Abogada anticorrupción de El Salvador dijo que emprendió las medidas al estar relacionadas con el uso de fondos públicos para la compra de bitcoin.
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Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de la fundación humanitaria Cristosal de El Salvador, denunció la falta de transparencia del gobierno de Nayib Bukele en el uso de fondos públicos para comprar bitcoin (BTC).
López agregó que por esta razón se han emprendido tres acciones legales, en instancias nacionales e internacionales, para evitar que continúe «la opacidad de la administración pública» en torno a lo que concierne a la criptomoneda y su adopción en el país centroamericano.
Según la representante de la organización de Derechos Humanos, se interpuso una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra las reformas a la Ley del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
De acuerdo a lo explicado en el documento presentado, la reforma vulnera los artículos 6 y 144 de la constitución salvadoreña. Esto debido a que permite que se reserve toda la información relativa a las operaciones de los fideicomisos de bitcoin que administra el banco, como es el caso de Fidebitcoin (constituido con 150 millones de dólares) y Firempresa (con 600 millones de dólares).
En este sentido, Cristosal cuestiona que Bandesal se reserve las operaciones con bitcoin bajo la ley de secreto bancario que usan todos los bancos centrales para no ofrecer información al público.
Los fideicomisos de bitcoin fueron creados por el Estado para garantizar toda la operatividad de la aplicación gubernamental Chivo Wallet y financiar empresas a través de la criptomoneda pionera.
«En el caso de Fidebitcoin se desconoce cuál es el proceso que se sigue para el otorgamiento de fondos, cuánto se ha entregado de este fideicomiso y cuánto de esto ha sido retribuido a los ciudadanos salvadoreños», explicó la abogada de Cristosal, según reporte de medios locales.
Cristosal pide la intervención de organismos internacionales
Por otro lado, Cristosal introdujo una petición ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) para exigir respuestas sobre el manejo de recursos públicos para la construcción de cabinas, la adquisición de cajeros y la instalación de la plataforma de bitcoin Chivo Wallet.
La tercera acción legal de la organización, basada en la fe cristiana, es una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interceda contra El Salvador por no proteger a más de 228 usuarios que fueron víctimas de robo de identidad en la Chivo Wallet.
Las denuncias de Cristosal suceden pocos días después de que el presidente Nayib Bukele anunciara la compra de un bitcoin por día. Esto como nueva estrategia de acumulación de la criptomoneda que en septiembre del año pasado adoptó como moneda de curso legal.
Hasta ese momento, la nación centroamericana acumulaba unos 2.381 bitcoins, pero con las compras diarias, ahora El Salvador posee 2.388 BTC, según rastreos del sitio nayibtracker.com.
La falta de transparencia con respecto al uso de fondos públicos para comprar bitcoin también fue denunciada en septiembre pasado por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador. Este organismo pidió al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) acceso a los datos de Bandesal para entender qué está pasando con la adopción de la criptomoneda en el país.
