieron el arresto en el momento de los arrestos de sus coacusados. Posteriormente fueron localizados en Perú y extraditados a Estados Unidos el 25 de junio de 2021.
El Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y la Rama de Protección al Consumidor de la División Civil investigaron el caso. El abogado litigante sénior Phil Toomajian y el abogado litigante Max Goldman de la Subdivisión de Protección al Consumidor estuvieron a cargo de la acusación en el caso. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional del Perú brindaron asistencia fundamental.
La información sobre la Iniciativa de Fraude de Ancianos del Departamento de Justicia está disponible en www.justice.gov/elderjustice. Se puede encontrar información adicional sobre la Rama de Protección al Consumidor y sus esfuerzos para hacer cumplir el fraude a personas mayores en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de fraude financiero, hay ayuda disponible en la Línea Directa Nacional de Fraude para Ancianos: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).
