Julio Herrera Velutini y Mark Rossini cuestionaron la legalidad del allanamiento en cuentas electrónicas de ambos, por lo que solicitaron la devolución de la información o que un comisionado especial evalúe los datos en manos de Justicia federal, parecido a lo que ocurrió en el caso de Donald Trump.
antilavadodedinero / elnuevodia
El banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini, coacusados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, denunciaron que las autoridades federales les ocuparon datos “privilegiados” sin la debida autorización judicial y solicitaron la devolución de la información o el nombramiento de un comisionado independiente que los revise para determinar si pueden ser usados en el proceso judicial en su contra
Ambos se unieron a una denuncia previa de Vázquez Garced señalando que las autoridades federales interceptaron comunicaciones y ocuparon información que supuestamente está protegida por el “privilegio” de abogado-cliente.
En una moción conjunta, la defensa de Herrera Velutini y de Rossini adelantaron que impugnarán el proceso seguido por las autoridades federales por entender que no tenían autorización judicial para tal allanamiento electrónico y que les han violado derechos constitucionales
“Lo que ha quedado claro a partir de tan solo una revisión parcial del descubrimiento de prueba proporcionado hasta la fecha, es que el procesamiento del Ministerio Público tiene fallas profundas”, indica la moción.
Por medio de sus abogados, los dos coacusados indicaron que en las pasadas semanas el Departamento de Justicia federal les informó que ha tenido “posesión de sus datos privilegiados (abogado-cliente y producto de trabajo) por al menos dos años” y que no fue hasta “el mes pasado que comenzaron un ‘equipo de filtro’ para revisar esos datos electrónicos”.
Los llamados “equipos de filtro” son fiscales y agentes federales no asignados a un caso que revisan el material ocupado por sus colegas para determinar si están realmente protegidos por algún privilegio, de manera que se puedan usar en el tribunal.
La moción añadió que el tamaño de esos datos es significativo, ya que, según le informó fiscalía federal, contiene la información de aproximadamente “32 cuentas electrónicas y dispositivos”.
“No solo es sorprendente, sino profundamente preocupante que estos datos electrónicos no hayan sido sometidos a ninguna revisión del equipo de filtro antes de que se presentara la acusación en este asunto”, planteó la moción.
Asimismo, señaló que por el “volumen y naturaleza de los datos es razonablemente seguro que contiene evidencia exculpatoria “que debería haberse evaluado y considerado sobre si los cargos estaban justificados en primera instancia”.
“Estos materiales fueron ocupados como resultado de órdenes de allanamiento dirigidas a las cuentas de correos electrónicos de Herrera Velutini y Rossini y las copias de sus teléfonos en iCloud”, agregó.
Plantearon que las órdenes de allanamiento fueron emitidas contra las compañías que proveen las comunicaciones, por lo que Herrera Velutini ni Rossini se enteraron de las mismas hasta después de la acusación.
También indicaron que el Ministerio Público sabía que en esas cuentas encontraría datos “privilegiados” por la naturaleza del caso, incluyendo las conversaciones con un regulador financiero que “de hecho trabajó bajo la dirección de los investigadores del Ministerio Público mientras interactuaba directamente con el abogado de Herrera Velutini sobre los términos de las auditorias regulatorias en curso”.
Se refería a que George Joyner, cuando era comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), cooperó con las autoridades federales en la pesquisa.
“A pesar de esto, el Ministerio Público optó por ocupar indiscriminadamente las cuentas de correo electrónico y los teléfonos de los acusados sin revisión judicial y con autorización de procedimientos turbios en las órdenes de allanamiento”, denunció la moción.
Alegó que la Fiscalía federal “optó por revisar esta información unilateralmente sin involucrar a Herrera Velutini, a Rossini ni a sus abogados, o aparentemente sin establecer ningún procedimiento para evitar ver y explotar material privilegiado contenido en los datos. Solo después de las acusaciones de Rossini y de Herrera Velutini y después de la producción de una parte del descubrimiento de prueba, el Ministerio Público repentinamente reveló que está en posesión de material privilegiado”.
Además, denunció que “en vez de admitir el error y ofrecer un remedio”, la fiscalía plantea la posesión de ese material “como excusa” para “retener” parte del descubrimiento de prueba “a menos” que los acusados “renuncien a su privilegio de abogado-cliente”.
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Un gran jurado federal emitió el miércoles, 3 de agosto de 2022, una acusación de siete cargos contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, el banquero internacional Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). (Carlos Rivera Giusti)
En síntesis, la exgobernadora fue acusada de tres cargos: conspiración, soborno y fraude electrónico. El esquema en el que supuestamente participó la gobernadora involucró a varias personas, entre ellas, el dueño de Bancrédito International Bank and Trust, el venezolano Julio Martín Herrera Velutini, la expresidenta del mismo banco, Frances Díaz, un exagente especial del FBI que ofrecía asesoramiento al banquero venezolano, Mark Rossini, y el colaborador de campaña de Vázquez Garced, John Blakeman. ([email protected])
“A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proveer financiamiento económico a la campaña de Vázquez Garced a cambio de que finalizara la auditoría a Bancrédito”, lee la acusación. (teresa canino rivera)
Las autoridades federales alegan que Vázquez Garced aceptó el soborno y en febrero del 2020 exigió la renuncia de la persona que dirigía la Oficina del Comisionado de Seguros y en mayo ubicó en la dirección a otro funcionario. En la foto, Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, junto al director del FBI en la isla, Joseph González, detallan los cargos en la acusación. (David Villafañe Ramos)
En total, el esquema de soborno fue de más de $300,000, según el pleigo acusatorio y la información brindada por las autoridades federales. En la foto, uno de los carros de la campaña de Wanda Vázquez. (Suministrada)
Contra el banquero internacional Julio Herrera Velutini, dueño de Bancrédito, que opera en San Juan, hay una orden de arresto expedida tras la acusación federal. Las autoridades indicaron que el acusado se encuentra actualmente en Londres. (El Nuevo Día)
John Blakeman, colaborador y recaudador de la campaña electoral de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, se declaró culpable en marzo pasado por los delitos de conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de ‘kickbacks’, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal. Hoy se dio a conocer que es el mismo esquema por el que está acusada la exgobernadora. (Archivo)
Frances Diaz Fosse, gerente general de Bancrédito también se declaró culpable. (Archivo)
«Las acciones criminales de los acusados en este caso golpean el corazón de nuestra democracia y erosionan aún más la confianza de nuestros ciudadanos en sus instituciones de gobierno», dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico. «Nuestra determinación de llevar ante la justicia a aquellos a los que el público ha confiado que sirvan con integridad y que violan esa confianza sigue siendo firme». (David Villafañe Ramos)
Wanda Vázquez a su salida del Tribunal federal junto a sus abogados. (Carlos Rivera Giusti)
“Le reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente. Se ha cometido una gran injusticia, mis abogados trabajaran con eso. Sí les puedo decir que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. es aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo”, dijo la exgobernadora ante los medios. (Carlos Rivera Giusti)
La moción advirtió que “existe peligro real que el equipo de investigación y de procesamiento ya han accesado y revisado la información privilegiada, causando serios daños”.
Ante este panorama, los abogados de Velutini Herrera y Rossini solicitaron al juez Arias Marxuach que prohíba al Ministerio Público “continuar con su revisión unilateral y procesalmente defectuosa de datos electrónicos privilegiados de abogado-cliente y producto del trabajo, que fueron tomados sin ningún procedimiento autorizado judicialmente”.
También pidieron una vista evidenciaria de emergencia para que le pida a la Fiscalía federal que “divulgue el procedimiento que está empleando ahora para la revisión de datos electrónicos privilegiados de abogado-cliente y de producto del trabajo, y hasta dónde se accedió ilegalmente y se explotó la información privilegiada antes de las acusaciones”, además de que ordene su devolución.
Asimismo, solicitaron al juez que “prohíba” el uso de “dichos materiales privilegiados de cualquier manera, incluso en el juicio, en preparación para el juicio o para cualquier investigación en curso”. En otra petición al tribunal, los abogados sugirieron la designación de un “comisionado especial independiente” para que evalúe la revisión de los documentos.
Esta solicitud es similar a la planteada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en relación a la ocupación de documentos en su residencia en Florida. Trump sostiene que están protegidos por ser documentos personales o por privilegio ejecutivo. El Tribunal federal de distrito en Washington D. C. falló a su favor y nombró un comisionado especial independiente, pero Justicia federal apeló al Undécimo Circuito, donde se encuentra en litigio.
Trump solicitó el nombramiento del comisionado al objetar que un “equipo de filtro” de Justicia federal evalúe los documentos ocupados, similar a lo que plantean los abogados de Velutini Herrera y Rossini.
Sin embargo, el tribunal apelativo autorizó a que el “equipo de filtro” de Justicia federal continúe su revisión de los documentos ocupados, al tiempo que el comisionado especial independiente realiza su propio análisis mientras se atiende la apelación.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó atender el mes pasado una petición de Trump y de otro caso que buscaban detener el uso de los “equipos de filtro” en la revisión de material ocupado mediante órdenes de allanamiento.
Un gran jurado federal emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.
Herrera Velutini es el dueño de Bancocrédito y Rossini fue su asesor, además de que trabajó en el pasado como agente del FBI.
Según la acusación, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a Joyner de OCIF, para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.
