El gobierno de Estados Unidos investiga al gigante tecnológico Hewlett Packard por presuntos actos de corrupción cometidos en la Argentina durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, según reconstruyó La Nación en base a testimonios y documentos oficiales durante las últimas semanas.
Antilavadodedinero / Elpais
La investigación por presuntos sobornos, lavado de activos y extorsión tiene en la mira a funcionarios kirchneristas de varias dependencias públicas como el Ministerio del Interior y Transporte, la Secretaria de Comercio y la Dirección General de Aduanas, a un puñado de ejecutivos locales de HP, y al menos dos distribuidoras argentinas y otra firma uruguaya.
Iniciada en agosto de 2018, la pesquisa quedó bajo la órbita del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) por la presunta violación de la Ley contra las Prácticas Corruptas cometidas en el Extranjero (FCPA, en inglés), con ramificaciones que van de Washington, Palo Alto, Miami y Nueva York a Buenos Aires y Montevideo.
El resultado de la pesquisa es incierto, por ahora. Se encuentra en pleno desarrollo, pero HP se sumó ya a una larga lista de multinacionales investigadas en Estados Unidos por sus operaciones en la Argentina. Al menos una docena de ellas terminó por reconocer que pagó sobornos en el país durante los últimos veinte años; entre ellas, IBM, Siemens, LAN, Odebrecht y, la más reciente, Stericycle. Pero otras compañías, por el contrario, terminaron exoneradas de culpa, como Embraer y Pan American Energy.
En el caso de Hewlett Packard, no obstante, podría caer en una reincidencia. En 2014 arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la SEC por el que se comprometió a pagar al menos US$ 108 millones y someterse a un programa especial de seguimiento por sus irregularidades y delitos en Rusia, Polonia y México.
Ahora, los investigadores buscan determinar cómo actuaron sus ejecutivos locales desde que el gobierno de Fernández de Kirchner estableció las “declaraciones juradas anticipadas de importaciones” (DJAI), en febrero de 2012, y las ganancias que Hewlett Packard logró desde ese momento -por sí o a través de sus distribuidoras- con el Gobierno.
La Nación consultó sobre la investigación a la filial argentina de la compañía. Cuatro días después llegó la respuesta de HP Inc., la compañía dedicada a los ordenadores personales y a las impresoras tras la división de Hewlett Packard en dos firmas a nivel global. “Como este asunto guarda relación con temas litigiosos, no comentamos sobre el mismo”, replicó.
Buenos Aires.
La pesquisa se desarrolla en múltiples ciudades de Estados Unidos, pero registró también un capítulo en Buenos Aires a partir del último cuatrimestre del año pasado, cuando desde Washington, DC requirieron la colaboración de las autoridades argentinas para reunirse con ejecutivos locales de Hewlett Packard y otros argentinos.
Esa requisitoria pasó por el Ministerio de Justicia y llegó a la jueza federal María Romilda Servini en septiembre pasado, más un segundo tramo a fines de noviembre. Citó entonces a siete argentinos a comparecer “de manera voluntaria” junto a sus abogados, con todos los derechos y garantías previstas en la legislación argentina para los imputados.
La jueza Servini no fue, sin embargo, quien se encargó de interrogar a los siete “presuntos implicados” -así se los definió en un documento oficial cuya copia obtuvo La Nación-, sino dos fiscales y dos agentes la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), acompañados por un funcionario de la embajada de Estados Unidos con sede en Buenos Aires.
