Marimaite Rayo Araiz,analista política del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales EPRI – Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, habla acerca del crimen organizado en América Latina se ha convertido en un problema central en la política de seguridad de la región. Países como México, Ecuador, Chile y los países centroamericanos han experimentado un recrudecimiento de los cárteles y una asimetría en recursos en comparación con las fuerzas de seguridad estatales.
El crimen organizado no es un fenómeno nuevo en América Latina, en realidad, este es un problema que en los últimos períodos se ha convertido en el centro de atención de la política de seguridad nacional e internacional de la mayor parte de los países de la región.
Ahora bien, recientemente, varios Estados han presenciado un rearme de los cárteles, un recrudecimiento de las guerras territoriales y una asimetría en los recursos con respecto a las fuerzas de seguridad estatales, particularmente en países como México, Ecuador, Chile y la región centroamericana, debido a su posición geográfica.
No obstante, la capacidad de respuesta ha estado marcada por las diferencias en la capacidad estatal, tanto por la estabilidad y eficiencia institucional, como por los protocolos de defensa, lo cual ha dejado en desventaja a los países pequeños.
Dentro de la región latinoamericana el líder en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido México, quien ha declarado una guerra abierta contra los cárteles de drogas. No obstante, a pesar de los grandes esfuerzos vertidos en esta lucha, incluyendo los planes de cooperación internacional con países como Estados Unidos, parece que los enfrentamientos, las masacres y las desapariciones solo han incrementado.
Es más, desde 2006, año en el que el ejército mexicano confronta de manera sistemática a estas organizaciones, se proyecta que los homicidios han incrementado un 300 % y 150.000 se le atribuyen a los cárteles. Consecuentemente, debido a la complejidad de la que gozan estas estructuras, se ha evidenciado que la captura de los grandes líderes, tales como el Chapo Guzmán, no han debilitado sus acciones.
De cierta manera, los cárteles latinoamericanos han penetrado las estructuras sociales, lo cual ha dado paso para que estos, no solo tengan una gran capacidad de adaptación, sino que también acceso a una cantidad amplia de recursos, tanto humanos, como económicos.
Un factor determinante en el crecimiento y prevalencia de estas estructuras ha sido su capacidad de reclutamiento, ya que estos al concentrarse en las áreas marginadas y de más bajos recursos, han optado por generar un sentimiento de pertenencia del que la mayoría de los jóvenes de estas comunidades carecen en su vida diaria. Esta estrategia les ha permitido continuar con esta guerra sostenida contra las fuerzas de seguridad nacionales y contra otros cárteles por el control territorial.
Por ello, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ya no solo se debe abordar desde un punto de vista de seguridad, sino que también desde uno comunitario, debido a las dinámicas sociales que se han creado a raíz de este “negocio”.
Otro factor que también se debe tomar en cuenta en el análisis del crimen organizado y su impacto en la región es la lucha entre los mismos cárteles por territorio. Esta variable es de especial importancia, dado que este no es un problema que solo afecta a un territorio en específico, sino que normalmente, al tratarse de áreas fronterizas, supone un peligro para varios países.
Uno de los últimos ejemplos se pudo presenciar en la frontera entre México y Guatemala, particularmente en el área de Chiapas, en donde la lucha entre el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación generó una presión violenta para el territorio guatemalteco. Chiapas colinda con el municipio de Tajumulco, San Marcos en Guatemala y muchos pobladores se han visto obligados a migrar debido a la violencia que se ha producido en este espacio.
Es más, muchos pobladores denominan esta área “tierra de nadie”, dado que la presencia del narcotráfico obstaculiza la intervención de las fuerzas estatales y evita un restablecimiento de la seguridad en el área. Por lo tanto, es evidente cómo el problema del narcotráfico solo se puede solucionar desde la perspectiva de la cooperación, tanto interinstitucional, como interestatal, tomando en cuenta la conexión que existe entre los cárteles de los diferentes países a lo largo de la región.
El narcotráfico y la capacidad estatal
Los últimos eventos que ha protagonizado el narcotráfico en la región demuestran una clara relación entre la proliferación del crimen organizado y la capacidad estatal. En otras palabras, cuando los países sufren de debilidad institucional, los cárteles tienen un mayor margen de maniobra para actuar, e incluso, en algunos casos, penetrar las estructuras estatales.
Un ejemplo que prueba esta tesis es el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en Ecuador. La campaña electoral de este candidato se caracterizaba por ser una de las voces más enérgicas contra la corrupción y el narcotráfico, que, a su parecer, estaba siendo protegido por el propio Estado. Consecuentemente, como este suponía ser un enemigo para las estructuras cuasi estatales que ha construido el crimen organizado en Ecuador, la única alternativa era su eliminación de la arena política.
Ahora bien, este caso demuestra cómo Ecuador, un país que desde el regreso a la democracia ha estado marcado por gobiernos incapaces de concluir su período; cambios normativos que sirven al gobierno de turno; y congresos sin compromisos a largo plazo, ha creado un caldo de cultivo idóneo para la expansión del crimen organizado. En pocas palabras, a mayor debilidad institucional, mayor capacidad tiene el narcotráfico para minar la legitimidad de las estructuras de poder tradicionales y así perpetuar su situación, particularmente por el acceso a recursos del que gozan los cárteles.
Por último, otra situación que demuestra la estrecha relación que existe entre el crimen organizado y la capacidad estatal, se puede observar en países de la región centroamericana. Esto se debe a que Centroamérica es el puente que permite el paso de las drogas y otros productos de carácter ilícito, por lo que el control territorial es de especial relevancia si se quiere facilitar la labor del crimen organizado.
En países como Guatemala, en donde el desarrollo social y la provisión de servicios públicos está concentrado en la ciudad capital, los cárteles se han encargado de proveer todos aquellos servicios básicos de los que las comunidades carecían.
Consecuentemente, en muchas áreas de interés para los cárteles, estas estructuras han llegado a reemplazar al propio Estado, lo cual, a su vez, ha permitido que las actividades ilícitas se vean normalizadas. En pocas palabras, el nexo que existe entre pobreza y crimen organizado es tan fuerte debido a la incapacidad del Estado de reducir las brechas de desigualdad en los países.
A manera de conclusión, es evidente que el crimen organizado, a pesar de no ser un fenómeno nuevo, si es un problema multicausal. Ahora bien, gran parte de su proliferación se debe a la falta de capacidad del Estado, tanto en la fortaleza institucional, como para la provisión de bienes y servicios básicos para la población.
Por ello, en muchos casos, los cárteles han llegado a reemplazar al Estado, lo cual ha nutrido su estructura de una gran variedad de recursos. Adicionalmente, cabe resaltar que el fortalecimiento del narcotráfico conlleva a otro tipo de presiones fronterizas como la migración, de manera que el crimen organizado puede servir como un hilo conductor entre los problemas principales que afectan a América Latina.
Por lo tanto, en vez de fomentar la lucha contra el crimen organizado, dado que su verdadero origen es más profundo, se debe buscar soluciones de carácter sistemático y que involucren a más ramas del Estado y no solo la defensa.
