Hay mujeres que esperan entre 8 y 13 meses para obtener citaciones que son parte del trámite de juicios de alimentos, explica la jurista y académica María Dolores Miño. Ella lidera el Observatorio de Justicia y Derechos, ODJ, un espacio que monitorea el funcionamiento del sistema judicial en el país.
El ODJ ha seguido el pulso de la situación convulsionada del sistema, que se hizo más visible los últimos meses, cuando cambió la correlación de fuerzas en el Consejo de la Judicatura.
El fenómeno, en realidad, viene gestándose desde hace años y responde a una lógica, visible prácticamente desde el regreso a la vida democrática. “No es un tema nuevo el hecho de que grupos con intereses políticos, o económicos, quieran tener injerencia en el funcionamiento de las altas cortes, porque la función judicial puede ser el último bastión de tutela de derechos, o el mecanismo desde el cual se permite impunidad frente a violaciones a la ley”, advierte Miño.
Hay un efecto colateral. La impunidad favorece al florecimiento del crimen organizado. El sistema de justicia se orienta a golpear solo a los más débiles en esa cadena, afirma Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO). Este centro de investigaciones mapeó sentencias por narcotráfico en Guayas.
Tres de cada diez sentenciados son microtraficantes, es decir, procesados por tráfico en pequeña y mediana escala: reciben penas de diez años en promedio. Sin embargo, personas que son parte de organizaciones criminales reciben condenas bajas, tras acordar un procedimiento abreviado. “Acceden luego de una negociación con la Fiscalía, buscando celeridad en el sistema”. En cuatro de cada diez procesos abreviados, las sentencias en promedio fijan 20 meses de privación de libertad.
Tarifario para recibir penas pequeñas
Rivera va más allá. Hay provincias en la cuales “el procedimiento abreviado tiene un listado de precios, una pena de 20 meses cuesta cinco mil dólares; se ha fijado una especie de tarifario”, según funcionarios encuestados para el estudio en varias provincias.
Con frecuencia, explica el académico, se atribuye la impunidad a la debilidad de la legislación y a la hegemonía del sistema garantista. El problema de fondo radica en la interpretación que de la ley hacen los operadores de justicia: procesan por delincuencia organizada, cuando deberían juzgarse otros delitos, en los que no accederían a esos beneficios.
En otro estudio, el Observatorio detectó que el 40 por ciento de procesados debía ser vinculado por narcotráfico. Este grupo enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito que contempla la mitad de la pena.
En el mapa del crimen organizado en el Ecuador, el narcotráfico impera, copando el 23% de delitos. Le sigue el lavado de activos, con 17% de participación. Y en tercer lugar está la corrupción estatal, con 16%. Estas cifras constan en el informe “Caracterización del crimen organizado”, del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, OECO. Este centro es un proyecto de la fundación PADF.
Si hay evidencia de que muchos casos de narcotráfico se investigan por una figura delictual distinta, que es la delincuencia organizada, también hay indicios de impunidad en otro delito: lavado de activos.
Nueve de cada diez investigaciones previas por esta figura terminan en archivo. No se convierten en juicios formales. Hay varias razones, una de ellas es que los procesos investigativos se realizan desde Quito, advierte Rivera.
Entre 2016 y 2021 solo hubo 16 indagaciones previas por lavado de activos.
A partir de 2020, el país emite un promedio de dos sentencias anuales por este delito; frente a 40 de Colombia y 17 de Perú. “Como país, en este tema hacemos muy poco”. La justicia no ve, no quiere o no puede ver, mientras tanto, crece el crimen organizado en el país. Otro tema que admiten los funcionarios al ser consultados es que las provincias con mayores casos de corrupción judicial son Guayas, Santa Elena y El Oro
Vocales de la Judicatura al banquillo
La crisis actual en el sistema judicial tiene bajo el ojo de la tormenta a los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, Xavier Muñoz y a su presidente Wilman Terán, que integran el pleno del Consejo de la Judicatura. Éste es el ente que en la práctica mueve los hilos invisibles de la justicia. Por eso es la joya de la corona para grupos políticos y económicos.
Barreno y Morillo están procesados por el presunto delito de tráfico de influencias, mientras Terán y Muñoz por interferencia en la justicia.
En el primer caso extractos de una grabación magnetofónica, difundidos a mediados de 2022, revelarían un intento por favorecer con una acción de protección a la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. Los hechos investigados habrían ocurrido durante una reunión realizada fuera de las instalaciones del consejo. El juez provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, también es investigado.
El último viernes 22 de septiembre falló el cuarto intento por instalar la audiencia preparatoria de juicio. La diligencia fue diferida por pedido de la defensa de la vocal Barreno.
El juez nacional Walter Macías conoce este expediente, conocido coloquialmente como el caso Vocales. Macías se reincorporó en sus funciones, por un recurso legal, pues había sido suspendido y destituido en forma irregular, con votos que no representaban mayoría absoluta del pleno en el Consejo de la Judicatura.
Este órgano está integrado por cinco vocales. Ellos son elegidos, de ternas, en procesos dirigidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). De la terna que envía la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sale el presidente del CJ. Los otros vocales provienen de listas enviadas por la Fiscalía General del Estado; la Defensoría Pública; la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.
La actual conformación del CJ refleja la pugna de intereses, de distintos actores políticos, con el correísmo como principal protagonista. En febrero de 2018 el gobierno de Lenín Moreno impulsó una consulta popular, que cesó a los miembros del CJ de la época. El Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, designó una Judicatura temporal.
En enero de 2019, se conformó el CJ definitivo, con los vocales María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo. Esquetini representaba al Ejecutivo; renunció meses más tarde. Fue reemplazada por Jorge Moreno, quien salió en la pandemia. Su sucesor fue Xavier Muñoz Intriago, quien se posesionó el 15 de abril de 2021, poco antes de la posesión del gobierno de Guillermo Lasso.
María del Carmen Maldonado presidía ese Consejo; representaba a la Corte Nacional de Justicia. Renunció a inicios de 2022. Su suplente, Álvaro Román, reclamó su derecho a presidir la Judicatura y presentó recursos constitucionales para lograr su objetivo. Recién en enero de 2023 Román llegó a presidir el consejo, brevemente.
Luego fue reemplazado por Wilman Terán. Como presidente del CJ, en septiembre Terán cumplió siete meses en funciones, en medio de turbulencias y enfrentamientos con la misma Corte Nacional de Justicia, que lo nominó para ese cargo.
El vocal Fausto Murillo asumió por encargo la presidencia del CJ durante el año 2022, tras la salida de Maldonado. En ese período, según explicó en entrevista, impulsó 17 acciones fundamentales, entre ellas, la creación de unidades especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado y la aprobación del protocolo para destruir aproximadamente 500 toneladas de droga. Dijo haber sufrido persecución y acoso. “Comparecí 17 veces a la Asamblea y respondí 382 pedidos de información; enfrenté un juicio político”.
Apetitos políticos insaciables
Sectores políticos buscan captar la justicia; esto no es nuevo. En octubre de 1984, a pocos años del regreso a la democracia, mediante una reforma constitucional se cambiaron las reglas del juego para la conformación de la (entonces) Corte Suprema de Justicia. Como relata Santiago Basabe en el libro “Política y Justicia en América Latina”, se redujo el tiempo en funciones de los jueces de seis a cuatro años. Además, se amplió el período de rendición de cuentas de los jueces salientes, hasta un año después de dejar el cargo. A partir de la decisión, el Congreso de la época designó una nueva Corte Suprema. “Una mayoría legislativa encabezada por el opositor partido Izquierda Democrática, acogiendo la reforma constitucional mencionada, decidió renovar íntegramente la CSJ”, escribe Basabe. Como respuesta desde el Ejecutivo León Febres Cordero se ordenó rodear el edificio de la CSJ con tanquetas de guerra, impidiendo de esa forma el ingreso de los jueces designados por la legislatura. Durante más de un mes el país tuvo dos cortes. Solo un acuerdo entre el oficialista PSC y la ID “dio fin al conflicto a través de la designación de una nueva Corte Suprema que reemplace a las dos en disputa”.
Un salto de 14 años en la historia nos lleva hasta 1998. A partir de la vigencia de la Constitución de ese año, se incorporaron cambios institucionales. El Congreso hizo la designación; los candidatos fueron seleccionados por una comisión especializada, a través de un concurso público. Según Basabe, en el citado libro, ésta habría sido “la mejor conformación de la Corte desde el regreso al período democrático”. La normativa fijaba el requisito de experiencia en 15 años, para ser magistrado de la CSJ.
Todo cambió en 2004. Una coalición legislativa conformada por el partido del entonces presidente Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica) y de otras agrupaciones, como el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, destituyó a la CSJ. El 8 de diciembre de ese año, en el mismo acto de cesación, el Congreso de la época posesionó a los jueces de la Pichi Corte. Ya en el cargo, el nuevo presidente de la CSJ declaró nulos todos los juicios penales seguidos contra el exmandatario, quien hasta el momento se hallaba prófugo en Panamá. Cayó el gobierno de Gutiérrez y cayó la Corte a la carta.
La metida de mano de Correa a la Justicia
Pero la intromisión de la política en la justicia se profundizó en 2008, tras la vigencia de la Constitución de Montecristi. La consulta popular de mayo de 2011 le autorizó al Gobierno de la Revolución Ciudadana a meter las manos en la justicia.
El poder político nombró a tres vocales para integrar un Consejo de la Judicatura (CJ): Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar a su medida.
Ese consejo, “se tomó la justicia con tres herramientas: el plan de desenrolamiento con una compensación económica para quienes no se alinearan; un régimen disciplinario absolutamente persecutorio; y una evaluación arbitraria y direccionada. Así eliminaron de la función judicial a casi el 90 por ciento de servidores, esa época quedó un diez por ciento de jueces”. Eso explica el vocal Fausto Murillo, quien fue servidor judicial por 25 años en la Corte Suprema de Justicia. Murillo se acogió al plan de desenrolamiento porque no aceptó seguir lineamientos políticos.
En 2019, Murillo fue escogido para integrar el Consejo de la Judicatura, a través de una terna. Aclara que no podría regresar a la carrera o administrar justicia, ya no es funcionario judicial.
Desde la vocalía a su cargo en la Judicatura, advierte que este consejo es apetecido por grupos políticos; bajo el pretexto del caos generalizado intentan secuestrar al ente. Y alerta que la presión es mayor ahora, cuando está en marcha el proceso para completar, vía concurso, la conformación de la Corte Nacional de Justicia.
En 2023 hubo cambios en el CJ. La Corte Constitucional destituyó, en enero de 2023, a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana. La causal: un “incumplimiento deliberado y sistemático” de la sentencia constitucional que los obligaba a designar a Álvaro Román como presidente.
El nombre de Wilman Terán constó en la cuarta terna que envió la Corte Nacional. El 13 de febrero, se posesionó como presidente del CJ. Antes de su designación integraba el máximo tribunal como juez nacional encargado, presidente de la sala especializada de lo Civil y Mercantil; aparte, la sala de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores.
En cuestión de meses, Terán armó una mayoría con los vocales Barreno y Xavier Muñoz. Barreno afirma que llegó a la vocalía, porque fue propuesta dentro de la terna remitida por la Fiscalía General. Asegura que ostenta la representación institucional y no de un fiscal en particular. Esto, en respuesta a las críticas de la fiscal Diana Salazar, según las cuales Barreno tiene agenda propia.
El expediente por el caso Vocales sigue pendiente. La crisis de la justicia impacta a los usuarios del sistema. Como alerta María Dolores Miño, “La justicia es un derecho y es una necesidad social. No es un tema de dioses del Olimpo peleando por migajas de poder. Este rato en el país la justicia está preocupada por la política en lugar de favorecer al ciudadano común”.
Cambiaron los actores, no el modus operandi
María Dolores Miño, jurista que lidera el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), explica que cambiaron los actores, pero no el modus operandi. “Hoy por hoy, la Fiscalía lidera la estrategia de politización de la justicia, si bien los ciudadanos esperábamos investigación y sanción a los hechos de corrupción, nuestro ejercicio de veeduría consistió en hurgar casos y encontramos desprolijidad en pruebas, en caracterización de delitos, un trabajo fiscal deficiente, en un entorno de jueces amenazados por sanciones disciplinarias y por el posible inicio de investigaciones penales”.
Al ODJ le preocupa el crecimiento de un discurso oficial de satanización de la función judicial, por parte del Ejecutivo. Esto, en un contexto de abuso de garantías jurisdiccionales. “Son dos problemas, en realidad, la politización de las garantías de protección de derechos, que son carta preferida por actores políticos, generalmente afines al correísmo. Ahora, esta tendencia se mantiene en 2023, por parte de un nuevo actor que son los grupos vinculados a la delincuencia organizada”.
“Al Presidente no le corresponde salir en cadenas nacionales explicando que un juez debió actuar de tal manera, eso abona a un deterioro de la percepción ciudadana sobre la justicia”.
La jurista matiza sobre los procesos contra los vocales de la Judicatura. “No toda investigación es hostigamiento; la crisis de la justicia revela que todos los actores han incurrido en actuaciones por intereses políticos que terminaron perjudicando a la independencia judicial”. No obstante, menciona que el caso Vocales se reactivó con oportunidad política, algo que también ocurrió con el caso contra el exalcalde Yunda.
