El Salvador será evaluado en sus medidas regulatorias para combatir el lavado de dinero y prevenir actividades delictivas en diversas áreas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo anunció el organismo internacional. El proceso de revisión busca garantizar que las regulaciones sean efectivas y éticamente cumplidas por los sujetos obligados.
Este proceso, que se realiza de manera periódica cada año, cobra especial relevancia en esta ocasión debido a la Ley para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que aún se encuentran en proceso de debate en la Asamblea Legislativa.
Ante el estudio de la normativa el experto y Director en riesgos financieros y cumplimiento del centro educativo Yancor Coaching & Mentory, Walter Morales, destacó la importancia de completar ciertas características en la ley para cumplir con las exigencias del GAFI. Según Morales, estas medidas son cruciales para combatir el crimen organizado y otras actividades delictivas relacionadas con el manejo de fondos desde diversas entidades, incluyendo empresas, partidos políticos y organizaciones.
El director de la Yancor Coaching & Mentory, en su análisis, expresó que hay exclusión de ciertas entidades en las últimas modificaciones propuestas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Asimismo, señaló que aunque se han incorporado diversos sectores como sujetos obligados, como instituciones financieras y proveedores de servicios digitales, la omisión de entidades como las organizaciones sin fines de lucro representa un desafío significativo en la prevención efectiva del lavado de dinero.
Por otro lado, Morales señaló que, a pesar de los avances, aún quedan vacíos en la prevención del lavado de dinero, especialmente en lo que respecta a las organizaciones sin fines de lucro, un sector que el GAFI destaca en sus recomendaciones.
Ley para la Prevención, Control y Sanción de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La propuesta normativa fue introducida en la Asamblea Legislativa el 13 de diciembre de 2023, posteriormente remitida a la Comisión de Seguridad durante la última sesión plenaria del año, el 20 de diciembre. La comisión la recibió y emitió un dictamen favorable al día siguiente, el jueves 21 de diciembre.
El objetivo de la ley es establecer una regulación integral para combatir los delitos relacionados con el lavado de dinero y activos, así como las distintas modalidades en que estos se ejecutan, según lo detallaron las autoridades ante la Comisión de Seguridad ante la Comisión de Seguridad.
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que la nueva normativa tiene como propósito abordar los delitos conexos con el terrorismo, al alinearse con las regulaciones internacionales de las cuales el país es parte. En este sentido, explicó que la reforma también busca mejorar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en lo que respecta al financiamiento del terrorismo.
Según las autoridades del Gabinete de Seguridad, esta iniciativa promete un mayor cumplimiento de los estándares internacionales anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, ya que aseguran que la ley actual, que data de 1999, ya no aborda adecuadamente las exigencias de los estándares internacionales, por lo que esta actualización permitirá fortalecer la capacidad del país en la lucha contra estos delitos.
Por su parte, el ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que esta iniciativa busca corregir una normativa desactualizada: “Estamos corrigiendo las deficiencias del marco legal anterior, ya que carecíamos de un instrumento adecuado para abordar este problema. Nuestra propuesta se alinea con las normativas internacionales y busca eliminar la exclusión financiera”, enfatizó el funcionario.
El fiscal general destacó que esta normativa busca armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales, especialmente en lo referente al combate contra el terrorismo, con el fin de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La iniciativa se enfoca en actualizar la normativa existente, que data de 1999 y ya no se ajusta a los estándares internacionales actuales. El objetivo es proporcionar al sistema judicial y financiero herramientas más efectivas para combatir actividades ilegales y criminales, así como para controlar las transacciones monetarias, rastrear la adquisición de bienes y realizar una mejor clasificación de los empresarios.
Las actualizaciones propuestas a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero buscan incluir nuevos sujetos obligados, como instituciones financieras, actividades profesionales no financieras y proveedores de servicios digitales, así como sectores como la venta de vehículos y repuestos.
Según se detalló ante la Comisión de Seguridad los beneficios de la normativa son:
1. Brindará más herramientas al sector judicial y financiero para combatir la obtención de riquezas por medio de actividades ilegales y criminales.
2. Las autoridades tendrán un mayor control de las transacciones monetarias realizadas en su mayoría en efectivo.
3. Las autoridades podrán rastrear la compra de bienes muebles e inmuebles producto del lavado de dinero.
4. Se podrá realizar una mejor clasificación de los empresarios y el progreso de estos, y así poder realizar estudios que promuevan pautas para un transparente desarrollo económico en el país.
5. Ampliará el espectro de Sujetos Obligados a reportar sus ingresos.
6. También combate la infiltración de criminales y delincuentes en la economía del país.
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo internacional establecido en 1989, siendo el segundo más grande en afiliación de países después de la FIFA. Su función principal es establecer recomendaciones para que los Estados miembros cumplan con estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero, activos y financiamiento del terrorismo.
A través de sus filiales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional Latinoamericana (GAFILAT), donde se encuentra registrado El Salvador, el GAFI realiza evaluaciones periódicas cada 10 años a los países miembros. Estas evaluaciones pueden implicar sanciones si los países no cumplen con las recomendaciones emitidas.
El incumplimiento de estas recomendaciones puede afectar la reputación internacional del país en materia de financiamiento y desarrollo económico, ya que influye en su capacidad para obtener apoyo financiero internacional.
