La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) cerró la entidad financiera internacional Euro Pacific Intl. Bank, Inc. (Euro Pacific), cuyas acciones ilegales son objeto de una investigación internacional que abarca sobre 100 acciones civiles y criminales y cuyo accionista principal es un empresario con decreto contributivo como accionista residente, Peter Schiff.
Antilavadodedinero / Noticel
La comisionada de Instituciones Financieras, Natalia Zequeira Díaz, hizo el anuncio junto al comisionado del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) para Investigaciones Criminales, Jim Lee, Simon York, director de Investigación de Fraude en la agencia de contribuciones y aduana del Reino Unido (Her Majesty’s Revenues and Customs) y Will Day, subcomisionado de la Oficina Australiana de Impuestos. Todos integran el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) un grupo de trabajo de las agencias de impuestos de cinco jurisdicciones que realizan investigaciones coordinadas a nivel internacional.
El anuncio de hoy es el primero que surge de la Operación Atlantis, que es la primera investigación que embarcó J5 y tiene como enfoque a Euro Pacific. La orden de cierre de OCIF era la acción más «conveniente» que se podía tomar contra Euro Pacific, dijo Lee, aunque aclaró que quedan cientos de investigaciones activas relacionadas con el banco.
Euro Pacific no es una entidad que trafique acciones en el mercado financiero abierto y no publica sus informes financieros, pero Zequeira Díaz indicó que, al 31 de diciembre de 2021, los estados no auditados a los que ha tenido acceso su oficina exponen un cuadro de $110.8 millones en depósitos de clientes, $66.1 millones en efectivo y $31 millones en otros activos que se presumen son metales preciosos. El regulador entiende que tenía descubiertos $13.6 millones para poder responder por la totalidad de los balances de sus depositantes.
Lee ni confirmó ni negó que Schiff está personalmente bajo investigación criminal, pero explicó que Euro Pacific es parte de la Operación Atlantis, la primera que embarcó Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Países Bajos y Canadá bajo la iniciativa J5. El grupo no pensaba que la primera acción legal en contra del esquema sería una orden de cese y desista contra el banco por parte de OCIF, en vez de acusaciones criminales, pero afirmó que quedan activas cientos de investigaciones y acciones civiles y criminales relacionadas con las operaciones del banco.
El 24 de enero de 2020, las autoridades detrás de J5 realizaron un «día de acción global coordinada» en el que realizaron allanamientos, emitieron citaciones, entrevistaron testigos y tomaron otros pasos investigativos en Operación Atlantis.
El 19 de octubre de 2020, el grupo anunció su iniciativa, y su pesquisa a Euro Pacific, en publicaciones periodísticas simultáneas en Estados Unidos y Australia. Y ese mismo día, la OCIF comenzó un examen sobre las operaciones del banco que cubría desde el inicio de sus operaciones en octubre de 2017. Con varios eventos procesales de por medio, ese es el examen que llevó a la orden de cese y desista hoy.
En una entrevista con la versión australiana de 60 minutes, Schiff dijo el año pasado que «si ellos (J5) encuentran realmente que alguien evadió impuestos y puso dinero en mi banco, no es porque nosotros los ayudamos… no hay ninguna prueba de que el banco está siendo usado para facilitar ninguna actividad ilegal».
Una vez comenzaron a mirar con detenimiento las operaciones del banco, OCIF conoció que en sus estados financieros auditados se planteaban desde 2019 «dudas sustanciales sobre (su) viabilidad operacional». Al cierre de 2020, estaba técnicamente insolvente porque mostraba un capital negativo de $1.2 millones. Hasta hoy, OCIF ha recibido cuatro querellas de clientes que «alegan, en síntesis, incumplimiento por parte (del banco) con órdenes de transacciones monetarias»
La orden conlleva la designación como síndico del abogado y contador público autorizado Wigberto Lugo Mender, quien entra de inmediato a controlar las operaciones de la entidad debido a que los funcionarios y el dueño del banco están prohibidos de tomar ninguna acción relacionada con el mismo. El síndico debe asegurar que los clientes del banco sean compensados de acuerdo a los activos que se puedan localizar. Zequeira Díaz dijo que los clientes son principalmente entidades comerciales, pero ningún residente o entidad de Puerto Rico, como es la regla en entidades licenciadas bajo la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional.
Además, la orden impone multas por $765,000 y cita a una vista en la OCIF para el 7 de julio.
«No hay duda de que el trabajo de OCIF envía un mensaje fuerte a otros de que la industria financiera de Puerto Rico no será un paraíso para evasores contributivos», dijo Lee al resaltar la participación de OCIF en la investigación que continua.
A preguntas de NotiCel sobre si consideraban a Puerto Rico un paraíso fiscal de evasores contributivos, York dijo que no le corresponde comentar sobre cualquier aspecto relacionado a la isla, mientras que Day planteó que «estamos hablando aquí de una institución financiera específica… y hasta ahí llegan mis comentarios».
