El informe del Tesoro era obligatorio en virtud de la orden ejecutiva del Presidente Joe Biden sobre activos digitales emitida en marzo.
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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha entregado al presidente Joe Biden un marco legal en materia de criptomonedas para que los organismos gubernamentales estadounidenses trabajen con sus homólogos extranjeros.
En un anuncio realizado por el Tesoro de EE.UU. dijo que había informado sobre un marco regulatorio para las criptomonedas en consulta con el Secretario de Estado, el Secretario de Comercio, el Administrador de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional y otras agencias gubernamentales, tal como lo exige la orden ejecutiva del presidente Biden sobre activos digitales emitida en marzo.
Según el Departamento del Tesoro, el marco pretendía fomentar el desarrollo en materia de activos digitales respetando «los valores democráticos fundamentales de Estados Unidos» y garantizando la estabilidad y seguridad del sistema financiero mundial y del sistema monetario internacional.
La orden ejecutiva del presidente Biden exigía al Departamento del Tesoro que dirigiera un esfuerzo interinstitucional para desarrollar recomendaciones políticas para mitigar los riesgos asociados a las criptomonedas.
El departamento gubernamental citó la necesidad de «cooperación internacional entre las autoridades públicas, el sector privado y otras partes interesadas» dados los riesgos potenciales para los inversores con «una regulación, supervisión y cumplimiento desiguales en las distintas jurisdicciones».
«La inadecuada regulación, supervisión y aplicación de la normativa contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/CFT) por parte de otros países pone en entredicho la capacidad de Estados Unidos para investigar los flujos de transacciones ilícitas de activos digitales que con frecuencia saltan al extranjero, como suele ocurrir con los pagos de ransomware y otros blanqueos de capitales relacionados con la ciberdelincuencia», señala el informe del Tesoro.
En términos de cooperación y coordinación internacional, el Departamento del Tesoro dijo que se comprometería con los responsables políticos y los reguladores del G7 en cuestiones relacionadas con los activos digitales, incluidas las monedas digitales emitidas por bancos centrales, integrando las nuevas tecnologías en el sistema monetario internacional.
Estados Unidos también trabajará con los países miembros del G20 para identificar los posibles riesgos para la estabilidad financiera debidos a los activos digitales, impulsar la regulación de las criptomonedas y consultar con los miembros sobre los «desafíos macrofinancieros».
Otros organismos reguladores a los que recurrirá Estados Unidos para el compromiso y la coordinación de la política relacionada con las criptomonedas son el Consejo de Estabilidad Financiera, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo Monetario Internacional, los foros de la Junta de la Reserva Federal para los bancos centrales del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo:
«Estados Unidos explorará las oportunidades de experimentación conjunta sobre tecnologías de activos digitales, innovaciones de mercado y CBDC, con este conjunto básico de aliados y socios para aumentar nuestro aprendizaje compartido sobre las formas de desarrollar sistemas que cumplan nuestros objetivos políticos compartidos».
Anunciada a mediados de marzo, la orden ejecutiva del presidente Biden pretendía establecer una política nacional unificada para las criptomonedas, exigiendo la coordinación y consolidación entre las agencias y departamentos del gobierno estadounidense. Además de las recomendaciones del Tesoro sobre un marco regulador, la orden pide a la Reserva Federal que investigue el desarrollo de una moneda digital del banco central. En junio, como parte de su obligación en virtud de la orden ejecutiva, el Departamento de Justicia publicó un informe sobre cómo podría «reforzar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley» sobre el uso ilícito de activos digitales.
