Seis de las principales ciudades colombianas se encuentran entre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2022, según el ranking publicado recientemente por la Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México.
antilavadodedinero / newseseuro
En este sentido, Cali (la tercera ciudad más grande de Colombia) registró 1.007 homicidios, ubicándose como la 32 ciudad más peligrosa, seguida de Santa Marta (lugar 37) con 280 homicidios; Buenaventura (43) con 111; Cartagena (47) con 403; Palmira (48) con 110; y Cúcuta (49) con 296. Tres de estas ciudades son puertos marítimos con importantes índices de incautación de drogas.
A este panorama desalentador, en gran parte producto de la violencia generada por los grupos armados organizados, se suma el hecho de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de este tipo de organizaciones en 2022, según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado (gitoc), con una puntuación de 7,66 en una escala del 1 al 10, sólo por detrás de Congo.
El impacto de las actividades delictivas de estas organizaciones se evidencia en el alcance y escala de los mercados delictivos que acaparan en el país, gracias a su estructura organizacional y la efectividad de su influencia, tanto en poblaciones pequeñas como en ciudades intermedias y capitales, lo cual se hace efectivo a través de escenarios cada vez más frecuentes de gobernabilidad criminal y su deseo de ser actores protagónicos en el próximo proceso electoral regional en octubre.
A lo anterior se suman los hechos de violencia que se ejecutan contra organizaciones sociales, líderes y lideresas sociales, así como contra defensores de derechos humanos que han resultado, solo en lo que va de 2023, en el asesinato de 18 líderes (entre ellos un líder de paz firmante) y en 18 masacres contra la población civil (recordando las 73 de 2022). Estos crímenes afectan significativamente la reconstrucción del tejido social de una nación que no logra librarse de espirales consecutivas de violencia.
Principal productor de coca y ninguna hectárea erradicada en 2023
A ello hay que sumar las cifras cada vez más preocupantes que se desprenden de las actividades del narcotráfico, que sitúan al país como el mayor traficante de cocaína del mundo, con una calificación de 9,5 sobre 10, según Gitoc.
Esta primera posición, que incomoda al gobierno colombianoes producto de las decisiones que ha tomado la nueva administración nacional en materia antinarcóticos, a tal punto que en enero y febrero de este año no se ha erradicado ni una sola hectárea de hoja de coca, situación sobre la cual ha llamado la atención Fiscal General y que ha comenzado a tensar las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos que, a pesar de manifestar públicamente su apoyo a las decisiones colombianas, observa con gran preocupación el excesivo relajamiento de la política antinarcóticos, producto de posiciones ideológicas contrarias al enfrentamiento y los aparentes pedidos al respecto de países vecinos, amigos del nuevo gobierno y seriamente cuestionada por actividades vinculadas al narcotráfico.—
Según un informe reciente de Ministro de Defensa El número de hectáreas erradicadas viene cayendo desde sus máximos históricos en 2020, momento en el que se erradicaron 130.142, frente a 103.257 en 2021, 68.893 el año pasado y 0 a febrero de 2023 (2.982 en el mismo periodo de 2022 y 4.500 en 2021) . Esta situación es a todas luces inadmisible considerando que Colombia produce 200.000 toneladas de hoja de coca, lo que genera 1.400 toneladas de pasta base, cifras que desde 2020 sitúan a este país con una participación del 61% en la producción de este alcaloide dentro del total de las 2.000 toneladas producidas. , con la participación de Perú, Bolivia y ahora, aunque en menor medida, también de Ecuador.
Esta expansión había sido combatida gracias a una eficaz estrategia de interdicción, que permitió el decomiso de 671 toneladas el año pasado (47,9% de lo producido), quedando para exportación unas 584 toneladas (90% al mercado estadounidense) y unas 145 -alrededor de 20 %- que lamentablemente desde mediados de la década pasada se han colocado en el mercado interno como una forma de diversificación de ingresos y que representan para estas organizaciones narcotraficantes cerca de 2.000 millones de dólares en ventas solo en Colombia.
También se observa un descenso no solo en las actuaciones de la Fuerza Pública tendientes a la incautación de droga (-32% respecto a 2022) sino también -como es lógico- en el número de toneladas, pasando de 58,7 en 2022 a 40 durante este año, cifras aún más bajas en las incautaciones de heroína que se han reducido en un 93%, incautando solo 8,9 kilogramos frente a los 101,4 de 2022 (401,3 en todo ese año).
Ante esto, el policia colombiana Es -todavía- optimista, pues ha logrado identificar con precisión la ubicación de 204.000 hectáreas, en 22 departamentos diferentes, esperando sólo que el gobierno tome la decisión de proceder en esa dirección. Sin embargo, la administración presidencial habría resuelto no autorizar ningún tipo de procedimiento de erradicación en cultivos menores de 10 hectáreas, lo que, de aprobarse definitivamente, provocaría un auge de las pequeñas plantaciones para evitar la ya de por sí escasa. acción estatal.
¿Renunciar a la ayuda estadounidense?
A pesar de este escenario, el gobierno colombiano se plantea renunciar a la vital ayuda en la lucha contra las drogas que le brinda la cooperación internacional a Colombia, todo en aras de legitimar y liderar una futura propuesta de despenalización y regularización del mercado de pastas. de la coca (loable y propicio sin duda), pero a costa de una caída aún mayor de los niveles de seguridad y convivencia ciudadana, así como del orden público, pues supone una inoperancia -ya en ciernes- frente a las acciones delictivas de organizaciones criminales de este país.
En definitiva, un panorama desolador para esta nación en el futuro cercano (por no hablar del mediano y largo plazo), más aún considerando que el narcotráfico es el gran generador de violencia. Veintidós de las 23 principales organizaciones criminales se dedican por completo a esta actividad ilícita, ejerciendo la gobernanza criminal a través de acciones intimidatorias en cientos de municipios y que se encuentran en procesos de rápida expansión territorial, particularmente en las zonas urbanas, con el fin de consolidar un control territorial que les genera poder político de cara a los próximos diálogos de un nuevo proceso de paz.
Colombia se enfrenta entonces a un gobierno que gobierna para todos pero, sin duda, de espaldas a las realidades de su propia nación.
