Un tribunal de Bolivia ratificó la sentencia de 10 años de cárcel para la exmandataria transitoria Jeanine Áñez por la forma en que asumió la Presidencia interina del país en 2019, confirmó este domingo (16.07.2023) la defensa de la exautoridad, que pedirá aclaraciones sobre este fallo al haber detectado contradicciones en el mismo.
El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, explicó a la agencia EFE que el documento de 351 páginas «va desglosando los elementos que han sido apelados» y «ratifica la resolución emitida en una primera instancia», es decir, «los 10 años en contra de la exmandataria por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución».
Los vocales Rojas y Castro, por instrucción del MAS, ratifican vulneración de todos mis derechos como ex Presidente de Bolivia negando el #JuicioDeResponsabilidades que ordena la Constitución. @TSJBolivia será responsable del quiebre total del Estado de Derecho o su reposición. pic.twitter.com/FvG0btv31F
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 14, 2023
En un análisis preliminar de la defensa de la exgobernante, se detectó que la sentencia «entra en una contradicción» porque «pareciera que descarta el delito de incumplimiento de deberes» que fue incluido en el fallo inicial, indicó el jurista.
«Cuando resuelve la apelación del Ministerio Público dice (que) no se ha logrado probar el incumplimiento de deberes. Por lo tanto, lo que se habría aplicado es la pena máxima de las resoluciones contrarias a la Constitución. Esto, en un análisis preliminar, es una situación que va a tener que ser aclarada por este tribunal», añadió.
Por este motivo, la defensa de Áñez prevé presentar primero un «recurso de aclaración» para que el tribunal especifique si efectivamente la nueva sentencia elimina un delito o no, para que, «una vez con esta aclaración, ya se pueda interponer adecuadamente el recurso de casación», agregó Guillén.
La Justicia determinó en junio de 2022 dar 10 años de cárcel a la expresidenta interina por el caso «golpe de Estado II» en el que los principales acusadores son la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
