El punto débil del que adolece nuestro país en su mecanismo anti lavado es la investigación, el procesamiento y la condena de casos, según expone el Gafilat en el informe que resultó de los casi tres años de evaluación y en virtud del cual nos salvamos de ingresar a la “lista gris”, pero ingresamos al estatus de seguimiento intensificado.
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Paraguay cuenta con un ordenamiento jurídico acorde para el combate del LA (lavado de activos), pero el número de investigaciones realizadas de lavado de dinero como delito autónomo, en general, ha sido bajo.
Este es el argumento que presenta el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para explicar por qué otorgó una calificación baja al indicador “Investigación, procesamiento y condena”, como resultado de la evaluación que realizó al país en cuanto a sus mecanismos de combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
De esta manera, el accionar de la justicia se consolida como la “pata débil” de Paraguay a la hora de luchar contra los mencionados flagelos y no es sorpresa, ya que cuando inició la evaluación del Gafilat -a fines del 2019-, los miembros del organismo habían advertido que se fijarían de manera especial en los resultados de la aplicación de las normativas anti lavado, en decir, en las sentencias y condenas.
En el reporte del Gafilat se recuerda que desde el 2015 hasta julio del 2021 se dictaron 28 sentencias de Lavado de Activos, todas a partir de informes de inteligencia financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
El organismo reconoce, además, que se han llevado a cabo investigaciones por los delitos precedentes de Lavado de Activos, pero que el número de investigaciones de Lavado de Activos por los delitos identificados como una mayor amenaza en la Evaluación Nacional de Riesgo del Paraguay no parecen reflejar dicho resultado.
Entre las observaciones de carácter operativo, el Gafilat reclama que no se realizaron investigaciones financieras paralelas ante casos de delitos precedentes de Lavado de Activos, lo cual está establecido en el manual instructivo.
“Las autoridades pueden usar una razonable gama de técnicas de investigación de Lavado de Activos, pero las operaciones encubiertas sólo pueden practicarse cuando estuvieran relacionadas con el narcotráfico, mientras que las entregas controladas sólo se podrían realizar en caso de crimen organizado, delitos complejos, múltiples y/o trasnacionales; lo cual limita las capacidades de las autoridades competentes para la investigación y condena en los casos de Lavado de Activos”, se detalla en el informe, entre las falencias en este punto.
Entre los avances que se deben concretar en el país, el Gafilat insta a fortalecer la cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y las instituciones de inteligencia, para garantizar que más pesquisas se conviertan en investigaciones y sentencias por lavado de activos; así como investigar más casos de lavado de dinero, pues advierte que las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren al lavado de activos en concurso con otro delito (contrabando, narcotráfico, evasión, etc.).
“Paraguay debe realizar los cambios en el marco legal para aumentar el número de investigaciones y condenas por Lavado de Activos, incluido el Lavado de Activos Autónomo, y ajustar las penas para garantizar su proporcionalidad y disuasividad”, recalca el organismo.
Mejor performance
En el resto de los frentes analizados en la evaluación anti lavado, Paraguay obtuvo una calificación “moderada”, a excepción de la cooperación internacional, la única con nota “sustancial”.
En el área de “política, riesgo y coordinación”, la indicación del organismo internacional es continuar trabajando en los análisis económicos de los delitos generadores de activos ilícitos como el contrabando, la corrupción y en el análisis del riesgo de los sectores; mientras que en la “supervisión”, la tarea consiste en seguir fortaleciendo la comprensión e implementación del enfoque basado en riesgos que deriven en un impacto positivo en las supervisiones a todos los Sujetos Obligados.
El Gafilat también detectó en Paraguay el riesgo de uso indebido de empresas de maletín o de fachada para la comisión de actividades delictivas, incluido el Lavado de Activos. Al respecto, destaca que se implementaron en el país el “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de Beneficiarios Finales”, pero que se debe dotar de mayores recursos a la autoridad que administra los Registros para asegurar el buen funcionamiento de los Sistemas y favorecer el proceso de revisión y monitoreo para garantizar que la información de los registros sea adecuada, precisa y actualizada.
Foco en las fronteras
La vigilancia de las fronteras es mencionada en varias ocasiones por el Gafilat en su informe sobre la evaluación a Paraguay. Particularmente, anota como tarea pendiente mejorar los controles para detectar y decomisar dinero y/o valores no declarados, especialmente en las zonas de frontera que representan el mayor riesgo.
A su vez, insta a fortalecer la coordinación entre la SEPRELAD y las Organizaciones sin Fines de Lucro, identificadas de mayor riesgo, que podrían ser utilizadas para el Financiamiento del Terrorismo, a fin de crear mayor conciencia del problema y su impacto, especialmente en la zona de la Triple Frontera.
En este punto, considera que es necesario realizar mayores esfuerzos para monitorear la actividad de Hezbollah en el área de la triple frontera; esto incluye, por ejemplo, utilizar de manera más efectiva las facultades de la autoridad transfronteriza en materia de congelación de activos.
En cuanto al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, también exhorta a incrementar el nivel de coordinación y capacitación por parte de las instituciones involucradas a combatirlo, particularmente en lo que respecta a la zona Triple Frontera.
Terrorismo doméstico
El nivel de riesgo que representan los grupos Ejército del Mariscal López (EML), Agrupación Campesina Armada (ACA) y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) también es mencionado en el informe de Gafilat y los califica como amenazas terroristas de grupos domésticos en Paraguay.
Entre las acciones impulsadas en este frente, detalla el inicio de dos investigaciones por Financiamiento al Terrorismo (en virtud de los arts. 2 y 3 de la Ley 4024/10), partiendo de informes de inteligencia financiera de la Seprelad; y de un total de cuarenta investigaciones preliminares, de las cuales doce causas fueron judicializadas por los delitos de terrorismo y Financiamiento al Terrorismo, conforme al Art. 2 de la ley 4024 “Asociación Terrorista” (AT)
Para seguir avanzando, insta a llevar a cabo capacitaciones específicas en el combate e investigación al Financiamiento del Terrorismo, a las agencias del sector público, y en la prevención y detección del Financiamiento al Terrorismo al sector privado.
