El registro a la residencia del expresidente fue ordenado por el FBI, y tuvo lugar el pasado 8 de agosto. El expresidente ha denunciado algunas irregularidades y se defiende de señalamientos que indican que este habría violado la ley de espionaje de EE. UU.
Antilavadodedinero / Semana
Ayer trascendió a través de medios locales de Estados Unidos la noticia de una solicitud extendida por los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante los tribunales del Estado de la Florida, más exactamente la Corte de dicho estado, para que esta ponga la lupa sobre el proceso de investigación que cursa en su contra y que derivó en que, el pasado 8 de agosto, se adelantara un registro a su residencia en Mar-A-Lago.
En la solicitud especial que radicó Trump ante la justicia de la Florida, este señala algunas de las irregularidades que en su contra pudieron ser cometidas en el proceso de registro a su residencia, abogando por que en el marco de la supervisión al procedimiento se designe una suerte de ‘maestro espacial’, así como que se adelante la entrega de un inventario minucioso sobre los elementos que fueron decomisados o tomados por los agentes en medio de la supervisión a su morada.
En ese mismo sentido, el expresidente Trump exige ante la justicia que le sea devuelto, en el término de lo posible, aquellos elementos que no estaban comprendidos en la orden judicial de revisión a su casa, pero que, sin embargo, los encargados de tal registro sí tomaron.
Sobre el particular, el estudio adelantado por las autoridades tras el registro de la casa de Trump en la Florida pudo evidenciar que el expresidente habría incurrido en una grave conducta al haber retirado ‘material clasificado’ de la sede de gobierno, o Casa Blanca, el cual habría sido identificado y tomado en el registro a su casa de descanso.
En ese sentido, la orden de revisión o chequeo a la casa del magnate y expresidente también buscaba la recolección de evidencia referida a la eventual comisión de otras conductas indebidas, e incluso delictivas, referidas a la violación de la Ley de Espionaje, destrucción de documentos y obstrucción a la justicia.
En medio de la polémica surgida en Estados Unidos por cuenta de la orden del FBI para ordenar la revisión de la casa de Trump, la semana pasada, el Departamento de Estado se pronunció, refiriendo que se negaba a hacer públicos las razones que motivaron la investigación, pese a que diversos sectores, en virtud de la verdad, se han pronunciado con el objeto de que dicha información pueda hacerse pública, en medio de la tormenta política que ello derivó.
En ese sentido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se había pronunciado al respecto, aduciendo que “existen razones convincentes, incluido proteger la integridad de una investigación policial en curso que involucra la seguridad nacional, que respaldan mantener sellada la declaración jurada”.
Pese a lo anterior, el pasado 12 de agosto se conoció a través de un juez previa solicitud de la fiscalía parte de la orden que facultó el allanamiento, a la vez que una lista de los documentos que fueron encontrados en dicha morada.
No obstante, el documento revelado cuida algunos detalles, entre los que se encuentra la identidad de algunos testigos consultados.
Sobre la publicación del documento solicitado, medios internacionales han apuntado a que el conocimiento de ese documento podría poner en evidencia la estrategia de los investigadores en el estudio de señalamientos en contra de Trump y, según el Departamento de Justicia, su revelación podría poner en jaque, o comprometer el éxito de las investigaciones que se adelantan.
Sobre lo que ha trascendido de la investigación, esta menciona unas sospechas en torno a la eventual violación de una ley sobre el espionaje, referida a la posesión de documentos confidenciales, los cuales, pese a que Trump los conociera, no tendrían porqué estar en su poder tras haber dejado el cargo de presidente.
Así, entre los documentos incautados en la residencia de Trump podrían encontrarse algunos elementos catalogados como top secret, en tanto la incidencia que estos tienen para la llamada seguridad nacional.
En su defensa, el expresidente Trump, quien actualmente lidera el favoritismo para la próxima nominación presidencial del Partido Republicano, ha afirmado que los documentos que estaban en su poder eran de carácter desclasificado y que, por ende, no habría incurrido en delitos.
Dentro de las denuncias de Trump frente a las presuntas irregularidades en la confiscación de elementos en su residencia, también estaría el decomiso de documentos como su pasaporte y el de su esposa, Melania Trump.
Debido a dicha confiscación en su casa de Florida, el expresidente señaló al actual Gobierno de atacar a la oposición, afirmando que un hecho como ese no tenía precedentes en la historia de su país.
