Pepsi, Ikea, FedEx y otras 340 empresas multinacionales han firmado acuerdos secretos con Luxemburgo que les permiten reducir drásticamente sus facturas fiscales globales pese a que su presencia en el Gran Ducado es testimonial.
Estas compañías han desviado cientos de miles de millones de beneficios hacia el pequeño país centroeuropeo, una operación que les ha ahorrado miles de millones en impuestos, según la revisión de 28.000 páginas de documentos confidenciales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y un equipo de más de 80 periodistas de 26 países.
Las grandes compañías consiguen enormes ahorros fiscales creando complejas estructuras legales y contables para mover sus beneficios desde los países donde tienen su sede o donde desarrollan su actividad a Luxemburgo, un país conocido por su bajísima imposición tributaria.De hecho, en algunos casos, han conseguido tipos efectivos inferiores al 1%, según muestran los documentos a los que ha tenido acceso la investigación.Según la nota publicada en Miradas al Sur, esta documentación consiste en varios cientos de acuerdos fiscales privados y secretos, conocidos como tax rulings o comfort letters, que Luxemburgo ofrece a las empresas que buscan un tratamiento fiscal favorable.Así, por ejemplo, FedEx consiguió una estructura que sólo gravaba el 0,25% de sus ingresos y dejaba libre de impuestos el 99,75% restante. “Una estructura luxemburguesa es una forma de reducir los ingresos provenientes de cualquier país”, según Stephen E. Shay, profesor de fiscalidad internacional de Harvard y ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos. A su juicio, el Gran Ducado “combina una enorme flexibilidad para constituir esquemas de reducción de impuestos con unos tax rulings vinculantes para su Gobierno.Es como la tierra prometida”.En estos acuerdos aparecen empresas de todo tipo de sectores: capital riesgo, inmobiliaria, banca, industria, farmacia, etc. Entre los nombres más conocidos figuran Accenture, Abbott Laboratories, AIG, Amazon, Blackstone, Deutsche Bank, The Coach, H.J. Heinz, JP Morgan Chase, Burberry, Procter & Gamble, Carlyle o la Abu Dhabi Investment Authority.Por su parte, las autoridades luxemburguesas aseguran que el sistema de acuerdos fiscales privados del país es irreprochable.“De ninguna manera son acuerdos de amigos”, ha declarado a ICIJ Nicolas Mackel, consejero delegado de Luxembourg for Finance, una agencia cuasigubernamental. “El sistema fiscal luxemburgués es competitivo; no hay nada injusto o inmoral en él”, según Mackel. “Si las empresas logran reducir sus facturas fiscales a un tipo muy bajo, no es un problema de un solo sistema fiscal, sino de la interacción de muchos sistemas fiscales”.La publicación de estos documentos se produce en un momento muy delicado para el pequeño país, que tiene una población de sólo 550.000 habitantes pero la renta per cápita más alta del planeta.En medio de la investigación comunitaria sobre estos acuerdos, su ex primer ministro, Jean-Claude Juncker, acaba de estrenarse en la presidencia de la Comisión. Juncker era el líder del gobierno de Luxemburgo cuando se aprobaron muchas de las ventajas fiscales del país, pero, desde su nuevo cargo, ha prometido mano dura con estas artimañas. Ahora bien, afirma también que el régimen de su país “es totalmente acorde a la normativa europea”.Según la legislación luxemburguesa, los asesores fiscales de PwC y de otras firmas pueden presentar a las autoridades propuestas de estructuras societarias diseñadas para conseguir ahorros fiscales y firmar con ellas un documento escrito que les asegura que su plan será aprobado por el Ministro de Finanzas.“Se trata de llevar tu planificación fiscal al gobierno y recibir su bendición por anticipado”, según Richard. D. Pomp, profesor de normativa fiscal en la Universidad de Connecticut. “Y la mayoría la reciben. Luxemburgo tiene un departamento fiscal muy laxo”.Estos acuerdos privados son legales en Luxemburgo, pero pueden ser objeto de disputas jurídicas fuera del país, si las autoridades fiscales de otros países los consideran inadecuados.Según el Ejecutivo del Gran Ducado, estas “decisiones fiscales por adelantado” existen en otros países como Alemania, Francia y Reino Unido, y no chocan con la legislación comunitaria siempre que todos los contribuyentes que se encuentran en una situación similar sean tratados igual.Un portavoz de PwC afirma que la investigación del ICIJ está basada en información “obsoleta” y “robada”, “y su sustracción está en manos de las autoridades competentes”. Añade que su asesoramiento fiscal se ofrece “de acuerdo con las leyes y tratados aplicables a nivel local, europeo e internacional, y está sometido a un código de conducta fiscal de PwC Global”.La mayoría de las empresas que aparecen en los archivos descubiertos provienen de Estados Unidos y Reino Unido, seguidas por las de Alemania, Holanda y Suiza. No hay ninguna española, aunque sí muchas que invierten o hacen negocios en nuestro país.La mayoría de los tax rulings se firmaron entre 2008 y 2010. Algunos de ellos salieron a la luz por primera vez en una investigación de Edouard Perrin, de la cadena de TV francesa France 2, en 2012, pero la mayoría de los documentos de PwC no habían salido a la luz hasta ahora.Entre ellos se encuentran también algunos acuerdos firmados por KPMG, y es de suponer que PwC no tiene el monopolio de la prestación de este servicio. Los medios asociados a ICIJ han cotejado los acuerdos con expertos que dejan claro que estas empresas y sus asesores han desarrollado estrategias agresivas para reducir impuestos, usando Luxemburgo en combinación con otros países de baja tributación como Gibraltar, Delaware e Irlanda“Los otros países están perdiendo dinero”.»Es la primera vez que vemos el verdadero funcionamiento de Luxemburgo como un paraíso fiscal», asegura Richard Brooks, exinspector de Hacienda británico y autor del libro El gran robo fiscal, que ha ayudado a ICIJ a revisar algunos de los documentos.»Los países que están perdiendo dinero no saben nada de esto, no saben cómo funciona en absoluto».El mes pasado, en un prestigioso evento en el Metropolitan Club de Nueva York, Pierre Gramegna, el ministro de Finanzas luxemburgués, afirmó de forma tajante que «Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Lo digo alto y claro». La respuesta del auditorio fue una sonora carcajada.Lo cierto es que más de 170 de las 500 empresas de la lista Fortune tienen una oficina en el país. Se estima que en 2012 las compañías de EEUU transfirieron 95.000 millones de dólares de sus beneficios fuera de su país a Luxemburgo, sobre los que pagaron 1.040 millones, apenas el 1,1%.Estos acuerdos privados son legales en Luxemburgo, pero pueden ser objeto de disputas jurídicas fuera del país, si las autoridades fiscales de otros países los consideran inadecuados.Según el Ejecutivo del Gran Ducado, estas «decisiones fiscales por adelantado» existen en otros países como Alemania, Francia y Reino Unido, y no chocan con la legislación comunitaria siempre que todos los contribuyentes que se encuentran en una situación similar sean tratados igual.Un portavoz de PwC afirma que la investigación del ICIJ está basada en información «obsoleta» y «robada», «y su sustracción está en manos de las autoridades competentes». Añade que su asesoramiento fiscal se ofrece «de acuerdo con las leyes y tratados aplicables a nivel local, europeo e internacional, y está sometido a un código de conducta fiscal de PwC Global».La mayoría de las empresas que aparecen en los archivos descubiertos provienen de EEUU y Reino Unido, seguidas por las de Alemania, Holanda y Suiza. No hay ninguna española, aunque sí muchas que invierten o hacen negocios en nuestro país.La mayoría de los tax rulings se firmaron entre 2008 y 2010. Algunos de ellos salieron a la luz por primera vez en una investigación de Edouard Perrin, de la cadena de TV francesa France 2, en 2012, pero la mayoría de los documentos de PwC no habían salido a la luz hasta ahora.
