Colombia sigue siendo el mayor productor de hoja de coca del mundo, según el Informe Global sobre Cocaína que presenta anualmente Naciones Unidas, además, según datos del gobierno colombiano, las incautaciones de cocaína han llegado a 50 millones de toneladas, en un nuevo enfoque a la política de drogas que busca reducir la producción y las capacidades de las organizaciones criminales.
En ese sentido, la Voz de América dialogó con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre el nuevo giro de Estados Unidos hacia Colombia en la guerra contra las drogas al suspender el monitoreo de cultivos de coca en el país y el consumo de fentanilo, una droga sintética que ha cobrado la vida de 110.000 personas en EEUU en el último año.
Igualmente, Osuna conversó con la VOA sobre el proyecto de ley de humanización de cárceles, que podría permitir a algunos presos la salida de presión por algunos períodos de tiempo. Asimismo, entregó detalles de la jurisdicción agraria, un mecanismo que busca resolver los conflictos de la tierra en el país.
VOA: ¿Por qué EEUU decidió suspender el monitoreo de los cultivos de droga en Colombia?
Osuna: Es una decisión de Estados Unidos, así nos lo ha informado la embajada de Estados Unidos en nuestro país, obedece a un cambio de las agencias que llevan a cabo los monitoreos y que han decidido suspenderlo este año, eso quiere decir que en años posteriores lo puedan volver a adelantar.
También es cierto la forma de un cambio de la política de drogas, así como en el país hemos cambiado esa política de drogas tradicional, punitiva, prohibicionista y de guerra, Estados Unidos está haciendo lo propio, tienen preocupaciones nuevas, entonces ese monitoreo tampoco es una parte esencial de la estrategia para enfrentar las drogas, pero además ya existen dos monitores, uno que adelanta Naciones Unidas y el que realiza la policía, del que se nutre en buena parte Naciones Unidas y se nutría también el informe de Estados Unidos. Así que es una decisión interna que por supuesto respetamos y que no afecta para nada la política de drogas.
VOA: ¿El dinero que aporta Estados Unidos a Colombia va a cambiar por esta decisión de Estados Unidos de suspender el monitoreo de cultivos ilícitos?
Osuna: La colaboración económica que Estados Unidos le presta a Colombia para tratar asuntos de drogas y otros temas es permanente, fluida y está previsto que continúe. Eso puede tener variaciones por razones de ellos, pero no está ligado al monitoreo.
VOA: ¿Cómo va a manejar Colombia la erradicación de cultivos de hoja de coca?
Osuna: Nuestra política de drogas está enfocada en perseguir la cocaína, el dinero de la cocaína, el lavado de activos y los grandes narcotraficantes, medianos narcotraficantes y mafiosos, es decir, lo que propiamente es el narcotráfico. Nuestras cifras de incautación este año tienen muy buenas cifras, la cantidad de laboratorios de producción de cocaína que se han destruido este año en Colombia es históricamente alta, las capturas de narcotraficantes son superiores a las de años anteriores.
En cuanto la erradicación, que no es el centro de esa política, le estamos apostando a una priorización, erradicar algunos cultivos forzosamente y a convencer a las comunidades de sustituir sus cultivos voluntariamente, entonces por supuesto que continuaremos erradicando, pero no es el eje central de nuestra propuesta de drogas.
VOA: El fentanilo empieza a representar un problema global en la lucha contra las drogas, ¿qué les ha dicho EEUU frente a esta droga a la que los carteles se están empezando a mudar?
Osuna: Es una preocupación mutua, en todas las conversaciones con las autoridades estadounidenses y en los viajes oficiales que hemos hecho a Washington la preocupación es enorme, no solo de ellos, que se les ha disparado el consumo de fentanilo, sino de Colombia donde también se consume, y en donde obedece a unas coordenadas geográficas distintas a las de la cocaína. Eso nos ha permitido pensar en unas estrategias de colaboración mutua para enfrentar el consumo, para mirar políticas de salud pública, políticas de prevención, en eso nos tenemos que ayudar porque realmente el consumo de fentanilo realmente afecta de modo muy severo la salud y con un riesgo de muerte muy alto.
VOA: ¿Cuál es el panorama del fentanilo en Colombia?, ¿Hay carteles dedicados a la producción y comercialización de este opioide en el país?
Osuna: El tráfico internacional de fentanilo no tiene una referencia específica en Colombia. En la cadena internacional de tráfico de estupefacientes en materia de fentanilo Colombia no aparece. Nuestras autoridades de policía están investigando si el fentanilo que se consume en el país es fabricado aquí o si es introducido, pero no hay tráfico de fentanilo que pase por Colombia para exportarse e intentaremos que eso siga siendo así.
VOA: ¿Qué tan importante es la presencia de cárteles mexicanos en Colombia?
Osuna: Las estructuras criminales no reconocen fronteras, no tienen ningún interés en respetar eso, por lo tanto, sabemos que hay presencia de carteles y de estructuras delincuenciales de otros países, no solo del hermano país mexicano que tantas cosas buenas tiene y tanto queremos, pero si hay estructuras criminales de las que hay presencia de esos grupos y también de otros países.
VOA: El proyecto de sometimiento de organizaciones ilegales que no tienen estatus político para negociar la paz en muy importante en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, a esta se le conoce como «Ley de sometimiento», que busca el desmantelamiento de grupos criminales de alto impacto, y en la que el Estado se compromete a imponerles penas alternativas de prisión entre seis y ocho años de cárcel efectiva, a cambio de que estas organizaciones dedicadas al crimen entreguen reparación y verdad a sus víctimas, ¿Qué le espera al proyecto de ley de sometimiento a la justicia en el Congreso?
Osuna: El gobierno le está apostando precisamente a acabar con ese problema de las estructuras criminales que tanto dolor y sufrimiento nos han causado con una estrategia que va a dos bandos, por una parte, la actuación de la policía, las fuerzas militares y de los jueces, y, por otra parte, una oferta, que como usted menciona, es una oferta de rebaja de penas a cambio no solamente de verdad, sino de asumir la responsabilidad, es decir, no es amnistía ni indulto, es una rebaja de penas en la que tienen que asumir la responsabilidad y entrega de bienes y entrega de información sobre sus actividades.
Entonces al estado colombiano le hace falta una ley, una herramienta jurídica que permita las entregas colectivas y los juicios colectivos para estos casos, por eso es que esa ley es necesaria porque para la entrega de una persona individual de estos grupos y hacer alguna rebaja porque colabora con la justicia ya tenemos leyes, entonces lo novedoso de esta ley es que permite el desmonte completo de la estructura criminal.
VOA: ¿El proyecto de sometimiento a la justicia incluye a las disidencias de las FARC o definitivamente va a ver un trato distinto con esos grupos con un proceso de paz?
Osuna: Esta ley está pensada para aquellas estructuras criminales que no tienen referente político, grupos que actúan con el ánimo de hacer negocios ilícitos. El grupo que usted menciona (disidencias de las FARC) es un grupo de carácter político, entonces no entra en esta ley, sino que se mirará otro marco jurídico.
VOA: ¿Qué es el proyecto de humanización de cárceles con el que buscan virar la política de tratamiento de los condenados?
Osuna: Este gobierno se encontró con una situación carcelaria al borde del colapso porque desde hace 20 años o más se venía en una estrategia de aumento de penas, creación de nuevos delitos, disminución de beneficios, como consecuencia de un populismo punitivo rampante, sin que eso viniera acompañado de presupuesto para la creación de nuevas cárceles, mejores cárceles y para que las cárceles sirvieran para algo. Nos encontramos con un problema de hacinamiento terrible porque las cárceles no cumplen con el propósito de resocializar para que una persona cuando salga de la cárcel tenga muy pocas posibilidades de reincidir.
Entonces nuestra idea ha sido cambiar ese estado de las cosas y hacer que las cárceles sirvan para aquello que realmente deban servir, que sean sitios de castigo, eso es claro, pero que también sirvan para resocializar, lugares donde las personas están trabajando o estén estudiando para que adquieran hábitos de trabajo y aprendan un oficio nuevo para salir de allí con alguna habilidad o conocimientos que no tenían cuando entraron y les permita reintegrarse a la sociedad. Por eso insistiremos en el proyecto para que en esta segunda legislatura pueda salir adelante y pueda aprobarse.
VOA: El Senado colombiano aprobó el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, un punto que hace parte de la implementación del acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. Solo queda pendiente que se establezca la estructura, su funcionamiento y las competencias del mismo. ¿Por qué es tan importante esta ley?
Osuna: La ley busca llevar juzgados por su puesto a territorios apartados de Bogotá, donde ha habido una fuerte conflictividad por la tierra, para que en un procedimiento sencillo, fácil, casi sin formalidades se resuelvan de manera razonable dentro de la ley los conflictos que históricamente se han resuelto de modo violento porque la conflictividad de tierras en Colombia acompaña toda la historia de nuestro país y se ha resuelto en guerra y a bala.
