El denominado trapecio amazónico entre las fronteras de Perú, Brasil y Colombia. Se incendia y se tala bosques para abrir paso a los sembríos de coca, a los laboratorios de procesamiento y a las pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar el tráfico de cocaína. Esto bajo protección de disidencias de las ex FARC, del Comando Vermelho o de otras organizaciones criminales .
Antilavadodedinero / Perfil
a Amazonía está desapareciendo. Cerca del 40% del bosque originario podría perderse para 2050. Los niveles récord de deforestación han provocado una situación inédita: en la actualidad se emite más dióxido de carbono que lo que se absorbe.
Dos veces la superficie de la India, la Amazonía cubre el 40% del territorio de América del Sur e integra ocho países y un departamento de ultramar francés. Está habitada por más de 400 pueblos y nacionalidades indígenas que atesoran más de 300 lenguas ancestrales en riesgo de desaparecer.
Brasil, Bolivia y Perú concentran los mayores niveles de deforestación de toda la Amazonía. Hasta 2020, según Raisg, las actividades agropecuarias contaminadas de ilegalidades eran responsables del 84% de la pérdida de bosque primario tropical.
Estas dinámicas no están aisladas. Cada vez es más evidente cómo opera un ecosistema del crimen ambiental en la Amazonía. Economías ilícitas como la tala ilegal de madera, la minería ilegal de oro, cobalto y coltán, así como, en menor medida, los cultivos ilícitos de coca se entrelazan con otros delitos conexos como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, los homicidios, el fraude, la trata de personas, la explotación laboral.
En la raíz de este desafío, los flujos financieros ilícitos asociados al lavado de dinero, la corrupción o la evasión tributaria.
Por otro lado, paradójicamente, la denominada transición energética promueve el boom de extracción ilegal de balsa. Los ríos amazónicos se han convertido en autopistas fluviales para transportar madera ilegal. La balsa ecuatoriana, altamente cotizada por su marca de origen en mercados internacionales, se lava con balsa colombiana y peruana para ser trasladada a través del río Pastaza hasta el puerto de Iquitos, punto de despacho de cargamentos para satisfacer la demanda global creciente de países como China y Estados Unidos. Solo entre 2019 y 2020, el precio de un árbol de balsa se multiplicó por nueve, pasando de US$ 5 a US$ 45.
Más recientemente, en su último estudio, el Instituto Igarapé analizó más de 300 operaciones de la Policía Federal de Brasil (2016-2021). Aquí se mostró cómo el ecosistema del crimen ambiental atraviesa 24 de los 27 estados, en 254 ciudades. El 75% de las ciudades analizadas se encuentra en lo que se conoce como la Amazonía Legal, mientras el 22% se encuentra fuera de ella, y el 3% llega hasta países fronterizos.
La complejidad de las economías ilícitas que alimentan el crimen ambiental no solo impacta el corazón de la Amazonía. Un ejemplo de esta complejidad transnacional es la Operación Ouro Perdido (2019), que involucró el trabajo de Policía Federal, Agencia Tributaria, Ministerio Público, Fuerza Aérea y Ejército, y mostró cómo las ramificaciones alcanzan la triple frontera entre Guayana Francesa, Surinam y Brasil. Esta dinámica no es aislada.
Los hallazgos de este estudio permitieron también evaluar las prioridades de las acciones de control. La tala ilegal de madera, la minería ilegal y la deforestación constituyen los principales focos de atención en Brasil. A nivel regional, las acciones contra la minería ilegal guardan una importante concentración en zonas cercanas a las fronteras con Venezuela y Guyana, así como el trapecio amazónico con Colombia y Perú.
Se trata de un desafío regional que requiere respuestas regionales. La Amazonía se encuentra bajo ataque del crimen organizado ambiental. Las dinámicas traspasan fronteras y sus ramificaciones se extienden más allá del bosque tropical mientras acaban con pueblos amazónicos.
Pasan por las zonas urbanas y llegan hasta los centros financieros mundiales, facilitadas por la corrupción, y a través de redes de lavado de dinero alimentan la criminalidad.
Todo esto mientras se destruye el ambiente y la biodiversidad, afectando gravemente los sistemas climáticos del planeta.
