Las autoridades del FBI, diligenciaron en Puerto Rico ocho órdenes de arresto por fraude bancario y electrónico, robo de identidad agravado y conspiración de lavado de dinero.
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Un gran jurado federal emitió el pasado 28 de octubre una acusación formal con estos cargos contra ocho personas, en un caso cuya investigación está a cargo del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
La investigación de USPIS y el FBI reveló un esquema fraudulento mediante el cual las tarjetas de débito de clientes, en su mayoría ancianos del Banco Popular de Puerto Rico, fueron utilizadas para la compra y el cobro de giros postales, precisó en un comunicado la Fiscalía Federal.
Desde el 21 de octubre de 2021 hasta el presente, Ángel De La Rosa, alias «Julio Zapata», y otros, haciéndose pasar por agentes federales o funcionarios bancarios, visitaron las residencias de las víctimas alegando que sus cuentas bancarias habían sido comprometidas.
Con el pretexto de ayudar a restaurar la integridad de sus respectivas cuentas, los acusados pidieron a las víctimas que proporcionaran sus tarjetas de débito y números PIN de cajero automático.
Al obtener las tarjetas de débito, De La Rosa, con la ayuda y la complicidad de Raisa Raymundo Vargas, Adonis Márquez Marte, Josué Figueroa López, Mirkin Espinosa Salvador, Jan González López, Nicole Figueroa De Jesús y Edwin Peña Valdez compraron giros postales en varias oficinas postales de EE.UU.
Los demandados De La Rosa y Márquez Marte realizaron compras en efectivo de más de 40.000 dólares en joyas en varios lugares de Nueva York con esas ganancias fraudulentas obtenidas de los giros postales y operaron una joyería en San Juan como medio de lavado de dinero.
«La Oficina del Fiscal de Estados Unidos continuará persiguiendo y enjuiciando a las personas que se aprovechan de los demás, incluidos los ancianos y otros miembros vulnerables de nuestra comunidad», dijo el fiscal federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes.
Según la nota de la Fiscalía, las ganancias del esquema de fraude están sujetas a decomiso penal e incluyen un vehículo y aproximadamente 619.344 dólares.
