No se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra intención que perseguir la ruta del dinero de las mafias y organizaciones criminales.
Esta semana, el Gobierno finalmente reveló detalles cruciales sobre el proyecto de ley de cumplimiento tributario, con la ambición de lograr una recaudación equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), al otorgar al Servicio de Impuestos Internos (SII) mayores facultades de fiscalización, aunque el foco de la atención y la controversia se ha centrado principalmente en un aspecto específico: el nuevo procedimiento para solicitar el levantamiento del secreto bancario. Esta disposición ha generado críticas, mayoritariamente provenientes del sector privado y la oposición.
Se puede entender que detrás de esta objeción haya motivos relacionados con temas de estrategia comercial o el resguardo de la privacidad de las personas, pero no se puede perder de vista que cada vez que en el mundo se ha intentado flexibilizar el secreto bancario no ha sido con otra intención que perseguir la ruta del dinero de las mafias y organizaciones criminales.
De acuerdo con la CEPAL, la evasión y elusión tributaria alcanzan los 6 puntos del PIB en América Latina y de según el Global Tax Evasion Report 2024, un billón de dólares en ganancias fueron trasladadas a paraísos fiscales durante 2022, con el claro objetivo de evadir impuestos en los países de origen en que operaban esos capitales.
En ese mismo reporte, Joseph Stiglitz escribe: “En las últimas décadas, la globalización ha abierto nuevas posibilidades de evasión explotadas por empresas multinacionales y personas ricas de todo el mundo.
Durante demasiado tiempo esta evasión ha sido aceptada como una parte inevitable de la naturaleza humana, pero la evasión y la elusión fiscal no son inevitables, son el resultado de decisiones o de la incapacidad de tomar decisiones políticas que actúen para detenerlas”.
Se sabe que la corrupción, la pública y la privada incluyendo a la evasión y elusión tributaria, tienen consecuencias catastróficas para esfuerzos globales y nacionales en materia de superación de la pobreza, alcanzar el desarrollo sostenible, el combate de los efectos del cambio climático y enfrentar crisis sociales y humanitarias.
La actual situación de seguridad ciudadana es uno de esos aspectos que son consecuencia directa de la corrupción, ya que cuantiosos recursos que pudieran servir para destinarlos a reforzar a las policías, por ejemplo, o bien no llegan a las arcas fiscales o son desviados con fines espurios.
En Chile, ya se había legislado en 2015 para incorporar ciertas figuras de evasión como precedentes de lavado de activos, lo cual era ya una señal clara de que la elusión y evasión debían ser consideradas parte del catálogo conocido de actividades generadoras de recursos, que luego buscan ser ocultadas o disimuladas en el sistema formal; es decir, blanqueadas o lavadas.
Así, cuando todos los días vemos conferencias de prensa de congresistas y líderes políticos ante asaltos o asesinatos, deberíamos tener el mismo entusiasmo para ver acuerdos en torno a medidas que permitan el acceso a la ruta del dinero del crimen organizado.
En Chile, en el mercado negro un fusil es ofrecido a dos millones de pesos, un revólver en unos 100 mil pesos y una pistola automática en poco más de 300 mil. Para pagar esas armas y las municiones, se necesita dinero y ese dinero muchas veces pasa por el sistema financiero: necesitamos seguir el dinero.
El dinero no solo es un medio para mover capitales, sino una fuerza impulsora que puede generar prosperidad, innovación, desarrollo y seguridad tanto a nivel individual como societal.
Sin embargo, en manos equivocadas, puede convertirse en una herramienta para alimentar al crimen organizado y sus bandas, las cuales operan utilizando las mismas instituciones financieras, aplicaciones y plataformas que el resto de la sociedad, pero con intenciones perjudiciales. Por esta razón, es crucial contar con el respaldo y los votos necesarios para abogar por la flexibilización del secreto bancario, con el único propósito de prevenir actividades ilícitas.
