La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, conversó sobre el último estudio acerca de la economía ilícita, que genera 9.400 millones de dólares al año, producto del tráfico de drogas, contrabando de combustible, oro y la corrupción en puertos y aduanas. Explicó el porqué asegura que el crimen organizado se encuentra en la fase simbiótica.
Antilavadodedinero / Elpitazo
Contrabando de drogas, oro, combustible y la corrupción en puertos y aduanas en el país son los ilícitos que sobresalen en la más reciente investigación de Transparencia Venezuela, que revela que 9.400 millones de dólares al año fue la inversión en la emergencia eléctrica, cifra que representa una séptima parte de los 64.000 millones de dólares por la economía ilícita.
Transparencia Venezuela estimó esa cifra a partir de un estudio que realizó sobre el crimen organizado en Venezuela, durante 10 meses. El equipo de expertos de la organización revisó datos oficiales de instituciones venezolanas y extranjeras, analizó información de prensa y otros guarismos no oficiales. Además, desarrolló fórmulas para calcular el impacto de los ilícitos.
En entrevista con César Batiz, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, aseveró que la línea entre lo lícito e ilícito en Venezuela permanece desdibujada, por lo que es difícil saber qué es correcto y qué no, una situación a la que denominaron “fase” simbiótica.
“Esta es la fase de más alto riesgo para la democracia, pues la organización se apropia de los símbolos de la democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social, incluyendo la que pueden transferir las élites económicas tradicionales y emergentes aliadas”, explica Transparencia Venezuela en la introducción del informe.
Durante la investigación documental y de campo, el equipo de Transparencia se encontró con términos como “contrabando oficial”, el que parecía ilógico, porque suponían que lo oficial era lo lícito. La también experta en Gerencia y Desarrollo Organizacional dijo que a eso se le sumó el hecho de que a los mineros les desagrada que les digan ilegales cuando sacan oro en las narices de las fuerzas de seguridad del Estado y del resto de las empresas mixtas que sí tienen licencias para operar.
“¿Quién está del lado lícito y quién no? Se desdibuja tanto la línea que uno no sabe qué es lo correcto y qué no. Eso también confirma cuando la gente del Arco Minero dice que ellos son el sistema y definen el sistema como el conjunto de actividades que dirigen ahora los pranes o sindicatos del oro que controlan a la fuerza e imponen el terror, la ley, porque cobran los impuestos en montos preestablecidos de la producción a cada uno de los niveles de la exploración, producción y comercialización del oro y de otros ilícitos, porque ellos también controlan esos grupos; como distribución del mercurio y gasolina”, explicó De Freitas.
Afirmó que desde el mismo Estado se toman las decisiones y se definen los mecanismos lícitos e ilícitos. No dudó en asegurar que el Estado ha sido cómplice de la situación de simbiosis. No tomó ninguna previsión y no ha avanzado en la investigación, el procesamiento y la sanción de esta cantidad de delitos que, por otro lado, sí lo están haciendo otros países.
Son 120 los casos que están abiertos en 22 naciones donde investigan y procesan a los presuntos corruptos venezolanos que viven en Venezuela o residen fuera del país, según datos de la directora ejecutiva. Además, conoce de 47 personas fugitivas de la justicia de Estados Unidos y la mayoría vive en Venezuela.
—¿Eso significa que estamos en un Estado criminal?
—Lo que sí es cierto es que hace falta que el sistema de justicia tome cartas en el asunto. El sistema de justicia se ha olvidado de los ilícitos en el país, no hay investigación sobre estos casos y de los pocos que hay, en ninguno está involucrada ninguna persona que tenga poder de decisión.
—¿Cuál es el peligro de esta fase simbiótica?
—Los venezolanos estamos en indefensión, porque cuando las redes criminales se apoderan de las decisiones del Estado, se apoderan de gran parte del Estado. El ciudadano no tiene a quién acudir. Tiene que sobrevivir y convertirse en cómplice o víctima de las redes criminales. Empezar a pagar lo que pidan, pedir justicia a esos delincuentes y no al sistema de justicia del país, como ocurre en el Arco Minero.
No hay ninguna seguridad de que lo que tú estás haciendo hoy lo puedas seguir haciendo mañana. Si tú tienes un negocio y uno de estos entes criminales se enamora de ese negocio, te puedes quedar sin él. Si tú tienes una hija y uno de estos criminales se enamora de tu hija, tu hija va a pasar a ser parte de estos grupos (…). Esto crea la destrucción de la institución democrática, donde la sociedad pierde su forma y pierde la confianza, se siente extraño y parte de eso explica también los más de seis millones de venezolanos que han huido del país.
—En el informe, las principales fuentes de corrupción identifican a Pdvsa y al diferencial cambiario. ¿Cómo ocurrió esto y qué incidencia tiene en nuestra realidad actual?
—Creo que todos los venezolanos deben estudiar el caso de Pdvsa (…). Es una larga lista de decisiones, de políticas públicas y de abusos que permitieron que se relajaran los controles, los pesos y contrapesos, que se legalizara la opacidad, que los ingresos por regalías no se reportaban al Banco Central de Venezuela, sino que iban a Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) y Fonden (Fondo para el Desarrollo Nacional) y desde allí, desde esos entes públicos con fines empresariales, no se rendían cuentas, no pasaban por la Contraloría General de la República y Pdvsa producía 99% de los ingresos que recibió el país durante décadas.
Lo que hemos visto es que como de ahí salía el dinero, era la fuente de donde se podía robar. Esto está avalado porque todos los casos que uno revisa, de alguna manera, tienen un pie en Pdvsa. Además, Pdvsa se metió en todo. Rafael Ramírez (expresidente de la estatal) convirtió la empresa petrolera en una caja que hacía todo. Viiviendas, repartía comida, hacía manejos financieros y eso no solo desvirtuó la lógica de una empresa, sino que permitió una cantidad de lagunas, espacios de descontrol y oportunidades de corrupción que se podían aprovechar fácilmente, porque no había quién las investigara.
Cadivi tuvo a su disposición los miles de millones de dólares que produjo Pdvsa durante la bonanza petrolera y en ese momento se repartía a discreción, se suponía que era para apoyar a los que podían adquirir cosas prioritarias o necesidades de cualquier ciudadano. Sin embargo, se sabe que esos apoyos se dieron principalmente a personas que tenían contactos dentro del Estado.
—¿Cuál de los cuatro ilícitos de estudio te preocupa más?
—A mí me preocupa más el oro. Lo he visto, lo sufro y duele ir al Arco Minero y ver cómo vive la gente, la destrucción ambiental, tener la certeza de que eso va a seguir creciendo. El control que tienen esas bandas que ha pervertido las relaciones entre la población y el Estado y la sociedad, cuando la relación con la Fuerza Armada y la policía es algo que no existe, cuando el sistema ya creó fundaciones y está repartiendo comida y pañales para bebés.
No hay un Estado que le exija a las empresas, que proteja a los trabajadores, que controle a los grupos criminales, que proteja el ambiente, que obligue a tener tecnología, los ríos se están contaminando a una velocidad gigantesca. Los mineros se echan el mercurio en la mano y lo miden en la mano y eso va para los ríos, suelos, para el pescado, los alimentos. Para mí ese es el más terrible.
—¿Cuáles son las soluciones de esa fase simbiótica?
—Es tan complicada como este mundo ilícito. Creo que hay soluciones a varios niveles. El nivel de las organizaciones o de los medios; visibilizar lo que está pasando, tratar de entenderlo, identificar quiénes son los responsables, señalarlos, llevarlos a las instancias que nos permitan visibilizar más y que nos permitan que los sistemas de justicia de otros países tomen en serio, se preocupen y actúen en consecuencia. Creo que nuestras organizaciones también tienen el deber de llevar la información a otros niveles donde la gente común no tiene acceso.
Nosotros tenemos que salir al paso al mundo paralelo que nos pintan en los medios públicos. Con datos, información verificada, ser precisos, para que la gente pueda definir su posición. A nivel local exigir, convertirte en parte de grupos que trabajen por temas específicos, de proteger tu vida, en no rendirte, en saber que tienes derechos y que puedes exigir, no pagar cuando no hace falta, denunciar cuando eres víctima.
Hay cosas que podemos empezar a empujar y allí, poco a poco, crear esa masa crítica. Nosotros nos tenemos que preparar para el momento en el que el país pueda cambiar. No podemos llegar al futuro que estamos soñando y seguir siendo los mismos.