El protagonista de uno de los principales escándalos de corrupción en la Rama Judicial en Colombia se sumó al apoyo de la propuesta del presidente Gustavo Petro para modificar la política de extradición en Colombia, fijando unos beneficios a quienes tomen la decisión de colaborar con la justicia.
Antilavadodedinero / Semana
En una carta enviada al Presidente de la República, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno Rivera aseguró que desde hace muchos años urge cambiar esta política, pues ya no funciona en la guerra contra el narcotráfico.
“Esta figura de la extradición dejó de ser una lucha contra las drogas; por el contrario, es una lucha por dinero, solo les importa decomisar plata”, cuestionó Moreno, quien es el testigo estrella de la Fiscalía General en los procesos que se adelantan por el cartel de la toga.
Por esta situación, que vivió cuando estuvo privado de su libertad en una cárcel de Estados Unidos por exigir sobornos en territorio norteamericano, el exfiscal anticorrupción le propuso a Petro suscribir un tratado que “permita que los derechos” de los extraditados “sean respetados como ocurre con cualquier otro ciudadano de otros países”.
Además, que se revisen los “tiempos de deportación de las personas que ya cumplieron sus penas en los Estados Unidos, ya que prácticamente se paga otra condena adicional en las cárceles de migración”.
Al final de la misiva lanzó una reflexión sobre la situación que se ha debatido recientemente: “El cargo público, es por un momento, un instante en el tiempo, los seres humanos somos para siempre.
En este camino he aprendido el valor y el lujo del tiempo, he aprendido los conceptos básicos de la existencia humana como la gratitud, la compasión, perdón, el honor, la moral, también a reírme de mí con el comportamiento de ser mejor”.
Moreno, quien actualmente se encuentra privado de su libertad en una guarnición militar de Bogotá, se ha mostrado dispuesto a colaborar con las autoridades judiciales para esclarecer la situación y entregar información sobre todos aquellos que de una u otra manera intentaron afectar la recta administración de justicia en Colombia.
Su colaboración le permitió firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General y un preacuerdo en el que aceptaba su responsabilidad en los delitos de concusión (ejercer presiones) y utilización indebida de información privilegiada. Por esto, fue sentenciado el 7 de marzo de 2018 a cuatro años y 10 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
El primero fue sentenciado a 19 años de prisión por mover sus influencias dentro del alto tribunal para que se archivaran, desviaran y suspendieran procesos contra aforados constitucionales, todo a cambio de una comisión.
Mientras tanto, Gustavo Malo Fernández fue sentenciado en 2021 a nueve años y diez meses de prisión por cancelar órdenes de captura y entorpecer procesos de aforados, principalmente el caso del entonces senador del Partido de La U, Musa Besaile Fayad.
La declaración de Moreno también ha sido tenida en cuenta para emitir medidas de aseguramiento contra los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes habrían pagado millonarias comisiones para que se cancelaran las órdenes de captura que se iban a emitir en su contra por casos de ‘parapolítica’.
