Francisco Illaramendi libera de responsabilidad a Beracha

ENTORNOINTELIGENTE.COM / El banquero Francisco Illaramendi, quien enfrenta un proceso judicial en Connecticut (EEUU) desde enero de 2011, aseguró, en una declaración jurada fechada el 21 de septiembre de este año, que el empresario de las telecomunicaciones y asesor financiero, Moris Beracha, desconocía que él realizaba operaciones fraudulentas para resolver los problemas financieros de su fondo Michael Kenwood Group. «En el mejor de mi conocimiento, y excepto por la participación de algunos individuos que no están mencionados como parte de este caso, declaro que yo actué totalmente solo en todos los hechos en los que me declare culpable», resalta Illaramendi en el texto escrito en inglés. Illaramendi fue acusado por la fiscalía estadounidense por el uso del esquema Ponzi para cubrir los huecos financieros creados en los fondos de inversión manejados por MK Group. Entre los recursos para esta trampa, se usó dinero de fondo de pensiones de los jubilados y trabajadores de Pdvsa, que tiene cerca de $500 millones. El síndico nombrado por el tribunal, John Carney, ha accedido a documentación de la empresa de Illaramendi, elementos que utilizó para acusar a Beracha como parte de la actividad fraudulenta, pues habría servido para pagar sobornos al exfuncionario de Pdvsa, Juan Montes. Illaramendi indica que Carney se excede por falta de jurisdicción en la acusación contra Beracha. Dice que el empresario de las telecomunicaciones lo visitó en su oficina en enero de 2011, pero no hablaron sobre las transacciones señaladas en la demanda.En octubre de 2005 una de las inversiones realizadas por Francisco Illaramendi – la compra de un bono de Calyon (Crédit Agricole Corporate and Investment Bank) triangulado en una venta para el Banco Federal en Venezuela – ocasionó una pérdida por 5 millones de dólares. Estas pérdidas no fueron reportadas a los inversionistas. A partir de noviembre de 2005 Illaramendi realiza una serie de operaciones que ocasionan una pérdida adicional de 28 millones de dólares. Para agosto de 2006, las pérdidas acumuladas ya alcanzaban más de un tercio de los 95 millones manejados por el fondo.

A partir de ese momento empieza un proceso de presentación de falsas inversiones que tenían como objetivo ocultar el tamaño de la diferencia entre activos y pasivos. Para 2008 la pérdida había aumentado a 50 millones de dólares. Francisco Illaramendi comienza entonces a realizar una serie de falsificaciones de documentos y de transacciones financieras para ocultar las pérdidas a los inversionistas . La SEC, la agencia reguladora del mercado de valores de USA, interviene el una entidad regulada como asesor de inversiones perteneciente al Michael Kenwood Group. Conjuntamente con High View Point Partners, poseía varios fondos de coberturas (Hedge Funds): Short Term Liquidity Fund, MK Venezuela, Mk Special Opportunities Fund, High View Point Offshore Fund. Básicamente esas instituciones tomaban fondos de inversionistas privados y los invertían en instrumentos del mercado de valores.El origen de las pérdidasLas acusaciones contra Illaramendi son básicamente dos:1) Fraude en la información financiera entregada ala SEC2) Incurrir en lo que se denomina un esquema Ponzi o pirámide financiera que consiste en pagar retornos financieros sobre inversiones inexistentes, captando nuevos inversionistas para pagar los rendimientos de los primeros.Específicamente:a) Usar parte de las nuevas captaciones para pagar retornos a los primeros inversionistasb) Crear documentos fraudulentos para engañar a inversionistas, acreedores y autoridades reguladoras sobre la realidad financiera de los fondos administradosc) Hacer falsas representaciones a ciertos inversionistas para obtener nuevos fondos y así evitar la liquidación de sus inversionesd) Consolidar los recursos de los distintos fondos sin apego a la estructura, propósito declarado y limitaciones prevalecientes en cada uno de los fondos.La situación financiera de todo el grupo para enero de 2012 es la siguiente:Activos estimados $729 millones (de los cuales el interventor estima reclamos judiciales por $657 millones).Pasivos 2.196 millones de dólares (de los cuales hay reclamaciones de inversionistas y acreedores por 2.183)Es decir el hueco, sin considerar los reclamos judiciales que pueden tener resultados contingentes, es de 2.124 millones de dólares. En el caso que el interventor tenga éxito en sus reclamos judiciales, el hueco sería de $1.467 millones.Entre los inversionistas que tienen reclamos pendientes por cobrar al fondo se encuentra PDVSA con 578 millones de dólares.Transacciones con VenezuelaDurante 2007 y 2008 dinero proveniente de los fondos manipulados por Francisco Illaramendi comienza a utilizarse en transacciones en el mercado permuta y en varias transacciones con PDVSA.En noviembre de 2006, HPA, uno de los fondos de Illamarmendi, compró notas dela Export Development Canada (EDC) por $56 millones con un valor facial de $63.7 millones. Es decir, compró al 88%. El mismo día, esas notas fueron vendidas a tres fondos de pensiones de PDVSA:La primera, al Fondo de Previsión de los Trabajadores de PDVSA, por 5.2 millones, la segunda, ala Asociación Civil administradora de los Fondos de Pensiones de Jubilados de PDVSA, por $37.7 millones y la tercera a APJ-PDV por $20.8 millones.Es decir, lo que originalmente costó $56 millones, fue vendido a los fondos de pensiones de PDVSA por su valor facial de 63.7, dejando una ganancia inicial de $7.7 millones sin que el fondo pusiera un solo dólar porque la compra fue triangulada. Adicionalmente, los operadores cobraron el 1% por la transacción y se quedaron con los intereses caídos.Posteriormente, la segunda parte de la transacción consistió en que esas mismas notas fueron vendidas de nuevo a HPA en intercambio de bonos denominados en bolívares.Mediante esa transacción, la pérdida inicial entre el 88% que valía en realidad la nota y el 100%, que pagó, fue cubierta por el fondo, pero la ganancia entre el dólar oficial y la tasa de cambio del mercado permuta fue a parar a los bolsillos de los estructuradores.En Octubre de 2007, la corporación BM Financial, de Moris Beracha, recibe $38 millones de HPA, uno de los fondos de Illaramendi, cantidad que transfiere en bonos denominados en Bs, que al tipo de cambio paralelo son equivalentes a $38 millones, pero que al tipo de cambio oficial son equivalentes a $89 millones.Es decir, a la tasa de cambio del mercado paralelo, esos 38 millones de dólares equivalían a Bs.191.5 mil millones. Esos 191.5 mil millones de bolívares son equivalentes a la tasa oficial a 89 millones de dólares. Esos 89 millones de dólares son entregados a PDVSA por bonos cuyo valor real son 47 millones de dólares. Es decir, que por arte de magia, los 38 millones son convertidos en 47 con una ganancia de 9 millones de dólares.En octubre de 2007, se realiza una transacción similar.BM Financial recibe 45.5 millones de dólares desde uno de los fondos de Illaramendi. Esos fondos son cambiados a la tasa de cambio paralelo, lo cual, a Bs. 5.36 por dólar, les reporta a los operadores 243 mil millones de bolívares. Ese monto, dividido a la tasa oficial de 2.15, era equivalente a 113.5 mil millones de dólares. Esos fondos son entregados a PDVSA que desembolsa 60.9 millones de dólares. De nuevo los 45.5 millones de dólares son convertidos en 60.9 millones de dólares, dejando una ganancia para los estructuradores de 15 millones de dólares.El acusado
Francisco Illaramendi de 42 años de edad, trabajó para Credit Suisse First Boston a finales de los años 90. En 1999 fue asesor del Ministerio de Finanzas, cuando el titular del despacho era José Rojas. Posteriormente, cuando Rojas era vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Illarramendi asesoró a la petrolera estatal en la operación de recompra de bonos en 2004, todavía laborando para Credit Suisse First Boston. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos y constituyó la corporación Michael Kenwood Group en 2006, que según un documento publicado el 14 de enero de 2011 por la Comisión de Valores de Estados Unidos, dicha compañía no aparecía en sus registros.

Las compañías de Illarramendi
Michael Kenwood Group, conocida como MKG es una corporación constituida en 2006 en el estado de Delaware, Estados Unidos. Su base principal se encuentra en Stamford, Connecticut. Desde allí Francisco Illarramendi inició la gestión de un fondo dedicado a atraer inversionistas, quienes pretendían obtener ganancias cambiarias con bonos venezolanos. MKG había creado varias firmas y fondos relacionados entre las que se encuentran: Michael Kenwood Asset Management, Michael Kenwood Energy and Infraestructure, Michael Kenwood EI Solar, Michael Kenwood Venezuela Fund, y Short Term Liquidity Fund. Todos operaban bajo su dirección. Los fondos que administraba incluían al menos $500 millones del fondo de pensiones de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El banquero se había convertido en uno de los principales accionistas de una empresa de tecnología nuclear, establecida en la costa oeste de estados unidos, a través de dichos fondos.

De acuerdo con un comunicado enviado por Michael Kenwood Group a la Comisión de Valores de Estados Unidos (conocida como SEC, siglas de Securities and Exchange Comission), Illarramendi, además de manejar el fondo de pensiones de los jubilados de Pdvsa, también se dedicaba a efectuar transacciones con moneda extranjera intercambiando bolívares que percibía de clientes venezolanos, a cambio de dólares que vendía con una tasa de cambio acordada a los antiguos clientes del mercado permuta.Hasta entonces, llevaba cinco años operando bajo un esquema Ponzi, luego de que en febrero de 2011 fuera capturado por las autoridades norteamericanas. Uno de los principales objetivos del esquema era ocultar el hecho de que los fondos tenían pasivos que superan ampliamente el valor actual de sus activos, exponiendo a los inversionistas y a los acreedores al riesgo de sufrir pérdidas de potencialmente cientos de millones de dólares. Asesores financieros consultados dijeron que esa diferencia entre los activos y los pasivos de las cuentas podría significar que las personas agraviadas recibirían centavos por cada dólar invertido.

Los involucrados
En un documento del Departamento de Justicia divulgado por el FBI en el Distrito de Connecticut el 7 de Marzo de 2011, se aprecian detalles de la investigación en la que se encuentran implicados los venezolanos Juan Carlos Guillen Zerpa y Juan Carlos Horna Napolitano, ambos detenidos. Juan Carlos Guillén Zerpa, venezolanode 43 años de edad, es contador público. Suministró, con Horna, una carta a la SEC certificando activos de MKG por $275 millones, que las autoridades norteamericanas determinaron como fraudulenta, pues los activos ni siquiera existen. El Gobierno norteamericano constató que Guillén Zerpa y Horna, envueltos en el engaño a la SEC, recibieron al menos $3 millones de Illarramendi para elaborar los documentos falsos que respaldara sus operaciones. En Venezuela Guillén Zerpa aparece registrado ante la Superintendencia Nacional de Valores como director de BDO Guillén, Martínez y Asociados, una sociedad de corretaje.

Juan Carlos Horna Napolitano, venezolanode 40 años,fue capturado junto con Juan Carlos Guillén Zerpa por el FBI de Estados Unidos por su implicación en el caso de fraude y conspiración para obstruir a la justicia que se le sigue a Illarramendi. Se informó que Horna es residente de Pembroke Pines, una ciudad en Florida considerada entre las mejores para vivir en Estados Unidos. Horna se encuentra en el sistema de captura de Interpol desde enero de 2010, al ser solicitado por la Fiscalía 53 nacional de Venezuela,acusado de fraude en las entidades financieras Baninvest y Central Banco Universal.

Investigación del caso
La investigación que llevó a cabo la Comisión de Valores de Estados Unidos en el último trimestre de 2010, determinó que Illarramendi compró acciones de empresas particulares como NuScale (de energía nuclear) y Proterra (de transporte público eléctrico) utilizando los fondos de inversión que administraba y sin el conocimiento de los inversionistas. La SEC, comprobó que el ex asesor de PDVSA ordenó préstamos a varias filiales de MK Capital de forma irregular y a espaldas de los inversionistas. El 13 de enero de 2011, Horna le indicó a Illarramendi que transfiriera 1,9 millones de dólares a una cuenta en el Bank of America a nombre de Jeislo Real Estate Investments (una empresa de bienes raíces registrada a nombre de la esposa de Horna), a fin de justificar contablemente el dinero del ilícito. Asimismo, Illarramendi propuso que un tercero hiciera dos pagos desde una cuenta en Suiza, por un millón y 250 mil dólares. Los fiscales de la SEC detallan que los registros bancarios de Jeislo muestran una cuenta abierta en febrero de 2010 en Bank Of America, y que el 24 de enero recibió una transferencia por un millón de dólares desde Ginebra, Suiza. Esa operación se registró como un préstamo para bienes raíces. Pero al siguiente día se retiraron de esa cuenta 996 mil 500 dólares, de los cuales 750 mil se depositaron en una segunda cuenta de Jeislo en el Bank of America, que tenía un saldo de 100 dólares, y que fue abierta apenas el 13 de enero de 2011, un día después de acordado el pago para el engaño a la SEC. Dos semanas después se hicieron varias transferencias. El 25 de enero de 2011 se enviaron 50 mil dólares a la primera cuenta de Jeislo; el 26 de enero de 2011 de esa cuenta de Jeislo, manejada por la esposa de Horna, se transfirieron 338 mil dólares a una tercera cuenta en Wachovia Bank. Y finalmente, el 31 de enero, de la segunda cuenta de Jeislo, se depositaron 20 mil dólares en la primera cuenta bancaria de Jeislo en Bank of America.

El Fraude
Comenzó en 2006 con la constitución de la corporación Michael Kenwood Group (MKG), que se mantuvo hasta febrero de 2011. Según la investigación de la SEC, ese mismo año Illarramendi inició su esquema fraudulento tipo pirámide Ponzi. En este mecanismo, un gestor ofrece a los inversionistas rendimientos muy altos y atractivos, pero que cumple solo al captar dinero fresco de otros inversionistas. Con los nuevos recursos, que en principio deberían destinarse a capital de inversión, el gestor paga los rendimientos del primer grupo de inversionistas. El ciclo se repite a medida que nuevos inversionistas deciden participar, aportando capital.

El Fondo de Pensiones de Pdvsa y el Fondo de Previsión de los Trabajadores Petroleros, decidieron invertir en el fondo de Michael Kenwood. Del dinero proveniente de los trabajadores de Pdvsa, que se calcula en $540 millones, Illarramendi usó $53 millones para comprar acciones de las empresas NuScale (para desarrollar proyectos asociados a energía nuclear) y Proterra (sector transporte público eléctrico). Además Illarramendi le ofreció al Fondo de Pensiones canjearles bonos 2027 y 2037 por otros papeles de 2014, pero aunque recibió las notas nunca entregó los bonos 2014.

La Captura
Illarramendi se mantuvo con MKG funcionando hasta febrero de 2011, cuando fue descubierto por la SEC y capturado por el FBI. El banquero venezolano americano acusado por cinco delitos, se declaró culpable ante la una corte federal de Connecticut, de fraude en tres modalidades: conspiración para obstruir la justicia, obstrucción de procedimiento legal y engaño a la Comisión de Valores estadounidense. Illarramendi podría ser condenado a 70 años de prisión luego de ser apresado junto a sus dos cómplices venezolanos: Juan Carlos Guillén Zerpa y Juan Carlos Horna Napolitano.

2012
27 de enero
FLORIDA RESIDENT SENTENCED TO 14 MONTHS IN
                                                                                                   FEDERAL PRISON FOR OBSTRUCTING SEC INVESTIGATION
FOR IMMEDIATE RELEASE                                                                                                                                                                                                                                        January 27, 2012
David B. Fein, United States Attorney for the District of Connecticut, announced that JUAN CARLOS HORNA NAPOLITANO, 41, a citizen of both Venezuela and Italy residing in Florida, was sentenced today by United States District Judge Stefan R. Underhill in Bridgeport to 14 months of imprisonment, followed by two years of supervised release, for conspiring to obstruct a U.S. Securities and Exchange Commission investigation of a Connecticut hedge fund advisor.
“The U.S. Attorney’s Office, FBI and our Connecticut Securities, Commodities and Investor Fraud Task Force are committed to the aggressive investigation and prosecution of individuals who attempt to obstruct the SEC and its critically important mission of protecting investors and the integrity of American capital markets,” stated U.S. Attorney Fein.

According to court documents and statements made in court, Francisco Illarramendi of New Canaan, Conn. acted as an investment adviser to certain hedge funds. In approximately 2005 and 2006, one hedge fund he advised lost millions of dollars of the money he was charged with investing. Rather than disclose to his investors the truth about the losses incurred, Illarramendi intentionally chose to conceal this information by engaging in a long-running scheme to defraud and mislead his investors, creditors and the SEC to prevent the truth about the losses from being discovered. As part of the scheme, Illarramendi and others created fraudulent documents, including a fictitious asset verification letter falsely representing that one of the hedge funds, the Short Term Liquidity Fund (“STLF”), had at least $275 million in credits as a result of outstanding loans, when Illarramendi and others knew it did not have any such credits.
Illarramendi asked HORNA to help him document the existence of loans on the books of the STLF in order to mislead the SEC. HORNA, in turn, recruited Juan Carlos Guillen Zerpa, the managing partner of a Venezuelan accounting firm, to sign a letter on his accounting firm’s letterhead regarding the list of loans that Illarramendi could use to improve the appearance of the assets of the STLF fund. Illarramendi represented to HORNA that Illarramendi would pay him approximately $3.8 million for the creation of the fictitious asset verification letter.

In late 2010, Guillen, who expected to receive approximately $1 million for his participation, agreed to prepare the asset verification letter that would falsely indicate that the STLF had made outstanding loans to Venezuelan companies. HORNA then worked with other persons to create a fraudulent list of loans and to incorporate this list in the asset verification letter to be signed by Guillen.

In approximately January 2011, Guillen executed the false asset verification letter and sent it by email to Illarramendi. Thereafter, HORNA and Guillen learned that the false asset verification letter had been supplied to the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), and that the SEC had initiated a civil action against Illarramendi and others (SEC v. Illarramendi, et al., 3:11-CV-00078). In an effort to deceive and mislead the SEC and to prevent the SEC from learning during the civil action that the asset verification letter was false, HORNA, Guillen, Illarramendi, and others sought to create fraudulent documentation to falsely support the information contained in the letter. Guillen also participated in a telephone call with representatives of the SEC in January 2011 in which he intentionally misrepresented that the assertions in the asset verification letter about the existence of the hedge funds’ assets were true, when he knew they were false.

HORNA maintained control of a Florida bank account in the name of Jeislo Real Estate Investments, LLC. In furtherance of the conspiracy, Illarramendi caused two transfers of funds in the total amount of $1.25 million to be made into this bank account. As partial payment for Guillen’s services in this conspiracy, HORNA caused $250,000 to be transferred to a third party for the benefit of Guillen.

Today, Judge Underhill ordered HORNA to forfeit $935,000, which represents the $1.25 million transferred into the account, minus $315,000 that Guillen has previously forfeited. HORNA also was ordered to pay a fine in the amount of $10,000, which will be waived if he pays the full forfeiture amount.

HORNA and Guillen were arrested by FBI special agents on March 3, 2011, in Florida. On May 19, 2011, HORNA pleaded guilty to one count of conspiracy to obstruct an official proceeding of the U.S. Securities and Exchange Commission.

On December 14, 2011, Guillen, who pleaded guilty to the same charge on May 4, 2011, was sentenced to 14 months of imprisonment.On March 7, 2011, Illarramendi pleaded guilty to two counts of wire fraud, one count of securities fraud, one count of investment advisor fraud, and one count of conspiracy to obstruct justice, to obstruct an official proceeding and to defraud the SEC. Illarramendi awaits sentencing.This matter is being investigated by the Federal Bureau of Investigation and is being prosecuted by Senior Litigation Counsel Richard J. Schechter and Assistant U.S. Attorney Paul A. Murphy.U.S. Attorney Fein also acknowledged the substantial assistance provided by the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of Florida.In December 2010, the U.S. Attorney’s Office and several law enforcement and regulatory partners announced the formation of the Connecticut Securities, Commodities and Investor Fraud Task Force, which is investigating matters relating to insider trading, market manipulation, Ponzi schemes, investor fraud, financial statement fraud, violations of the Foreign Corrupt Practices Act, and embezzlement. The Task Force includes representatives from the U.S. Attorney’s Office; Federal Bureau of Investigation; Internal Revenue Service – Criminal Investigation; U.S. Secret Service; U.S. Postal Inspection Service; U.S. Department of Justice’s Criminal Division, Fraud Section and Antitrust Division; U.S. Securities and Exchange Commission (SEC); U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC); Office of the Special Inspector General for the Troubled Asset Relief Program (SIGTARP); Office of the Chief State’s Attorney; State of Connecticut Department of Banking; Greenwich Police Department and Stamford Police Department.Citizens are encouraged to report any financial fraud schemes by calling, toll free, 855-236-9740, or by sending an email to[email protected].This case was brought in coordination with the President’s Financial Fraud Enforcement Task Force, which was established to wage an aggressive and coordinated effort to investigate and prosecute financial crimes. The task force includes representatives from a broad range of federal agencies, regulatory authorities, inspectors general, and state and local law enforcement who, working together, bring to bear a powerful array of criminal and civil enforcement resources. The task force is working to improve efforts across the federal executive branch, and with state and local partners, to investigate and prosecute significant financial crimes, ensure just and effective punishment for those who perpetrate financial crimes, combat discrimination in the lending and financial markets, and recover proceeds for victims of financial crimes.For more information on the task force, please visit www.StopFraud.gov.PUBLIC AFFAIRS CONTACT:

U.S. ATTORNEY’S OFFICE
Tom Carson
(203) 821-3722
[email protected]

09 de febrero
Dos nuevos nombres se suman a la lista de implicados en el caso que se sigue en la Corte de Connecticut en contra de Francisco Illaramendi, ex asesor financiero de Pdvsa.
De acuerdo con par de demanda civiles presentadas por el síndico procurador de la causa, John J. Carney, el ex funcionario de la Dirección de Administración de la estatal petrolera, Juan Montes; y el empresario venezolano vinculado al área de las telecomunicaciones y financiera, Moris Beracha, figuran entre las personas que participaron en el esquema fraudulento montado por Illaramendi.
Carney presentó el mismo 3 de febrero la dos demandas civiles. La primera contra Montes, por recibir comisiones y sobornos, por lo que debería pagar más de $35 millones de ser hallado culpable. En esta incluye a Movilway, compañía de Beracha por donde se transfirieron los pagos.
La segunda va dirigida solo a Beracha, quien tendría que cancelar más de $171 millones de comprobarse su participación en el sostenimiento del esquema fraudulento armado por Illaramendi.
La semana pasada, Juan Carlos Horna, fue sentenciado a 14 meses de prisión porque se declaró culpable de haber participado en la realización del esquema Ponzi, al ayudar a Illaramendi en la falsificación de documentos de una entidad bancaria europea. La misma decisión se tomó en contra de Juan Carlos Guillén en diciembre de 2011, por igual motivo.
La relación con Montes se inició en 2006, cuando el funcionario de Pdvsa, encargado de la administración de los fondos de ahorro de los trabajadores y de pensiones de los jubilados, orquestó una operación con el ex asesor de Pdvsa.
«Al leal saber y entender, Illarramendi usó el «mercado permuta» −un tipo de mercado de cambio de divisa en la operación en Venezuela− para participar en una complicada serie de transacciones con los fondos de pensiones de Pdvsa… Montes organizó estas transacciones permuta con Illarramendi, en nombre de los fondos de pensiones de Pdvsa a cambio de pagos de sobornos… Illarramendi se basó en el acceso al mercado permuta para ayudar en su funcionamiento del esquema de Ponzi», indica el documento oficial.
Los pagos de sobornos, comisión y peaje a favor de Montes comenzaron en noviembre de 2006. Para ello, según la demanda presentada en la corte, Illaramendi utilizó cuentas de la empresa Movilway en ciudades de Europa.
La compañía Movilway pertenece al holdings de empresas de Moris Beracha, ex asesor financiero del Ministerio de Finanzas, en los tiempos en que el hoy gobernador de Aragua, Rafael Isea, estaba al frente de ese despacho.
Este financiero, de acuerdo la segunda de las demandas, conocía desde hace cinco años los movimientos efectuados por Illaramendi para sostener el esquema Ponzi. Incluso habría prestado dinero con un interés de 80% o servido de intermediario para que miembros del sector financiero del Gobierno venezolano, realizaran negocios con Illaramendi.
Para demostrar la triangulación efectuada entre Illaramendi, Montes y Beracha, Carney hace referencia a cruces de correos electrónicos, donde los dos primeros aparecen con diferentes alias, entre ellos Tony Olson y Black, respectivamente.
Montes, quien actualmente vive en Sunny Isle Beach, en Florida, ya declaró ante las autoridades de EEUU y se sometió a la Quinta Enmienda para no verse obligado a declarar sobre temas comprometedores.
Fuentes del sector financiero aseguran que los correos y demás documentos donde se evidencian las transacciones para el pago de soborno, fueron entregados a la corte por Illaramendi, en búsqueda de una reducción de la pena.
También, una fuente cercana a Beracha dijo que éste −quien aún no ha definido la fecha en que regresará a EEUU− presentará la documentación para demostrar que estaba cumpliendo órdenes de Illaramendi.
Además, el empresario venezolano habría manifestado su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses para explicar el esquema de las operaciones realizadas alrededor de los permutas.
Se espera que otros empresarios y financieros que colocaron dinero en los fondos administrados por Illaramendi, también sean citados en los próximos días.*Entornointeligente.com 04/04/11 Share Tweet

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Comunicado de prensa emitido por el FBI respecto a la captura de: Francisco Illarramendi, Juan Carlos Guillén Zerpa y Juan Carlos Horna Napolitano.