El último acusado en un caso de contrabando de oro por valor de casi $4,000 millones que vinculaba a Miami con América Latina recibió el martes una sentencia de libertad condicional por el caso de transporte de oro a Miami.
Antilavadodedinero / MSN
Fue un castigo notablemente leve para Jesús Gabriel Rodríguez Jr., dado que enfrentaba hasta 20 años de prisión cuando se le acusó inicialmente de un papel secundario en el caso de conspiración de lavado masivo de dinero tras su arresto.
Esto supuso un cierto alivio para Rodríguez, ex propietario de la empresa de vehículos blindados Transvalue Inc., que transportaba cargamentos de oro desde el Aeropuerto Internacional de Miami a uno de los principales importadores de metales preciosos en Doral que estaba en el centro del caso penal, que se prolongo cinco años.
Durante la audiencia del martes en el tribunal federal de Miami, a la que solo asistieron su esposa y sus padres, Rodríguez casi no pudo hablar al pedir disculpas a su familia, al gobierno de Estados Unidos y al juez, y aceptó «toda la responsabilidad».
«Me pesa el corazón», dijo Rodríguez, ex presidente ejecutivo de Transvalue, al juez federal de distrito Darrin Gayles. «He estado involucrado en este proceso legal durante cinco años, sin divulgar [nada]. Una nube se ha cernido sobre mi cabeza desde el nacimiento de mi hijo menor».
La sentencia se emitió después que Rodríguez se declaró culpable de un cargo mucho menor; falsificar documentación aduanera sobre el origen de los envíos de oro desde el Caribe y América Latina.
Gayles impuso una sentencia de dos años de libertad condicional sobre la base del acuerdo alcanzado por la Fiscalía y el abogado defensor de Rodríguez.Según los lineamientos federales de sentencias, Rodríguez podía haber enfrentado un máximo de seis meses en prisión.
Incluso así, Rodríguez, de 46 años, tiene una condena penal, se le exigió pagar una multa de $267,817 al gobierno federal y tuvo que vender su empresa familiar em Doral.
En enero, Rodríguez se declaró culpable de presentar documentos aduaneros falsos que ocultaban el verdadero origen de los cargamentos de oro que se importaban a través del Aeropuerto Internacional de Miami. Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Rodríguez admitió que ayudó a importar miles de kilos de oro valorados en $140 millones a Estados Unidos desde Curazao, a sabiendas de que la documentación aduanera representaba falsamente su origen.
Los registros mostraban falsamente que el oro se enviaba desde las Islas Caimán para que pareciera que no procedía de Curazao, que es un conocido centro de comercio ilícito de oro extraído en Sudamérica, incluida la cercana Venezuela. Revelar que el oro era enviado realmente a través de Curazao habría infringido las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que Rodríguez fue un participante secundario en el extenso caso de lavado de dinero, que se descubrió hace cinco años con la detención de tres corredores de oro de de Miami que trabajaban para NTR Metals en Doral. Se les acusó de importar oro de Perú y otros países sudamericanos con valor de $3,600 millones en operaciones contaminadas por diversas actividades delictivas, como la minería ilegal, los pagos de sobornos y los registros aduaneros falsos.
Una serie del Miami Herald documentó cómo las pandillas criminales y los traficantes de cocaína desviaron sus ganancias ilícitas hacia el negocio del oro recurriendo a minas no reguladas y a corredores deshonestos.
Sin embargo, el abogado defensor de Rodríguez, Michael R. Band, restó importancia al papel de su cliente en la trama internacional de contrabando de oro. En los documentos judiciales, lo describió como un hombre de negocios muy trabajador que solo ganaba entre $6,000 y $9,000 mientras transportaba cargamentos de oro para NTR Metals.
Band dijo que el padre de dos hijos es activo en su comunidad, que prestaba servicio en el Concejo Comunitario de West Dade y ayudaba a distribuir alimentos a los desfavorecidos. También dijo que Rodríguez proporcionó en una ocasión ayuda a los fiscales federales en una investigación anterior sobre lavado de dinero y cortó negocios con un exportador de oro chileno implicado en el más reciente caso de confabulación.
Tras la sentencia del martes, Band dijo que estaba «agradecido con los fiscales del gobierno por haber escuchado nuestra presentación de los hechos y haber revisado la denuncia original por lavado de dinero. Llegaron a apreciar el papel de Jesús en este caso. El resultado final fue bueno».
El caso de NTR Metals puso en evidencia que Miami es una de las principales capitales de importación de oro y que la minería está devastando la selva tropical y los pueblos indígenas de Sudamérica.
El caso de la Fiscalía tuvo un impacto directo en el comercio de oro, ya que los exportadores latinoamericanos empezaron a enviar más del metal precioso a Nueva York y Los Ángeles, aunque el sur de la Florida empezó a recuperar parte del terreno perdido durante la pandemia del COVID-19, según los datos comerciales recopilados por WorldCity Inc. en Miami-Dade.
Tras su arresto en junio del año pasado, Rodríguez fue acusado de participar en la red internacional de contrabando ayudando a los intermediarios a coordinar los envíos de oro vinculados con actividades delictivas, según los fiscales Walter Norkin y Andrea Goldbarg. Entre 2015 y 2016, la empresa de vehículos de Rodríguez transportó algunos de los cargamentos de oro. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, su empresa transportaba los cargamentos de oro ilícitos a NTR Metals.
Las autoridades federales afirman que NTR Metals, que tenía una pequeña refinería en Doral y una importante instalación de procesamiento en Ohio, no debía comprar oro de Curazao como parte de sus normas contra el lavado de dinero. Según las autoridades federales, el país insular se usa habitualmente como punto de transbordo para el oro extraído ilegalmente en Sudamérica.
Para ocultar su rastro, los envíos de oro se dirigían de Curazao a Miami, luego iban a las Islas Caimán y volvían a Miami. De este modo, el país exportador de oro aparecía falsamente como las Islas Caimán.
Los compradores del oro eran coconfabulados que operaban en el sur de la Florida, el Caribe y América Latina y ganaban comisiones al conseguir oro para NTR Metals. Los tres principales corredores de la firma , Samer Barrage, Juan Granda y Renato Rodríguez, fueron los primeros acusados de la confabulación de lavado de dinero en 2017. Se declararon culpables y cumplieron varios años de sentencia.
NTR Metals era propiedad de la empresa matriz en Dallas Elemetal, que se declaró culpable de no mantener un sólido programa contra el lavado de dinero y pagó una multa de $15 millones al gobierno federal. Además de NTR Metals y su empresa matriz, los fiscales también acusaron a un exportador de oro peruano, a tres de sus socios y a un agente de la Aduana Lima, todos acusados de falsificar documentos y pagar sobornos a funcionarios para trasladar cargamentos del metal precioso a Miami.
El caso, por su amplitud geográfica y su complejidad financiera, implicó una investigación conjunta de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA, el FBI y el IRS.
