En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de dinero, pero aseguran que no tienen responsabilidad de lo que pasa cuando los reportes pasan a la UAFE y a la Fiscalía.
Luego de las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre el creciente lavado de activos en actividades del sector privado, que involucra hasta a equipos de fútbol, las miradas se han vuelto a dirigir al papel de los bancos privados para contener la corrupción y las actividades ilícitas.
Al respeto, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) ha explicado que, por ejemplo, en 2022, el número de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sumaron 4.289 al año ,es decir, en promedio se realizaron 12 reportes diarios.
Esos reportes involucran operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas. En otras palabras, los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no guardan correspondencia con su perfil económico y financiero.
De acuerdo con los bancos, su papel es cumplir con el deber de reportar, pero no son responsables ni conocen las acciones que las autoridades toman con base en la información que reportan y el resultado de estas.
«Los bancos no están en conocimiento si las operaciones o acciones que reportan configuran o no como un hecho ilegal, dado que la UAFE y la Fiscalía consolidan toda la información del sistema y son quienes determinan si un hecho es sujeto de investigación o no», puntualizó la Asobanca.
Los reportes que realizan los bancos como parte de la colaboración con las entidades de control, son de carácter reservado y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) no los hace públicos ya que podría interferir en las investigaciones que se están llevando a cabo por las autoridades competentes.
En una nota publicada por LA HORA sobre las cuatro vías principales de infiltración del dinero sucio en la economía ecuatoriana, se apunta a que el principal nudo de impunidad está en la justicia. Así, en la Fiscalía se inician 69 investigaciones de lavado de activos al año; pero las sentencias llegan a 6. El nivel de decomiso de bienes (comprados con dinero sucio) apenas llega al 1%.
Por eso, la Asobanca afirmó que «el sistema financiero aprobó el proceso de Evaluación Mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT – Dic 2022), que evaluó el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, sobre la base de la Metodología de Evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI)»
El presidente Noboa, durante sus declaraciones públicas luego de regresar de su participación el Consejo de Seguridad de la ONU, apuntó a que se necesita fortalecer la labor de instituciones como la UAFE, el SRI y el sistema de justicia para que exista un real escarmiento y sanción sobre las personas y empresas que se embarcan en el circuito del lavado de activos en el país.
“Proactivamente los bancos privados, a través de Asobanca, han impulsado y seguirán impulsando mesas de trabajo con los distintos organismos de control para elaborar una hoja de ruta que tenga como objetivo el analizar las tipologías de lavado de dinero e identificar acciones que les permitan hacer frente a los posibles casos de corrupción”, dijo Marco Antonio Rodríguez, Presidente Ejecutivo de Asobanca.
No existe cifras oficiales sobre el monto del lavado de activos en Ecuador. Sin embargo, la estimación del último informe del Grupo de Acción Financiera en Latinoamérica (Gafilat) apunta alrededor de $2.200 millones anuales. Esto a través del narcotráfico, contrabando, corrupción y evasión fiscal.
