El imponente Palacio de Justicia de Santo Domingo bulle de actividad y conversaciones cruzadas. Abogados y jueces caminan con pasos largos por sus recintos en sus togas y birretes negros inmaculados, mientras los acusados pasan arrastrando los pies, con la cabeza gacha, escoltados por la policía.
Antilavadodedinero / InSightCrime
En un pequeño despacho del segundo piso, en el que se apiñan los expedientes en los estantes, una jueza, que solicitó reserva de su identidad, habló con InSight Crime sobre los casos de corrupción de alto nivel que han acaparado las primeras planas del país en los últimos años. Estos casos parecen señalar un cambio de dirección en la impunidad que por tanto tiempo ha cobijado a personajes importantes en República Dominicana, comentó la jueza.
“Venimos de una cultura en la que ciertos delitos eran en su mayor parte invisibles. Los delitos callejeros, el robo y similares, eran judicializados. Pero ¿la corrupción? Rara vez”, señaló y agregó: “Este es un nuevo momento: los fiscales anticorrupción tienen mayores recursos ahora y la gente quiere que sean llevados a la justicia”.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha estado ocupada. Desde que el presidente Luis Abinader se posesionó en 2020, la PEPCA ha abierto varios casos contra ministros de gobierno, oficiales de las fuerzas de seguridad y parientes cercanos del expresidente Danilo Medina.
El expresidente no ha enfrentado cargos formales, pero los fiscales de la PEPCA demostraron que no les asusta enfrentar a sospechosos con poder político. Y en una campaña legal llamada «Antipulpo», han preparado casos contra muchos tentáculos de la presunta corrupción que se desprendió de la anterior administración de Medina.
Los numerosos tentáculos de la corrupción
Juan Alexis Medina, hermano del expresidente, está acusado de usar sus lazos familiares para crear una enorme red criminal de malversación de fondos públicos, que involucra a por lo menos 22 organismos de gobierno, además de exministros, exdirectores generales y al otro hermano del presidente. Según la acusación formal de la PEPCA, la red criminal-política robó millones de dólares de recursos estatales.
“Por eso le llaman Antipulpo”, como le explicó a InSight Crime el economista y especialista en lavado de dinero Heiromy Castro. “El caso toca básicamente a todos los ministerios. Hubo una cultura de impunidad que permitió que eso ocurriera”.
Otros casos grandes en proceso en los tribunales indican que la corrupción en la administración de Medina llegó mucho más allá del Ejecutivo.
Los fiscales de un caso conocido como Coral, y su derivado Coral-5G, describen una red de corrupción y lavado de dinero que operó en los mandatos de Medina (2012-2020) a manos de oficiales de alto rango, incluidos generales del ejército y la fuerza aérea. Esa red está señalada del robo de millones de dólares del Estado, parte de ellos mediante contratos otorgados a empresas de papel. El saqueo, legalizado usando propiedad raíz, autos de lujo y otros bienes, se avaluó en 4.5 millones de pesos dominicanos (más de US$84 millones).
Según los fiscales de otro caso con un nombre cercano a la vida marina, Medusa, el exfiscal general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez (2016-2020), llevó a cabo una configuración similar fuera de su oficina.
El caso Medusa señala que Alain Rodríguez «convirtió a la Fiscalía General en el centro de mando de operaciones criminales». Junto con varios de sus subordinados, Rodríguez presuntamente abusó de su cargo para cometer fraude y robar recursos destinados a los sistemas de investigación, justicia y prisiones del país. PEPCA estima que la red de corrupción manejó más de un billón de pesos dominicanos (US$18 millones).
Sin embargo, existen indicios de que el exfiscal general no se retirará discretamente. En marzo, el fiscal del caso Wilson Camacho acusó a los imputados en Medusa de intimidar y tratar de coaccionar a los testigos desde su lugar de detención. Los abogados de Rodríguez declararon a InSight Crime que su cliente es víctima de asesinato político.
«En República Dominicana, se usa la justicia como arma contra opositores políticos», escribieron en respuesta a la invitación a comentar.
Lo que diferencia esta campaña anticorrupción es que no está dirigida solo contra el expresidente o la oposición. Los fiscales también han investigado a funcionarios de la administración del actual presidente Luis Abinader acusándolos en el caso bautizado Operación 13 de defraudar a la ciudadanía en más de 500 millones de pesos dominicanos (unos US$9,1 millones).
El depuesto director de la Lotería Nacional, Luis Dicent, enfrenta cargos de autoría intelectual del esquema fraudulento y de presión a sus coacusados para que participaran, según el cubrimiento del caso publicado por el medio local Diario Libre.
Esa serie de procesos connotados ha dado a muchos dominicanos la esperanza de que su sistema de justicia ha tomado en serio la lucha contra la corrupción. El índice de Percepción de la Corrupción de 2021, elaborado por Transparencia Internacional, reflejó el clima positivo, y lo atribuyó a las condenas recientes de personajes de la élite política, y varios lugareños en la isla expresaron optimismo por la campaña anticorrupción, aun cuando no aprobaran otros aspectos de la administración de Abinader.
Pero organizaciones internacionales y expertos advierten que la corrupción sigue incrustada fuertemente en todos los aspectos de la vida pública y que resultará difícil enfrentarla. Incluso Transparencia Internacional informa que las proclamadas mejoras en la percepción de corrupcion situaron a República Dominicana en el lugar 128 de 180, y advierten que las instituciones públicas siguen siendo frágiles y que el actual avance podría “perderse rápidamente”.
Un informe del Departamento de Estado estadounidense, publicado en abril de 2022, también halló que aún se está lejos de un cambio real. El informe concluyó que “aunque el fiscal general ha abierto un buen número de casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos connotados y sus familias […] la corrupción en el gobierno seguía siendo un problema de gravedad”.
Varios expertos indican que esta corrupción administrativa se derrama desde los sectores privilegiados y ha creado un ambiente de impunidad en República Dominicana, donde se ha borrado la línea entre la élite y el hampa.
“Todos frecuentan los mismos lugares”, le explicó a InSight Crime un alto experto internacional en seguridad internacional. “Se sorprendería de ver la cantidad de delincuentes que se sientan a beber con políticos y empresarios; en un par de minutos se cruzan unos con otros”.
Arenas movedizas
Las acusaciones en una serie de casos judiciales recientes ilustran esos vínculos en todo el espectro político.
En septiembre de 2021, el diputado Héctor Darío Féliz Féliz escondió al narco Juan José de la Cruz Morales, alias “Wandy”, en su vehículo cuando los investigadores llegaron a aprehenderlo, según los informes oficiales.
Féliz Féliz no puede ser detenido, ya que goza de inmunidad política por su calidad de miembro de la cámara de diputados. Esta parece haber sido una cualidad que Wandy buscó en sus amigos, pues según los fiscales, su red de narcotráfico hizo aportes directos a las campañas políticas de los legisladores dominicanos. Los fiscales también vincularon a otros dos diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de Abinader, a la misma red de narcotráfico.
El caso de Féliz Féliz está lejos de ser una excepción. Otra legisladora, Rosa Amalia Pilarte López, está casada con el presunto narcotraficante Miguel Arturo López Florencio, alias “Miky López”. Los fiscales acusan a Miky López de haber liderado una red que no solo traficaba drogas, como éxtasis y cocaína, sino que también prestaba servicios de lavado de dinero a otras redes criminales, entre ellas las vinculadas al narcotraficante puertorriqueño José Figueroa Agosto, y al escándalo de corrupción de Odebrecht, según la acusación.
En algunos casos, incluso, se dice que algunas figuras políticas dominicanas han cruzado la línea de la asociación con delincuentes a la participación directa en actividades ilícitas.
En 2021, el diputado en ejercicio por la provincia de Santiago, Miguel Gutiérrez, fue detenido en el aeropuerto de Miami y acusado de tráfico de cocaína. Gutiérrez no fue el primero. En 2020, las autoridades extraditaron a un candidato al congreso e imputaron a un veterano director de campaña, ambos por narcotráfico. Este último fue acusado por la Fiscalía estadounidense de trabajar directamente con el Cartel de Sinaloa.
Es más, las redes criminales presuntamente infiltraron el mismo sistema de justicia que debía llevarlas a juicio. En 2020, dos jueces fueron destituidos después de recibir presuntamente pagos de un narcotraficante convicto.
Los mayores narcos de la isla son sospechosos de buscar influir en expresidentes y candidatos presidenciales.
El imputado narco César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, fue grabado afirmando que en 2016 financió la campaña del expresidente Danilo Medina, quien admitió haber recibido el dinero, pero negó saber que fuera producto del narcotráfico.
Denuncias similares se remontan a varios años atrás. Figueroa Agosto presuntamente ayudó a financiar la campaña presidencial del candidato de centro-izquierda Miguel Vargas Maldonado, quien fue derrotado en las urnas. Vargas negó cualquier vínculo con el narcotraficante.
Otro de los antiguos jefes de Peralta, Quirino Paulino Castillo, afirmó que entre 2002 y 2004 gastó millones de dólares en las campañas electorales del presidente Leonel Fernández, del colectivo de centro-izquierda Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Este respondió haciendo gala de los logros de su administración, sin hacer referencia directa a las denuncias en su contra, según una copia de su respuesta publicada en medio dominicanos.
Esas denuncias repetidas de apoyo a candidatos presidenciales con dinero del narcotráfico apuntan a un problema recurrente y dejan ver la debilidad de las leyes de financiación electoral en el país, que pueden usarse para ofrecer una fachada amplia a quienes buscan comprar influencia política en los niveles más altos de la rama ejecutiva.
Policía de bolsillo
También pueden estar en riesgo elementos de la policía dominicana a cargo de la investigación de delitos.
En 2014, la entonces fiscal jefe del Distrito Nacional reveló que exagentes de policía estuvieron implicados en la mayoría de asesinatos por encargo entre narcotraficantes. Ese mismo año, el jefe del extinto organismo antinarcóticos, la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), fue acusado de robar cerca de una tonelada de cocaína y fue condenado a 20 años de prisión.
Un año después, Yeni Berenice, entonces fiscal jefe del Distrito Nacional, en la jurisdicción de Santo Domingo, afirmó que la policía participó en el 90 por ciento de los casos de crimen organizado. En los años que antecedieron a su denuncia, se conoció la baja simultánea de cientos y en ocasiones miles de agentes por presuntas conexiones con organizaciones criminales.
La evidencia indica que poco cambió después de 2015. Tanto Miky López como su hijo estuvieron en la nómina de la Policía Nacional hasta 2020, según la misma policía. Más recientemente, en noviembre de 2021, las autoridades detuvieron a 14 agentes, acusados de participar en un “tumbe de droga”, o robo de narcóticos que por lo general comete una banda contra otra, según informó un comunicado de la Fiscalía General.
“Muchos policías participan en crimen organizado. Esa es su respuesta a los bajos salarios que reciben y a la falta de normas claras”, le explicó a InSight Crime Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, (Adocco), en agosto de 2021.
“No hay manera de que el crimen organizado prospere sin la participación, el respaldo y la implicación de las autoridades”, añadió.
*InSight Crime trató de comunicarse con todos los acusados mencionados o sus apoderados para tener sus comentarios. Con excepción de los abogados de César Emilio Peralta y Jean Alain Rodríguez, todos los demás o declinaron hacer comentarios o no pudieron ser contactados.
*Este artículo es el tercero de una investigación en tres entregas que analiza cómo la República Dominicana se convirtió en el lugar donde confluyen el tráfico transnacional de cocaína entre Norteamérica, Suramérica y Europa, y donde participan narcos locales, traficantes internacionales y políticos corruptos. Lea la investigación completa aquí.
