Un maletín con 250.000 dólares no es fácil de meter de contrabando. Menos a Estados Unidos, tal como pretendió hacerlo José Raúl de la Torre, un joven que fungió como asesor de Petroecuador.
Al ser retenido en Miami, no pudo justificar la procedencia del dinero. Con casos como este salieron a la luz sobornos y tramas de corrupción ocurridas en Ecuador que en Estados Unidos ya fueron sancionadas, pero que en la Justicia ecuatoriana han evidenciado una lentitud llamativa en cuanto a pesquisas de carácter penal.
Esta investigación de EL COMERCIO y CONNECTAS devela que mientras Estados Unidos ha investigado, condenado e impuesto multas, así como decomisos de bienes y dinero por los delitos cometidos en Ecuador, en este país la negligencia y los vacíos judiciales han minimizado o descartado las investigaciones legales correspondientes en los mismos casos.
El juicio contra De la Torre en Estados Unidos es uno de los 36 que ese país sigue a través de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una legislación que le permite rastrear dineros provenientes de tramas de sobornos en otros países. Con esa normativa, el ex funcionario ecuatoriano fue sentenciado en 2019 por sobornos para que empresas norteamericanas lograran contratos en Petroecuador; y también por conspiración para lavado de dinero.
Con esta serie de juicios, la justicia estadounidense ya ha procesado a 33 ecuatorianos, seis empresas estadounidenses y seis ciudadanos de otras nacionalidades que utilizaron sobornos para ganar contratos en Ecuador y que luego invirtieron esos fondos en jurisdicción estadounidense, ya sea en el sistema financiero o en el bursátil.
De esos procesos, 23 ya llegaron a sentencias en firme, que incluyen la confiscación de más de 250 millones de dólares producto de la corrupción. Pero a pesar de las evidencias levantadas por el país del norte, en Ecuador solo se ha elevado a juicio a seis de esos casos, según la información recopilada para este reportaje. Estos datos muestran cómo caminan lentamente los procesos de indagación fiscal. Una suerte de “tortuguismo” que contrasta notablemente con la velocidad con la que la justicia norteamericana ha avanzado.
«Con esta serie de juicios, la justicia estadounidense ya ha procesado a 33 ecuatorianos, seis empresas estadounidenses y seis ciudadanos de otras nacionalidades que utilizaron sobornos para ganar contratos en Ecuador»
Un claro ejemplo es lo que ha sucedido en el caso de De la Torre. Él y un socio manejaron al menos tres millones de dólares por sobornos para permitir que compañías extranjeras lograran contratos con la petrolera estatal de Ecuador. El exfuncionario, finalmente, dejó la prisión en Miami en febrero de 2021 (aunque tenía que cumplir dos años más de libertad vigilada). En agosto de ese año hizo una declaración voluntaria adelantada a la Fiscalía de Ecuador, desde Washington, que fue primordial para el llamado «Juicio Las Torres”, con el que se logró inculpar por delincuencia organizada al excontralor general Pablo Celi de la Torre, quien es su pariente.
Aun así, De la Torre no tiene ninguna causa abierta en el sistema de justicia de Ecuador. Según algunas fuentes que prefieren el anonimato, estaría en el programa de testigos protegidos.
A pesar de múltiples intentos por obtener su palabra para este reportaje, la Fiscalía no aceptó hacer una revisión de este caso y de los temas asociados a los 36 juicios que lleva adelante Estados Unidos. En dos ocasiones, incluso, la institución canceló las citas acordadas para una entrevista.
La justicia nacional actúa de la siguiente manera. Si hay juicios por FCPA en Estados Unidos que tienen gran repercusión mediática, se suele pedir asistencia penal internacional a ese país. Con una consecuencia: la demora para armar los casos. Esto, a pesar de que son juicios cuya documentación es de libre acceso en internet.
Los seis procesos abiertos en Ecuador tres tienen sentencias y están divididos de esta manera. Dos provienen de la línea investigativa del juicio a la constructora brasileña Odebrecht en Estados Unidos: se trata del caso de Arroz verde-Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenados por cohecho el expresidente Rafael Correa y su ex vicepresidente, Jorge Glas; y el proceso en contra del excontralor Carlos Pólit, por concusión.
El tercero con sentencia se trata de un caso de cohecho en Petroecuador. En este proceso fueron condenados Ramiro Luque, Arturo Escobar Dominguez y Juan Baquerizo, quienes tuvieron sus respectivos juicios en Estados Unidos. La sentencia fue de cinco años, dictada el 3 de abril de 2017. El caso se dio porque la Fiscalía presentó como pruebas las transferencias de 250.000 dólares entre las empresas Arkadale Investment y Girbra, esta última contratista de Petroecuador.
En el escándalo de la Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) se armaron dos causas por las presuntas irregularidades en las operaciones financieras de inversión del fondo; y están en curso. Hace más de dos años, la Fiscalía investigó la negociación de 216,2 millones de dólares en operaciones efectuadas, desde el 2014 al 2019, entre los directivos del Isspol y dos empresas más. El 16 de marzo de 2023 concluyó la fase de investigación y está pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Finalmente, el sexto proceso judicial en Ecuador es el caso Vitol, juicio que está en curso. Este caso es en el que ha sido prontuariado Nilsen Arias, quien fuera el gerente de comercio internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Vitol es una empresa holandesa de comercio de energía y productos básicos con sede en Suiza. En este caso también hay nexos con temas petroleros y de seguros.
En este proceso también está vinculado el lobbysta Antonio Peré Ycaza, que actuaba como intermediario de sobornos. Este juicio, que se inició el 14 de noviembre del 2022, espera sentencia en primera instancia.
