Los jefes de los Ministerios Públicos del llamado Triángulo Norte han sido señalados por facilitar pactos con pandillas criminales, encubrir la corrupción de los presidentes que los nombraron e incluso tolerar grupos de exterminio.
Antilavadodedinero / Infobae
El escenario es idílico. La ciudad colonial de Antigua Guatemala, patrimonio de la humanidad asentado en un valle rodeado de volcanes, es la sede de la cumbre de fiscales y procuradores generales 2022. Lo que no es tan idílico son las hojas de vida de algunos participantes, incluida la anfitriona, María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, señalada por Washington como agente corrupta y antidemocrática y la protagonista de una de las persecuciones políticas más intensas que recuerda su país en años recientes.
La cumbre ocurre en medio de una ofensiva del Ministerio Público de Porras contra ex investigadores guatemaltecos que trabajaron en la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quienes ayudaron a meter presos a políticos, empresarios y funcionarios acusados de corrupción y vínculos con el narcotráfico entre otros crímenes.
Mientras Porras inauguraba su cumbre en la Antigua, a media mañana del 24 de febrero pasado, presidiendo una mesa adornada con los manteles de confección indígena típicos de Guatemala, y flanqueada por sus colegas de la región, en los tribunales de la capital del país, a 60 kilómetros, sus fiscales se disponían a una nueva arremetida contra las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa, exmandatarias de CICIG que trabajaron en casos de alto impacto.
A Sosa, una abogada que se presentó tres veces por su cuenta ante las autoridades cuando se enteró por redes sociales de que el MP la quería criminalizar, los policías, bajo las órdenes de los fiscales de Porras, la expusieron esposada. “¿Esto es necesario?”, preguntaba una compungida Sosa ante periodistas.
También, cuando Consuelo Porras hablaba de buenas prácticas en la cumbre en la Antigua, sus fiscales dirigían la captura de Virginia Laparra en la occidental ciudad de Quetzaltenango, donde ella fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la unidad especial que, antes de la purga de la actual fiscal general, llevó adelante investigaciones complejas de crimen organizado que involucraron a los principales dirigentes empresariales de Guatemala, a cuatro expresidentes y al mandatario actual.
Era como una película montada en escenarios paralelos. En la Antigua Guatemala, fiscales y voceros que decían ante micrófonos que el objetivo de la cumbre era discutir delitos transnacionales como el tráfico de personas y cómo la corrupción estatal favorece ese tipo de crimen. En las calles y tribunales de Guatemala, la muy particular versión de Consuelo Porra de la noche de los cristales rotos: su persecución desatada.
Las abogadas Leily Santizo y Siomara Sosa, extrabajadoras de la CICIG y FECI, en los tribunales de Guatemala. Ambas han sido criminalizadas por la fiscalía de Consuelo Porras.
No deja de ser irónico que Porras y su Ministerio Público quieran dar lecciones sobre persecución de la corrupción estatal justo cuando ambos, funcionaria e institución, enfrentan el enésimo escándalo por, precisamente, cubrir actos de funcionarios corruptos, en especial del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
La semana del 14 de febrero, la cadena CNN reveló que Giammattei había recibido donaciones ilegales para su campaña presidencial de poderosas constructoras de Guatemala, canalizadas a través de funcionarios públicos. En lugar de iniciar investigaciones y profundizar en ellas, Consuelo Porras mandó a Rafael Curruchiche, uno de sus más leales subalternos, a abrir un expediente para averiguar cómo se había filtrado la información a la prensa.
Desde varios confines del mundo llegaron condenas a Consuelo Porras por sus persecuciones.
“La Unión Europea expresa su más profunda preocupación por el deterioro del estado de derecho en Guatemala, donde la Corte Suprema de Justicia y la fiscal general han iniciado acciones legales contra jueces independientes, abogados y fiscales”, se pronunció la organización continental desde Bruselas.
El Departamento de Estado en Washington ha sido más contundente. En octubre pasado listó a Porras como una agente corrupta y antidemocrática, le prohibió la entrada a Estados Unidos y suspendió toda su cooperación con la fiscalía guatemalteca. Y este febrero, a propósito de la arremetida contra fiscales y jueces independientes, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, repitió que las acciones de Porras atentaban contra el estado de derecho.
La instancia internacional que apenas dijo nada fue la ONU, otrora principal apoyo de la CICIG y la FECI. Tampoco falta ironía, por ello, a que el logo de la Oficina contra la Droga y el Crimen de Naciones Unidas (UNODC) aparezca, en solitario, como el único apoyo a la cumbre de jefes fiscales en la Antigua Guatemala.
Los socios centroamericanos que también protegen a sus patronos
A Consuelo Porras la flanqueó, en la inauguración, su colega salvadoreño, el fiscal general Rodolfo Antonio Delgado Montes, cuyo principal mérito desde que fue impuesto como jefe del Ministerio Público de su país por diputados afines a Nayib Bukele ha sido dar por terminadas todas las investigaciones que apuntaban al presidente salvadoreño y a su círculo íntimo.
Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador, y Consuelo Porras, de Guatemala, ambos señalados por malograr investigaciones de corrupción y crimen organizado.
En corto: A Delgado se le conoce más por lo que ha dejado de hacer que por las investigaciones que ha echado a andar.
Este abogado, quien ha hecho carrera en la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) desde finales de los años 90, fue ascendiendo en silencio hasta que Nayib Bukele lo escogió como fiscal general.
Desde que llegó, impuesto en una elección ilegal por la mayoría de los diputados bukelistas que tomó posesión el 1º de mayo de 2021, Delgado inició su propia purga, como Consuelo Porras en Guatemala. Una de las primeras cosas que hizo fue remover a fiscales que habían investigado un caso masivo de corrupción que afectaba a Bukele, relacionado al pacto del presidente con las pandillas MS13 y Barrio 18 para disminuir homicidios a cambio de beneficios carcelarios y a corrupción de ministros y otros funcionarios con fondos destinados a la pandemia de Covid-19. A ese caso, que también involucraba a dos hermanos del presidente, se le conoció como Catedral, por su tamaño y alcance.
A finales de 2021, German Arriaza, el fiscal que había estado a cargo del caso Catedral y fue uno de los despedidos, dijo a la agencia Reuters que, a solo cinco días de haber tomado posesión, Rodolfo Delgado lo llamó para preguntarle por sus investigaciones, le ordenó cerrarlas y lo trasladó de puesto. Al final, Arriaza tuvo que exiliarse.
Tampoco es Delgado alguien a quien los Estados Unidos vean con aprecio, ni ahora ni antes, cuando aún no era tapadera de los delitos atribuidos a los funcionarios de Bukele y al presidente mismo.
Cuando, en 2016, Delgado era un funcionario medio en la FGR y el jefe fiscal era Douglas Meléndez, la embajada de Estados Unidos apoyaba la creación de un grupo de investigación similar a la FECI guatemalteca, a la que dieron el nombre de Grupo Especial Contra la Impunidad (GECI). Meléndez propuso a Delgado para dirigir el grupo, según reveló a Infobae un funcionario que trabajaba entonces para el Ejecutivo salvadoreño y estuvo al tanto de todas las negociaciones con los estadounidenses. La embajada, sin embargo, vetó a Delgado.
Un exdiplomático estadounidense que estuvo destacado en El Salvador hasta 2017, quien habló con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público, confirmó que sobre Delgado pesaban, entonces, dos sospechas: que había estado envuelto en el pasado en torturas para extraer confesiones de reos y que era muy cercano a un grupo de operadores políticos dirigidos por Herbert Saca, un oscuro “fixer” relacionado con narcotraficantes y quien movió dineros públicos para sobornos durante los gobiernos de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, según investigaciones periodísticas.
En 2021, ya como fiscal general, Delgado cerró la GECI, la unidad que él no pudo dirigir porque Washington lo vetó. Así lo confirmó Germán Arriaza, el fiscal al que Delgado exilió: “Nuestras investigaciones fueron las que llevaron al gobierno a disolver el organismo anticorrupción”, dijo.
El otro cadáver que la justicia salvadoreña debe a Rodolfo Delgado es la malograda investigación por lavado de dinero a Alba Petróleos, una filial de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, investigada en El Salvador por sospechas de que usó un par de docenas de empresas de cartón para lavar cerca de mil millones de dólares.
Uno de los mecanismos de lavado de Alba Petróleos, de acuerdo con las investigaciones de los fiscales que Arriaza dirigió, eran préstamos millonarios a particulares y empresas que luego no eran pagados. Nayib Bukele recibió de Alba Petróleos al menos US$1.9 millones, otro grupo de funcionarios cercanos a él recibió unos US$3.7 millones de dinero venezolana, y una empresa de uno de los amigos más cercanos a Bukele recibió una inyección de US$12 millones.
A pesar de que las investigaciones iniciales apuntaban a que el de Alba Petróleos era el caso más importante de lavado de dinero al que se había enfrentado la justicia salvadoreña, Delgado lo mandó al cesto de la basura. Era, al final, una movida lógica: además de que involucraba directamente a Bukele, él mismo, Delgado, había sido empleado de Alba Petróleos en 2019, como reveló Infobae.
En la Antigua Guatemala, enfundado en un traje azul con una corbata azul claro a juego, Rodolfo Delgado también hablaba de buenas prácticas y luchas contra la corrupción.
A Óscar Chinchilla, el fiscal general de Honduras, su homóloga Consuelo Porras también lo invitó a la ciudad colonial guatemalteca, pero el hondureño no pudo llegar: las cosas en su país están demasiado movidas. Una fuente judicial hondureña confirmó que Chinchilla, un fiel aliado de Juan Orlando Hernández, el expresidente arrestado por cargos de narcotráfico y quien espera ser extraditado a Estados Unidos, desistió de viajar a Guatemala porque “el momento es muy complicado”.
En junio de 2018 fue el Partido Nacional, el instrumento político de Hernández, el que reeligió a Chinchilla como fiscal general de Honduras con un procedimiento que recibió críticas por saltarse algunos requisitos de ley. Por ejemplo: el nombre de Chinchilla fue introducido a última hora en el proceso previo previsto por la legislación para elegir fiscal.
Pero Chinchilla era, sin duda, el hombre que JOH, como se conoce a Hernández en Honduras, necesitaba, sobre todo en momentos en que crecían las sospechas de que el presidente era parte activa de una empresa de narcotráficos que involucraba a todo el estado hondureño.
En forma discreta, durante su primer periodo como fiscal, previo a 2018, Chinchilla había ido apagando casos de corrupción que involucraban a diputados y funcionarios cercanos a JOH. Y a mediados de aquel año, la muerte de una agente adscrita a la fiscalía encendió alarmas sobre algo de lo que ya se hablaba en el Ministerio Público de Honduras: de que una unidad élite de la fiscalía toleraba e incluso estaba activamente involucrada en ejecuciones extrajudiciales.
En junio de 2018, la jefa regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público en el departamento de Copán, una joven de 28 años llamada Sherill Yubissa Hernández Mancía, fue encontrada muerta en su departamento. El jefe de la ATIC, un hombre cercano a Chinchilla, fue señalado por alterar la escena del crimen y hacer aparecer como suicidio el homicidio de Hernández Mancía.
La joven fiscal fue asesinada justo cuando investigaba a narcotraficantes y pandilleros de Copán, en momentos en que las pesquisas sobre el rol de Juan Antonio “Tony” Hernández, el hermano del presidente, en el narcotráfico hondureño estaban en sus momentos más críticos.
Sherill Yubissa Hernández Mancía, agente de la fiscalía hondureña asesinada en 2018. Investigaciones forenses determinaron que una unidad especial de la fiscalía de ese país contaminó la escena del crimen.
El asesinato de Hernández Mancía destapó otra sospecha entre algunos fiscales del Ministerio Público y, sobre todo, entre sus forenses, cuya jefa, Yulisa Villanueva, había descartado que la joven se suicidó: que en la ATIC funcionaba un grupo de sicarios. El fiscal general Chinchilla, sin embargo, nunca investigó.
Chinchilla no estuvo en la Antigua Guatemala. Sus dos colegas del Triángulo Norte de Centroamérica, la anfitriona Consuelo Porras y el salvadoreño Rodolfo Delgado, fueron los encargados de listar las virtudes que se atribuyen mientras sobre sus fiscalías siguen creciendo las sombras de la persecución política y el encubrimiento del crimen organizado incrustado en las oficinas de sus patrones.
