El 2014 fue uno de los años más críticos en la relación entre el Poder Judicial y el Gobierno, con el avance de múltiples causas dirigidas a funcionarios nacionales en medio de una dura pulseada en la Procuración General y el Consejo de la Magistratura, aunque fue el procesamiento y envío a juicio del vicepresidente Amado Boudou el hecho más relevante de este año que se va.Luego de las tormentas en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la promovida reforma judicial, truncada por la Corte Suprema de Justicia, estos últimos doce meses varios jueces y fiscales decidieron jugar políticamente y dieron un inusitado impulso a múltiples causas contra funcionarios del Gobierno.Incluso la presidenta Cristina Kirchner y su familia es investigada por el juez federal Claudio Bonadío a raíz de una maniobra de presunto lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de su hotel «Alto Calafate».Boudou fue desde el inicio el centro de los embates, con la obligación de presentarse en más de una oportunidad en los Tribunales federales de Comodoro Py: el magistrado Ariel Lijo lo procesó como partícipe de la maniobra para hacerse de la firma Ciccone Calcográfica; y su par Bonadío lo envió a juicio por haber comprado en la década del 90 un vehículo con documentación falsificada.No fueron las únicas causas: también se decidió avanzar en otro expediente donde se lo investiga por la compra de 19 vehículos para el Ministerio de Economía; y por presuntas dádivas al realizar viajes en helicóptero de forma gratuito durante la última campaña presidencial.El presidente del Senado recibió varios reveses en 2014 y en el próximo año no se descartan nuevos problemas, pues está pendiente conocerse el resultado de un peritaje contable en una causa por enriquecimiento ilícito que pesa sobre él y su familia.También cayeron bajo sospecha por el incremento de su patrimonio el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; el secretario de Seguridad, Sergio Berni; el jefe del Ejército, César Milani (también acusado por complicidad con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura) y fue procesado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.El 2014 también fue otro año en el que la figura del juez federal Norberto Oyarbide traspasó los tribunales: fue porque policías dijeron haber pedido un soborno millonario en el allanamiento a una financiera y aseguraron contar con el aval del magistrado.Incluso, Oyarbide justificó luego que frenó ese operativo en Propyme, del empresario Guillermo Greppi, porque lo llamó el subsecretario de Legal y Técnica Carlos Liuzzi: ello le valió una investigación penal al juez y al funcionario, y a este último incluso se le reabrió una causa por enriquecimiento ilícito y también otra por contratos que la Secretaría Legal y Técnica cerró con una empresa.La jueza María Romilda Servini de Cubría, quien concentra un alto poder al tener a su mando el juzgado electoral con competencia en la Capital Federal, también jugó fuerte este año: procesó al extitular de la secretaría de lucha contra el narcotráfico (Sedronar) Ramón Granero, por falta de control de ingreso de efedrina al país, el cual es utilizado como precursor químico para fabricar drogas de diseño.Además, la jueza procesó a la exsecretaria de Ambiente Romina Picolotti por defraudación y allanó varios clubes de fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por irregularidades en el manejo del dinero para el Fútbol para todos.Otra causa que celebraron todos en poder de la jueza fue aquella en que se identificó mediante un estudio de ADN y luego de 36 años de búsqueda al nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.También fue el año en que se declaró una «guerra abierta» entre la procuradora general Alejandra Gils Carbó y un sector de la Justicia: se denunció la designación irregular de personal en el Ministerio Público Fiscal y se la acusó por presunto espionaje informático a fiscales, con al menos dos procedimientos policiales en la entidad que dirige.El último capítulo en su contra es la sospecha de manipulación en concursos para ocupar dos fiscalías federales (por lo que se hizo otro procedimiento reciente en la Procuración) y la suspicacia puesta en las eventuales designaciones que se prevén ante la reforma del Código Procesal Penal, el cual dota de mayor poder y acción a los fiscales en un régimen acusatorio.Los problemas también lo fueron hacia su entorno más cercano: el fiscal Carlos Gonella, titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica, quien fue procesado por supuestamente haber omitido investigar al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero.Otro duro revés para el Gobierno estuvo dado por la declaración de inconstitucionalidad del memorándum con Irán por la causa AMIA, por parte de la Sala I de la Cámara Federal.El pacto, que preveía que el juez Rodolfo Canicoba Corral indagara a funcionarios iraníes bajo sospecha en Teherán, finalmente quedó trunco y si bien está apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal el resultado es aún incierto.También fue el año de mega juicios, no sólo por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, sino también por la tragedia ferroviaria de Once y el de la brutal represión de diciembre de 2001, este último del cual finalmente quedó desvinculado el expresidente Fernando de la Rúa.Otro proceso oral que terminó lleno de críticas fue en el que resultó absuelto el exministro de Economía Domingo Cavallo por presuntas irregularidades en el Megacanje de la deuda externa de 2001.El dirigente político que tuvo motivos para festejar fue el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el caso de las escuchas telefónicas ilegales: el juez federal Sebastián Casanello resolvió que no había pruebas suficientes para enviarlo a juicio oral.En el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, más allá de los fallos relevantes de 2014, las noticias más fuertes fueron el fallecimiento de la jueza Carmen Argibay y de Enrique Petracchi, sumado a la salida del ministro Eugenio Zaffaroni, lo que deja al máximo tribunal con cuatro integrantes y una incógnita para la cobertura de la vacante en 2015. SOF/LY/PT/AMR La confirmación en segunda instancia judicial de uno de los dos procesamientos con que, por el momento, cuenta el vicepresidente de la Nación, y que lo pone más cerca del juicio oral, es otro hecho gravísimo que el Gobierno se ve obligado a seguir silenciando. No le queda otra salida que ocultarlo. El hecho de que Boudou haya llegado a la vicepresidencia de la Nación es producto de la apuesta solitaria, antojadiza e inconsulta de la jefa del Estado. Cristina Kirchner lo ha ungido en medio de un secretismo férreo. Boudou es su propia obra y no acepta ni aceptará el enorme peso de las consecuencias de su error.Ya no se trata de un solitario juez de primera instancia que tiene sospechas fundadas sobre las actividades ilícitas del vicepresidente. A ese magistrado, Claudio Bonadio, la sala II de la Cámara Federal acaba de darle la razón por unanimidad. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah centraron sus fundamentos en la prueba recolectada por Bonadio y en la constatación de la falsificación de documento público en la que habría incurrido Boudou al inscribir un vehículo de su propiedad con un formulario y un domicilio falsos, un motor que no era el original, sin la verificación policial y una fecha adulterada con el objetivo de evitar tener que pagar la mitad del valor de ese bien a su ex esposa.Un día antes de que la Cámara ratificara ese procesamiento, Boudou debió concurrir a los tribunales de Comodoro Py para registrar sus huellas dactilares y para que le realizaran un estudio socioambiental. Si bien se trata de un trámite habitual que realizan todos los procesados cuando la causa en la que están involucrados se encamina hacia el juicio oral, en el caso de un dirigente político de la envergadura del vicepresidente, es una mácula inexplicable y harto vergonzosa.Las comprobaciones judiciales referidas a Boudou lo acercan cada vez más a las puertas de la cárcel. El vicepresidente podrá ampararse temporariamente en sus fueros en caso de que ello suceda, pero, tarde o temprano, deberá rendir cuentas de sus actos, especialmente de cómo ha hecho uso de sus cargos públicos para beneficio personal y de sus numerosos allegados, a quienes premió y premia con trabajos estatales.En vez de admitir su rotundo fracaso, Cristina Kirchner sigue generando cortinas de humo en las que se marea, contradice y confunde cada vez más. Esta semana ha dado pruebas de esa turbación que la lleva a huir para adelante y a cualquier costo: denunció un complot interno y externo para voltear a su gobierno y llegó a insinuar que, si algo le pasa, será culpa de Barack Obama. Semejante nivel de enajenación no halla otra explicación que no sea desviar la atención de otros temas acuciantes para la población como la inseguridad creciente, la caída continua del consumo y de la industria, la desbocada inflación, la destrucción sistemática de fuentes laborales y la aberración de haber impuesto, sin el necesario consenso de la mayor parte de la sociedad, una reforma civil y comercial que habrá de regir la vida de todos y por varias generaciones.En medio de ese escándalo cotidiano al que nos tiene infelizmente acostumbrados el kirchnerismo, Boudou sigue sumando huellas y no sólo dactilares. Ayer, un juez uruguayo pidió extraditar a ese país a Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, investigado en Uruguay por lavado de dinero, luego de que inyectara fondos desde una sociedad para salvar a la quebrada imprenta Ciccone, finalmente estatizada por el gobierno de nuestro país.Otro ejemplo del grado de absurdo al que llegamos los argentinos es el caso de Leonardo Fariña, confeso valijero, luego arrepentido, del empresario Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner. Hoy Fariña está preso, acusado de evasión fiscal e investigado por lavado de dinero. Para cobrarse sus deudas con el fisco, la AFIP le remató una suntuosa camioneta. El comprador, que pagó por ella 644.000 pesos, es un monotributista inscripto en la categoría D, con ingresos declarados de 8000 pesos mensuales.Los ejemplos sobran. Sacando provecho de una sociedad evidentemente aturdida frente a tantos disparates, escándalos y atropellos, hay otros dirigentes que no reparan en utilizar hasta la imagen del Papa para hacer política doméstica. Vaya como simple muestra el reciente caso del senador Diego Santilli (Pro, Capital), que también dejó sus huellas con una serie de tuits invitando a ganar entradas para el clásico River-Boca, para lo cual los interesados deben compartir en la red la foto en la que se lo ve junto a Francisco, sosteniendo una bandera con la leyenda «Juguemos por la paz». Los vicios del clientelismo prebendario llegaron a Internet.Son situaciones que avergüenzan, como también nos insultan y atacan de lleno a la República las maniobras del oficialismo por seguir protegiendo a Boudou, un funcionario que, como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, nunca debió haber llegado a ocupar tan alta investidura.La diputada opositora Margarita Stolbizer ha anunciado su intención de presentar el próximo lunes una denuncia contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou, por no declarar 27 cuentas bancarias.En 2012, Boudou presentó una declaración patrimonial con cuatro cuentas de ahorro en pesos, dos cuentas corrientes en pesos, dos cuentas de ahorro en dólares y una cuenta de ahorro en euros, pero según las investigaciones del juez Ariel Lijo, éste tuvo durante 2012 un total de 27 cuentas, según recoge el diario argentino ‘Clarín‘ en su edición digital.Este hecho, que un cargo público oculte datos en una operación jurada, podría suponer un delito recogido en el Código Penal en su artículo 268/3. Ese artículo también castiga al que “maliciosamente, falsease u omitiese insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.“Boudou ha dejado demasiadas marcas en todos los lugares por los que pasó. Sus dedos sucios han manchado los escritorios de cada oficina donde le tocó actuar: con procedimientos similares, sociedades truchas y negocios con los amigos, siempre en perjuicio del estado y del interés común de la ciudadanía”, ha afirmado Stolbizer, del partido Generación por un Encuentro Nacional, de izquierda.El juez Lijo procesa desde el viernes a Boudou por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública tras probar que adquirió la imprenta Ciccone a través de The Old Fund. El vicepresidente apelará ese fallo la semana próxima.Stolbizer aprovechó la nueva denuncia para destacar que hay suficientes motivos para la apertura del juicio político en el Congreso y acusó al kirchnerismo de “encubrir” a Boudou tras el rechazo in limite votado el jueves en la comisión de Juicio Político.“El archivo de los proyectos de pedido de juicio político para proteger y encubrir al vicepresidente Boudou, de ninguna manera termina la cuestión, sino que la exacerba”, ha señalado Stolbizer.“Este hombre nos da motivos permanentes para pedir ese enjuiciamiento por la cantidad de irregularidades que ha cometido a lo largo de su vida pública, más la posible comisión de delitos que se ventilan en el ámbito del poder judicial y donde le será muy difícil en un tiempo no tan lejano terminar con una condena de prisión”, ha añadido.El vicepresidente argentino, Amado Boudou, será por primera vez indagado este lunes en una causa que le investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para la compra de una imprenta de papel moneda.Boudou deberá comparecer mañana ante el juez del caso, Ariel Lijo, cuyo trabajo en esta causa fue calificado como un “mamarracho” por el vicepresidente. Su declaración se desarrollará sin acceso para la prensa y tampoco será televisada, una alternativa que había pedido Boudou pero que el juez le denegó. Lijo accedió en cambio a adelantar la toma de declaración, pues inicialmente el magistrado había citado al vicepresidente para el 15 de julio, justo cuando Boudou estará a cargo de la Presidencia argentina porque Cristina Fernández estará en un viaje oficial. De acuerdo al auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía argentino. La compra se habría realizado a través de la firma The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele, “con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial”, según la resolución judicial. Vandenbroele es señalado como presunto “testaferro” de Boudou, vínculo negado por el vicepresidente, quien estuvo al frente del Ministerio de Economía entre julio de 2009 y diciembre de 2011. En julio de 2010, un juzgado del fuero comercial declaró la quiebra de Ciccone -denominada actualmente Compañía de Valores Sudamericana- a petición de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por deudas impositivas. La Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con la AFIP, y luego la imprenta quedó en manos de The Old Fund. Según el auto de citación, Boudou, “aprovechando su condición de funcionario público”, y Núñez Carmona, habrían acordado con los entonces dueños de Ciccone la cesión del 70 % de la empresa “a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública”. Boudou, según el escrito, “habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición”, y, junto a Resnick Brenner, jefe de asesores del Fisco, “en el trámite de un plan de pagos ilegal en la AFIP”. La defensa del vicepresidente cuestionó el pasado miércoles en un escrito el accionar de Lijo y dijo que la declaración de Boudou debe hacerse “en base a una descripción concreta, precisa y jurídicamente válida de lo hechos que se le imputan”. “En esta causa ya no hay nada lógico. Pero eso no tiene que ver con que yo quiera ir a declarar para demostrar mi inocencia”, dijo el propio Boudou, quien afirmó que “es un mamarracho lo del juez”. Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera y motivaron que Fernández lo colocara en un discreto segundo plano. “El adelantamiento de la fecha de su declaración permitirá a todo el pueblo tener exacta información sobre este tema”, afirmó el pasado viernes el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983, lo que supone un duro golpe para el Ejecutivo argentino. De acuerdo a una encuesta difundida por la prensa local, el 42,5 % de los consultados piensa que Boudou debe dimitir. Otro 11,1 por ciento sostiene que el vicepresidente debe pedir licencia mientras está bajo investigación judicial por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. De acuerdo con el sondeo de la consultora privada Management & Fit difundido por el diario Clarín, un 21,5 por ciento considera, en cambio, que Bpudou debe continuar en su cargo. Según las mediciones de la consultora, Boudou, exministro de Economía y en la Vicepresidencia desde diciembre de 2011, tiene una imagen negativa del 57,4 por ciento. El sondeo fue realizado a 1.600 personas de Buenos Aires y su periferia y otros diez distritos del país, entre el 30 de mayo y el 4 de junio. Infolatam. Los billetes de cien pesos que hacía la ex Ciccone Calcográfica salían distintos a los que por estas horas también confecciona la Casa de Moneda. Hay diferencias muy sobresalientes en el color violeta de la tinta y en el modo en el que queda impreso el papel moneda que confecciona el Estado. Por problemas técnicos, la empresa privada a la que la Justicia vinculó con el vicepresidente, Amado Boudou, no puede confeccionar el dinero con los garantías de calidad y seguridad necesarias para que salga a circulación, contaron fuentes involucradas en ese proceso. Los técnicos gráficos de la compañía que dirige el ex monotributista Alejandro Vandenbroele trabajan apurados para resolver la situación. Lo hacen con asistencia de personal de la Casa de Moneda, que está a su vez inserto en un reclamo gremial para que se les devuelva el 30 por ciento del sueldo básico que perdieron en la década de los 90. Si el escenario persiste, la ex Ciccone no podrá cumplir con los plazos de entrega de provisión de billetes. Se afectaría entonces el nivel de dinero circulante necesario para la segunda mitad del año, justo cuando se pagan los aguinaldos o las subas salariales debido a las paritarias. Según el plan oficial, la empresa debe hacer 400 millones de billetes de cien a un costo de 170 millones de pesos. La empresa de Vandenbroele, se sabe ahora, no estaba preparada para cumplir con ese objetivo. Debido a un paso administrativo y jurídico ineludible, la Casa de Moneda debió “homologar” la tinta de los billetes que se usa en la ex Ciccone con la que se utiliza en el organismo público. El trámite se hizo en un tiempo récord pero sus resultados son muy negativos. La máquina de imprimir dinero de la ex Ciccone, llamada Super Orloff, no funciona como se esperaba con la tinta oficial. A eso se suman problemas en las chapas de impresión calcográfica con las que se estampa en el papel el diseño de los billetes. La mezcla de ambas variables negativas da como resultado un billete de cien pesos de mala factura, aseguraron fuentes que trabajan sobre la cuestión. Por ahora, la ex Ciccone imprimió lo que se llama el reverso de los billetes. Salió mal, dijeron expertos. Aun así, se trabaja por estas horas sobre el anverso, o sea, en la parte en la que se ve el rostro de Julio Roca. Los resultados, por ahora, tampoco son buenos. Los ajustes técnicos tal vez consigan revertir la situació¿La Casa de Moneda contrató a la ex Ciccone sin haber hecho las previsiones sobre su maquinaria? La situación financiera de la empresa es muy complicada. No se conoce de manera pública quiénes son sus verdaderos dueños. Y más están investigados por lavado de dinero.El fiscal Jorge Di Lello hizo lugar a la presentación que solicita la indagación por los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Hay otros tres imputados bajo la figura de «testaferros».Durante el fin de semana largo, irrumpió en la agenda de los medios la investigación a la ex Ciccone Calcográfica por presunto lavado de dinero —que podría involucrar a Amado Boudou—, en el marco de profundas sospechas por el movimiento de $50 millones de The Old Fund, la firma ahora controlante de la imprenta. “Investigan a Ciccone por presunto lavado de dinero”, publicó durante el feriado del lunes diario La Nación en su portada.Sin embargo, la empresa por el momento se viene resguardando en el secreto fiscal para no proporcionar información sobre sus dueños, mientras que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, afirmó que “todavía no aparece la cuestión del lavado” en esa investigación.CASO DE CICCONE EN ARGENTINA
“La oficina colabora en unas 180 causas judiciales. En este caso, nos convocan a nosotros a colaborar, y en ese marco les brindamos al juez y al fiscal los datos que tenemos sobre las empresas que figuran en la causa”, explicó ayer martes Sbatella.No obstante, al ser consultado en radio Continental sobre si existe investigación alguna por lavado de dinero en el caso, indicó: “No, lo que hay es reportes de algunas acciones de actores que está en manos del juez. La figura de lavado para aparecer tiene que estar claramente ligada a hechos ilícitos, y en este caso todavía no ha aparecido”.Si bien la Justicia, viene investigando los presuntos delitos de «negociaciones incompatibles con la función pública» y «lavado de dinero», para intentar determinar si la compra de la imprenta fue por gestiones realizadas por Boudou —y a la cual el Gobierno iba a otorgarle la impresión de 500 millones de billetes de 100 pesos y que tendría un costo de 50 millones de pesos— “la carátula de la causa a cargo de juez Ariel Lijo es abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario. No está todavía ni aparece la cuestión del lavado”, dejó claro Sbatella.Como dice el saber popular: «No aclares, que oscurece».Un cúmulo de datos y preguntas sin respuestas, o respuestas esquivas surgen a diario en la investigación, de la justicia, en el caso Ciccone, que roza al vicepresidente Amado Boudou, que iba salir de gira, suspendida sin explicaciones, a Corea del Sur y Emiratos Arabes y pueden involucrar a una decena de funcionarios del Estado.En principio resulta extraño el procedimiento seguido por la AFIP para conceder facilidades de pago en la deuda fiscal que tenía Ciccone Calcográfica. Desde el punto de vista técnico, la AFIP tiene la facultad para ofrecer planes de pago a los contribuyentes concursados o quebrados, pero el plan que benefició a la imprenta, con cuotas por sobre los planes que se podían aplicar, resulta un tanto “llamativo”, según expreso el juez que entendió en la causa de la quiebra.En el mercado se evalúa que laAFIP en todo este asunto tuvo varias conductas excepcionales, aunque no del todo únicas según los datos que pueden conocerse, en primer lugar, el organismo recaudador pidió la quiebra de Ciccone en el marco del concurso de acreedores, algo que es muy poco frecuente aunque ocurrió algunas veces durante la gestión de Echegaray. El funcionario justificó la medida diciendo que se pretendió cobrar “deudas de vieja data”. Luego, tras aparecer en escena The Old Fund, la empresa de Alejandro Vandenbroele “denunciado como presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou”, la AFIP dio marcha atrás y ofreció un plan de pagos especial a Ciccone, lo que también es excepcional aunque unas pocas veces se hizo. Otra rareza de todo el manejo del expediente fue el hecho de pedir autorización para dar el plan de pagos especial al Ministerio de Economía, el que emitió una nota con firma del ex ministro Boudou pidiendo por la preservación de los puestos de trabajo. Cabe preguntarse por qué, si la AFIP está autorizada por el artículo 32 de la Ley 11.683, se vio en la necesidad de pedir una autorización a Economía. Al disponer el levantamiento de la quiebra, el juez había dicho que “resulta cuanto menos llamativa la postura de la AFIP en la causa, modificando su criterio en breve lapso en lo atinente al otorgamiento de facilidades para el pago, lo que debió haberse hecho en su momento a fin de evitar las consecuencias que finalmente desembocaron en este resolutorio”. “Sería llamativo si la AFIP no quisiera cobrar y el juez le levantara la quiebra. Pero siendo normal que el Fisco quiera cobrar sus impuestos, llamativo es que se considere una situación regular como llamativa”, respondió Echegaray en un comunicado de prensa que dio a conocer ante la presión mediática. Mientras tanto, en el investigación judicial, van quedando envueltas varias área del Gobierno, como Economía, la AFIP, la Casa de Moneda, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, Defensa de la Competencia, la UIF, ANSeS y la Jefatura de Gabinete. En razón que por distintas razones participaron en la puesta en marcha y el sostenimiento de Ciccone Calcográfica. Unos diez funcionarios de las más altas jerarquías del Gobierno participaron en el proceso que empezó con el cambio de dueños de la imprenta y que siguió después con los primeros beneficios económicos que estos últimos obtuvieron gracias a sus contactos con el Poder Ejecutivo. La Justicia Federal investiga si el vicepresidente Amado Boudou cometió tráfico de influencias en esta trama político-económica, entre otras pruebas, en el expediente del caso consta que Boudou, siendo ministro de Economía, firmó una nota que permitió que la AFIP le conceda a Ciccone una moratoria de 148 cuotas con 0,5 % de interés para pagar de ese modo la deuda de más de 59 millones de pesos que tenía con el organismo recaudador. Pero más allá de ese punto crucial, y de las vinculaciones de amistad que unen a Boudou con el director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele, lo cierto es que las acciones gubernamentales alrededor de esa empresa empezaron antes de que sus nuevos dueños lleguen a la compañía. La acciones oficiales comenzaron cuando la Comisión de Defensa de la Competencia , encabezada por Ricardo Napolitani, emitió en 2010 una resolución que ayudó a que los nuevos dueños de Ciccone pudieran sacar de la planta impresora a la compañía Boldt, que había alquilado las máquinas con aval judicial. El escrito de Napolitani fue apoyado después por su superior, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno . Napolitani es además un funcionario que responde al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Gracias a los escritos de Moreno y Napolitani, entonces, la sociedad The Old Fund (dirigida por Vandebroele) se quedó con Ciccone. Fue después de eso que la AFIP, de Ricardo Echegaray, con apoyo de Boudou, le otorgó la moratoria excepcional a Ciccone Hoy, Ciccone le debe plata no solo a la AFIP, sino también a la ANSeS, de Diego Bossio. Ahora se sabe además que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de José Sbatella, no detectó que The Old Fund es una sociedad sospechosa. Entre otras muchas cosas, aún no se sabe quiénes son los verdaderos accionistas de la controlante de Ciccone, pero se conoció, solo gracias al trabajo periodístico, que el 50 % de sus acciones fueron adquiridas por otra sociedad llamado Dusbel, que tiene dos socios fundadores investigados por lavado de dinero en la Argentina y España . Ciccone, entonces, está conducida por sociedades con pasado y presente oscuro, y que además no tienen experiencia en el mercado gráfico. Pero aun así obtuvo un importante negocio con el Gobierno. Vandenbroele demostró que tenía contactos con la Casa Rosada ni bien llegó a la empresa. En agosto de 2011 imprimió las boletas electorales que el Frente para la Victoria usó en las primarias. Fue un trabajo de 14 millones de pesos. El socio de Boudou, José María Núñez Carmona, fue el nexo entre Ciccone y el Gobierno, contaron fuentes que participaron en esas operaciones. A eso se suma que Vandenbroele visitó varias veces a funcionarios de la Secretaría de Medios, que respondía Juan Manuel Abal Medina.
A esta cadena de acciones gubernamentales alrededor de Ciccone, se agrega un eslabón central: la Casa de Moneda, presidida por Katya Daura, alineada con Boudou, intentó este año que Ciccone imprima billetes de cien pesos. Impulsó ese negocio con un expediente interno en el Banco Central, manejado por Mercedes Marcó del Pont, que frenó la operación. Una vez estallado el escándalo, renunció el ex gerente general de esa entidad, Benigno Vélez, otro hombre de confianza de Boudou . Por ahora el vicepresidente se va de viaje, en gira oficial, visitará Corea del Sur y Emiratos Árabes, su ausencia se extenderá por una semana, el viaje está coordinado por el ministerio de Relaciones Exteriores, y los gastos serán a pagados por la caja de la Vicepresidencia de la Nación. La presidente Cristina Kirchner firmó el decreto 407/2012 con el que autorizó la gira de Amado Boudou, en “línea privada”, que visitará Seúl en Corea del Sur y Abud Dhabi en Emiratos Árabes y cuyo objetivo conocido es «mantener reuniones y participar de encuentros con autoridades de dichos países». Marcó del Pont admitió que el Gobierno analiza darle el negocio a la empresa investigada por lavado. En la misma causa intentan determinar si Boudou benefició a la compañía.Ciccone imprimiría billetes en Argentina
Lunes 26 de Marzo del 2012 | 09:54 ARCHIVO. Boudou y Marcó del Pont, en la Casa Rosada (julio 2011). En el marco de las investigaciones que involucran al vicepresidente de la Nación Amado Boudou, la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont reconoció que el Gobierno nacional no descartó imprimir billetes en la exCiccone durante este año. La Compañía de Valores Sudamericana, el nombre actual de Ciccone, imprimiría unos 500 millones de billetes de distintas nominaciones.
Según publicó el diario Clarín, “la empresa que conduce el empresario Alejandro Vandenbroele -vinculado con un socio de Boudou- accedería a un negocio de 50 millones de dólares, que funcionarios del Gobierno vienen planeando desde 2010”. Ayer, en una entrevista publicada por el diario Página /12, Marcó del Pont aclaró que “el objetivo es complementar la capacidad de producción de la Casa de Moneda”. El matutino, en un diálogo con fuentes cercanas al Banco Central, confirmó que la entidad prevé que para 2012 sea necesario imprimir 1.300 millones de billetes. “La Casa de la Moneda sólo tiene capacidad para hacer 800 millones, con lo cual los otros 500 millones se harán en máquinas alquiladas pero con el control de todo el proceso y la provisión de los materiales a cargo de la Casa de la Moneda”, le explicó un vocero al diario.
“No lo hicimos antes porque la empresa estaba en un litigio judicial y había una situación de inseguridad jurídica”, sostuvo la fuente. LA INVESTIGACIÓN Boudou enfrenta una denuncia con trámite judicial que lo vincula con el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone. En la causa se investiga si el Vicepresidente influyó para que se levantara. Se sospecha que, tras la recuperación de la empresa, ésta pasaría a una sociedad encabezada por Vandenbroele, supuesto nexo entre el vicepresidente y José María Núñez Carmona, amigo del exministro de Economía. Laura Muñoz, esposa de Vandenbroele, en varias entrevistas acusó a su marido de ser el testaferro de Boudou. Ciccone es investigada por los tres poderes del Estado de Argentina
Lunes 26 de Marzo del 2012 | 01:48 La Justicia, los legisladores y hasta organismos que dependen del Ejecutivo nacional, tienen en la mira a la empresa que incluye al vicepresidente, Amado Boudou. Pocos casos toman tal trascendencia en la Argentina que llevan a que los tres poderes de Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) pongan la mira sobre una empresa como sucede con la exCiccone Calcográfica.
En paralelo a la causa judicial, a cargo de Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo; legisladores de la oposición pidieron informes a la Oficina Anticorrupción que inició una “investigación preliminar” según publica Clarín.
La compleja situación de Ciccone, que pasó de un concurso de acreedores, a una quiebra y el posterior levantamiento de ésta por la Justicia Comercial, atrajo el interés del fuero Penal, legisladores opositores, la Oficina Anticorrupción (que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, que a su vez responde al Ejecutivo, es decir la presidenta de la Nación) y a la Unidad Fiscal de Investigación Tributaria y Contrabando (UFITCO), que reporta a la Procuración General de la Nación, considerado un “extrapoder”.
En el caso de la Oficina Anticurrupción (OA), se supo en las últimas horas que inició una investigación preliminar bajo el expediente 10.644, según el oficio enviado al juzgado donde se tramitó la quiebra Ciccone y donde aún se tramita su concurso de acreedores. De hecho, uno de ellos se presentó días pasados a través de una “intimación de pago bajo apercibimiento de quiebra”.
La investigación de la OA sumó la denuncia de la diputada nacional Patricia Bullrich, quien reclamó conocer en ese organismo el avance de la pesquisa y como respuesta obtuvo que se trata de algo reservado. “Nos dijeron que es un trámite que está sustanciándose y que no nos podían abrir el expediente”, expresó la legisladora al matutino.
Pero, además de Bullrich, siete diputados opositores pidieron el juicio político del vicepresidente, Amado Boudou y otros solicitaron informes al Ejecutivo. Los primeros fueron hace casi dos años, de parte Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, del Frente Amplio Progresista (FAP). Allanaron la ex Ciccone Fue para encontrar documentación que ayude a explicar cómo el fondo de inversión The Old Fund, que dirige Alejandro Vandenbroele, se quedó con el control de la imprenta. Sábado 24 de Marzo del 2012 | 08:30 La Justicia allanó la planta impresora de la ex Ciccone Calcográfica, en el marco de la causa que investiga el modo en que el fondo de inversión The Old Fund, dirigida por el hombre señalado como testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, se quedó con la hoy Compañía de Valores Sudamericana. Según relata el diario La Nación, el procedimiento fue encabezado por el fiscalCarlos Rívolo y la orden firmada por el juez federal Daniel Rafecas. Ocurrió cerca del mediodía y los efectivos de la Gendarmería Nacional fueron recibidos por personal de seguridad. Además del allanamiento en Don Torcuato, donde está ubicada la planta, la Justicia solicitó al Banco Provincia el legajo crediticio de Ciccone, que tenía deudas de más de 6 millones de pesos con esa entidad bancaria. En concreto, buscan explicar por qué el banco no se opuso al levantamiento de la quiebra de la empresa, aún con la gran suma de dinero que debía. El Diario La Nación también reveló en su edición de hoy que en la documentación solicitada al BaPro se encontró la tarjeta de negocios de Alejandro Vandenbroele, titular de CVS. Se cree que el abogado habría tenido reuniones con los directivos de la entidad bancaria con los que revisó el legajo crediticio de Ciccone.
La semana pasada la Justicia allanó la sede del fondo de inversión The Old Fund SA en Puerto Madero y el departamento de Barrio Norte de Vandenbroele. Ciccone: la trama del caso ya alcanza a diez funcionarios
Pertenecen al ministerio de Economía, la AFIP, la Casa de Moneda, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, Defensa de la Competencia, la UIF, ANSeS y la Jefatura de Gabinete.Viernes 23 de Marzo del 2012 | 02:16 Se sigue revelando el entramado para la venta de la exCiccone calcográfica, la lista de funcionarios que tuvieron participación en el proceso ya llega a la decena. Se trata de integrantes del ministerio de Economía, la AFIP, la Casa de Moneda, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, Defensa de la Competencia, la UIF, ANSeS y la Jefatura de Gabinete. Según publica Clarín, mientras en los Tribunales se trabaja en torno a la denunciaen contra del vicepresidente, Amado Boudou, por tráfico de influencia; en el expediente se comienza a reconstruir la trama que llevó a que la sociedad The Old Fund (dirigida por Alejandro Vandebroele, supuesto testaferro de Boudou) se quede con Ciccone. La seguidilla de acciones oficiales empezó cuando la Comisión de Defensa de la Competencia, encabezada por Ricardo Napolitani, emitió en 2010 una resolución que ayudó a que los nuevos dueños de Ciccone pudieran sacar de la planta impresora a la compañía Boldt , que había alquilado las máquinas con aval judicial.
El escrito de Napolitani fue apoyado después por su superior, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Napolitani es además un funcionario que responde al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Gracias a los escritos de Moreno y Napolitani,The Old Fund se quedó con Ciccone . Fue después de eso que la AFIP, de Ricardo Echegaray, con apoyo de Boudou, le otorgó la moratoria excepcional a Ciccone . Hoy, Ciccone le debe plata no sólo a la AFIP, sino también a la ANSeS, de Diego Bossio.
Ahora se sabe además que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), de José Sbatella, no detectó que The Old Fund sea una sociedad sospechosa. A esta cadena de acciones gubernamentales alrededor de Ciccone, se agrega un eslabón central: la Casa de Moneda, de Katya Daura, alineada con Boudou, intentó este año que Ciccone imprimiera billetes de cien pesos. Impulsó ese negocio con un expediente interno en el Banco Central, manejado por Mercedes Marcó del Pont . Una vez estallado el escándalo, renunció el exgerente general de esa entidad, Benigno Vélez, otro hombre de confianza de Boudou.Stolbizer: «La Presidenta debería reconocer el error de haberlo nombrado a Boudou»Miércoles 21 de Marzo del 2012 | 23:00 «La Presidenta (Cristina Kirchner) debería reconocer el error de haberlo nombrado a (el vicepresidente) Amado Boudou», declaró la diputada del FAP Margarita Stolbizer, en A dos voces, por el escándalo que salpica al funcionario por la empresa exCiccone Calcográfica. «Boudou llegó ahí por una decisión íntima de Cristina Kirchner. La responsabilidad de que se mantenga allí es de la Presidenta. Debería reconocer el error de haberlo nombrado. Hay muchas cosas ya demostradas», profundizó. «Esto excede todo lo que uno podíaa imaginar en términos de escándalo político y económico», agregó la legisladora, que pidió varios pedidos de informes por el caso. «Hay algunas cosas que ya están comprobadas. Este es un negocio que se empieza a construir en el 2010. Es por eso que, a comienzos del 2011, hago un pedido de informes. También está comprobado que a fines del 2010 hubo vaciamento en la Casa de la Moneda para hacer billetes, con el objeto de expulsar posibles competidores en la fabricación», explicó Stolbizer. «Esto es un escándalo enorme, hay negociaciones incompatibles con Boudou, por ese enctonces ministro de Economia. Y lavado de dinero, un delito de muchísima gravedad. Un señor (Alejandro Paul Vanderbroele, como titular de la empresa The Old Fun) fue al banco con 567 mil pesos en efectivo e hizo un depósito, y nadie le pregunto nada. Hay un manejo de dinero donde no se conoce el origen», advirtió la diputada. En la causa se investiga el levantamiento de la quiebra de Ciccone por parte de The Old Fun -que levantó la quiebra de la imprenta- y si Boudou tuvo intervención en el hecho. Por último, manifestó: «La investigación judicial está bien encaminada. Esto es grave, hablamos de la impresión de billetes, de documentos de alta seguridad. Se trata de un negocio muy sensible para la seguridad pública. Podrían emitirse billetes mellizos.Muchas de las cosas que pasan acá no pueden ocurrir en ningun otro país», concluyó Laura Muñoz: «Las explicaciones de Boudou dejan mucho que desear»
La exesposa de Alejandro Vandenbroele afirmó que el Gobierno tratará de tapar el caso Ciccone «con todo tipo de mentiras» y criticó que la Presidenta no se haya pronunciado sobre el tema.Domingo 18 de Marzo del 2012 | 12:12 Laura Muñoz volvió a hablar sobre la denuncia a su exmarido, Alejandro Vandenbroele, que involucra al vicepresidente, Amado Boudou. Lo hizo para el diarioEl Tribuno en una entrevista en la que ratificó sus dichos y agregó nuevas acusaciones. Después de que Boudou saliera a hablar sobre el tema en algunos medios, Muñoz consideró que sus explicaciones “dejan mucho que desear”. Criticó también el rol de la presidenta, Cristina Kirchner, que no se pronunció sobre el asunto. «Esto es muy grave, es cierto y lo van a tratar de cubrir con todo tipo de mentiras. Lo que a ellos no les conviene, lo tapan, pero por la envergadura del problema no se puede tapar mucho y los medios no pueden dejar este tema de lado», opinó, y se refirió a la Presidenta: «Creo que al menos tendría que haber dicho algo de semejante tema. Boudou salió a decir algo en los programas de televisión pero esquivando el tema y dando explicaciones que dejan mucho que desear». Luego opinó que la Cristina Kirchner «evaluará” el desempeño de Boudou. «Ella no ha dicho nada hasta ahora. Igual ya sabemos que este país no es para todos, es para algunos», agregó. Muñoz destacó que para la familia de su exmarido «Kirchner era mala palabra”, y agregó: “Era odio lo que le tenían a Kirchner. De Boudou escuché muchas cosas feas, burlas, chistes, verdaderas faltas de respeto que no voy a repetir». Lo más llamativo del caso, para ella, tiene que ver con la posición ideológica de estas personas: «Todos eran de ultraderecha pero después se pasaron de bando inexplicablemente», afirmó. Por otra parte, Muñoz reveló que las amenazas hacia ella terminaron y que desde que hizo pública la denuncia tuvo sólo una más. «Tengo un miedo latente. Lo que pasa es que como ciudadana a esto lo tenía que decir porque el caso Ciccone es una cosa gravísima, un engaño para todo el pueblo», dijo.
Además, sostuvo que tenía «muchos elementos» para probar sus denuncias y señaló que su «exmarido y sus aliados deben estar borrando evidencia a lo loco”, aunque opinó: “Creo que con lo que hay alcanza para trabajar».
«Yo sé que la Justicia va a actuar porque esto no se puede tapar», concluyó.Allanaron las oficinas del supuesto testaferro de Boudou Se trata de Alejandro Vandenbroele, presidente de The Old Fund, controlante de la ex Ciccone. Lo ordenó el juez Rafecas, en la causa que se investiga al vicepresidente por incompatibilidades con la función pública y lavado de dinero. Sábado 17 de Marzo del 2012 | 07:08 El juez federal Daniel Rafecas tomó la primera medida de peso en la causa Ciccone. El magistrado ordenó allanar las oficinas de The Old Fund SA, la empresa que posee el control de la ex Ciccone Calcográfica (ahora denominada Compañía Sudamericana de Valores). El allanamiento también alcanzó a la casa de su presidente, Alejandro Vandenbroele, y el domicilio en Mendoza de su exesposa, Laura Muñoz, quien declaró ante la Justicia que Vandenbroele sería el presunto “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou. Rafecas ordenó el procedimiento a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación judicial en la que se investiga al vicepresidente por incompatibilidades con la función pública y lavado de dinero. Ocurrió en momentos en que Boudou estaba en ejercicio de la Presidencia, debido al viaje de Cristina Kirchner a Chile. Esta es la primera medida de peso que toma el juez en la causa, en la que hasta ahora fue el fiscal quien reunió documentación y tomó testimonios. La semana pasada el exministro de Economía negó ser «amigo o conocido» del abogado Vandenbroele y rechazó las denuncias de Muñoz, a las que calificó como una operación mediática en su contra. Rafecas investiga simultáneamente una denuncia del propio Boudou sobre un supuesto hackeo de su cuenta de correo electrónico. ALLANAMIENTOS Los allanamientos se realizaron desde el mediodía de ayer en las oficinas de Puerto Madero (en la calle Manuela Sáenz 323), donde está radicada la sede de lamisteriosa empresa que controla el paquete accionario de CSV. La Policia Federal incautó de la oficina 723, del 7° piso, documentación, computadoras y papelería. Esas oficinas están a unos 150 metros del edificio Madero Center, donde vive Boudou. También los policías se presentaron con la orden de allanamiento en el departamento B del 3° piso del edificio de la calle Quirno Costa 1273, perteneciente a quien se investiga por ser el presunto testaferro del vicepresidente. Presentaron el proyecto de juicio político a Amado Boudou Diputados opositores consideran que el funcionario «violó la ley de ética pública» en el caso de la exempresa Ciccone Calcográfica. Leé la presentación completa.Martes 13 de Marzo del 2012 | 20:55 Un grupo de diputados de la oposición pidió el juicio político del vicepresidenteAmado Boudou al presentar un proyecto de declaración en ese sentido, por considerar que el titular del Senado incurrió en supuesto «mal desempeño en sus funciones como funcionario» y en «violar la ley de ética pública» en el llamado caso Ciccone Calcográfica. «La justicia seguirá la investigación de los hechos», advirtió la diputada de Unión por Todos Patricia Bullrich. La legisladora consideró que el funcionario incurrió «en mal desempeños de su funciones y en violación de la ley de ética pública» al haber –según aseguró- realizado gestiones para «que un grupo insolvente de amigos del vicepresidente se quedará con Ciccone».
El proyecto fue presentado en conferencia de prensa en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, por los diputados Bullrich, Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Ramona Pucheta (MIJD), Paula Bertol y Federico Pinedo (PRO). Bullrich indicó además que «también acompañan con sus firmas los diputados (radicales Oscar) Aguad, (Juan) Casañas y (Jorge) Chemes», quienes no estuvieron en la conferencia, porque –según Bullrich- participaban en otras actividades en el Congreso.
No obstante, el propio Chemes indicó que no firmó el proyecto, a pesar a estar de acuerdo en las ideas generales, porque prefirió esperar la definición de su bloque,y explicó que si su bancada no acompañaba la iniciativa pensaba respetar la disciplina partidaria.
Pinedo comentó por su parte que el planteo de juicio de político no implica culpabilidad del funcionario, sino que es una oportunidad para que el vicepresidente «explique al pueblo» lo ocurrido. Mientras que Amadeo apuntó que la medida «es una oportunidad para que la presidenta demuestre lo que dice acerca de que quiere ejercer un gobierno honesto».
Respecto del proyecto, el titular de bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que «no es una iniciativa del bloque» y calificó como «prematuro» avanzar con el juicio político, al entender que para fundamentar esa jugada «hace falta un andamiaje jurídico constitucional más complejo». El legislador opinó que por tratarse de «una cuestión de tanta trascendencia, debemos tener una decisión orgánica del partido».
Además, indicó que en el caso Ciccone -donde por denuncias periodísticas se vincula a Boudou en presuntas maniobras para beneficiar a una empresa para quedarse con el control de la empresa gráfica que tenía un proyecto para imprimir billetes de cien pesos- «no hay un planteo limpio» porque los supuestos hechos delictivos se habrían producido antes que «de que Boudou fuera vicepresidente. Ocurrieron cuando era ministro de Economía».
Respecto de Chemes, sostuvo que éste «no firmó el proyecto y que Casañas lo firmó por error, porque pensaba que era una iniciativa acompañada por el bloque», aunque declaró que Aguad sí lo había llamado para sumarlo al proyecto, cosa que no prosperó. Pero, luego el tucumano Casañas aseveró que firmó la iniciativa y que nadie del bloque «pidió que retirara la firma».
Por último, Aguad indicó que «no existe la interpelación al vicepresidente, por eso tenemos que exigirle que explique lo que ha pasado, porque hay una sospecha grave y seria sospecha en su contra. Pero el vicepresidente no da la cara y nos obliga a pedir el juicio político porque no puede tener en sus espaldas esta sospecha». Aguad aclaró que el hecho que motiva el pedido es que «Boudou apareció un día a la mañana y dijo que nunca hizo ninguna gestión por la ex Ciccone y, por la tarde, aparecieron los papeles que demostraban lo contrario».Oficializarán el pedido de juicio político para Boudou Lo harán en una conferencia de prensa un grupo de diputados opositores. Es por presuntas “incompatibilidades” con su función pública.Martes 13 de Marzo del 2012 | 00:40INCOMPATIBILIDADES. Es lo que denuncian los diputados que presentarán el pedido.
Un grupo de diputados opositores presentarán hoy en conferencia de prensa un pedido de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou, por presuntas»incompatibilidades» de su conducta con la función pública. Será, a partir de las 17, en el Salón de los Pasos Perdidos de la cámara baja donde se darán cita los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Federico Pinedo y Paula Bertol (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Oscar Aguad (UCR), se informó en un comunicado. En su presentación, los legisladores que en algún momento conformaron del desaparecido ‘Grupo A’ de la Cámara acusan al vicepresidente de «presuntas incompatibilidades de su conducta con la función pública», según se indicó en un comunicado difundido anoche.
Los legisladores le apuntarán a Boudou por supuesto «mal desempeño de sus funciones» y se basarán en «los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional y por violar la Ley de Etica Pública», a raíz de una denuncia que involucra al vicepresidente en supuestas maniobras para favorecer a una empresa para quedarse con el control de la firma Ciccone Calcográfica, indicó una de las fuentes consultadas.Randazzo defendió a Boudou por el caso Ciccone y apuntó a los medios: «Es una operación» El ministro del Interior rechazó de versiones sobre presuntas críticas contra el vice y la filtración de información para salpicar al vice. Hoy, diputados opositores pedirar juicio político contra el vice. Lunes 12 de Marzo del 2012 | 11:19 “Se quieren llevar adelante operaciones para perjudicar al Gobierno y a sus funcionarios”, dijo el ministro del Interior Florencio Randazzo sobre el caso Ciccone, por el que se investiga a Amado Boudou, y ante la presentación de diputados opositores que pedirán hoy juicio político al vicepresidente. “Estamos acostumbrados a este tipo de operaciones. En el Gobierno no hay internas”, recalcó Randazzo en declaraciones a radio Continental (escuchar audio completo) y rechazó de esta forma versiones periodísticas sobre presuntas críticas contra Boudou y la filtración de información sobre el caso de la ex Calcográfica para salpicar al vice. Para el ministro del interior “hay intereses económicos”: «La matriz del conflicto que tiene este Gobierno es tomar decisiones que afectan intereses que habían gobernado la Argentina sin ningún voto y sin ningún rostro visible en los últimos 30 años de democracia». “Algunas de nuestras decisiones afectaron a Bolt y a sus contratistas. Recibí dos cartas de Bolt por el tema de Siemens. Nosotros sacamos el tema de la empresa Bolt la cuestión de las células y pasaportes. En el 2009 se da una situación particular y se decide adelantar las elecciones. Teníamos que tener los padrones con anticipación. A las empresas las invitamos a la participación y Bolt es quien ganó. Decir que un funcionario es dueño de una empresa porque ahí se imprimen las boletas de su partido es poco serio”, remarcó. JUICIO POLÍTICO La diputada Patricia Bullrich remarcó, en declaraciones a radio Mitre, que “la ex Ciccone no es cualquier fábrica» y aclaró la función del juicio político que pedirán hoy por la tarde. «La única instancia en que uno puede interpelar es mediante un juicio político, es una instancia en que los diputados analizan la conducta ética y moral, nada tiene que ver con el juicio penal «. «La ex Ciccone no es cualquier fábrica, imprime billetes, uno puede salir de un juicio culpable o inocente, (…) nosotros hacemos lo que corresponde, después si el oficialismo quiere encubrir…», apuntó la diputada. LA CAUSA, LA DENUNCIANTE Y EL PEDIDO La causa judicial que tienen el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. Laura Muñoz, la exmujer de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente, reclamó ayer en Argentina para armar: “Boudou no explica muchas cosas, sino que ataca a los medios”. El diputado nacional por el radicalismo Ricardo Gil Lavedra reclamó el ayer al que precise «públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro». Envió una carta a Boudou ante la «alarma pública que ha suscitado la presunta comisión de graves irregularidades en el proceso concursal» de la compañía y «en las posteriores negociaciones entre la firma y el Estado Nacional». «Me atrevo a sugerirle, si comparte la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas de sus actos y que los gobiernos sean abiertos al control ciudadano, la conveniencia de precisar públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro», dice la carta. LA CRÍTICA DE LA AFIP El organismo le apuntó a un juez que levantó la quiebra. Su titular Echegaray criticó a Javier Cosentino. El magistrado había señalado como «llamativa» la gestión de la administración en ese proceso. Según publicó el diario Clarín, la AFIP primero había pedido la quiebra de Ciccone, pero después, según dijo el juez en la causa, “con la aparición de dos misteriosos fondos apostados para el levantamiento de la misma, aceptó retirar el pedido y cobrar sus acreencias a través de un plan de negocios”. Mediante uncomunicado de prensa, Echegaray planteó que “lo llamativo es que el juez levante la quiebra como lo solicita el quebrado y sea el mismo juez el que considere ‘llamativo’ que la postura de la AFIP se trate para él de algo ‘llamativo’”. Ciccone: la AFIP criticó a un juez que levantó la quiebrahttp://www.gritoperonista.com.ar/wp-content/uploads/2012/03/Caso-Ciccone_CLAFIL20120311_0001.jpghttp://www.gritoperonista.com.ar/?p=57566 Echegaray apuntó contra Javier Cosentino. El magistrado había señalado como «llamativa» la gestión de la administración en ese proceso.Lunes 12 de Marzo del 2012 | 07:35 Luego de que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray buscó la semana pasada despegar al organismo que tiene a su cargo de la causa de la exempresa Ciccone, ahora cargó contra un juez que levantó la quiebra de la imprenta. Se trata del magistrado en lo comercial Javier Cosentino, quien había calificado de“llamativa” la “postura” de la AFIP en el expediente a su cargo.
Tal como publicó el diario Clarín, la AFIP primero había pedido la quiebra de Ciccone, pero después, según dijo el juez en la causa, “con la aparición de dos misteriosos fondos apostados para el levantamiento de la misma, aceptó retirar el pedido y cobrar sus acreencias a través de un plan de negocios”. Mediante un comunicado de prensa, Echegaray planteó que “lo llamativo es que el juez levante la quiebra como lo solicita el quebrado y sea el mismo juez el que considere `llamativo` que la postura de la AFIP se trate para él de algo `llamativo`”. En el 2009, cuando ya contaba con el levantamiento de la quiebra, el magistrado manifestó que “la postura de la AFIP en la causa” resultaba llamativa por la “facilidad” con la que modificó su criterio para el otorgamiento “de facilidades de pago”. Pese a los cruces, Echegaray y Cosentino no pudieron negar que coincidieron en un lugar, pero antes del dictamen de la quiebra de la empresa. Igual Echagaray dejó entrever que no encontraría inconveniente en reunirse en lo de directores, jueces y funcionarios judiciales. «No debe ser llamativo que las máximas autoridades del organismo, el administrador federal y los directores de la Dirección General Impositiva, Aduanas y de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social mantengan reuniones con jueves y funcionarios judiciales», aclaró. Según el matutino, al igual que el vicepresidente de la Nación, Echegaray apuntó hacia la empresa Boldt, a la que la Justicia le había entregado el manejo de la planta de Don Torcuato mediante un contrato de alquiler.
El titular de la AFIP señaló que desde la administración denunció a Boldt por facturas “truchas” y “simulación dolorosa del pago” ante la Justicia en lo Penal Económico y en lo Penal Tributario.
El presidente del radicalismo en Diputados pidió a Boudou explicaciones “públicas” El legislador le solicito que “aclare algunos aspectos” de su ingerencia en el caso de la exCiccone Calcográfica.Lunes 12 de Marzo del 2012 | 02:42JUICIO POLÍTICO. Es el pedido que presentarán un grupo de Diputados nacionales.
El diputado nacional por el radicalismo Ricardo Gil Lavedra reclamó el domingo al vicepresidente Amado Boudou que precise «públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro» de su presunta ingerencia en favor de la empresa exCiccone Calcográfica, un caso que se encuentra en la Justicia.
Gil Lavedra, que preside el bloque de diputados de la UCR, envió una carta a Boudou ante la «alarma pública que ha suscitado la presunta comisión de graves irregularidades en el proceso concursal» de la compañía y «en las posteriores negociaciones entre la firma y el Estado Nacional».
«Me atrevo a sugerirle, si comparte la necesidad de que los funcionarios rindan cuentas de sus actos y que los gobiernos sean abiertos al control ciudadano, la conveniencia de precisar públicamente algunos aspectos que siguen sin quedar en claro», indicó el legislador nacional en el texto dirigido a Boudou.
Al respecto, el diputado radical opinó que las declaraciones a los medios de comunicación que el vicepresidente realizó en los últimos días «no sólo no han agotado las consultas, sino que han despertado nuevos interrogantes». Gil Lavedra, en un comunicado, se refirió específicamente a la denuncia efectuada por Boudou acerca de «la existencia de campañas de prensa pergeñadas por grupos empresarios con el objetivo de influir sobre el mercado de precios». Por último, señaló «necesario» que Boudou «brinde mayor información sobre las relaciones comerciales entre José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, o que al menos refiera, si, desde que las acusaciones han tomado estado público, ha realizado algún esfuerzo por conocer más sobre su vinculación». En tanto, un grupo de Diputados adelantó que este lunes presentarán un pedido de Juicio Político para el vicepresidente. Caso Ciccone: Stolbizer denuncia un «entramado de corrupción» en el Gobierno En tanto, el ex candidato presidencial del FAP, Hermes Binner, pidió que la justicia actúe con celeridad y que boudou se ponga a disposición de la Justicia.Domingo 11 de Marzo del 2012 | 13:11 La diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que las denuncias contra Amado Boudou por aparente tráfico de influencias marcan «un entramado de corrupción severa» en el gobierno y estimó que si el vicepresidente se presenta a la justicia «queda preso».
Asimismo, la legisladora advirtió que ahora «hay que poner la mirada en la UIF (Unidad de Información Financiera), un organismo de enorme responsabilidad en el caso», y que conduce José Sbatella.
Stolbizer sostuvo que en estos casos «se necesitan fiscales que avancen en las causas» y cuestionó la explicación que dio el Ejecutivo a través del jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, al señalar que este funcionario «es quien representa al gobierno, hay que mirar dentro del Banco Central, en la Casa de la Moneda».
En cuanto al pedido de juicio político que presentará mañana la oposición, Stolbizer dijo «compartir el análisis» aunque lamentó que «un pedido de juicio político hoy no tiene ninguna posibilidad de prosperar».
«La verdad es que muchos, yo creo que hasta ingenuamente, dicen que Boudou tiene que presentarse a la justicia, tiene que poner todo a disposición. Si Boudou hace eso, queda preso», remarcó Stolbizer.
En tanto, indicó que le «preocupa» que la presidenta Cristina Kirchner «no haya pedido públicamente que el vicepresidente rinda cuentas».
«Esto no una cuestión de un señor que hizo un negocio, sino que esto pone al desnudo un entramado de corrupción muy severa dentro de este gobierno», indicó.
Además, destacó la «enorme responsabilidad de la AFIP en el proceso de declaración de quiebra y levantamiento de la quiebra de Ciccone» y agregó que el jefe del organismo, Ricardo Echegaray «debe ser de los funcionarios más escandalosamente corruptos».
Por último, consideró que «se ha hecho foco en las relaciones de amistad vicepresidente pero son más graves las relaciones políticas entre los funcionarios, que son los que ponen al desnudo la trama».
«Yo investigaría mas que la relación de Boudou con (los empresarios Juan José) Carmona y (Alejandro) Vandenbroele, la relación de Boudou con la Casa de la Moneda, el Banco Central y la AFIP», concluyó.
En tanto, ex candidato presidencial del Frente Amplio Progresista, Hermes Binner, reclamó a la justicia que actúe «rápidamente» en torno a las denuncias por presunto tráfico de influencias contra el vicepresidente Amado Boudou y sostuvo que el funcionario debería «ponerse a disposición» de la pesquisa.
El ex mandatario santafesino remarcó, en diálogo con radio Diez, que «le haría mucho bien a la democracia que Boudou se ponga a disposición de la justicia» porque eso, dijo, «nos ayudaría a no perder la confianza alrededor de la justicia».Laura Muñoz, la mujer que sabía demasiado, en Argentina para ArmarViernes 9 de Marzo del 2012 | 22:30
Hablamos con Laura Muñoz, la mujer que acusa a su exmarido, Alejandro Vandenbroele, de ser el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou. Gabriel Mariotto calificó de «operaciones» las denuncias contra Amado BoudouEl vicegobernador bonaerense defendió al vicepresidente y volvió a cargar contra los medios. Viernes 9 de Marzo del 2012 | 18:17
«Infamias»: así calificó el vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto a las denuncias que involucran al vicepresidente Amado Boudou por supuesto tráfico de influencias. Además, volvió a culpar a la prensa por lo que consideró «operaciones mediáticas» destinadas a hacer caer al Gobierno nacional. En este sentido, criticó a los diarios Clarín y La Nación.
Mariotto calificó a Boudou como un «hombre que tiene una gran sensibilidad, un gran compañero, un gran militante», en declaraciones radiales. Y atribuyó las denuncias contra el vicepresidente a su pertenencia al oficialismo: «Como todos los hombres que tienen compromiso con esta construcción política que conduce Cristina, recibe siempre una serie de críticas muy groseras, muy profundas». «Pero ya tenemos el cuero curtido», aseguró el segundo del gobierno bonaerense a cargo de Daniel Scioli. Por otra parte, justificó la demora de Boudou en salir a dar explicaciones públicassobre las acusaciones en su contra sobre presunto tráfico de influencias: «A veces no se puede andar respondiendo cuando se comentan infamias», advirtió. El vicegobernador bonaerense reflexionó: «El tema Ciccone ha tenido una exposición pública muy fuerte y Amado ha manejado los tiempos para dar cuenta con mucha responsabilidad distintas respuestas». «Yo particularmente, si tengo que salir a responder todas las cosas que se dicen que yo pienso, hago, digo, me encuentro, no tendría tiempo. Aparte, la ficción supera la realidad», concluyó Mariotto. Caso Ciccone: Ricardo Echegaray despegó a la AFIP El titular del organismo habló sobre el caso que involucra al vicepresidente Amado Boudou.Viernes 9 de Marzo del 2012 | 15:39
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, afirmó que el objetivo de la actuación de ese organismo respecto de Ciccone Calcográfica era «preservar las fuentes de trabajo» y «cobrar» los impuestos que adeudaba. Así, buscó despegar de la causa al organismo que tiene a su cargo. Echegaray afirmó que el entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, no «tomó una intervención de oficio sobre la situación de la deuda de Ciccone» sino que respondió «a una consulta de la AFIP» y por eso -dijo- en una nota «instruye qué hacer a la Administración Federal de Ingresos Públicos».Sin embargo, Echegaray sí reconoció que el organismo que él preside y el Ministerio de Economía tuvieron decisión en el plan de facilidades de pago con el que se benefició a la empresa que luego de levantar la quiebra quedó a cargo del fondo The Old Fund, ligado a Alejandro Vandenbroele. La esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, denunció ante la justicia que su marido, de quien se encuentra en proceso de separación, es «testaferro» de Boudou, quien está siendo investigado en una causa por presunto lavado de dinero y tráfico de influencia en el caso de la compañía que imprime billetes, entre otros productos.Algunas frases dichas por Echegaray «El juez Cosentino levantó la quiebra de Ciccone el 15 de julio 2010». «Quien levantó la quiebra de Ciccone fue el juez Cosentino el 3 de setiembre del 2010» a solicitud de la propia empresa, y «no de Boudou». «Porque no está dentro de sus atribuciones». «Ciccone pidió a la AFIP un plan de Pago». «Boudou no intervino en el levantamiento de la quiebra porque no era su facultad». «Tampoco gestionó nada en particular». «»Sólo buscó permitir la continuidad de la empresa para preservar las fuentes de trabajo».»Venimos trabajando muy fuerte con la Fiscalía y estamos contestando sus pedidos».»Buscamos preservar las fuentes de Trabajo». «El juez de la quiebra, sin un consentimiento nuestro, pero sí del síndico, le dio el equipamiento a Boldt».
«Boldt como contribuyente era una firma que estaba siendo investigada por la AFIP, tenía una situación sumamente difícil y había sido denunciada por evasión». «Boldt nos engañaba, usaba facturas apócrifas, falsificaba documentos públicos. Usaban sellos falsos». «Nuestra estrategia fue pedir la quiebra para cobrar». «Le pedimos al juez para que le devuelva las máquinas para cobrar». «Está claro que el abordaje mediático dista mucho de lo que es el abordaje correcto». «El caso no está cerrado. Si no cobramos todavía podemos pedir la quiebra». «Tal vez no sea yo el que debe hacer la lectura política del cuadro de situación. No nos caben dudas que el cariz que ha tomado el tema (públicamente) sin respaldo técnico es perjudicial para la comunicación con la sociedad».La empresa Boldt rechazó las acusaciones de Amado Boudou y podría demandarlo El vicepresidente había acusado a la empresa por presuntos hechos de corrupción. Jueves 8 de Marzo del 2012 | 20:30 La empresa Boldt rechazó las acusaciones que hizo el vicepresidente Amado Boudou sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción, y no descartó demandarlo «en salvaguarda del prestigio y buen nombre comercial» de la compañía. Asimismo, la compañía de juegos de azar e impresión de documentación, en una nota enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, hizo una larga explicación de su fallida actuación en el alquiler de la imprenta exCiccone. Boldt fue acusada por el vicepresidente de estar «detrás» de la denuncia y la causa judicial en la que se investiga su supuesta intervención en el trámite judicial de quiebra para quedarse con la imprenta exCiccone, por medio de la actuación de presuntos testaferros, entre ellos Alejandro Vandenbroele, actual presidente de The Old Found, el fondo que se quedó con la empresa.La empresa aclaró que «es ajena a cualquier disputa familiar o maniobra política que hubieran motivado las declaraciones periodísticas» efectuadas por el exministro de Economía. La compañía ratificó que hace «expresa reserva de ejercer los derechos, tanto en salvaguarda de nuestro prestigio y buen nombre comercial, laboriosamente obtenido a lo largo de casi 79 años de trayectoria, cuanto para remediar otras afirmaciones dolosas» que fueron reflejadas en artículos periodísticos que transcribieron las declaraciones de Boudou. En la carta a la Bolsa, Boldt explica que actúa con la misma estructura societaria desde 1977, bajo control de Antonio Angel Tabanelli, y que su intervención en el negocio de las apuestas se inició en 1983, tras lo cual, en 1993, incursionó en «la captura on-line» de apuestas.
La compañía explicó que alquiló la planta de la exCiccone, ubicada en el kilómetro 25 de la ruta Panamericana, en Don Torcuato, partido bonaerense de Tigre, luego de que «se le decretó la quiebra a pedido de la AFIP». De acuerdo a Boldt, el contrato de locación se hizo con aval de la Justicia que intervenía en la quiebra el 27 de agosto de 2010, pero «poco después, una nueva presentación de la AFIP -sin expresar las razones que hubiesen justificado su cambio de posición- produjo el levantamiento inmediato e incondicionado de la quiebra» y derivó en «la cesación» del alquiler.
La compañía detalló que tras caer el acuerdo original de alquiler, aparece como nuevo presidente de la sociedad que conduciría la restablecida Ciccone «el doctor Alejandro Vandenbroele». Boldt también indicó que, ante un pedido del Banco Central, «para imprimir billetes de 100 pesos, presentamos la mejor oferta, que resultaba económicamente un 22% más conveniente que la del siguiente oferente, a quien no obstante se le adjudicó la provisión, aduciendo que no cumplíamos con los plazos de entrega, los que el adjudicatario a su turno incumplió». En la carta, la empresa de Tabanelli resalta que la Secretaría de Comercio, en ese año 2010 a cargo de Guillermo Moreno, actuó en todo el proceso posterior a la irrupción de Vandenbroele con la aplicación de multas y el apercibimiento para dejar la planta». Según la reconstrucción de Boldt, «el 8 de julio de 2011, procedimos a restituir anticipadamente la planta concursada, quien nos adeuda un monto millonario por mejoras y aguinaldos proporcionales que pagamos a su personal». La Coalición Cívica pedirá juicio político contra Boudou Será para evaluar la «responsabilidad política» del vicepresidente en el caso de la exCiccone. Jueves 8 de Marzo del 2012 | 17:25La Coalición Cívica anunció que presentará un pedido de juicio político contra el vicepresidente Amado Boudou para evaluar la «responsabilidad política» en el caso de la exempresa Ciccone Calcográfica y el «posible ejercicio irregular de sus funciones».El secretario general del partido, Adrián Pérez, explicó que «el camino para evaluar la responsabilidad política de Boudou es el juicio político» y aclaró que «más allá de la existencia de una causa penal por tráfico de influencias y presunto lavado de dinero, es necesario que el Parlamento evalúe en forma urgente el posible ejercicio irregular de las funciones». Según Pérez, «hay una matriz de enriquecimiento, farandulización de la política y una corrupción que la Argentina arrastra de los ’90 que debemos dejar atrás para construir un país serio y desarrollado», dijo el dirigente y pidió ser «impiadosos con cualquier hecho de corrupción o tráfico de influencias».
La decisión fue tomada por la Mesa Nacional del Partido Coalición Cívica-ARI integrada por Adrián Pérez, Pablo Javkin, Alicia Terada, Griselda Baldata, Maricel Etchecoin Moro, Maximiliano Ferraro, Liliana Piani, Magdalena Odarda y Juan José Teruel, se informó en un comunicado. Aparecieron pruebas de que Boudou hizo gestiones en favor de Ciccone CalcográficaMiércoles 7 de Marzo de 2012 Para entonces, Castagno Schickendantz y Gómez Suárez acumulaban polémicos antecedentes en por lo menos dos países. En España fueron reportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Los señaló por operar sin una autorización oficial, ni registración previa, la firma financiera y de inversiones Pesmir Trading o Banco de Pesmir Trading, en la calle Colombia de Madrid.Según detalló la CNMV española, «dicha sociedad no figura inscripta en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión». (LA NACION intentó contactarse con Castagno Schickendantz y Gómez Suárez en Montevideo, lo que no fue posible.) Ambos figuran, también, vinculados a una veintena de sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos veinte años en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Y en el caso de Castagno Schickendantz, a ocho empresas identificadas en el informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los diputados nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar.Por su nombre y apellido, en particular, Castagno Schickendantz aparece en el capítulo del llamado «informe Carrió» destinado a los «bancos, compañías off shore consolidadas y « shell banks » no reconocidos» que facilitaron las presuntas operaciones de lavado. En su caso, por figurar en empresas que mantuvieron algún tipo de relación con el Banco Mercurio, relacionado a su vez con el asesinato del financista Mariano Perel y su esposa, en Cariló, el 4 de febrero de 2001. Constituida en 2010 con un capital social de 400.000 pesos uruguayos -unos 20.000 dólares al tipo de cambio de entonces-, el domicilio de Dusbel SA en Montevideo también muestra un rasgo singular. Sin que aparezcan Castagno Schickendantz o Gómez Suárez, la oficina «D» del segundo piso de Circunvalación Durango 1492, frente a la plaza Zabala, se repite en por lo menos otras quince sociedades comerciales registradas durante los últimos años.Para ingresar en la madeja societaria detrás de la «nueva Ciccone», en tanto, Dusbel SA dio pasos cuanto menos controversiales respecto al cumplimiento de varias resoluciones de la IGJ.Entre otras, la 7/2005, según indicaron dos expertos en inscripciones societarias a LA NACION. Primero, porque aportó $ 2,4 millones cuyo origen no detalló; segundo, porque logró que la Inspección General de Justicia (IGJ) aceptara su ingreso dentro de The Old Fund SA sin siquiera estar radicada en el país En esa línea, los apoderados legales de Dusbel SA sólo iniciaron de manera formal su radicación en el país, como «trámite especial», el 17 de junio de 2011, casi ocho meses después de su irrupción en The Old Fund. Lo hicieron ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, según consta en su legajo 1/184530, cuyas copias obtuvo LA NACION. Según los documentos que presentó Vandenbroele ante una escribana, el 29 de octubre de 2010 Dusbel SA adquirió el 50% de las acciones que hasta entonces monopolizaba el fondo holandés Tierras International Investments CV, que figura como ya disuelto en el Registro de Comercio de Amsterdam. Aun así, se repartieron las acciones de The Old Fund, que controla el 70% de la nueva Ciccone. Para entonces, Castagno Schickendantz y Gómez Suárez acumulaban polémicos antecedentes en por lo menos dos países. En España fueron reportados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los señaló por operar sin una autorización oficial, ni registración previa, la firma financiera y de inversiones Pesmir Trading o Banco de Pesmir Trading, en la calle Colombia de Madrid. Según detalló la CNMV española, «dicha sociedad no figura inscripta en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no está autorizada para prestar servicios de inversión». (LA NACION intentó contactarse con Castagno Schickendantz y Gómez Suárez en Montevideo, lo que no fue posible Ambos figuran, también, vinculados a una veintena de sociedades anónimas que operan o se registraron durante los últimos veinte años en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. Y en el caso de Castagno Schickendantz, a ocho empresas identificadas en el informe sobre lavado de activos que difundieron en 2001 los diputados nacionales Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar. Por su nombre y apellido, en particular, Castagno Schickendantz aparece en el capítulo del llamado «informe Carrió» destinado a los «bancos, compañías off shore consolidadas y « shell banks » no reconocidos» que facilitaron las presuntas operaciones de lavado. En su caso, por figurar en empresas que mantuvieron algún tipo de relación con el Banco Mercurio, relacionado a su vez con el asesinato del financista Mariano Perel y su esposa, en Cariló, el 4 de febrero de 2001.Constituida en 2010 con un capital social de 400.000 pesos uruguayos -unos 20.000 dólares al tipo de cambio de entonces-, el domicilio de Dusbel SA en Montevideo también muestra un rasgo singular. Sin que aparezcan Castagno Schickendantz o Gómez Suárez, la oficina «D» del segundo piso de Circunvalación Durango 1492, frente a la plaza Zabala, se repite en por lo menos otras quince sociedades comerciales registradas durante los últimos años.Para ingresar en la madeja societaria detrás de la «nueva Ciccone», en tanto, Dusbel SA dio pasos cuanto menos controversiales respecto al cumplimiento de varias resoluciones de la IGJ. Entre otras, la 7/2005, según indicaron dos expertos en inscripciones societarias a LA NACION. Primero, porque aportó $ 2,4 millones cuyo origen no detalló; segundo, porque logró que la Inspección General de Justicia (IGJ) aceptara su ingreso dentro de The Old Fund SA sin siquiera estar radicada en el país.
En esa línea, los apoderados legales de Dusbel SA sólo iniciaron de manera formal su radicación en el país, como «trámite especial», el 17 de junio de 2011, casi ocho meses después de su irrupción en The Old Fund. Lo hicieron ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, según consta en su legajo 1/184530, cuyas copias obtuvo LA NACION.
http://www.lanacion.com.ar/1458046-ciccone-surgen-vinculos-con-el-lavado-en-espana-y-aqui
El 8 de septiembre hubo otra presentación, acompañado por una transferencia bancaria de $ 1,8 millones, emitida por la firma London Supply SA, por orden y cuenta de The Old Fund. El 7 de octubre de 2010, el juez interviniente solicitó a la empresa, para el efectivo levantamiento de la quiebra, la suma de $ 3.786.753. El 14 de octubre, CVS pagó esa suma con un depósito de $ 1.986.753 de The Old Fund que, sumado al $ 1,8 millones ya entregado, completaba lo requerido. En su descargo, Vanderbroele dijo que los montos aportados por London Supply “fueron puestos a disposición de la concursa para su libre disposición en cumplimiento de obligaciones que en tal sentido habían sido contraídas entre las partes”. El 19 de octubre, el juez aceptó los fondos y el 22 CVS anunció que Vanderbroele era su nuevo presidente. Por último, en octubre de 2010, The Old Fund se asoció con Dusbel SA, una sociedad de origen uruguayo, que terminó por adquirir el 50% de su paquete accionario, con un aporte de casi $ 2,5 millones. Vanderbroele siguió siendo el presidente del directorio.
En este tejido de sociedades y en su relación con la imprenta es donde el fiscal Rívolo y el juez Rafecas vienen haciendo foco, y no tanto sobre la hipótesis del “tráfico de influencias” y la injerencia del vicepresidente. Clarín y La Nación, de todos modos, van en sentido contrario: pasaron del “Caso Ciccone” al “Caso Boudou”. <
Informe: Gustavo Montiel.
http://tiempo.infonews.com/2012/03/25/argentina-71281-caso-ciccone-verdades-y-mentiras-en-la-causa-que-agitan-clarin-y-la-nacion.php Hace menos de 1 año y medio, cuando Amado Boudou era ministro de Economía, le envió un documento oficial a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que permitiera la “continuidad” de Ciccone que ya presentaba deudas millonarias, previo a la venta de la imprenta. En menos de 24 horas, Boudou debió rectificar sus dichos a un diario y dos radios sobre que no había tenido “ninguna participación directa” en el pedido del levantamiento de quiebra. Por la noche, en declaraciones televisivas, reconoció que había enviado una nota a la AFIP para que se preservaran “las fuentes de trabajo”, según argumentó. El expediente Ciccone de la AFIP, al que accedió en exclusiva Clarín, tiene el número 1-257899-2010, la carta de Boudou es la número 154/10 y dice: “Señor Administrador: Me dirijo a usted con relación la consulta efectuada a fojas 25 de las actuaciones de la referencia del registro de esa Administración Federal de Ingresos Públicos. Al respecto, en virtud del dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Cartera que antecede y por sus fundamentos, se remiten los actuados a esa Administración Federal con el fin de que proceda a la sustanciación de la petición formulada por Ciccone Calcográfica S.A de conformidad con las atribuciones que le son propias. Sin perjuicio de ello, se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada, dentro de las atribuciones legalmente conferidas al ente recaudador y sin mengua del interés fiscal cuya tutela constituye su responsabilidad primaria, responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica”. Además, dentro del expediente que tiene la AFIP sobre la calcográfica, aparece el texto firmado por el vicepresidente, quien respaldó la propuesta del ente recaudador para que la ExCiccone, ya en manos de «The Old Fund», accediera a una importante moratoria, según publica el matutino. La causa judicial que tienen el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. Caso Ciccone: Boudou se defendió, le apuntó a Duhalde y dijo que es un montaje
Lo hizo en una entrevista con los diarios Ámbito Financiero y Página 12 por la causa que lo investiga por los supuestos delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública. Miércoles 7 de Marzo del 2012 | 08:58
Boudou habló por segunda vez del caso Ciccone. El vicepresidente se defendió de la denuncia con trámite judicial que lo vincula con el levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone Calcográfica S.A y apuntó contra el ex presidente Eduardo Duhalde y la empresa del juego Boldt. “Todo lo que se dice es una gran mentira”, reclamó y dijo que se trata de un “montaje» en su contra. El exministro de Economía eligió para su descargo al diario oficialista Página 12(ver entrevista completa), y a Ámbito Financiero tal como lo había hecho, pero esa vez sin entrar en detalles, en el programa 6,7,8 de Canal 7. En la causa se investiga si Boudou, desde su cargo, influyó para que se levante la quiebra de la ex Cicconne Calcográfica y le sea entregada a una sociedad supuestamente presidida por Alejandro Vandenbroele, supuesto nexo entre el vicepresidente y José María Núñez Carmona, amigo del exministro de Economía. “No lo conozco a Alejandro Vandenbroele”, recalcó. “Núñez es mi amigo desde los 7 años. Además es mi socio, tal cual se desprende de lo que he presentado en la Oficina Anticorrupción todos los años, no es algo que alguien tenga que investigar para conocerlo”, agregó. Laura Muñoz, esposa de Vandenbroele y en proceso de divorcio, acusó a su marido de ser el testaferro de Boudou ante el fiscal Rívolo, quien, días atrás, se trasladó a Mendoza donde vive la mujer y sumó al expediente un CD y anotaciones que le aportó la esposa de Vandenbroele. En la entrevista, el vicepresidente se mostró confiado en que la Justicia va a determinar que no tiene «nada que ver» con los hechos que se le imputan y advirtió que «se están moviendo intereses muy oscuros por detrás de toda esta trama», en la que también incluyó a los diarios Clarín y La Nación: «Hasta ahora no había hablado porque es tal la sarta de mentiras que es muy difícil ponerse a desmentir afirmaciones que, de lo propio que uno va leyendo en el tiempo, confunden funcionarios con socios de una empresa, dueños con empleados. Toda una operación construida alrededor de mentiras». «Muchas veces peleamos contra poderes ocultos, poderes que se esconden atrás de sectores de la prensa, del trabajo que hace el Grupo Clarín y el diario La Nación utilizándolos a veces para hacer trastadas políticas por ejemplo, el duhaldismo y el duhaldismo residual, a veces para hacer negocios y negociados. Y me estoy refiriendo al grupo Boldt, que está detrás de todo esto», dijo Boudou. De acuerdo a los relatos del exministro de Economía, la firma Boldt «es de la familia Tabanelli, cuyo principal operador político es el señor Guillermo Gabella». Esa empresa, dijo, «se ha ido quedando con todo el sistema de juego electrónico en la provincia de Buenos Aires sin ningún tipo de licitación. (…) Fue avanzando sobre cuestiones que el Estado podía hacer, como la impresión de padrones y pasaportes». «Lo que estamos viviendo hoy es la recuperación del Estado, de la Casa de la Moneda que ha vuelto a imprimir padrones electorales, papeles de seguridad para Lotería de la Nación. Eran todos negocios que Duhalde le fue dando a la empresa Boldt y, por lo tanto, está atrás de toda la operación mediática», indicó. “¿Por qué dejó pasar tanto tiempo sin responder sobre las acusaciones que se le hicieron sobre este tema?”, le preguntaron. “Esto es un montaje que realizó el diario Clarín junto con La Nación y la colaboración de Perfil también. Yo no suelo prestarme a la agenda que plantean estos medios, que es una agenda claramente intencionada contra el Gobierno como jefes de una oposición que no está planteada desde la política, sino desde un grupo económico concentrado. Pero viendo todo lo que fue saliendo y que ya hay una causa, creo que es el momento adecuado para salir a contar estas cosas. Que el pueblo argentino sepa que se están moviendo intereses muy oscuros por detrás de toda esta trama, que siempre encuentran la forma de no poner la cara”, reiteró y afirmó Boudou. Ese lunes, cerca de las 12.30, el juzgado de Norberto Oyarbide notificó al de su parDaniel Rafecas la decisión de no avanzar en una puja por competencia en el caso Ciccone. Rafecas ya dio intervención al fiscal Carlos Rívolo. «Ahora hay una sola causa», le dijo a TN.com.ar una alta fuente judicial.
Para Macri, «Boudou debería dar explicaciones»
El jefe de gobierno porteño se refirió a la denuncia contra el vicepresidente, por la causa de la exCiccone.
Martes 6 de Marzo del 2012 | 23:30
«Boudou debería dar explicaciones» declaró el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, en referencia al caso de la empresa exCiccone Calcográfica. «A mí me hicieron una maniobra con lo de las escuchas y me senté a hablar con la prensa», agregó el funcionario, en este sentido. Macri cuestionó la decisión del vicepresidente respecto del escándalo por la causa, y explicó que «debería dar explicaciones» a los medios de comunicación, al igual que él lo hizo en la causa por las escuchas ilegales.
«La verdad que mas allá de las denuncias que tiene en su contra, es la actitud que él ha tomado. Uno tiene que explica, tiene que sentarse delante de la prensa. A mí me hicieron una maniobra con lo de las escuchas y me senté a hablar con la prensa, enfrenté las cosas que dijeron los jueces. El tendría que dar explicaciones»,destacó Macri.
Al vicepresidente se lo investiga por el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», mientras que la figura de «lavado de dinero» apunta a su amigo, Alejandro Vandenbroele, sindicado por Laura Muñoz, exmujer de éste, como un testaferro del compañero de la presidenta Cristina Kirchner.
Ciccone: el fiscal confirmó que investiga si Boudou incidió en el levantamiento de la quiebra Comunicado de la AFIP acerca del caso Ciccone, Boldt y Amado Boudou:
http://pulenta-con-pajaritos.blogspot.com/2012/03/oposicion-en-la-banquina.html Carlos Rívolo dijo que la imputación sería «lavado de dinero».
Martes 6 de Marzo del 2012 | 11:35
El fiscal federal Carlos Rívolo confirmó que «en el inicio de la investigación» está averiguando si el vicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, «eventualmente ha tenido algo que ver desde su cargo» con el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. «Si hubo alguna decisión (de Boudou) con esto que aparece tan sospechoso, y hay que investigar, como fue el cambio de parecer de la AFIP pidiendo la quiebra (de Ciccone) y después levantándola, en un cambio de criterio, aceptando un pago excepcional», explicó. Dijo que la investigación contiene dos posibles hechos: «la negociación incompatible con el ejercicio de la función pública que pudieron haber tenido algunos funcionarios vinculados con el levantamiento de la quiebra (de la ex Ciccone) o este contrato trunco para la realización de los billetes de 100 pesos».
«Y el otro (hecho), el origen del dinero con que se levantó la quiebra, con lo cual para nosotros en el inicio de la investigación esto no tiene una justificación y forma parte de una imputación que se llama ‘lavado de dinero'», señaló a Radio Continental. Rívolo dijo que «no es inminente» un dictamen de la Fiscalía porque, indicó: «Estamos empezando a revisar expedientes engorrosos con las decisiones que se han tomado alrededor de la quiebra de la empresa Ciccone por parte de otros organismos del Estado, con expedientes de la AFIP».
Ciccone: Oyarbide se declaró incompetente y la causa quedó en manos de Rafecas
«Ahora hay una sola causa», le dijo a TN.com.ar una alta fuente judicial.
Lunes 5 de Marzo del 2012 | 13:58
El juez federal Norberto Oyarbide se declaró incompetente en la causa contra el vicepresidente Amado Boudou, por los supuestos delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública con el llamado «caso Ciccone», informaron a TN.com.ar fuentes judiciales.
Cerca de las 12.30, el juzgado de Oyarbide notificó al de su par Daniel Rafecas la decisión de no avanzar en una puja por competencia. Rafecas ya dio intervención al fiscal Carlos Rívolo. «Ahora hay una sola causa», le dijo a TN.com.ar una alta fuente judicial.
Había sido el fiscal Jorge Di Lello quien le había pedido a Oyarbide que certificara qué denuncia había ingresado primero en la Justicia y cuál de los dos estaba en mayor estado de avance para resolver si pedía el expediente o no.
Oyarbide recibió en diciembre pasado la primera denuncia, que archivó y reabrió hace dos semanas, pero la que tramita Rívolo, delegada por el juez Rafecas, está más avanzada ya que tomó declaraciones testimoniales y le pidió informes al Estado.
Se trataba de los dos criterios a tener en cuenta para unificar una causa cuando hay más de una denuncia sobre el mismo hecho, que no puede ser investigado por dos jueces.
Si Oyarbide reclamaba la causa para sí y Rafecas se oponía, hubiera sido la Cámara Federal la que debía resolver cuál de los jueces se quedaba, definitivamente, con la investigación contra Boudou.
En la causa se investiga si Boudou, desde su cargo, influyó para que se levante la quiebra de la ex Cicconne Calcográfica y le sea entregada a una sociedad supuestamente presidida por Alejandro Vandenbroele, supuesto nexo entre el vicepresidente y José María Núñez Carmona, amigo del ex ministro de Economía.
Laura Muñoz, esposa de Vandenbroele y en proceso de divorcio, acusó a su marido de ser el testaferro de Boudou ante el fiscal Rívolo, quien se trasladó a Mendoza donde vive la mujer y sumó al expediente un CD y anotaciones que le aportó la esposa de Vandenbroele. El fiscal solicitó la semana pasada informes a la AFIP, la Secretaría de Comercio y Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (UFITCO) sobre la quiebra de la ex Ciccone. Ciccone: analizan si Echegaray y Moreno están implicados
La causa judicial analiza los papeles del titular de la AFIP y del Secretario de Comercio Interior en la causa en la que se investiga al vicepresidente Boudou.
Viernes 2 de Marzo del 2012 | 19:32 http://www.lanacion.com.ar/1448573-moreno-otro-involucrado-en-la-ayuda-a-la-ex-ciccone La investigación judicial sobre el vicepresidente Amado Boudou en la quiebra de la exempresa Ciccone Calcográfica podría salpicar al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Es que el fiscalCarlos Rívolo, a cargo de la investigación, espera los detalles del procedimiento que se abrió en AFIP para pedir la quiebra judicial de la empresa y luego dar marcha atrás con el pedido. La causa judicial, a cargo del juez comercial Javier Cosentino, confirmará si, como se sospecha, en este caso «la AFIP utilizó un procedimiento de excepción que nunca antes había utilizado», se señaló. El fiscal Rívolo aseguró que, de ser así, se convertiría «en un elemento llamativo» para la investigación judicial que se abrió para establecer si hubo irregularidades en la quiebra de ese expediente y la posterior recomendación de esa empresa para la impresión de billetes de 100 pesos valuados en 50 millones de dólares. Por lo pronto, el fiscal confirmó que se investiga al vicepresidente por el delito de «negociaciones incompatibles con la función pública», mientras que la figura de «lavado de dinero» apunta a su amigo, Alejandro Vandenbroele, sindicado por la exmujer de éste como un testaferro del compañero de la presidenta Cristina Kirchner. El escenario sobre la frustrada impresión de billetes quedaría contenido en un delito de «estafa» en grado de tentativa, ya que la difusión de las noticias periodísticas sobre este caso habría actuado como «una cuestión profiláctica para que esos contratos no se llevaron adelante», explicó el fiscal.
En ese sentido, el fiscal confirmó que «el área a cargo de Moreno intervino» en la adjudicación de una planta impresora que pertenecía a la quebrada Ciccone y luego fue a manos de la empresa Bolt S.A. El fiscal quiere detalles sobre ese procedimientos, pero aun no recibió los informes que le solicitó oficialmente a la Secretaría de Comercio para esclarecer cómo fueron los hechos.
Según la hipótesis inicial, el vicepresidente y un grupo de amigos habrían intervenido en comprar la empresa quebrada, tras una deuda con la AFIP por 240 millones de pesos. Pero la AFIP habría recomendado luego el levantamiento de la quiebra, que fue comprada por una sociedad vinculada a Vandenbroele, amigo de la infancia de Boudou. En la investigación también aparece nombrado José María Núñez Carmona, otro amigo del exministro de Economía, y una firma de nombre London Supply, relacionada a un departamento en el barrio de Puerto Madero que ocupa Boudou. Mientras Rívolo avanza para armar en un expediente el rompecabezas, el juez Norberto Oyarbide debe resolver si acepta abandonar la causa que se había abierto en su juzgado en diciembre pasado pidiendo investigar la quiebra de Ciccone. El fiscal Jorge Di Lello le recomendó a Oyarbide que la denuncia radicada en ese juzgado por un particular llamado Jorge Pacífico se anexe a la pesquisa que ya lleva adelante el fiscal Rívolo y el juez Daniel Rafecas. Según ese criterio, ambas tiene un mismo objeto procesal pero el fiscal Rívolo ya cuenta con su investigación avanzada y por lo tanto debería quedar en sus manos. Fiscal del caso Ciccone: «No me va a temblar el pulso para hacer una imputación»
Dijo que el testimonio de Laura Muñoz es «valioso» y reveló que la mujer entregó pruebas importantes.
Jueves 1 de Marzo del 2012 | 23:28
Carlos Rivolo, el fiscal que investiga la causa Ciccone, en la que estaría involucrado el vicepresidente, Amado Boudou, afirmó que el testimonio de Laura Muñoz es “valioso” porque “es certero en varias cuestiones”. Afirmó que la exesposa de Alejandro Paul Vanderbroele, el supuesto testaferro de Boudou, basó sus palabras “en documentación y en elementos” que proveyó a la fiscalía. Aunque no quiso revelar exactamente de qué se trataría esa información, Rívolo explicó que serían fotocopias que contienen anotaciones y un cd en el que habría una grabación vinculada con su marido. “Lo que nos toca como fiscales es tratar de reunir los elementos de prueba. Estamos investigando sobre lo que nosotros consideramos que son bases ciertas para la apertura de un caso”, indicó el fiscal.
Luego explicó de qué se trata el caso: “Lo que hay es un proceso por el cual un grupo de gente se hace cargo del levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone de una manera por lo menos sospechosa. Porque quien se hace cargo de levantar el primer monto no tendría la condición económica para hacerlo”. Esta persona es Vanderbroele, quien figuraría como mono tributista.
Rivolo detalló que los testimonios darían cuenta de “ciertas relaciones de esta gente con algunos funcionarios públicos, específicamente con Amado Boudou”.
El fiscal indicó que “no hubo elementos contradictorios” en la declaración de Laura Muñoz.
“La sospecha que se tiene es que el levantamiento de esta empresa venía aunado a que Ciccone podía producir 700 millones de billetes de 100 pesos. La puesta en conocimiento de esto ha frenado esta cuestión”, reveló.
Rivolo explicó que es posible que la causa pase a manos del juez Oyarbide. Indicó además que le gustaría obtener una resolución de la causa lo antes posible. “En este caso, y teniendo en cuenta una de las personas que está involucrada, nada más y nada a menos que el Vicepresidente, nos hemos puesto la meta de tratar de terminar este expediente de la manera más pronta posible. No podemos tener esta causa en la nebulosa, in eternum”, afirmó.
“Yo pretendo que esto no se eternice, por el bien de la República. No me va a temblar el pulso en decir que hay que hacer una imputación o no”, aseguró Rívolo, y agregó: “Se nos presenta una oportunidad en nuestra fiscalía para honrar al sistema”. ¿Oyarbide al frente de la investigación por Ciccone?
El juez federal podría hacerse cargo de la causa que involucra al vicepresidente, Amado Boudou.
Viernes 24 de Febrero del 2012 | 02:33 La investigación por la compra de la exCiccone Calcográfica acaba de empezar y ya podría cambiar de manos en caso que prospere una iniciativa del juez federal, Norberto Oyarbide, quien reflotó una causa que tenía a su cargo por la venta de la empresa.
Según publica el diario Clarín, esta semana Oyarbide recordó que tenía en su juzgado una presentación realizada en diciembre pasado por un particular, que solicitaba se investigue la venta de Ciccone. Al tomar trascendencia una nueva investigación, Oyarbide habría decidido reactivar el expediente a su cargo y, en caso de prosperar, podría quedar al frente de toda la investigación que incluye la presunta participación del vicepresidente, Amado Boudou, en la compra, a través de testaferros, de la única empresa que puede imprimir billetes en el país. Sin embargo, se daría una disputa entre Oyarbide y Daniel Rafecas, el magistrado que avanza con la nueva causa, ya que, el expediente a cargo de Oyarbide es parainvestigar si los dueños de la exCiccone cometieron el delito de evación agravada y lavado de activos. En ese expediente no se nombra a Boudou. Mientras que la causa que sigue Rafecas, se basa en una denuncia presentada contra Boudou bajo la figura de violación de los deberes de funcionarios públicos. El fiscal investiga a Boudou por supuesto lavado en el caso Ciccone
Pidió documentación relacionada a la quiebra de la compañía. Busca determinar si el vicepresidente participó de la compra. Viernes 24 de Febrero del 2012 | 01:29 El fiscal federal Carlos Rívolo avanzó con la investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou por su presunta participación en la compra de la empresa ex Ciccone Calcográfica.
Fuentes judiciales informaron que Rívolo comenzó formalmente a investigar en la causa al solicitar copia del expediente judicial que levantó la quiebra de la empresa, después de lo cual la compañía quedó en manos de The Old Fund S.A., cuyo titular es Alejandro Vandenbroele, amigo de la infancia de Boudou.
Puntualmente, Rívolo quiere saber si Boudou y un grupo de amigos pudieron haber cometido los delitos de lavado de dinero. Al vicepresidente también lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo sería «el testaferro de Boudou».
También le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el expediente en el que se pidió la quiebra de la empresa, mientras que a la Secretaría de Comercio a cargo de Guillermo Moreno le requirió copia de la resolución por la cual le entregó a Ciccone la planta impresora que alquilaba otra empresa.
Por otra parte, el Ministerio Público también requirió presentaciones que se hicieron en la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (UFITCO). Con esos informes, el fiscal analizará la situación de la exCiccone y evaluará si hay indicios para vincular a Boudou con el levantamiento de la quiebra y su compra.
Rívolo tiene la causa delegada por el juez federal Daniel Rafecas, iniciada sobre la base de las denuncias que presentaron los abogados Jorge Vitale y Ricardo Monner Sans.
La AFIP había pedido la quiebra de Ciccone Calcográfica y en septiembre de 2010 el juez comercial Javier Cosentino la levantó a favor de The Old Fun S.A., después del pago de 567 mil pesos. Como titular de The Old Fun figura Vandenbroele, amigo de Boudou y a quien vinculan como la persona que manejaría los negocios del vicepresidente.
Las claves económicas del día
Internas por el caso Ciccone, gremios con reclamos y reunión clave de la UIA. Internas por el negociado del caso Ciccone.
El BCRA no aceptaría contratar a la empresa The Old Fund para la impresión de billetes. Críticas del ministro del Interior al vicepresidente Amado Boudou.
-Los gremios fortalecerán sus pedidos de aumento salariales y usan como excusa el salariazo en el Parlamento.
-Reunión clave en la UIA para tratar tema importaciones. Los empresarios le piden a Ignacio de Mendiguren que endurezca la posición. El Banco Central tiene nuevo gerente general. Es Matías Kulfas, quien reemplazará a Benigno Vélez. Miércoles 22 de Febrero del 2012 | 18:53
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que Matías Kulfas fue designado Gerente General de la institución.
Kulfas reemplaza a Benigno Vélez, quien deja ese cargo luego de un controvertido proceso, vinculado a la impresión de papel moneda y que derivó en una investigación en la que estaría involucrado el vicepresidente Amado Boudou
