Michelle Bachelet ha puesto punto final a su mandato como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU soltando una bomba: el informe sobre la región autónoma china de Xinjiang, donde la minoría musulmana uigur, mayoritaria en la zona, ve violados sus derechos fundamentales por el régimen de Pekín.
Antilavadodedinero / Elpais
China había advertido, horas antes de conocerse las conclusiones del mismo, de que la publicación del informe puede dañar su cooperación con Naciones Unidas.
El documento, fruto de una larga investigación independiente, sostiene que China pudo cometer crímenes contra la humanidad contra los uigures y otras minorías étnicas musulmanas al aplicar políticas que implicaron detenciones arbitrarias masivas y otros graves abusos. La práctica sistemática de la represión por parte del régimen de Pekín provocó “la privación de libertad a gran escala” de esas minorías, al menos entre 2017 y 2019.
La ONU acusa a China de “graves violaciones de los derechos humanos” en el informe, publicado en Ginebra minutos antes de la medianoche (hora local) de este miércoles, justo cuando expiraba el mandato de Bachelet. Para China, se trata de “una farsa” organizada por EE UU y los países occidentales.
El documento evalúa las denuncias de represión contra los uigures y otras minorías étnicas, de las que los investigadores dijeron haber encontrado “evidencias creíbles”. El relato señala que los miembros de la minoría uigur sufren “detenciones arbitrarias sistemáticas” y algunos son objeto de “patrones de maltrato”.
Desde hace años, la región está sometida a una vigilancia orwelliana y se calcula que al menos un millón de uigures se hallan internados en campos de trabajo y reeducación, sin contar con el número indeterminado de los sometidos a esterilizaciones forzosas.
El Gobierno chino justifica la represión en el hecho de que la región sea un vivero para el extremismo islámico, que se manifestaría en forma de violentos atentados contra civiles perpetrados, según las autoridades, por miembros radicalizados de esa minoría.
En 2018 se divulgó que el régimen había creado gigantescos campos de internamiento y trabajo (“centros de formación profesional”, en la definición oficial) para apartarlos de esa supuesta deriva extremista.
Todo empezó a finales de 2017, cuando la oficina de Derechos Humanos de la ONU comenzó a recibir cada vez más denuncias de grupos de la sociedad civil relativas a la desaparición de miembros de esas minorías étnicas musulmanas en la región autónoma uigur del país. En 2018, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Involuntarias reportó un aumento “dramático” en Xinjiang “con la introducción de campos de reeducación por parte del Gobierno de China”, explica el texto.
“Numerosos estudios e informes publicados desde entonces por un amplio número de ONG, grupos de expertos y medios de comunicación, así como relatos públicos de las víctimas, han alegado detenciones arbitrarias a gran escala en los llamados campos, así como denuncias de tortura y otros malos tratos, incluidos la violencia y el trabajo forzoso”.
Bachelet reconoció la semana pasada que había recibido presiones tanto por parte de los partidarios de publicar el informe, con EE UU a la cabeza, como de los detractores, el primero de todos ellos China.
También reveló que había recibido una carta firmada por unos 40 países que le pedían que no publicara los resultados de la investigación que su oficina alentaba desde hace un par de años y cuya elaboración se retrasó cuando el Gobierno chino aceptó que la alta comisionada visitara el país el pasado mayo.
La controvertida visita que la expresidenta chilena realizó a China está para muchos en el origen de su renuncia a no repetir mandato al frente de la oficina de la ONU, cuando sonaba incluso como posible sustituta de António Guterres al frente de la secretaría general, el puesto de mando del organismo.
Demasiado complaciente a juicio de las organizaciones de derechos humanos, Bachelet evitó ahondar en la represión de los uigures para no soliviantar a sus anfitriones. Sí instó a Pekín a “revisar” su política antiterrorista en consonancia con los estándares internacionales, un llamamiento tan vago como insuficiente en opinión de los críticos con la visita.
Desde que se anunció, estos alertaron de que el viaje de la diplomática podía convertirse en un instrumento de propaganda en manos de Pekín. Bachelet visitó Cantón, en el sur de China, y Xinjiang, en el noroeste.
La alta comisionada defendió su visita alegando que era una oportunidad única para ver de primera mano lo que ocurría en el país y tener un contacto directo con familiares de uigures que estuvieron o siguen internos en esos campos.
Fiel a su palabra de que haría público el informe antes de que expirara su mandato, el gesto de Bachelet busca congraciarse también con todos aquellos que esperaban un informe de escaso recorrido y con un contenido contemporizador con las presiones chinas.
Ni una cosa, ni otra: la ONU reconoce como creíbles y constitutivas de un delito tan grave como crímenes contra la humanidad, las repetidas denuncias de violaciones de los derechos fundamentales de los uigures.
Xinjiang es la región más grande de China, una sexta parte de su territorio total, y tiene una población de 25,85 millones de habitantes.
Es rica en carbón, gas, petróleo, litio, zinc y plomo, además de ser una fuente importante de producción agrícola, como el algodón. El hecho de que comparta fronteras exteriores con Afganistán, India, Kazajstán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, la Federación Rusa y Tayikistán incrementa su interés estratégico, dado que ofrece rutas y acceso a toda Asia Central.
Desde el punto de vista demográfico, señala el informe, ha sido una de las regiones de más rápido crecimiento del país y su composición étnica ha cambiado gradualmente desde 1949, en ningún caso como fruto del azar.
En 1953, cuando se realizó el primer censo, más del 75% de la población total estaba constituida por uigures, musulmanes suníes, con la etnia china Han, la mayoritaria del país, representando apenas el 7%. Como resultado de la política de Pekín y de los incentivos ofrecidos a la instalación de los han, la emigración hacia Xinjiang ha nivelado la presencia de los dos grupos: según el último censo disponible, los uigures constituyen el 45% de la población, y los han, el 42%.
