La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción presentó un requerimiento fiscal contra los expresidentes Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, ambos acusados por fraude, y al primero también se le imputa lavado de activos de más 2,5 millones de dólares.
Los expresidentes de Honduras Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández fueron oficialmente acusados este miércoles junto a seis exfuncionarios por delitos de fraude y lavado de dinero, en el denominado caso «Pandora II», que investiga entregas irregulares de fondos a fundaciones y organizaciones.
«La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos los expresidentes Hernández y Lobo, ambos acusados por fraude, y a Hernández también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras” (2,5 millones de dólares), en una ampliación del caso conocido como Pandora, expuso el Ministerio Público en un comunicado.
Los otros inculpados son el exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin) Wilfredo Cerrato; sus exgerentes administrativos Lilia María Bográn y James Aldana; el director de Presupuestos Roberto Zúniga, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) Jorge Handal; y su exgerente financiero David Ortiz.
Las acusaciones están relacionadas con violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
Según la investigación de la Uferco, los imputados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la aprobación y desembolso de fondos públicos superiores a los 288 millones de lempiras (cerca de 11 millones de dólares) para las fundaciones «Todos somos Honduras» y «Dibattista».
De esos traspasos de fondos participaron como instituciones el Congreso Nacional, las secretarías de Finanzas y Agricultura y Ganadería, así como Banadesa.
Uferco acusa al exmandatario Hernández por los beneficios obtenidos, al recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes de instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Por medio de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres, tales fondos llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», a sociedad mercantil identificada como «La Cachureca», y a otros líderes de sus empresas en los departamentos, especifica la Fiscalía anticorrupción.
A su vez, la acusación a Lobo es por el traslado de fondos de una secretaría (ministerio) a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por Hernández, operaciones en las que tuvo una «participación directa».
El Ministerio Público adelantó que algunos imputados serán citados y en otros casos se emitirán órdenes de captura y alerta migratoria en contra de quienes estén fuera del país, reseñó la agencia Sputnik.
La Uferco explicó que la presentación del requerimiento fiscal se efectúa ante la Corte Suprema de Justicia porque Hernández, tras terminar su período, en 2022, juró como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo en el que permanece, aunque está preso en Estados Unidos para enfrentar juicio por narcotráfico.
