Para el presidente del CNA, Juan Carlos Araúz, el debate del proyecto 625 está estancado por la ausencia de un documento corregido por parte del Ministerio de Seguridad.
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Diversos juristas del país expresaron su rechazo al proyecto de ley 625 que establece la jurisdicción de extinción de dominio en el país, y cuestionaron las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, en las que urgió a la Asamblea Nacional a debatir y aprobar este proyecto.
“Estados Unidos urge a la Asamblea Nacional a que siga el debido proceso, tenga los debates que tenga que tener, pero al fin y al cabo apruebe esta ley. Este es un mensaje bien importante que Panamá puede enviar no solo a los criminales y organizaciones criminales, sino también al resto de la región y a todas las agencias regulatorias que velan por la transparencia”, precisó Aponte el pasado miércoles durante un acto de entrega de escáneres adquiridos con fondos provenientes del decomiso, en un caso de lavado de dinero que resultó de una cooperación entre Estados Unidos y Panamá.
Estas declaraciones generaron molestia y rechazo en juristas locales.
En tal sentido, el abogado César Ruiloba calificó como desafortunadas estas declaraciones, tras considerar, desde su punto de vista, que violan los protocolos de la diplomacia e intentan, desde la gestión de los intereses de Estados Unidos, determinar la suerte de la legislación jurídica panameña, “eso bajo ningún concepto es permisible”, dijo.
“Hay una injerencia velada y nosotros rechazamos esa injerencia velada. Bajo ningún concepto debemos permitir este tipo de manifestaciones”, indicó.
En torno al proyecto en sí, Ruiloba lo calificó como un mamotreto jurídico que, asegura, viola principios constitucionales y legales que forman parte de los cimientos de nuestras legislación jurídica por más de cien años.
“El proyecto varía la concepción de la legitimidad de los bienes patrimoniales presumiendo que son ilícitos; eso es un exabrupto y eso es lo que conlleva este proyecto”, precisó.
Añadió que avala cualquier iniciativa que tenga que ver con el ataque al crimen organizado, siempre y cuando ese instrumento no vaya en contra de nuestra legislación y los fundamentos de nuestras estructuras jurídicas.
“Mi consejo es que el ministro de Seguridad retire el proyecto, y se discuta. Que construyamos un proyecto que tenga sentido, que le convenga al país, y que forme parte de la lógica de nuestras realidades jurídicas”, explicó.
Por su parte, el también abogado Alfonso Fraguela expresó que con este proyecto de ley debe hacerse un análisis muy minucioso, ya que el que fue presentado inicialmente tenía situaciones o hechos que vulneran tanto la Constitución Política, como la presunción de inocencia de las personas, es decir, viola garantías constitucionales previamente establecidas.
“Entiendo que lo que se ha tratado de presentar con esta propuesta es ocasionar un gran impacto en la estructura económica del crimen organizado, pero no podemos vulnerar derechos de personas ni tampoco garantías constitucionales porque, sobre todo, debe primar la Constitución, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales en ese sentido», precisó.
Consideró que es importante destacar que se hace necesario un estudio muy minucioso de esa propuesta, a fin de que sea adecuada y se respeten las garantías constitucionales del individuo.
Fraguela manifestó además que las declaraciones de la embajadora Aponte, efectivamente, representan una clara injerencia en la política y el aspecto de la soberanía de nuestro país.
“Yo creo que no se puede pretender con ello actuar de esa manera, siendo un representante diplomático de nuestro país, y no puede establecer directrices en que el país debe funcionar para la complacencia de ellos”, sostuvo el jurista.
Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, precisó que los temas del narcotráfico y del crimen organizado son de preocupación regional, por lo que asegura, no debemos concentrarnos en que si son declaraciones intervencionistas o no.
“Son preocupaciones que afectan a toda la sociedad y estamos unidos por un vínculo a una comunidad internacional. En ese sentido, las voces de preocupación por lo que se está dando en el crimen organizado y el narcotráfico deben ser escuchadas y atendidas”, precisó.
Araúz, en cuanto al contenido del proyecto de ley, sostuvo que el debate está en manos del Ministerio de Seguridad que quedó con la tarea de preparar un documento nuevo que incluya las observaciones, que limite al catálogo de delitos a los cuales la figura de la extinción de dominio sería aplicable, y de esa manera poner en blanco y negro una legislación acorde con las exigencias y las recomendaciones que se han aportado, para entonces entrar al debate político de la pertinencia o no.
Manifestó que cree que el debate del proyecto está estancado en la Asamblea por la ausencia de un documento corregido del Ministerio de Seguridad.
Por su parte, el diputado Leandro Ávila, presidente de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, instancia en la que está el proyecto de ley, expresó que esta comisión hará las cosas en la medida de sus posibilidades. “Vamos a desenredar ese proyecto porque es una cuestión que tiene mil artículos y todos comprometedores. Se viola la presunción de inocencia, se viola la propiedad privada, y no lo digo yo, lo dicen todos los juristas de este país”, indicó.
Manifestó que Aponte, como embajadora de EE.UU. en Panamá, debe tener conocimiento sobre la separación de los poderes, y resaltó que cada país toma sus decisiones.
“A la gente en este país le gusta eso, cuando el imperio habla que todo el mundo salga corriendo, pero la Asamblea Nacional no va a hacer eso… creo que ella, como miembro del cuerpo diplomático, sabe que en el Estado panameño está la separación de poderes, pero a nivel internacional cada país debe tomar las decisiones que más le convengan”, dijo Ávila.
