José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España., habla acerca de lo atractiva que es España para los blanqueadores por el alto número de operaciones inmobiliarias y la abundante colonia extranjera residente y donde los registradores juegan un papel muy importante en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Antilavadodedinero / Elcorreo
Mariano Rajoy, el ahora registrador, se despide de la ministra Pilar Llop en la puerta del hotel Villamagna de Madrid. El cónclave internacional de los registradores ha terminado. Fuera hace 40 grados y todos, a pesar del sofoco, están pendientes de las despedidas. Pero no José Miguel Tabarés, vicedecano del Colegio de Registradores de España.
A él más que el bochorno de Madrid parece inquietarle la cita para hablar sobre uno de los órganos más secretos, pero a la vez más efectivos, de la lucha contra el lavado del dinero de las grandes mafias y grupos criminales.
El número 2 del colegio es el responsable del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de los registradores.
Tabarés ha aceptado el reto de charlar por primera vez públicamente del CRAB. Un inédito ejercicio de trasparencia decidido por el colegio para dar visibilidad al hecho de que los registradores nacionales se han convertido esta semana en referencia mundial en la lucha contra el lavado de capitales con un encuentro internacional en Madrid con presencia de delegaciones de medio mundo. Y todo con el objetivo de analizar la fórmula para darle otra vuelta más a la persecución del blanqueo.
Aun así, a Tabarés le cuesta abrirse. Pero al final cede y admite contar a este periódico al menos una parte de la historia de este órgano que está poniendo contra las cuerdas al gran crimen organizado. En realidad –confiesa– todo empezó de forma casi espontánea en 1993, cuando los registradores españoles empezaron a colaborar ‘motu proprio’, sin demasiado orden ni concierto, con el Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España. En síntesis: un registrador veía algo raro y enviaba esa información al Banco de España en la forma que le parecía más conveniente.
Todo se homogeneizó en marzo de 2016 cuando entró en vigor el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, el CRAB. «¿Cuánta gente compone el CRAB?». «¿Quiénes son?». «¿A qué se dedican?». Los interrogantes son espinosos, pero el número 2 de los registradores finalmente da alguna pista. Son 20 «especialistas». No son registradores. Solo «especialistas». Tras muchas preguntas, revela: sí hubo algún expolicía y quizás pueda haber algún detective. Seguro que hay informáticos.
Tabarés muestra los datos del CRAB durante la entrevista. / JOSÉ RAMÓN LADRA
Algo más preciso es el vicedecano a la hora de explicar lo que hacen en el CRAB. «Ellos centralizan las alarmas de los registradores y con esas alertas elaboran informes para poner sobre la pista al Sepblac». La dinámica –desvela– es simple. Desde hace años los 1.100 registradores tienen unas pautas antiblanqueo y un sistema que les lanza alarmas: si el dinero procede de un paraíso, si hay préstamos que se amortizan demasiado rápido, si se producen movimientos extraños en mercantiles… salta un aviso automático. Aun así, cada registrador puede mandar a ‘revisión’ cualquier operación que le resulte dudosa.
Solo con estas ‘alarmas automáticas’ los registradores remitieron al CRAB en 2021 un total de 28.684 operaciones sospechosas (9.900 del registro de la propiedad, 18.770 del registro mercantil y 14 de bienes muebles). Menos de 30.000 inscripciones ‘dudosas’, cuando los registradores en España tramitan cada año más de 1,5 millones de actos, es un porcentaje mínimo. Pero, aun así, recalca José Miguel Tabarés, «se trata de una riada ingente de datos difíciles de interpretar si no hay un cribado previo».
Cruce de datos
Y ahí está la magia del CRAB. «Nuestra herramienta más valiosa es la capacidad de cruzar registros de diferentes lugares de España. Si hay patrones en compraventas o registros de sociedades de personas o mercantiles sospechosas ya tenemos una pista muy importante», desvela el vicedecano, quien también reconoce que las «fuentes abiertas» (el rastreo en internet) es otra de sus fortalezas de esta veintena de expertos que buscan ‘oro opaco’ en sus ordenadores.
Los ‘sabuesos’ de los registradores no tienen más armas. No pueden rastrear cuentas ni tienen acceso a informes confidenciales. Eso es cosa del Banco de España, de Hacienda o de las fuerzas de seguridad, después de obtener un permiso judicial. Pero con esas ‘armas limitadas’ el CRAB se ha convertido en poco más de un lustro en «los ojos y en la guía» de las unidades antiblanqueo de la Agencia Tributaria, el Banco de España, de la Policía o la Guardia Civil.
Tanto es así que en 2021 esa avalancha de casi 30.000 sospechas se plasmó en 251 expedientes ya refinados que, apunta con orgullo Tabarés, «acabaron en muy alto porcentaje en investigaciones exitosas». «Sí, es que es verdad. Somos una referencia europea, solo Italia nos pisa los talones», se muestra orgulloso el vicedecano que hace solo unos minutos tenía reparos en sacar pecho.
Inmuebles en la costa, sociedades en grandes ciudades
Las estadísticas de los registradores no dejan lugar a dudas: la gran mayoría de las alertas al CRAB de los registros de la propiedad son de compras de inmuebles en lugares de costas, particularmente en Andalucía, Valencia, Cataluña y Baleares. Sin embargo, los avisos de los registros mercantiles sobre sospechas en sociedades se concentran en más de un 50% en Madrid y Cataluña. «Es un reparto que no nos sorprende.
Si quieres blanquear, lo que pretendes es que tu operación pase desapercibida. Y en los lugares de costa hay muchas más operaciones inmobiliarias, mientras que en las dos grandes ciudades el movimiento de mercantiles es muy superior», apunta Tabarés.
Según el vicedecano, dos son las claves que explicarían el alto volumen de alertas en España: ese alto número de movimientos inmobiliarios y la alta proporción de residentes de nacionalidad extranjera en comparación con otros países.
