La revolución conservadora acometida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos avanza. El final de curso ha dejado sentencias que afectarán directamente a la vida de millones de estadounidenses, marcadas en algunos de los casos por el giro a la derecha del tribunal desde que los tres nombramientos realizados por el presidente Donald Trump instauraron una cómoda mayoría conservadora.
Con todo, frente al rodillo impuesto el pasado curso por la mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas, en esta ocasión ha habido muchas decisiones apoyadas por las juezas progresistas.
En 2022 llegaron polémicas sentencias que derogaron el derecho al aborto, socavaron la lucha contra el cambio climático, ampliaron el derecho a llevar armas de fuego, dieron mayor papel a la religión en los colegios, cuestionaron la vacunación obligatoria de trabajadores contra la covid y restaron poder a las agencias federales.
Este año, el tribunal parecía más centrado con algunas decisiones sobre derecho al voto, los nativos americanos o la política migratoria del Gobierno de Joe Biden, en que jueces de distinta orientación se pusieron de acuerdo. Lo que queda en la retina, sin embargo, es la última semana del curso judicial, con el golpe a la discriminación positiva para el acceso a la universidad, la licencia para discriminar a parejas homosexuales en virtud de la libertad de expresión y la anulación de la quita parcial a los préstamos a estudiantes.
Estas son las sentencias más importantes de un año que ha acabado provocando una confrontación abierta del presidente, Joe Biden, contra el tribunal:
1. Discriminación positiva
Students for Fair Admissions, Inc. v. President and Fellows of Harvard College y Students for Fair Admissions, Inc. v. University of North Carolina. 29 de junio de 2023. Seis votos a favor y 2-3 en contra
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio un golpe mortal a décadas de acción afirmativa o discriminación positiva por motivos raciales en el acceso a la universidad. En dos históricas sentencias, una referente a la Universidad de Harvard y otra a la de Carolina del Norte, los jueces del Supremo, de mayoría conservadora, han puesto fin a una política que tradicionalmente ha favorecido principalmente a estudiantes negros y latinos.
Las sentencias, con introducción y votos particulares, ocupan 237 páginas. El Supremo se ha dividido y la mayoría conservadora de 6 jueces a 3 ha impuesto su criterio de acabar con la discriminación positiva. “Eliminar la discriminación racial significa eliminarla en su totalidad”, dice la sentencia, firmada por el presidente del tribunal, John Roberts. El fallo ha generado ataques cruzados en el seno del tribunal y una aguda división política. El presidente, Joe Biden, la ha criticado con dureza, mientras que su antecesor, Donald Trump, la ha aplaudido.
La experiencia de los nueve Estados que ya han prohibido que se tenga en cuenta la raza en los procesos de admisión muestra que la representación de estas minorías decrece significativamente al eliminar la también llamada acción afirmativa.
Aun así, las universidades buscan fórmulas para lograr la diversidad por otras vías alternativas. Un apartado de la sentencia señala que las universidades pueden tener en cuenta en las decisiones de admisión “la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó a su vida, ya sea por discriminación, inspiración o de otro modo”, aunque hacerlo de modo individual y no para aplicar cuotas explícitas ni implícitas de raza. Eso abriría la puerta a un proceso de admisiones algo más subjetivo.
2. Préstamos a estudiantes
Biden v. Nebraska. 30 de junio de 2023. Seis votos a favor y tres en contra
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este viernes un varapalo al Gobierno de Joe Biden y, de paso, a decenas de millones de estudiantes universitarios. Sus nueve jueces anularon en la última sentencia del curso judicial la quita parcial de los préstamos educativos que otorgó el Departamento de Educación. El fallo del alto tribunal perjudica especialmente a los estudiantes con menos recursos, en su mayor parte, hispanos y afroamericanos.
El presidente, sin embargo, se ha plantado y ha prometido aplicar una nueva fórmula para aliviar la carga de la deuda estudiantil, al tiempo que ha arremetido contra los republicanos, acusándoles de hipocresía por combatir la medida mientras se beneficiaban de quitas mucho mayores en préstamos de la pandemia.
El Gobierno de Biden decidió, basándose en una provisión de una ley aprobada tras el 11-S con el nombre de HEROES, conceder 10.000 dólares de condonación de deuda de forma generalizada. La cifra podía ascender hasta a 20.000 dólares para los beneficiarios de la Beca Pell, un extendido programa federal con préstamos del Departamento de Educación del que se benefician unos seis millones de estudiantes de familias de rentas bajas. La medida suponía la condonación de unos 400.000 millones de dólares.
“El secretario [de Educación, Miguel Cardona] afirma que la ley HEROES le otorga la autoridad para cancelar los préstamos estudiantiles. No es así. Sostenemos hoy que puede ‘renunciar o modificar’ las disposiciones legales o reglamentarias existentes aplicables a los programas de asistencia financiera en virtud de la Ley de Educación, pero no reescribir ese estatuto desde cero”, dice la sentencia.
3. Discriminación LGTBI
303 Creative LLC v. Elenis. 30 de junio de 2023. Seis votos a favor y tres en contra
Lorie Smith, una diseñadora de páginas web cristiana evangélica, de 38 años, que solo cree en el matrimonio como unión de un hombre y una mujer podrá negarse a diseñar páginas webs para bodas entre homosexuales. El Tribunal Supremo de mayoría conservadora le permite negar sus servicios a quienes se casen con personas del mismo sexo en lo que supone un golpe a los derechos de la comunidad LGTBI. La diseñadora defendía que nadie la podía obligar en virtud de la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución y el Supremo le ha dado la razón en una polémica sentencia.
“Las protecciones de la Primera Enmienda pertenecen a todos, no solo a los oradores cuyos motivos el gobierno considera dignos. En este caso, Colorado pretende obligar a una persona a expresarse de una manera que coincide con sus puntos de vista, pero que desafía su conciencia sobre un asunto de gran importancia”, dice la sentencia.
El voto particular de las tres juezas progresistas denunció la situación: “Hoy, el Tribunal, por primera vez en su historia, concede a un negocio abierto al público el derecho constitucional a negarse a servir a miembros de una clase protegida. En concreto, el Tribunal sostiene que la Primera Enmienda exime a una empresa de diseño de páginas web de una ley estatal que prohíbe a la empresa denegar páginas web de bodas a parejas del mismo sexo si la empresa decide vender esas páginas web al público”.
La sentencia deja en el aire qué actividades pueden considerarse “expresivas” y, por tanto, con “licencia para discriminar”, como ha señalado un activista.
El caso (303 Creative LLC contra Elenis) se ha convertido en exponente de las guerras culturales que el Supremo de mayoría conservadora está dispuesto a librar en su giro a la derecha, pese a que desde el principio tenía algo de prefabricado. Smith no tiene aún un servicio de webs para bodas y ninguna pareja gay le ha encargado una.
Pero ella alegaba que quería lanzar el servicio y publicar una advertencia con un rechazo categórico a atender a clientes para bodas entre homosexuales, algo que prohíbe la ley de Colorado.
4. Inmigración y deportaciones
United States v. Texas. 23 de junio de 2023. Ocho votos a favor y uno en contra
El Supremo dio la razón al Gobierno de Joe Biden sobre su política de deportación de inmigrantes. En una sentencia con un solo voto particular en contra, del juez Samuel Alito, el tribunal dio validez a una política de la Administración Biden que había sido suspendida por un juzgado de Texas.
Esas directrices, emitidas en 2021, priorizaban la expulsión de los inmigrantes que se considera que suponen un mayor riesgo para la seguridad pública o que han sido recién interceptados tras cruzar la frontera.
Los republicanos reclamaban que debía deportarse a todos los inmigrantes sin papeles y que no era lícito fijar prioridades porque eso relegaba la expulsión de los no prioritarios. Según Texas y Luisiana, la ley federal de inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a quienes suponen un riesgo escaso o nulo.
La sentencia del Supremo en el caso Estados Unidos contra Texas viene a reconocer que no hay dinero ni personal suficientes para deportar a los cerca de 11 millones de personas que se calcula que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que, por tanto, se pueden fijar prioridades. Pero, sobre todo, niega a los Estados la legitimación para impugnar esas decisiones.
“Los Estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual”, escribió el juez conservador Brett Kavanaugh, ponente de la sentencia. “Si el tribunal diera luz verde a esta demanda, podríamos anticipar quejas en los próximos años sobre la supuesta falta de aplicación por parte del poder ejecutivo de leyes redactadas de forma similar, ya sean leyes sobre drogas, armas, obstrucción a la justicia o similares. Declinamos abrir paso al poder judicial federal por ese camino inexplorado”, añade.
5. Derecho al voto
Allen contra Milligan. 8 de junio de 2023. Cinco votos a favor y cuatro en contra
El Tribunal Supremo rechazó por sorpresa el mapa electoral de Alabama por considerar que discrimina el voto negro. En un Estado con un 27% de población afroamericana, el legislativo estatal, dominado por el Partido Republicano, dibujó unos distritos para las elecciones a la Cámara de Representantes en los que los votantes negros solo eran mayoría en una de las siete circunscripciones. Un tribunal dividido confirmó la sentencia de un tribunal inferior que anulaba ese mapa.
El caso Allen contra Milligan ha sido seguido con mucha atención por su potencial para debilitar la histórica ley del Derecho al Voto y los activistas temían una sentencia contraria a sus intereses, pero la mayoría conservadora del Supremo se rompió inesperadamente al decidir el caso. Dos de sus magistrados se alinearon con las tres juezas progresistas en la decisión, tomada por 5-4.
La sentencia está firmada casi íntegramente por el presidente del tribunal, John Roberts. A su opinión se unieron el también conservador Brett Kavanaugh y las progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Los otros cuatro magistrados conservadores se opusieron y formularon votos particulares discrepantes.
6. Legislatura estatal independiente
Moore contra Harper. 27 de junio de 2023. Seis votos a favor y tres en contra
Otra de las victorias moderadas del curso judicial. Un Supremo dividido rechazó una teoría trumpista que ponía en juego el futuro de la democracia en Estados Unidos. Bajo el tecnicismo del caso Moore contra Harper estaba en juego conceder al poder legislativo de Carolina del Norte (y, por extensión, a los demás parlamentos estatales) la capacidad para regular a su antojo los comicios, con el riesgo de manipular la voluntad del electorado y, en último extremo, alterar incluso las reglas por las que se nombran a los electores estatales para la designación de presidente. Los jueces rechazaron esa teoría, conocida como la “legislatura estatal independiente”.
El caso que se revisaba surge de que el Tribunal Supremo de Carolina del Norte decidió anular los mapas electorales dibujados a su favor por los republicanos, que controlan el Congreso estatal, pues consideraba que era demasiado partidista y artificial, un caso extremo de gerrymandering (el diseño de los distritos para beneficiar a un partido).
El presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Timothy Moore, recurrió alegando esa “doctrina de la legislatura estatal independiente”, que defiende que solo los parlamentos estatales y el Congreso en Washington tienen potestad para decidir las reglas de las elecciones federales: las presidenciales y las legislativas.
El Supremo rechaza esa doctrina. La Constitución “no exime a las legislaturas estatales de las restricciones ordinarias impuestas por la ley estatal”, dice la sentencia. Ha sido decisiva la posición de tres jueces conservadores en este caso más moderados, que se han alineado con los progresistas en una sentencia dictada por 6 votos a 3. Junto a Roberts han votado las tres juezas progresistas (Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown-Jackson) y los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.
En cambio, Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch han formulado votos particulares. En la vista oral ya mostraron su simpatía por dar más poder a las legislaturas estatales, controladas en su mayoría por los republicanos.
7. Redes sociales y terrorismo
Gonzalez v. Google LLC y Twitter, Inc. v. Taamneh. 18 de mayo de 2023. Unanimidad.
El Supremo dio la razón a Twitter, Google y Facebook, que habían sido demandadas por la difusión en sus redes de mensajes de organizaciones terroristas. En un caso, los jueces rechazaron que eso suponga colaboración con el terrorismo. El otro caso lo remitieron a los tribunales inferiores para que siguiesen ese mismo criterio. Aunque eso mantiene por ahora el blindaje de que gozan las redes sociales por el contenido que suben sus usuarios, los jueces han evitado pronunciarse sobre el alcance de esa exención de responsabilidad y parecen reservarse para mejor ocasión.
Lo que hizo el Supremo es decir que no basta con que organizaciones terroristas usen las redes sociales para responsabilizarlas civilmente por cooperación con el terrorismo. En el caso en que se han pronunciado sobre el fondo, Twitter contra Taamneh, se analizaba una demanda de los familiares de una víctima del atentado terrorista contra la discoteca Reina de Estambul, en el que murieron 39 personas en la fiesta de Nochevieja de 2016, año nuevo de 2017.
Aunque el caso lleva el nombre de la red social propiedad de Elon Musk, junto a Twitter también eran parte Google y Facebook. En su día, los jueces fallaron en la instancia anterior contra las tecnológicas, que son las que recurrieron al Supremo y ganaron.
8. Crueldad animal y unidad de mercado
National Pork Producers Council v. Ross. 11 de mayo de 2023. Cinco votos a favor y cuatro en contra
“Aunque la Constitución aborda muchas cuestiones de peso, el tipo de chuletas de cerdo que pueden vender los comerciantes de California no figura en esa lista”. Con esa frase escrita por el magistrado Neil Gorsuch, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un recurso contra una ley de California que impone requisitos a la cría de cerdos y gallinas para que sus productos puedan venderse en su Estado. El conocido como caso del bacon dividió al Supremo y resulta polémico porque puede implicar trabas a la unidad de mercado en Estados Unidos.
Gorsuch, y con matices otros cuatro jueces del Supremo, afirmaron la validez de la ley. “Las empresas que deciden vender productos en varios Estados deben cumplir normalmente la legislación de esos Estados”, dijo la sentencia.
La llamada Cláusula de Comercio de la Constitución estadounidense reserva al Congreso federal la facultad de regular el comercio exterior e interestatal. En la vista pública del caso en octubre pasado ante el Tribunal Supremo, los granjeros sostenían que la ley “viola la Cláusula de Comercio casi por definición porque es una regulación extraterritorial que condiciona la venta de cerdo a que los ganaderos de otros Estados adopten métodos de cría preferidos por California”.
La norma fue aprobada por los votantes de California con un apoyo del 63% para evitar sufrimiento animal. También alegaban que con ello se combaten potenciales amenazas derivadas de que los cerdos estén demasiado agolpados en las granjas. California ya aprobó una ley que entró en vigor en 2012 que en la práctica prohibió el foie gras y cuya validez fue ratificada por el Tribunal Supremo.
El abogado de los granjeros centra sus argumentos en que el Estado puede prohibir los productos de cerdo si quiere, pero no puede imponer al resto del país cómo se deben criar los animales. Los jueces rechazaron esos argumentos. Es cierto, dice la sentencia, que “ningún Estado puede utilizar sus leyes para discriminar deliberadamente intereses económicos de fuera del Estado”. Pero la ley de California, según el Supremo, no infringía ese principio.
9. Derechos de autor
Andy Warhol Foundation for Visual Arts, Inc. v. Goldsmith. 18 de mayo de 2023. Siete votos a favor y dos en contra
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio la razón a la fotógrafa Lynn Goldsmith, que inició hace siete años una cruzada para que se reconociera que Andy Warhol infringió sus derechos de autor al crear serigrafías a partir de una imagen tomada por Goldsmith del cantante Prince.
Basarse en una obra previa, práctica extendida en el arte contemporáneo (y en el arte a secas, desde, al menos, el Renacimiento), puede acarrear a partir de ahora consecuencias legales. Se opusieron a la sentencia el presidente del Supremo, John Roberts, y la magistrada progresista Elena Kagan, en otro ejemplo en que los magistrados no se alinearon por motivos ideológicos.
“Las obras originales de Goldsmith, como las de otros fotógrafos, tienen derecho a la protección de sus derechos de autor, incluso frente a artistas famosos. Tal protección incluye los trabajos derivados que transformen el original”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en la opinión mayoritaria. Siete magistrados estuvieron de acuerdo con esa opinión. Los otros dos mostraron su disenso.
Sotomayor considera que ambas imágenes “comparten sustancialmente el mismo propósito y el uso es de carácter comercial”. También, que la fundación Warhol “no ofreció ninguna otra justificación persuasiva para el uso no autorizado de la fotografía”.
10. Aguas y protección del medio ambiente
Sackett v. EPA. 25 de mayo de 2023. Cinco votos a favor y cuatro en contra
Michael y Chantell Sackett llevaban 15 años batallando con la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) para construirse una casa en un solar a 100 metros del lago Priest, en Idaho, el noroeste de Estados Unidos. Poco después de empezar las obras, la EPA les advirtió de que su tierra probablemente contenía humedales y, por tanto, estaría sujeta a la ley del Agua Limpia, de 1972, que impide verter contaminantes, pero también arena, cemento y otros materiales.
Esa ley no es la más clara que ha aprobado el Congreso y protege “las aguas de Estados Unidos”, refiriéndose en principio a las “aguas navegables”, lo que la práctica fue extendiendo a las conectadas con ellas. Su caso, Sackett contra la EPA, fue el primero que abordó el Tribunal Supremo en el curso judicial.
En la tierra de los Sackett no hay agua. Del otro de lado de la carretera que pasa junto a su finca hay un humedal que conecta con una zanja de drenaje que lleva a una quebrada no navegable que desemboca en el lago.
La EPA consideró que en virtud de ello, la tierra de los Sackett era un humedal protegido por la ley del Agua Limpia y les ordenó retirar el material de relleno para construcción bajo amenaza de multa. El caso se enredó en los tribunales, llegó al Supremo una primera vez por cuestiones de jurisdicción en 2012, luego se quedó estancado y finalmente los jueces dieron la razón al matrimonio el pasado 25 de mayo.
Los nueve jueces estuvieron de acuerdo en el fondo del fallo: la EPA no era quién para decidir si los Sackett podían o no edificar en su propiedad, que claramente no era un humedal. Sin embargo, las tres juezas progresistas y el conservador Brett Kavanaugh discreparon de la interpretación de la sentencia de que la ley del Agua Limpia solo protege los humedales que tengan una “conexión continua en superficie”.
11. Adopciones de nativos americanos
Haaland v. Brackeen. 15 de junio de 2023. Siete votos a favor y dos en contra.
Los jueces sentenciaron la validez de la Ley del Bienestar del Niño Indio, que estipula que en caso de adopción de un niño indígena las familias nativas o las tribus tienen preferencia para acogerlo. Activistas republicanos y familias blancas alegaban que esa medida es discriminatoria y racista, unos argumentos que el tribunal ha descartado rotundamente.
La norma se aprobó para proteger la soberanía de las tribus, después de que el Congreso constatara el alto número de niños de origen nativo estadounidense separados de sus familias y dados en adopción a personas de otros orígenes, o en acogida en instituciones estatales.
A lo largo de la historia, centenares de miles de estos menores quedaron en esa situación, separados arbitrariamente de los suyos para ser asimilados en la cultura dominante, la de las familias blancas. La ICWA cuenta con el respaldo de las tribus, que la consideran un modo de preservar su cultura y sus familias tras siglos en los que la colonización buscó aniquilar esa identidad.
Solo los dos jueces más conservadores, Clarence Thomas y Samuel Alito, se opusieron a la decisión. El caso enfrentó a una pareja de acogida blanca de Texas con cinco tribus y el Departamento de Interior en su lucha por la adopción de un niño nativo americano.
12. Empleados religiosos
Groff v. DeJoy. 29 de junio de 2023. Unanimidad.
Esta sentencia sobre derechos religioso fue sorprendentemente dictada por unanimidad. “El debate ha sido productivo a la hora de encontrar puntos de acuerdo”, escribió el juez Samuel Alito. Con ella, el Supremo refuerza la protección de los trabajadores que piden adaptaciones de su jornada por razones religiosas.
El caso se refería a un cartero cristiano que no quería trabajar los domingos porque decía que ese día es para la iglesia y la familia.
Los jueces dejaron claro en una decisión unánime que los trabajadores que solicitan adaptaciones religiosas, como tomarse el domingo libre, deben ver cumplidas sus peticiones a menos que los empleadores demuestren que hacerlo supondría un “aumento sustancial de los costes” para la empresa. Los jueces devolvieron el caso a un tribunal inferior para que lo volviera a estudiar a la luz de su decisión.
Gerald Groff, el cartero de la zona rural de Pensilvania que presentó la demanda, dijo que esperaba que el fallo “permita a otros poder mantener sus convicciones sin vivir con el temor de perder su trabajo por lo que creen”. A Groff se le dijo que, como parte de su trabajo, tendría que empezar a entregar paquetes de Amazon los domingos.
El cartero se negó, diciendo que sus domingos son para la iglesia y la familia. Al principio, los responsables del Servicio Postal intentaron conseguir sustitutos para los turnos de Groff, pero no siempre pudieron complacerle. Cuando Groff no se presentaba, eso significaba más trabajo para los demás. Finalmente, Groff dimitió y presentó una demanda por discriminación religiosa.
