La fiscalía comunitaria podrá investigar de forma paralela si ha existido malversación de fondos europeos en el contrato de su hermano.
Antilavadodedinero / Elcorreo
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió esta tarde que Anticorrupción siga encargándose de investigar el contrato de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid en abril de 2020 a Priviet Sportive, la empresa administrada por un amigo de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y por el que su hermano Tomás se benefició con el cobro de una supuesta comisión.
Así lo decidió la Junta de Fiscales de Sala, que respaldó por unanimidad la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, contrario a que la instrucción del caso recayese en la Justicia Europea al considerar que el delito principal de los existentes a nivel indiciario sería un tráfico de influencias. La Fiscalía Europea, por su parte, podrá hacer sus propias diligencias para esclarecer si se produjo malversación de los fondos comunitarios que financiaron la operación.
Precisamente, el Ministerio Público europeo había reivindicado por la mañana en un comunicado su «competencia preferente» para investigar dicho contrato al considerar que podría tratarse de «posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea». Y por ello pedía a la Fiscal General del Estado acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que fuese este el encargado de dictaminar qué instancia debería acoger la investigación de dicho contrato.
Pero la Junta de Fiscales de Sala desoyó la petición del órgano comunitario y respaldó que Anticorrupción continúe con las pesquisas acerca del contrato que afecta al hermano la presidenta de la Comunidad de Madrid. En realidad, Delgado ya había dado la razón el pasado miércoles a Luzón. Pero para estos casos de competencia jurisdiccional es necesaria la intervención de la Junta de Fiscales de Sala, según el Estatuto Fiscal.
La representante española en la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, había reclamado hacerse cargo de la investigación alegando que los 1,5 millones del contrato para mascarillas fueron pagados con fondos FEDER. Sin embargo, la tesis de Anticorrupción radica en que no existen por ahora indicios de malversación de fondos públicos porque las mascarillas fueron pagadas y se entregaron en el Pabellón 10 de IFEMA. Apuntan a que, lo que se investiga, son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea, sino que se refieren al funcionamiento de la administración pública española. Es decir, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
«Controversia»
Aún así, la Fiscalía Europea, organismo creado hace solo un año para velar por los intereses comunitarios, lamentaba en su escrito «la controversia» en torno a la adjudicación de competencia sobre este caso. La entidad podrá llevar a cabo las pesquisas que considere oportunas para resolver si finalmente ha existido malversación de los fondos covid-19. Algo que no se le puede impedir y que, precisamente, representa el principal cometido con el que comenzó su andadura en junio de 2021, el enjuiciamiento de delitos que afectan al presupuesto de la Unión, con especial atención a proteger los fondos comunitarios.
Ayuso, por su parte, sigue sin otorgar credibilidad alguna a las sospechas por las cuales hay una investigación en curso en la Fiscalía –que se inició a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid– y tampoco esconde su malestar por la irrupción de la Fiscalía europea.
Este lunes, Ayuso volvió a reivindicar la pulcritud del contrato que su Ejecutivo adjudicó en plena pandemia. «Este contrato lo podrán llevar después, la semana siguiente, al Vaticano, a la OTAN, a la ONU, a todas las fiscalías… pero cuando no hay nada no hay nada, por mucho que se empeñen una y otra vez en alimentarlo», aseguró la presidenta.
Sin declarar en la comisión de investigación
La comisión de investigación que se ha constituido en el Ayuntamiento de Madrid para esclarecer el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) como intermediaria comenzó este lunes con la ausencia de la presidenta madrileña, a quien la oposición en el Consistorio recriminó «no dar la cara». «Tenía que haber venido hoy, pero una vez más se ha escondido y se ha negado a contar la verdad de lo que sabe», reprochó la concejal de Más Madrid, Rita Maestre.
En total, son 45 los nombres pactados por la junta de portavoces –formada por PP, PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Vox– para comparecer y arrojar algo de luz al respecto. Entre ellos se encontrarían el aún presidente del PP, Pablo Casado; el ex secretario general de los populares, Teodoro García Egea; el propio hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez. Pero la probabilidad de que todos pasen por la comisión que trabajará hasta el 9 de mayo es muy remota al tener solo la obligación de hacerlo aquellos con cargo en el Ayuntamiento.
El único que compareció este lunes –de las hasta seis personas que estaban citadas– fue el consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano, que descartó la contratación de los servicios de espionaje. Además de Ayuso y el propio Casado, estaban citados el exministro de Justicia y exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón; el extitular de Justicia Rafael Catalá y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.
