La Audiencia de Palma ha absuelto a 40 de los 52 acusados en el mayor proceso por narcotráfico de la historia de Baleares, conocido como ‘caso Kabul’, el declarar nulas las escuchas telefónicas que permitieron incriminar a la gran mayoría de los encausados.Entre los absueltos está Francisca Cortés Picazo, conocida como ‘la Paca’, antigua matriarca del poblado chabolista de Son Banya de Palma, ya encarcelada por otros delitos y que en este juicio se enfrentaba a una petición de pena de 19 años y medio de cárcel por diversas acusaciones en relación a una trama múltiple de tráfico de cocaína y heroína en Mallorca e Ibiza. La sentencia estima que intervenir comunicaciones no puede hacerse basándose en suposiciones sobre la participación en delitos de los afectadosEn una sentencia notificada este lunes, la sección segunda de la Audiencia provincial dicta condenas de entre 7 y 3 años de prisión por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) para diez personas y de un año de cárcel para otro de los procesados, en este caso por tenencia ilícita de armas, mientras que deja en suspenso la petición fiscal de sobreseimiento respecto a otro acusado.En el juicio, que dio comienzo en enero en unas dependencias especialmente habilitadas en un polígono industrial de Palma y concluyó a principios de abril, la Fiscalía solicitó para los acusados penas que sumaban casi 700 años de prisión y multas que rondaban, en total, los 29 millones de euros.Las penas finalmente impuestas, todas atenuadas por «dilaciones indebidas» en el proceso, suman 56 años y medio de cárcel y las multas ascienden a 4,4 millones de euros.La sala segunda de la Audiencia provincial, que preside Diego Jesús Gómez-Reino, respalda su decisión de anular las escuchas telefónicas autorizadas por el juez instructor en una sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recalca que la intervención de las comunicaciones no puede basarse en suposiciones sobre la participación en delitos de los afectados.»Las escuchas constituían una medida de prospección» que no se motivó suficientemente por el instructor y, además, los investigadores no sopesaron «solicitar judicialmente una medida inicial menos invasiva», argumentan los magistrados, que ponen de relieve que ni siquiera se hicieron seguimientos físicos a los supuestos traficantes «pinchados».La sala atribuye al juez instructor el papel de «mero espectador» que dio «el visto bueno» a la petición de los investigadores policiales «sin poner el más mínimo reparo», lo que ha devenido en la nulidad tanto de las primeras escuchas como de las derivadas de la información obtenida en ellas.El mayor juicio contra el narcotráfico en Baleares, en el que 55 acusados se enfrentan a una petición total de 690 años de prisión y 29,4 millones de euros de multa, prevé quedar visto para sentencia el próximo 5 de abril. Ante el gran número de inculpados y partes personadas, la vista oral tiene lugar en una sala cedida por el Govern al Tribunal de Justicia de Baleares (TSJIB), en el Polígono Son Rossinyol de Palma.La Paca’ y su clan, en el banquillo en el mayor juicio contra el narcotráfico en BalearesEntre los reos se encuentra Francisca Cortés, ‘La Paca’, matriarca del principal clan de narcotraficantes del poblado de Son Banya, así como el resto de miembros de varias seis bandas dedicadas a la distribución y venta de drogas en pequeñas cantidades, y cuya existencia fue constatada tras una larga investigación policial con múltiples intervenciones judiciales de las comunicaciones de los numerosos procesados. En concreto, en el caso de ‘La Paca’, el Ministerio Público solicita 19 años y medio de prisión y una multa de 900.000 euros por un delito contra la salud pública y dos de receptación.Se da la circunstancia de que la matriarca cumple condena en el centro penitenciario de Palma por el llamado caso Son Banya, en el que fue sentenciada a 22 años y tres meses de cárcel por cuatro delitos de detención ilegal, uno de blanqueo de capitales, cohecho, amenazas y otro de inducción al falso testimonio.El juicio del denominado caso Kabul arrancó el pasado 14 de enero con la fase de cuestiones previas, si bien en el calendario previsto se han introducido diversas modificaciones. De esta forma, si no se producen nuevos cambios, restan un total de cuatro sesiones para que la vista oral se dé por finalizada.
Así, está previsto que este viernes se practique el resto de prueba pericial pendiente, la prueba documental y se expongan las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal, mientras que el lunes 18 tendrán lugar las conclusiones de las defensas así como el informe final del Ministerio Fiscal.
Finalmente, los días 3 y 5 de abril serán expuestos los informes de las defensas y los acusados podrán hacer uso del turno a la última palabra, para quedar finalmente visto para sentencia.
En concreto, los procesados se sientan en el banquillo por presuntamente introducir en Mallorca e Ibiza ingentes cantidades de cocaína, heroína y cannabis para su distribución a diferentes organizaciones.
Entre los reos se encuentra Francisca Cortés ‘La Paca’, matriarca del principal clan de narcotraficantes del poblado de Son Banya, así como el resto de miembros de varias seis bandas dedicadas a la distribución y venta de drogas en pequeñas cantidades, y cuya existencia fue constatada tras una larga investigación policial con múltiples intervenciones judiciales de las comunicaciones de los numerosos procesados.
En concreto, en el caso de ‘La Paca’ el Ministerio Público solicita 19 años y medio de prisión y una multa de 900.000 euros por un delito contra la salud pública y dos de receptación. Se da la circunstancia de que la matriarca cumple condena en el centro penitenciario de Palma por el llamado caso Son Banya, en el que fue sentenciada a 22 años y tres meses de cárcel por cuatro delitos de detención ilegal, uno de blanqueo de capitales, cohecho, amenazas y otro de inducción al falso testimonio.
El patio andaba revuelto el pasado jueves en el juicio del caso Kabul. Antes de que comenzara la vista se produjo un revuelo entre algunos de los procesados que están presos al recibir una inesperada noticia por parte de un familiar, también acusado pero en libertad. Era una cuestión de honor: una niña de 12 años había mantenido relaciones con un muchacho de otro clan. Entre indignados y escandalizados, los allegados a la menor realizaron una especie de cónclave para analizar la situación y decidir los pasos a seguir. Algunos apostaban por concertar una boda entre los menores, pero otros se oponían radicalmente porque las relaciones con la otra familia no son del todo buenas. La reunión tuvo algunos momentos de excitación en los que tuvo que mediar la Policía. En cuanto comenzó la vista, la situación se calmó.
«200.000 euros para esto»
En la misma sesión del juicio, el presidente del tribunal se desesperó por los problemas que surgieron al intentar realizar una videoconferencia. Debía declarar una agente de la Guardia Civil que participó en los seguimientos y vigilancias a varios sospechosos en Eivissa. Pero la tecnología falló y no había forma de conectar. El magistrado, tras varios intentos fallidos, decidió suspender la vista durante media hora hasta que los problemas técnicos fueran solventados. «200.000 euros para esto», se lamentó el juez. Y es que, como publicó DIARIO de MALLORCA, El ministerio de Justicia ha gastado 222.000 euros en acondicionar la sala de la Escola Balear d´Administració Pública (EBAP) donde se celebra el macrojuicio. Finalmente, los informáticos lograron solventar el problema y la agente pudo ser interrogada.
Lío en el hospital por una bici
El pasado domingo, un joven acudió al hospital Son Llàtzer para visitar a un amigo que estaba ingresado. Llevaba una bici y entró en el recinto llevándola a su lado. Los vigilantes de seguridad lo interceptaron y le dijeron que no podía entrar con el vehículo. A partir de ahí, las versiones sobre lo ocurrido son contradictorias. El joven asegura que los vigilantes le increparon y lo echaron de malos modos. Tras intentar acceder de nuevo por otro lugar, volvieron a sorprenderlo, lo cogieron del cuello y lo tiraron contra una cristalera, por lo que acudió a la Policía para denunciar lo ocurrido. La empresa para la que trabajan los vigilantes, por contra, asegura que fue él quien se autolesionó y que los trabajadores se limitaron a decirle que no podía entrar con la bici.
Vuelta a las andadas
Hace unas semanas, un hombre acudió a la Policía para denunciar a varios familiares de su exmujer y a un anciano de 74 años, a los que acusaba de haberle agredido y atracado. Los agentes encargados del caso pusieron en marcha una investigación y acabaron deteniendo a la supuesta víctima por denuncia falsa. Según parece, tiene celos del septuagenario porque sospecha que mantiene una relación con su expareja. El pasado fin de semana, el acusado volvió a acudir a la Policía y aseguró que el anciano se había presentado en su casa, armado con un cuchillo, y le había amenazado de muerte. Los agentes volverán a investigar si lo que cuenta es cierto o un nuevo intento de crear problemas a su rival.
Vándalos en la playa
La Policía Local de Palma tuvo que acudir ayer a la playa de Can Pere Antoni. Varios ciudadanos alertaron de que de un grupo de jóvenes estaba vaciando varios extintores en la arena. Al parecer, los chavales se habían colado en el cercano y abandonado edificio de Gesa –¿dónde si no?– y cogieron allí los equipos de extinción.
Bomberos antidesahucios
La marea ciudadana contra los desahucios de familias que no pueden hacer frente a los pagos de la hipoteca sigue extendiéndose. Los Bombers de Palma y sus colegas de Menorca han anunciado ya formalmente que no participarán en ellos. «Rescatamos personas, no bancos», es el lema de una campaña que poco a poco va ganando adeptos a lo largo y ancho de todo el país. Los bomberos no quieren que se les utilice para dejar en la calle a quienes peor lo pasan con la crisis.Condenados dos exdirectivos del Banco de Kabul por fraude multimillonarioUn tribunal afgano dictó hoy penas de prisión y de pago de indemnizaciones para dos exdirectivos del Banco de Kabul por el escándalo que en 2010 sacudió a la entidad con un fraude de 935 millones de dólares, afirmó una fuente judicial.
El expresidente de la entidad Khan Farnud y el exdirector general Khalil Ferozi fueron condenados a cinco años de prisión cada uno, así como a devolver al banco, respectivamente, 278 y 530 millones de dólares, de acuerdo con la sentencia leída por el juez Shamsurrahmán Shamssaid.
Durante la lectura del veredicto se hallaban presentes en el tribunal otros 16 acusados vinculados con el caso de corrupción en el Banco de Kabul, que fueron sentenciados a penas de prisión de entre seis meses y cuatro años.
El Comité de Control y Evaluación (MEC) presentó un informe el pasado mes de noviembre, días después del inicio del juicio, en el que explicó que gran parte de los fondos malversados, un 92 por ciento, fueron destinados «a beneficiar a 19 compañías o individuos».
Sin embargo, de acuerdo con el MEC, la Fiscalía no acusó finalmente a «oficiales de firmas contables que crearon documentos falsos, empleados de aerolíneas que ayudaron a mover el dinero o accionistas» del banco que participaron en la trama corrupta.
El Banco de Kabul estuvo a punto de quebrar en septiembre de 2010, cuando cientos de clientes acudieron a la vez a retirar sus fondos de la entidad, tras saberse que Farnud y Ferozi habían dimitido por corrupción y malversación de fondos.
Las autoridades descubrieron luego que varios accionistas se habían valido de créditos fraudulentos para desviar cientos de millones de dólares a sus cuentas y adquirir propiedades en Dubái.Los fiscales mantienen penas muy duras para los cabecillas de los clanes del ‘caso Kabul’
De los principales acusados en el macrojuicio, sólo ‘El Moreno’ y ‘El Farru’ tienen una rebaja importante en su petición de condena
V. Malagón | Palma | 16/03/2013La Fiscalía rebaja la presión, pero muy poco. Los principales cabecillas de los cinco clanes de narcotráfico que se sientan en el banquillo del ‘caso Kabul’ hacen frente a penas de más de quince años de cárcel. 18 años y tres meses en el caso de ‘La Paca’ que se convierte en la procesada a la que más pena se solicita.
El escrito de calificación definitiva los fiscales Adrián Salazar y Julio Cano retira, eso sí, la acusación a seis acusados, tal y como adelantó ayer este diario. Se trata de las hermanas de ‘La Parrala’, una hermana y una cuñada de ‘La Paca’ y uno de los implicados en la ramificación en Eivissa de la trama. La acusación no ha encontrado a lo largo del juicio elementos para mantener los cargos contra éstos procesados, defendidos por los letrados Gaspar Oliver, David Salvà y Juan Carlos Peiró. Durante el juicio ya se archivó la causa contra otra acusada al quedar acreditado que por una discapacidad psíquica era inimputable.
En lo esencial se mantiene el mismo relato de hechos que al inicio del juicio, si bien se matiza el papel de alguno de los acusados. Así, ‘El Moreno’ ya no aparece al mismo nivel de ‘La Paca’ y se le piden ocho años menos de prisión. Algo similar ocurre con ‘El Farru’ que pasa también a tener un papel subalterno en el ‘clan del Moisés’. Otro de los cambios es que se reduce el número de delitos de receptación de los que se acusa.
De los 46 acusados que permanecen en el juicio, sólo uno conformará su pena con el fiscal. Se trata de un alemán que está acusado de tenencia ilícita de armas y al que se solicita ahora un año de prisión. Su hijo, amigo íntimo de ‘El Ico’ -hijo de ‘La Paca’- está acusado de tráfico de drogas.
Además de la presentación del escrito de calificación definitiva del fiscal, en la sesión de ayer declararon más agentes de la científica de la Guardia Civil sobre las huellas dactilares de uno de los hermanos Montero Jodorovich y de ‘El Pony’ que se encontraron en un cargamento de tres kilogramos de cocaína incautados en el puerto de Palma. Las defensas cuestionan estas huellas porque un primer análisis no detectó coincidencias. Más tarde sí se identificaron a los acusados en una segunda prueba. Más tarde, otra pericial confirmaba la anterior, si bien cambiaba la identidad de una de las marcas.
El próximo lunes los fiscales pronunciarán su alegato. La causa continuará después de Semana Santa: el tres y el cinco de abril será el turno para que las defensas informen y para que los acusados puedan decir la última palabra.Justicia ha gastado 220.000 euros en acondicionar la sala del caso Kabul
La Escola Balear d´Administració Pública ha cedido gratis el espacio, por lo que todo el dispendio se refiere al mobiliario e instalaciones informáticas y audiovisuales – Está previsto que el recinto albergue otros juicios de características especiales
24.02.2013 | 06:30
En el recinto hay un centenar de sillas, así como mesas dotadas con micrófonos. manu mielniezuk
xavier peris Palma El ministerio de Justicia ha gastado 220.000 euros en acondicionar la sala de la Escola Balear d´Administració Pública (EBAP) que está albergando el juicio del caso Kabul, el mayor proceso contra el narcotráfico de la historia de Balears. El gerente territorial de ministerio, Antonio Gómez, explicó que se trata de una cifra aproximada, ya que las obras han sido gestionadas directamente por Madrid. De esta cantidad, la mayor parte iría dedicada a las instalaciones informáticas, de megafonía y videoconferencia; y al mobiliario, que supondrían más de 120.000 euros.
Según las explicaciones facilitadas por Antonio Gómez, hace varios años se hizo patente la necesidad de acondicionar un espacio en el que se pudieran celebrar macrojuicios como el del caso Kabul, en el que se sientan en el banquillo 55 acusados, presuntos miembros de seis bandas distintas de narcotraficantes, y que debe albergar también al tribunal, las acusaciones y decenas de abogados y periodistas. Además, hay previstos para un futuro próximo otros procesos, derivados de casos de corrupción política, con un gran número de asistentes.
«Por parte del ministerio de Justicia se llegó a un acuerdo con la administración autonómica, que cedía gratuitamente el espacio de la EBAP», comenta Gómez. «Ha sido el ministerio, directamente desde Madrid, el que se ha encargado de las obras de acondicionamiento, ya que nosotros gestionamos solo obras menores de reforma».
Las obras realizadas en el recinto de la EBAP comprenden la instalación del sistema de audio, grabación y videoconferencia, la señal institucional, y las instalaciones informáticas, que han incluido una caja central donde está todo el cableado informático y una puerta blindada para aislarlo y mantener segura la documentación judicial.
Los cálculos del gerente territorial apuntan a un coste total de 220.000 euros, que habrían sido sufragados por la Subdirección de Obras y la Subdirección de Nuevas Tecnologías del ministerio.
Esta cantidad es una estimación aproximada, insiste el gerente territorial, ya que él cuenta con una única factura, la de la instalación de la red de audio, megafonía y videoconferencia, por valor de 58.323 euros. Además dispone de dos presupuestos: el de carpintería, por valor de 37.771 euros; y el de mobiliario, por 66.005 euros, aunque pueden haber sufrido variaciones. El resto hasta alcanzar los 220.000 euros vendría de otros apartados, como los sistemas de grabación y nuevas tecnologías.
Gómez defendió la elección de la sede de la EBAP, que cuenta con ventajas para instalar esta sala. «Tiene virtudes claras, como el hecho de que no nos cobran alquiler y el que está enfrente de la cárcel, con lo que el transporte de detenidos es más fácil».
Por otro lado, el gerente territorial de Justicia indicó que la inversión sera rentable. Está previsto que, tras Kabul, albergue otros procesos judiciales con características especiales, como los que se pueden derivar de algunos casos de corrupción, con un gran número de acusados y abogados. «No teníamos un espacio de estas características,con un sistema de grabación seguro y conexión ´on line´, que permita el almacenamiento y recuperación inmediata de imágentes y sonido», prosigue Gómez. «Y la idea es que las instalaciones perduren en el tiempo y que puedan ser utilizadas por la EBAP o por el ministerio de Justicia para otros fines, como cursos de formación».
Cinco testigos reconocen varias joyas incautadas en la operación antidroga Kabul
05.03.2013 | 01:01
b. p. palma Cinco testigos confirmaron ayer en la novena sesión del mayor juicio de la historia de Balears por narcotráfico que reconocieron como suyas varias joyas incautadas durante la operación Kabul. Los ciudadanos, un hombre y cuatro mujeres que sufrieron distintos robos en la isla, detallaron ayer que identificaron las alhajas expuestas por la Guardia Civil tras culminar el macrocaso que supuso el descabezamiento del poderoso clan de La Paca en el verano de 2008.
La mayoría de los testimonios recordó que las joyas que recuperaron eran iguales a las suyas pero que no podían asegurar al cien por cien que realmente eran las que les habían sustraído. «Esa pulsera es igual que la que me desapareció en casa. No sé si es esa, pero es igual a la que me robaron», indicó una mujer ante el tribunal de la sección segunda. Otro hombre manifestó que a sus dos hijas menores las acorralaron y las asaltaron en la calle: «Les robaron el oro y los teléfonos. Luego, reconocieron unas pulseras. Se las probaron y les iban bien». Otra afectada identificó otra joya que le sustrajeron a su madre en su casa en Alaró: «Era del mismo tamaño, tenía el mismo cierre y la misma textura». El resto de ciudadanas reconoció un reloj, una pulsera, un cordón mallorquín y unos pendientes. El macrojuicio del caso Kabul continuará el próximo lunes con nuevas testificales.
