La Asamblea Legislativa aprobó hoy 11 reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que aumentan la pena máxima a los «autores mediatos» de crímenes y facilita la introducción de pruebas como confesiones de imputados y declaración anticipada de testigos en los procesos de crimen organizado.
Con la reforma, los cabecillas de pandillas podrían ser condenados a un máximo de 60 años de prisión y ya no a 45 años, ya que aumenta «hasta una tercera parte».
Las reformas fueron aprobadas sin tomar en cuenta la mayoría de las recomendaciones de la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, ayer en la Comisión de Seguridad.
Uno de los cambios más significativos fue que los diputados desistieron de aprobar que el acta de entrevista realizada por los agentes policiales en las investigaciones “sea valorada como prueba”, ya que no fue aprobada la modificación al artículo 6-A originalmente propuesta por el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El diputado Jaime Guevara, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recalcó que no respaldan estas medidas porque no hay garantías de que no se procese a personas inocentes.
Estos dictámenes hasta hace unos minutos no los habían subido a la plataforma digital de la Asamblea, no son de conocimiento público… Eso generará réditos políticos, pero vean que estas medidas van a golpear a muchos inocentes». Jaime Guevara jefe de fracción del FMLN.
El diputado Guillermo Gallegos, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), defendió las reformas y aseguró que seguirán capturando a quienes hayan pertenecido o pertenezcan a pandillas. Ejemplificó la captura de una pastora de una iglesia cristiana.
«Ayer se capturó a una pastora de una iglesia cristiana y, al revisarla, se le descubren los números y cosas alusivas a las pandillas. Formó parte de una estructura criminal, por lo que tendrá que responder con muchos años de prisión”. Guillermo Gallegos, Diputado de Gana.
Por su parte, el diputado John Wright Sol, de Nuestro Tiempo, aseguró que estas reformas pretenden hacer «condenas masivas» violentando el debido proceso y es «un atropello a las personas imputadas».
