En 2020, la Fiscalía acusó a Inda Peñarriera, esposa de José Macías, alias ‘Fito’, y a cuatro personas más de lavado de dinero y otros delitos. En sus cuentas había depósitos de USD 2,1 millones, pero fueron declarados inocentes.
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Sus cuentas y bienes crecieron como la espuma. Inda Peñarriera, quien es enfermera de profesión, se convirtió en menos de seis años en una acaudalada empresaria. Acumuló bienes, compañías y millonarios ingresos en sus cuentas bancarias.
Sus socios cercanos son familiares de alias ‘Fito’ y de su pareja. Horarios de la Fecha 9 de la primera etapa de la LigaPro 2023 Los movimientos financieros y las conexiones de Peñarriera fueron rastreados por la Policía y la Fiscalía, que trataban de identificar el destino de los recursos que su esposo, José Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, obtendría con el narcotráfico, el microtráfico, y las extorsiones dentro y fuera de las prisiones.
No obstante, dos años después todos los involucrados en esta trama fueron declarados inocentes. El primer juez que los exculpó fue destituido, pero volvió al cargo con una acción de protección. La Fiscalía investiga ahora a tres de los jueces.
Los investigados La Fiscalía inició una investigación previa, por lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento privado no justificado, de varias personas cercanas a ‘Fito’. El mapeo financiero comprendió el período 2014-2020. A mediados de 2020, en pleno pico de la pandemia de Covid-19, un fiscal de Manabí armó el primer rompecabezas.
Con informes del sistema financiero, de la Superintendencia de Compañías, del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), abrió la instrucción fiscal y formuló cargos por los tres delitos a: Inda Peñarriera (esposa de ‘Fito’). Jorge y Julio César Peñarrieta Tuárez (hermanos de Inda). Ronald Macías Villamar (hermano de ‘Fito’). Ramón Macías Intriago (primo de ‘Fito’).
Los cinco, además, tenían antecedentes judiciales: habían enfrentado otros juicios por delincuencia organizada, asociación ilícita, asesinato, tenencia de armas y robo. Como personas jurídicas fueron acusadas la compañía de carga pesada Jomavi S.A. y Queenwater S.A., envasadora de gaseosas.
PRIMICIAS reveló que, a través de dos operadoras mujeres y decenas de testaferros, alias ‘Fito’ tendría una red de supuesto blanqueo de activos y crimen organizado, que está en el radar de Inteligencia y de la Policía. Alias Fito (centro) apoyó el proceso de pacificación, que llevaba adelante la comisión, encabezada por Claudia Garzón. Cortesía.
Esta última investigación empezó en 2022 y estima que, a través de empresas y negocios de fachada, se habrían permeado al sistema formal unos USD 23 millones. En este caso, quien encabeza la estructura más grande y compleja es Verónica B. Ella habría tomado el relevo de Peñarriera en esas actividades, luego de que la última fue enjuiciada y quedó expuesta en 2020.
Lavado y evasión.
En julio de 2020, el mencionado fiscal de Manabí formalizó cargos a Peñarriera, como autora, y a los otros cuatro implicados, como coautores. Los acusó de supuestos delitos concurrentes de: Lavado de activos. Enriquecimiento no justificado. Defraudación tributaria.
En la audiencia, celebrada ante el juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, el agente fiscal expuso que Peñarriera era la cabeza de la organización porque manejaba los activos y creó dos empresas. En las cuentas de Peñarriera, en ocho bancos y una cooperativa, entraron depósitos por USD 2,1 millones, entre 2013 y 2019.
Ella también es accionista y gerente de las empresas Queenwater S.A. y de la compañía de transporte de Carga Pesada, Jomavi S.A., ambas domiciliadas en Manabí. En 2015, los ingresos en el sistema financiero de estas empresas llegaron a USD 344.000, mientras en el SRI solo se reportaron USD 199.000, existiendo una diferencia de USD 145.000.
En 2016, se registró el ingreso de USD 261.000, mientras en el SRI se reportaron USD 163.000, con una diferencia de USD 97.000, según la Fiscalía. La Policía verificó que Jomavi solo era una empresa de fachada.
En estos casos, según el fiscal, se evidenciaría una clara evasión tributaria. Mientras que frente a los otros ingresos patrimoniales, se establecieron variaciones significativas entre los depósitos en el sistema financiero y el pago de tributos al SRI, desde 2013. A partir de 2013 y hasta 2019, en sus cuentas, Peñarriera recibió depósitos por USD 2,1 millones, pero reportó USD 1,7 millones al SRI, según la investigación.
Eso significa una diferencia de USD 400.000, que se presume como evasión. Abogados al ataque En relación con el resto de acusados, la Fiscalía señaló, en la audiencia oral, que sus patrimonios no se justificaban con sus ingresos, y que había variaciones y diferencias sustanciales en el pago de impuestos. En la diligencia los cinco procesados se acogieron al derecho al silencio.
Como descargo, los abogados defensores alegaron que el fiscal no había probado documentalmente los supuestos delitos imputados y descalificaron los testimonios de los peritos y policías que realizaron la investigación.
Además, señalaron que la Fiscalía no pudo argumentar ni sostener la relación causal entre los supuestos hechos delictivos. Al final de la audiencia, el juez Espinosa Zapata ordenó la prisión de los acusados, la incautación de sus bienes e inmovilización de sus cuentas bancarias.
Todos inocentes
Tres meses después, en noviembre de 2020, se realizó la audiencia de juzgamiento, en la que hubo un giro sorpresivo. Pese a los indicios de la Fiscalía, el juez Espinosa Zapata acogió varios argumentos de la defensa: “Este juzgador considera que Fiscalía no ha sido clara al momento de establecer el concurso real de infracciones, los elementos de convicción no son concordantes”.
Y añadió que “en la pericia financiera, que es el elemento medular, existen variaciones en las cantidades expuestas, siendo que los números deben ser exactos”. Así, el juez sobreseyó a todos los procesados en diciembre de 2020.
El fiscal apeló el fallo que fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, que revocó el auto de sobreseimiento, en febrero de 2021. Pero un año después (en julio de 2022), el Tribunal de Garantías Penales de Manta, conformado por los jueces Mary Quintero Prado, José Luis Alarcón Bowen y Loren Romero Cedeño, conoció el proceso por una última apelación de los procesados y ratificó el pronunciamiento del juez de primera instancia, declarando la inocencia de los dos procesados.
Para entonces, el fiscal de Manabí había cambiado el enfoque del caso: solo acusó a Inda Peñarriera y a Ramón Macías Intriago, dejando fuera al resto de procesados. Y solo los acusó por el delito de enriquecimiento privado injustificado, descartando el lavado de activos y la defraudación tributaria.
Ese giro del fiscal sirvió de argumento para la defensa de los dos únicos acusados, que alegó una supuesta indefensión, porque el proceso se había iniciado como un supuesto lavado y devino en enriquecimiento ilícito. Lo que también fue observado por algunos de los jueces que conocieron la causa y pidieron que se investigara al fiscal que llevaba el caso.
Así, en última instancia, todos los procesados fueron declarados inocentes y recuperaron sus bienes y dinero.
Los jueces investigados
Ante las anomalías y posibles delitos cometidos, el Consejo de la Judicatura abrió un sumario administrativo y destituyó al juez Juan Eduardo Espinosa Zapata, quien presentó una acción de protección que fue conocida por el juez de Rumiñahui, Gandhy Cervantes Galván.
En julio de 2022, Cervantes aceptó el recurso de su colega y dispuso que fuera restituido en el cargo, que actualmente ocupa en el mismo juzgado de Manabí. La decisión fue apelada por la Judicatura y está en revisión en la Corte Provincial.
Además, la Fiscalía abrió una investigación previa por un presunto prevaricato contra Espinosa Zapata, por la devolución de los bienes. También enfrentan investigaciones, por asociación ilícita, los jueces Mary Quintero y José Luis Alarcón, pero en este caso es por la liberación de 18 acusados de narcotráfico.
