La empresaria peruana Karelim López reiteró ante una comisión del Congreso la acusación de que el presidente de Perú, Pedro Castillo, lideraba una «organización criminal » en el seno del Ejecutivo, presuntamente conformada por exministros y funcionarios, así como familiares del mandatario.
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«Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización», aseguró López al ser interrogada por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano.
La empresaria, señalada como una gestora de intereses con vínculos en las altas esferas del poder, rechazó que haya recibido un pago para dar esas declaraciones ante la Fiscalía, a la que ha solicitado acogerse como colaboradora para recibir beneficios judiciales en una investigación por lavado de activos.
«Mis declaraciones no son porque me han pagado, como dice el Presidente. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad», aseguró.
Mencionó entre los presuntos integrantes de esa organización al exsecretario presidencial Bruno Pacheco, así como a exministros, empresarios y sobrinos del gobernante, para quienes se ha dictado 36 meses de prisión preventiva, pero que actualmente son prófugos de la justicia.
«Me ratifico en decir que él (Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud», reiteró.
López también dijo que Pacheco, quien renunció a su cargo en noviembre pasado, se encontraba en una situación «delicada» por «seguir órdenes» de Castillo, por lo que le dijo al gobernante que «necesitaba su arraigo (laboral), porque no sabía lo que iba a pasar legalmente por no contar la verdad».
Añadió que los sobrinos del presidente «coordinaban con los ministros todo este tipo de cosas» y eran «los que tenían el poder, encomendados por el presidente, para poder solicitar este tipo de apoyos, encubrimientos».
La empresaria aseguró, además, que conoció a Castillo durante una visita que realizó a una casa en el distrito limeño de Breña a la que el gobernante acudía el año pasado, al inicio de su gestión.
También dijo que Castillo la llamó por teléfono «en su desesperación por lo que estaba sucediendo en las oficinas de la secretaría general» de Palacio de Gobierno, que fue intervenida por la Fiscalía como parte de las investigaciones del caso.
López declaró, por otra parte, que el entonces ministro de Justicia y actual primer ministro, Aníbal Torres, quería que Pacheco saliera del país para que «no hable» y aseguró que participó en una reunión a la que también asistió el entonces ministro del Interior, Walter Ayala.
«Al momento de la reunión, (Torres) era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier, porque lo silenció a Bruno, porque lo callaron», indicó.
La Justicia ordenó la comparecencia con restricciones para la empresaria y el pasado 12 de abril impuso 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del mandatario Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, así como contra Pacheco y cuatro empresarios, quienes son investigados por presuntamente integrar una red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).}
Esa resolución también ordenó que se emitan las órdenes de ubicación y captura contra Vásquez, Castillo y Pacheco «quienes se encuentran en calidad de no habidos», remarcó el Ministerio Público.
La Fiscalía investiga los presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
El Consorcio Puente Tarata III presuntamente fue favorecido en esta licitación a pesar de no cumplir con la experiencia mínima en obras similares.
La Fiscalía consideró las declaraciones de López, quien indicó que los sobrinos de Castillo, junto a Pacheco, habrían tenido injerencia indebida en la designación de funcionarios de Provías con el objetivo de direccionar obras.
Todos ellos fueron citados en las declaraciones que brindó López en febrero pasado ante la Fiscalía, en las que acusó por primera vez al presidente de liderar una organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
Karelim López dijo que Castillo buscaba usar el dinero obtenido con esas presuntas actividades ilícitas para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a la derechista Keiko Fujimori.
Castillo rechazó «tajantemente» estas acusaciones y las vinculó a un supuesto plan de un sector de la oposición política para intentar sacarlo del poder.
Tras conocerse las declaraciones de López ante la Fiscalía, la oposición política presentó en marzo pasado una moción de destitución del gobernante por una «presunta incapacidad moral»,la cual fue rechazad por el pleno del Congreso.
