Los grupos del crimen organizado utilizan la violencia para manipular las elecciones en México y Brasil, según revela un nuevo informe. Pero, sorprendentemente, algunas de las zonas de México más castigadas por el crimen organizado sufrieron pocos ataques contra funcionarios locales.
El estudio, publicado el 22 de junio por el Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED), hizo un seguimiento de hechos de violencia contra representantes locales del gobierno en cerca de 100 países, con estudios de caso en México, Brasil y otros cuatro países de todo el mundo.
Según el informe, ambos países latinoamericanos superaron el promedio global de agresiones intencionadas contra funcionarios públicos con resultados fatales o lesiones personales. En México y Brasil, el 62% de los ataques se calificaron como «directos», lo que incluye actos como tiroteos o golpizas, en comparación con el 50% a nivel global. Los ataques no directos, como las revueltas públicas, representaron el resto de los hechos estudiados.
Los grupos criminales pueden influir en las elecciones aumentando la violencia, que trae como consecuencia una disminución en la participación, mientras protegen a los candidatos titulares con los que tienen acuerdos. También han utilizado la violencia para intimidar a los trabajadores electorales y han asesinado a candidatos que consideran una amenaza para sus intereses.
A nivel global, el conflicto político armado fue un factor común de violencia contra los funcionarios de gobierno, pero fuera de las zonas de guerra, el crimen organizado fue un responsable común, aunque con excepciones.
Análisis de InSight Crime
Los grupos de delincuencia organizada suelen aumentar la violencia contra los políticos en el periodo previo a las elecciones, según el informe. Pero en algunas regiones de México con una presencia particularmente fuerte del crimen organizado, los grupos pueden ejercer tanto poder que la violencia ya no es necesaria para coaccionar.
Por ejemplo, el estado de Baja California, en la frontera con Estados Unidos, ha sido uno de los más sangrientos de México como consecuencia de la lucha de poderosos grupos por el control de las economías criminales. Sin embargo, a pesar de la violencia generalizada allí, ACLED registró pocos casos de violencia contra funcionarios locales, incluso durante las elecciones. Los datos mostraron un patrón similar en Nuevo León, otro estado con fuerte presencia del crimen organizado cerca de la frontera.
En términos generales, México ha experimentado un fuerte repunte de la violencia política en los períodos previos a las elecciones. Alrededor de la mitad de la violencia previa a las elecciones generales de 2018 se atribuyó directamente al crimen organizado. Durante ese tiempo, las figuras políticas fueron asesinadas a un ritmo de una por semana.
Pero los grupos de crimen organizado pueden ser responsables de una proporción aún mayor de la violencia, según le dijo a InSight Crime Sandra Pellegrini, especialista regional en América Latina en ACLED. Gran parte de la violencia no atribuida fue cometida por grupos armados que no pudieron ser identificados de manera concluyente como un grupo criminal.
«Es bastante difícil, en México, atribuir la violencia a grupos específicos, por lo que […] no necesariamente podemos identificar quién es el autor de la violencia», opinó Pellegrini.
Y la violencia fue aun peor en 2021, con estimativos de hasta 150 personas asesinadas en hechos de violencia asociados a las elecciones.
Brasil también vivió uno de los mayores picos de violencia contra servidores públicos en la época previa a las elecciones, según mostró el informe. Sin embargo, a diferencia de México, los mayores índices de violencia política en Brasil estaban claramente relacionados con zonas con antecedentes de crimen organizado.
Las bandas encabezadas por la Fuerza Pública y otros funcionarios, conocidas como milicias, son las que cometen la mayor parte de los actos de violencia política, según el informe.
«En el caso de la violencia dirigida contra funcionarios y políticos locales, existe una fuerte implicación de las milicias policiales debido a su estrecha proximidad con los agentes del Estado», declaró a InSight Crime Julia Lins Franciotti, directora de Investigación para América del Sur en ACLED.
Una milicia policial, Escritório do Crime, estuvo vinculada al asesinato en 2018 de Marielle Franco, concejala y firme opositora a la actuación de la policía federal en los barrios más pobres de Río de Janeiro. Aunque su caso sigue sin resolverse, dos exagentes de policía han sido detenidos.
Según el informe, grupos delictivos como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV) también están relacionados con actos de violencia contra funcionarios locales. En sus bastiones de São Paulo y Río de Janeiro, así como en otras regiones, estos grupos establecen redes con políticos locales y utilizan la violencia contra sus oponentes. El PCC, en particular, ha atacado a funcionarios en respuesta a las nuevas políticas de seguridad destinadas a reducir las operaciones de la banda.
