En su acusación, argumenta que diputados cometieron delitos de lesa humanidad al encubrir y perdonar a los militares responsables de la masacre de El Mozote. Abogado y víctimas opinan sobre ello.
Acceso a la acusación presentada el 22 de diciembre de 2023 por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera en contra de exdiputados de la Asamblea Legislativa que aprobaron la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, en 1993, al considerar que con esa acción los legisladores cometieron un delito de lesa humanidad al encubrir a responsables de masacres como la de El Mozote y lugares aledaños.
En dicha acusación figuran 10 personas, entre ellas el exdiputado Rubén Zamora y el expresidente Alfredo Cristiani, para quienes la jueza Mirtala Portillo pide la detención provisional por el delito de encubrimiento personal a favor de 13 militares responsables del operativo.
En la acusación, la jueza define los crímenes de lesa humanidad como «actos inhumanos de una particular gravedad que denotan un sentimiento de crueldad para con la existencia humana, un sentido de envilecimiento de la dignidad y de destrucción de los valores humanos y de los derechos fundamentales», situación que asegura, fueron cometidos en las comunidades dentro del marco del conflicto armado (1980-1992).
En relación a los imputados, Portillo señala que los legisladores ahora acusados ayudaron a «eludir la acción de la autoridad mediante una Ley de Amnistía, promulgada mediante Decreto Legislativo 486, publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo de 1993».
Esto implicó que no se llevara a cabo la investigación penal contra personas acusadas de cometer crímenes en el marco del conflicto armado. «Dichos funcionarios haciendo uso ilegítimo de un mecanismo (facultad de legislar) dispusieron inhibir a los responsables del accionar de la justicia, lo cual frustró uno de los fines más importantes de todo sistema jurídico, como es alcanzar la justicia, declarando por medio de la gracia de la amnistía la extinción de la responsabilidad penal y civil de los responsables, materializando la impunidad de los hechos que constituyen graves violaciones a derechos humanos para favorecer a los responsables», cita la resolución.
La acusación incluye principalmente a quienes formaron parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993, cuando se promulgó dicha Ley, quienes, según la jueza, tenían el conocimiento de los crímenes cometidos en El Mozote.
Incongruencia
De acuerdo con David Morales, exprocurador para la defensa de los derechos humanos y jefe de Justicia Transicional de Cristosal, hay una incongruencia con esta decisión, pues si bien la Ley de Amnistía fue «un despropósito», la jueza Portillo no pide la detención de los militares que son acusados de planificar, supervisar y llevar a cabo estos delitos.
«Fue un despropósito jurídico (la Ley) que perseguía indebidamente derogar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Pero (la resolución) dirige la orden de detención contra expolíticos responsables de otros hechos, que son los de la aprobación de la Ley de Amnistía, con lo cual parece hacer a un lado la directa responsabilidad de la cadena de mando de diciembre de 1981, acusados de realizar los asesinatos, violaciones, robos y actos de terrorismo, que actuaron como un aparato de poder criminal», expuso.
Para Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHM), otras personas también encubrieron a los actores de las masacres y no son procesados. «Están tirando el balón para otro bando, sin hacer investigación», mencionó.
