Todos los juicios consisten en resolver la duda de si una persona es inocente o culpable. Y el caso Pujol no es una excepción, pero cuenta con la peculiaridad de que para determinar si hubo los delitos de blanqueo de capitales y fiscales que se juzgarán habrá que determinar también si las cloacas policiales del Gobierno de Mariano Rajoy, con el excomisario José Manuel Villarejo a la cabeza, enturbiaron las pesquisas tanto como para anular sus conclusiones o no.
Antilavadodedinero / Elperiodico
La “Operación Catalunya”, como se conoce popularmente, o “Proyecto Barna”, como la definía el propio Villarejo en las agendas en las que resumía sus reuniones y las opiniones de sus interlocutores, reflejan cómo desde el Ejecutivo de Rajoy se buscó investigar el independentismo para neutralizar esta propuesta política y, además, relanzar la imagen del PP.
Dicho así parecería claro que todo lo que procediera de esos encuentros significaría poco menos que una investigación prospectiva, vetada por la ley, y, por tanto, con la que sería imposible investigar y mucho menos condenar. Pero las cosas pocas veces no son blancas o negras y tendrá que ser el tribunal que juzgue el caso quien decida.
Anticorrupción
El caso Pujol corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, quien lo separa de la “Operación Catalunya”, cuya existencia en cualquier caso no ve necesario investigar, porque descartó todos los informes policiales contra políticos catalanes o cualquier otra persona que no reunían las condiciones necesarias para iniciar una investigación al no apreciar indicios de delito.
De todas las referencias aparecidas en prensa o en las agendas de Villarejo, como las supuestas cuentas en el extranjero del exalcalde de Barcelona Xavier Trias o el expresidente catalán Artur Mas, solo se judicializó con éxito el caso Pujol. Fue a partir de la denuncia que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, presentó por llevar efectivo en bolsas a Andorra.
Fuentes fiscales destacan a este diario que ese extremo no se ha tenido en cuenta para realizar la acusación y que por eso no solicitan el testimonio de Álvarez en su escrito, en el que piden 9 años de cárcel para el ‘expresident’, 29 para su primogénito, 14 para Josep y ocho para el resto de sus hijos.
Los Pujol
Sin embargo, la «Operación Cataluña» está muy presente en los escritos de defensa de todos ellos. En ellos se afirma que la «causa encuentra origen e impulso en la iniciativa al margen de toda legalidad procesal y control judicial protagonizada por un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que auspiciaron y activaron relato de denuncia enfilada a la incoación de la misma».
Con las últimas noticias surgidas, se plantean ampliar las pruebas propuestas para el juicio, entre las que está el testimonio de varios policías de los imputados en piezas del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, con Villarejo a la cabeza. Argumentan que agentes agregados en la Embajada española en Andorra coaccionaron a los accionistas mayoritarios de BPA para que incumplieran la reserva que merecen los datos bancarios y facilitaran el pantallazo con las cuentas que los Pujol tenían en Andorra.
Uno de los policías implicados, el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, cuando declaró como imputado ante la justicia andorrana, aseguró que no hizo nada con el pantallazo hasta que el expresidente catalán admitió públicamente que ese dinero era una herencia que había dejado su padre a su esposa y sus hijos. Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntan a que fue en ese momento cuando se dotó de legalidad el documento, pese a que su origen era cuando menos cuestionables.
Sea cual sea el futuro del caso Pujol, lo que es seguro es que no habría llegado hasta estar a la espera de juicio, si no hubiera sido por el cuidado con el que trabajaron sus instructores. El primero, el juez Pablo Ruz, no admitió inicialmente la denuncia de Álvarez para disgusto de la camarilla de Villarejo y cuando fue obligado a hacerlo por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional consiguió que la investigación corriera a cargo de policías de su confianza, que también se ocuparon del caso Gürtel.
El segundo, José de la Mata, sospechó del origen del contenido del pendrive que le fue aportado y lo separó del resto de la causa para evitar su contaminación. Remitió las actuaciones a los juzgados de instrucción madrileños, ubicados en Plaza de Castilla, y gracias a ello Pino se convirtió en el primer condenado de las cloacas policiales.
