Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que finiquite la investigación del caso Duro Felguera. La Fiscalía ha trasladado al magistrado que ve indicios para continuar el procedimiento contra la empresa asturiana y una docena de personas por los presuntos sobornos de más de 105 millones de dólares de un macroproyecto eléctrico en Caracas.
Así lo recoge en un escrito que avanza Vozpópuli y en el que indica que los hechos que se llevan investigando desde el año 2017 serían constitutivos de delito de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. De esta forma pide actuar contra una docena de personas, entre las que se encuentran el expresidente de Duro Felguera Juan Carlos Torre Inclán, y el que fuera CEO Ángel Antonio Suárez del Valle.
Anticorrupción también da el primer paso para enviar al banquillo al presidente de Técnicas Reunidas (Terca), Luis Barrios, y una serie de exaltos cargos de la administración de Hugo Chávez como el exdirector de una filial de PDVSA Luis Carlos de León, o el exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos, entre otros. Al respecto determina que en la adjudicación se vieron implicados altos cargos bolivarianos, como es el caso de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA y uno de los hombres fuertes del chavismo.
El megaproyecto de Duro Felguera
Según relata la Fiscalía, las diligencia practicadas en estos años habrían evidenciado que Duro Felguera se adjudicó un megaproyecto de energía en Venezuela a través de la UTE Termocentro a cambio de mordidas que se habrían abonado en tres fases y a través de firmas interpuestas. El dinero se envió a cuentas de exaltos cargos bolivarianos (abiertas en su mayoría en Suiza) y se habría blanqueado mediante la compra de viviendas de lujo en España.
Los 105 millones se pagaron en tres tandas de 25, 54 y 27 millones a través de dos sociedades interpuestas. Todas las comisiones tenían como objetivo conseguir que Duro Felguera fuera privilegiada en la adjudicación de la central termoeléctrica.
El escrito que se acaba de remitir al Juzgado Central de Instrucción número 2 determina que en el año 2009 Duro Felguera logró hacerse en mayo de 2009 con un megaproyecto de 1.500 millones de dólares para atender el crecimiento de la demanda eléctrica en Caracas, donde residen más de 4,5 millones de personas. Para ello firmaron una serie de contratos con los que buscaban «encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos«.
A través de esos contratos los responsables de Duro Felguera entregaron al menos 105.627.600 dólares a Nervis Villalobos en tres pagos diferenciados y a través de dos sociedades interpuestas: Terca (de Luis Barrios) e Ingespre (vinculada a Villalobos). El primero de ellos se formalizó en diciembre de 2008 entre la empresa asturiana y Terca. La Fiscalía asegura que se simuló una prestación de servicios y asesoramiento técnico aunque, en realidad, se habría utilizado como «tapadera para ocultar los sobornos».
Empresas tapadera y testaferros
Al respecto Anticorrupción sostiene que Luis Barrios era, en realidad, un testaferro de Nervis Villalobos, quien no podía aparecer formalmente en el contrato por incompatibilidad por su anterior cargo como viceministro de Energía hasta 2006, según las normas internas de Duro Felguera. Por este primer acuerdo se pagaron 25 millones de dólares.
El segundo contrato también se cerró en diciembre de 2008 con la firma de Luis Barrios y supuso el desembolso de casi 54 millones de dólares. Los abonos fueron a parar a una cuenta de Terca en Banque Safdié en Suiza. El tercero y último se firmó con Ingrespre, sociedad de Villalobos, por un servicio de asesoramiento. El mismo (estipulado en 26 millones de dólares) cedía el arrendamiento de servicios de Terca a la firma del exviceministro de Energía de Venezuela una vez transcurridos sus años de incompatibilidad.
La Fiscalía implica en este punto a exaltos funcionarios ligados al chavismo que habrían mediado a cambio de mordidas. Destaca el papel de Luis Carlos de León , su pareja Andreina Gámez Rodríguez, Julia Elba Van Den Brule (exdirectiva de una filial de PDVSA) y el exviceministro Javier Alvarado Ochoa.
El escrito recoge además la ruta de transferencias a los imputados. Así, por ejemplo, De León habría canalizado el dinero recibido a través de la sociedad El Cano Navy Corp; radicada en Panamá. Van den Brule, por su parte, también usó una sociedad constituida en Panamá y creada por los servicios de la Banca Privada de Andorra, (BPA),
Blanqueo en casas de lujo
Al respecto destaca que Banque Safdié llegó a cancelar sus relaciones con los titulares de las cuentas vinculadas a Barrios y otros exaltos cargos venezolanos ante la opacidad de las justificaciones sobre sus operaciones financieras. Cabe recordar que Villalobos (a quien la Audiencia le archivó recientemente una investigación por presunto blanqueo) siempre ha defendido la legalidad de sus trabajos y la prestación real de los mismos.
Anticorrupción, que también actúa contra Terca e Ingespre como personas jurídicas, concluye que algunos de los imputados habrían blanqueado parte de los fondos mediante la compra de casas de lujo en Madrid capital, Majadahonda, Valdemorillo y Lugo. Así, el matrimonio formado por los imputados Luis Carlos de León y Andreina Gámez Rodríguez compró en 2014 una mansión en La Moraleja por 4,6 millones de euros.
En lo que respecta a Terca, durante 2009 recibió en sus cuentas parte del dinero que habría canalizado desde Duro Felguera. La Fiscalía apunta a un total de 4,8 millones de dólares, parte de los cuáles se canalizaron en un banco con sede en la isla caribeña de Barbados. El movimiento de dinero continuó hasta 2013 y el mismo se habría introducido en el circuito financiero a través de ampliaciones de capital, compra de participaciones y la adquisición de un residencial en Alcobendas.
Así pues, tras más de seis años de causa, Fiscalía pide zanjar las pesquisas y seguir el procedimiento contra 12 personas físicas y cuatro jurídicas. Con todo, reclama al magistrado Ismael Moreno que archive las diligencias para siete personas vinculadas con Duro Felguera. Se trata de miembros de la UTE, apoderados y directores de obra de los que dice que, aunque están vinculados con alguna práctica irregular, su actuación no alcanza relevancia penal porque no conocían el auténtico contexto de sus acciones y carecían de poder de decisión.
