La industria minera de oro en Colombia está históricamente plagada de criminalidad, creando un inmenso mercado negro del precioso metal. Organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otras bandas criminales, explotan las grandes reservas de oro de Colombia, financiando múltiples actividades criminales como el comercio ilegal de armas y el lavado de dinero.
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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la explotación minera ilegal en Colombia abarca más de 64 000 hectáreas, 27 589 de las cuales están ubicadas en territorios de comunidades indígenas, dijo InSight Crime, organización que estudia el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, en un informe de septiembre de 2021.
El oro de Colombia representa el 2 por ciento de la producción mundial de oro, pero más del 70 por ciento del oro extraído en Colombia es producido por grupos armados ilegales, dice el Departamento contra el Crimen Organizado Transnacional (DTOC) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en un informe de febrero de 2022.
La demanda mundial de oro y el aumento significativo de sus precios internacionales alienta a los grupos criminales de Colombia para ampliar las operaciones de extracción ilegal de oro, perjudicando a las poblaciones indígenas y al medio ambiente, al realizar prácticas de extracción irresponsables en las reservas naturales y los ríos, envenenando las fuentes de agua que utilizan los colombianos y sembrando el terror entre la población.
Los grupos criminales, como las disidencias de las FARC, utilizan el oro explotado para financiar su agenda ilícita lavando dinero a escala industrial, lo que hace a esta actividad más rentable que el narcotráfico, reporta el DTOC de la OEA. Los grupos criminales operan en gran medida sin permisos aprobados por el gobierno, o en áreas que aún no son aprobadas para la minería, indicó InSight Crime.
Los grupos criminales así como los pequeños mineros ilegales utilizan mercurio en el proceso de extracción, un elemento altamente tóxico, liberándolo en el medio ambiente y en las fuentes de agua, e implantándolo en la cadena alimentaria. Las comunidades indígenas, que dependen del pescado como principal fuente de proteínas, así como otros animales de los alrededores que precisan de estas fuentes de agua, se exponen al envenenamiento por mercurio, relacionado con problemas de salud irreversibles como problemas neurológicos y reproductivos.
El Instituto de Recursos Mundiales, una organización no gubernamental dedicada al medio ambiente global, con sede en Washington D.C., descubrió en un informe de finales de 2020 que la minería ilegal invade casi 400 territorios indígenas, amenazando a cientos de tribus indígenas. Según la Organización Nacional de las Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana, la tribu nativa Witotos, en el sureste de Colombia, está “muriendo lentamente” por los altos niveles de mercurio, informó el portal estadounidense que reporta ciencias ambientales y energía Mongabay.
Además de la contaminación del agua, las operaciones mineras ilegales crean múltiples problemas medioambientales, como la contaminación del aire y del suelo, por la liberación de sustancias químicas y la deforestación masiva en torno a las zonas donde existen estas operaciones. Desde 1990, se ha deforestado más del 5,4 por ciento de la superficie colombiana, según el DTOC de la OEA.
Por ejemplo, la deforestación afectó al Parque Nacional de Chiribiquete, el más grande de Colombia, en más de 2000 hectáreas de la Amazonía, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022; un aumento significativo en comparación con las 1948 hectáreas entre 2019 y 2020, informó Reuters. Para Rodrigo Botero, director general de la ONG colombiana Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, las cifras sugieren que la deforestación es rampante. “Preveo que definitivamente hay nuevamente un aumento de la deforestación en la región amazónica frente al año anterior”, dijo a Reuters.
La violación a los derechos humanos también es habitual en los lugares donde se realizan operaciones de extracción ilegal de oro. Se denuncian el uso de la extorsión, la violencia y el trabajo forzado. La minería ilegal y las acciones de grupos criminales como el ELN, los grupos disidentes de las ex-FARC y otras bandas, contribuyen a la creciente ola de desplazados en el país, indica el informe del DTOC de la OEA. Las principales víctimas de este desplazamiento son las comunidades indígenas.
Los enfrentamientos entre los miembros de las comunidades indígenas, que luchan por la protección del medio ambiente y sus recursos naturales y los grupos criminales, se traducen a menudo en amenazas de muerte con 117 activistas medioambientales indígenas asesinados en la última década en Colombia, según registra la ONG internacional Global Witness.
En abril de 2021, fue asesinada a tiros Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora de la reservación indígena La Laguna Siberia y líder del pueblo Nasa. Peña Chocué era una destacada figura de los derechos del pueblo Nasa, que se pronunciaba contra las operaciones mineras ilegales y el narcotráfico. Los grupos armados y las organizaciones criminales que se dedican a las prácticas extractivas y al narcotráfico atacan al pueblo Nasa para obtener el control de sus tierras, según informó en julio la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A principios de 2022, cuatro líderes nasa fueron asesinados, añadió el informe.
La destrucción de las fuentes vitales de agua, junto con la violación a los derechos de los indígenas, crea un problema masivo para el gobierno colombiano. Mientras los grupos criminales y las empresas delictivas sigan dedicándose a la extracción ilegal de oro e invadiendo los territorios de las comunidades indígenas, los índices de desplazamiento y violencia aumentarán.
Sin embargo, el gobierno colombiano intensifica la lucha contra la minería ilegal, realizando redadas en las minas y destruyendo los equipos que quedan en el lugar; y tomando medidas para combatir la exportación y venta de oro ilegales. Las Fuerzas Militares de Colombia, por ejemplo, tienen un grupo del Ejército dedicado a la lucha contra estas operaciones conocido como Brigada Contra la Minería Ilegal.
En septiembre de 2021, Francisco Barbosa Delgado, fiscal general de la Nación y representantes en Colombia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), firmaron un memorando de entendimiento para crear una unidad contra la deforestación y los delitos ambientales, informó la Fiscalía General de la Nación de Colombia en un comunicado. La unidad tendrá como objetivo garantizar la protección del medio ambiente y mantener la ley y el orden en las regiones donde se realizan operaciones de minería ilegal.
Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante un consejo de seguridad celebrado en agosto, dijo que su administración tomaría medidas enérgicas contra la minería ilegal, afirmando que “draga ilegal que se encuentre, draga que se dinamita de manera inmediata”. La nueva política minera, dijo Petro, se centrará en el medio ambiente y tendrá a las comunidades locales en el centro de todas las operaciones relevantes de las fuerzas de seguridad, informó el portal canadiense de noticias Mining.
