Afirmó el experto Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory, que a dos años de aprobado el bitcóin, El Salvador cuenta con más de 90 proveedores de servicios digitales, leyes e instituciones para facilitar el uso de criptomonedas, pero aún faltan blindarlas contra el dinero mal habido.
La aprobación del bitcóin como moneda de curso legal hace dos años en El Salvador fue el primer paso para que el país desarrollara un mercado financiero digital, que le abrió las puertas a entusiastas de las criptomonedas, pero también a decenas de empresas extranjeras que realizan operaciones con este dinero digital.
En tan solo dos años, 97 empresas proveedoras de servicios digitales se han registrado a través del Banco Central de Reserva (BCR); además, se aprobó una ley de activos digitales y se creó la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin, a la que la Asamblea Legislativa le asignó un presupuesto de $1.8 millones.
También se creó la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Oficina Nacional del Bitcóin. Esta última es dirigida por los estadounidenses Max Keiser y Stacy Herbert y reportan directamente a Casa Presidencial.
Pero de acuerdo con el experto Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory, especialista en riesgos financieros, pese a todos los avances, la ley contra el lavado de dinero y activos sigue sin modificarse desde 2015.
“Aquí tenemos una regulación que todavía hay que mejorar, y esa es la ley contra el lavado de dinero y activos porque tenemos desde 2015 que no se hacen cambios”.
Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory
Menciona, por ejemplo, que las empresas proveedoras de servicios digitales que operan con bitcóin u otras criptomonedas no están incluidas como sujetos obligados, con lo cual no hay mecanismos para blindar a estas operaciones de dinero mal habido.
«Aquí tenemos una regulación que todavía hay que mejorar, y esa es la ley contra el lavado de dinero y activos porque tenemos desde 2015 que no se hacen cambios a esa ley. Hemos modificado instructivos, hemos modificado la regulación, pero no hemos cambiado la ley desde 2015 y no hemos metido ahí a muchos sujetos obligados que hoy sí son sujetos obligados como los proveedores digitales», dijo Morales.
Para el experto, las modificaciones deberían hacerse lo antes posible, no solo porque las inversiones en criptomonedas siguen surgiendo, a medida que el gobierno anuncia beneficios como la exención de impuestos y otras prerrogativas, sino porque además, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está realizando las evaluaciones de cumplimiento de los acuerdos internacionales a los que el país está suscrito.
«Hoy tenemos una mayor necesidad de hacer estos cambios porque en el ambiente en el que se encuentra El Salvador, es más prioritario que salga sumamente bien el evaluado por la recomendaciones de la evaluación del GAFI, porque eso sí nos va a impactar; no sólo a nosotros como usuarios o entidades financieras, sino que nos va a impactar como país y nos puede llevar a una lista gris», señaló.
La lista gris del GAFI incluye a países que no están realizando los esfuerzos necesarios para combatir la delincuencia financiera y son considerados de alto riesgo para la comunidad financiera internacional.
Según Morales, que El Salvador sea incluido en la lista gris del GAFI repercutiría no solo en la imagen del país, sino que además incrementaría los costos de las transacciones. «No administrar bien los riesgos de evaluación del GAFI nos puede po ner como un país no cooperante en prevención del delito del lavado del dinero y creo que nadie quiere eso», afirmó.
En 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó, en un informe que El Salvador logró un progreso limitado en la lucha contra el lavado de dinero en ese año y que la introducción del bitcóin como moneda de curso legal solo complicará aún más los esfuerzos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El informe agregó que aunque se está desarrollando un marco regulatorio para activos virtuales y proveedores de servicios, «persisten algunos vacíos regulatorios y una implementación deficiente podría aumentar los riesgos de organización criminal transnacional, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo».
Trabajo ético
Morales afirma, además, que todavía hace falta una mayor efectividad en la regulación contenida en la Ley de Activos Digitales. A través de sus reglamentos, esta ley establece obligaciones para los proveedores de servicios digitales, pero para el experto, de nada sirve que haya normas si la ley no se aplica con eficiencia y sobre todo, con ética.
En febrero, el organismo de control global contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pidió a los países una mayor adopción de la «Regla de viaje» del proveedor de servicios de activos digitales para frenar el flujo de fondos ilícitos que utilizan las criptomonedas.
«El proveedor de activos digitales de El Salvador tiene la obligación de identificar el código hash y decir que este dinero viene de una operación lícita», afirmó el experto.
Morales afirma que estos cambios deben hacerse lo más pronto posible pues el mundo de las criptomonedas avanza rápidamente. «Vamos a un camino que debe ser más acelerado por las transacciones que pasan por acá», afirmó.
En ese sentido, afirmó que son los supervisores del cumplimiento de la ley los que tienen que tener el compromiso ético para informar sobre estas operaciones.
«Independientemente que tengamos la mejor regulación y las mejores herramientas financieras, se necesita un compromiso ético a nivel de los que toman decisiones, hacen las transacciones y las supervisan», señaló.
«Uno de los mayores riesgos que ahora podemos ver es el desconocimiento por actividades con criptomonedas, por ejemplo, y siendo El Salvador un país que ya tiene una Ley de Activos Digitales debemos capacitar a los profesionales involucrados en conocer en qué estamos entrando», afirmó Morales.
Yancor Coaching & Mentory realizará el 9 y 10 de octubre un foro internacional en el que se discutirá la preparación profesional sobre estos temas.
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