A finales de 2010, agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) prepararon una operación en McAllen, Texas, una bulliciosa ciudad de tamaño mediano situada frente a Reynosa, México. Un agente encubierto, que se hacía pasar por un miembro de una organización de narcotráfico de Nueva York, había invitado al objetivo de la operación a encontrarse con él en un estacionamiento comercial de la ciudad para cerrar un negocio de drogas que ambos habían estado discutiendo durante algunos meses.
El objetivo era Mauricio Soto Caballero, un consultor radicado en Ciudad de México con algunas conexiones turbias, que estaba buscando un punto de entrada al mundo del tráfico de cocaína. Pero para la DEA, Soto representaba algo mucho más grande: la oportunidad de resolver un caso que investigadores creían que penetraba no solo a las altas esferas del narcotráfico, sino también a las altas esferas de la política mexicana.
Durante sus conversaciones, Soto había accedido a tomar posesión de un vehículo con 10 kilogramos de cocaína. Cruzó la frontera y llegó a la reunión en un automóvil junto con dos socios. El agente encubierto subió al auto de Soto y le dio las llaves del vehículo que alojaba la cocaína. A cambio del favor, el agente encubierto prometió darle a Soto como recompensa un kilogramo de cocaína.
Las dos partes tomaron caminos distintos. Poco después, la DEA llamó a la puerta del hotel de Soto y le dijeron que estaba bajo arresto.
El valor de Soto tenía poco que ver con el tráfico de drogas. Él había ayudado en el pasado en campañas políticas, entre ellas las del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Conocido popularmente como AMLO por su pegadizo acrónimo, López Obrador se había presentado a las elecciones presidenciales en numerosas ocasiones.
Los agentes de la DEA creían que, durante las elecciones presidenciales de 2006, Soto había trabajado como un coordinador de campaña y, entre otras tareas, había canalizado millones de dólares de una organización de narcotráfico mexicana a la campaña de AMLO. Si atrapaban a Soto, pensaban, darían un paso para averiguar si AMLO sabía que su campaña había recibido dinero del narcotráfico.
Esta historia se basa en más de una docena de entrevistas, entre ellas las realizadas a varios funcionarios de las fuerzas de seguridad y diplomáticos, tanto activos como retirados, que tuvieron conocimiento de la investigación, pero desearon permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente o porque les preocupaba su seguridad.
Era un caso criminal audaz, y no uno de los que suelen abordar los agentes, dados los retos y los posibles escollos políticos que trae consigo investigar un potencial presidente. Investigaciones como esta ilustran cómo el crimen organizado busca atrapar entre sus garras a políticos del más alto nivel, pero son increíblemente complicadas. El dinero se mueve en efectivo, por lo que no suele haber rastro documental. Los testigos suelen ser criminales, lo que hace que tanto los jurados como las fuerzas del orden se muestren reacios a confiar en su palabra. Perseguir objetivos políticos de alto nivel puede socavar la carrera de un agente y poner en peligro las relaciones diplomáticas.
Cuestiones como estas terminarían por descarrilar también este caso, pero en esta etapa del proceso, los agentes aún tenían a AMLO en la mira, y Soto los acercó un paso más. Le presentaron dos opciones. Podía quedarse en McAllen y someterse a un proceso que incluiría varias comparecencias públicas ante un tribunal antes de ser extraditado a Nueva York y ser juzgado. O podía aceptar cooperar y viajar con los agentes a Nueva York de una vez, donde los fiscales discutirían un posible acuerdo, a cambio de su cooperación.
Soto optó por viajar a Nueva York inmediatamente.
La reunión
Cuando AMLO decidió postularse a la presidencia en 2006, la política mexicana estaba en plena ebullición. En el 2000, la principal organización política del país, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), había perdido las elecciones presidenciales por primera vez en 71 años. En su lugar, el conservador Partido Acción Nacional (PAN) asumió la presidencia. Al mismo tiempo, AMLO, que encabezaba el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), ganó las elecciones para convertirse en alcalde de Ciudad de México. Dejó el cargo en 2005 con índices de aprobación por las nubes, lo que lo convirtió en un personaje conocido y le valió la designación como candidato presidencial del PRD para 2006.
El PRI había combinado el clientelismo tradicional, el populismo y una corrupción profundamente arraigada para crear un sistema político extraordinariamente duradero. Incluso los de fuera conocían el precio de hacer negocios, incluidas las organizaciones criminales que administraban las lucrativas zonas de producción de drogas y los corredores de tráfico de México.
La derrota del PRI en el 2000 puso patas arriba este sistema. En lugar de un partido a través del cual canalizar los sobornos, de repente había tres. En lugar de que un partido controlara las principales fuerzas judiciales, de inteligencia y de seguridad del país, ahora había varios intereses y facciones que competían entre sí. En lugar de que un partido controlara las leyes bancarias, los contratos públicos, los servicios de inmigración, las aduanas, los organismos reguladores y todas las demás oficinas gubernamentales que ayudan a los grupos criminales a transportar toneladas de drogas ilícitas a través de México y a lavar sus ganancias, ahora había un sinfín de burócratas e intermediarios ávidos de poder y dinero.
A medida que este nuevo sistema tomaba forma, los grupos criminales empezaron a buscar nuevos interlocutores en el gobierno que les ayudarán a hacer negocios y les mantuvieran fuera de la cárcel. Entre esos grupos estaba la Organización Beltrán Leyva (OBL). Dirigida por varios hermanos de la familia Beltrán Leyva, la OBL era una de las organizaciones criminales más temidas de México. En 2005, la OBL operaba en media docena de estados mexicanos y se estaba extendiendo a otros más.
En aquel momento, la OBL, junto con el cártel de Sinaloa, formaba parte de la denominada Federación. La Federación, como su nombre lo indica, estaba formada por varios grupos que se habían aliado a principios de la década del 2000 tras la fuga de prisión del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Pero estas alianzas eran frágiles, y el hampa de México también estaba en plena convulsión. Los grupos criminales, independientemente de sus lealtades declaradas, se disputaban el control de muchas de las mismas zonas de producción de marihuana y amapola, así como de los importantes corredores de tráfico fronterizo con Estados Unidos, que les daban acceso al país consumidor de drogas más lucrativo del mundo.
Para asegurar sus inversiones y expandirse a nuevas zonas, estos grupos criminales empezaron a crear sus propios mini ejércitos. El de la OBL estaba liderado por Édgar Valdez Villareal, un osado nativo de Laredo, Texas. «La Barbie», como se le conocía, fue jugador de fútbol americano en su escuela secundaria, que había pasado de vender marihuana en Laredo a convertirse en la punta de lanza de la OBL y en un gran narcotraficante por derecho propio.
Pero la batalla por la supremacía criminal no solo la libraban las alas armadas. Los grupos criminales de México buscaban cualquier ventaja que pudieran obtener, y fue en este contexto que, hacia finales de 2005, la OBL buscó una reunión con representantes de AMLO en un hotel de la costa occidental. Según las autoridades estadounidenses que tomaron declaración a tres personas que asistieron a la reunión y a dos más que se enteraron de ella más tarde, la reunión tuvo lugar en Nuevo Vallarta, una pequeña ciudad de la costa del Pacífico en el estado occidental mexicano de Nayarit, justo al norte de la ciudad turística más famosa de Puerto Vallarta.
Entre los asistentes por parte de la OBL, según los testigos, estuvieron La Barbie y su suegro, Carlos Montemayor González; Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», un sicario que se convirtió en un miembro central de la organización, quien después dijo a los investigadores que él había organizado la reunión; y Roberto López Nájera, un abogado de La Barbie.
Según las autoridades estadounidenses, del lado de AMLO estaba Héctor Francisco «Pancho» León García, empresario y candidato a senador por el estado de Durango por la Coalición por el Bien de Todos, una alianza política de izquierda formada para apoyar la candidatura de AMLO. Era la primera incursión de León en política, pero abrazó a su candidato presidencial: su lema, según El Siglo de Torreón, era «Yo AMLO a Pancho León», sustituyendo la palabra amo por las famosas iniciales de López Obrador.
El otro asistente por el lado de AMLO fue un empresario con interés en el sector de bienes raíces y algunas conexiones limitadas con la campaña de AMLO.
Aunque uno de los asistentes acabó dibujando un mapa de la reunión y de quiénes se encontraban en ella, los detalles sobre qué se discutió exactamente no fueron precisos, dado que las declaraciones de aquellos que estaban en la habitación del hotel tenían años de antigüedad cuando las autoridades estadounidenses las obtuvieron.
Aun así, por lo que pudieron averiguar, los investigadores estadounidenses creían que los representantes de la OBL habían hecho un trato con la campaña de AMLO: La OBL daría millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO; a cambio, el equipo de AMLO prometió dar a la OBL el primer derecho de rechazo sobre quién sería el procurador general, lo que, para los investigadores estadounidenses, equivalía a un pase libre para traficar drogas.
Los testigos también dijeron a los investigadores que, para expresar su agradecimiento, Pancho León regaló a La Barbie un reloj que, según ellos, valía unos US$20.000. Más tarde, dijeron los testigos, la OBL le devolvió el favor y ayudó a León a pagar uno de los grandes mítines de AMLO que organizaría.
El dinero
Cuando surgió la pregunta de quién podría recibir dinero del lado de AMLO, el empresario sugirió un nombre: Mauricio Soto Caballero. Soto era un consultor que él conocía en la Ciudad de México. Los dos eran «socios comerciales», según un investigador con conocimiento del caso, dijo a InSight Crime luego. Y lo que era más importante para los objetivos de la OBL, Soto también era coordinador de la campaña de AMLO y mantenía una estrecha relación con uno de los principales ayudantes de AMLO.
En las semanas siguientes, el empresario y Pancho León organizaron el bando de AMLO, y el empresario habló varias veces con Soto. En el bando de la OBL, según los investigadores estadounidenses, La Barbie designó a López para representar a la OBL.
A principios de 2006, López viajó al lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México, donde el Soto tenía una oficina. Allí, López se reunió con el empresario y Soto, según contarían los tres más tarde a los investigadores estadounidenses. No hubo intercambio de dinero, pero López y Soto congeniaron y acordaron volver a verse.
Durante las siguientes semanas, según los testigos, López entregó a Soto entre US$2 y $3 millones de dólares, que Soto dijo más tarde que pasó a la campaña de AMLO. Los investigadores dijeron que una parte del dinero también se canalizó a través de otro presunto agente de la OBL llamado Roberto Acosta Islas, alias «R», quien luego movió ese dinero a través de López a Soto, quien dijo que lo pasó a la campaña de AMLO. (Autoridades de los Estados Unidos dijeron que Acosta fue asesinado después.)
Las elecciones no salieron como estaba planeado. En julio de 2006, AMLO perdió por un estrecho margen frente a Felipe Calderón, del PAN. En Durango, a Pancho León no le fue mejor y perdió su contienda al senado frente al candidato del PAN por unos 100.000 votos.
AMLO, sin embargo, no se rendiría fácilmente. Tras declararse vencedor, los seguidores de AMLO salieron a la calle. Las protestas se prolongaron durante meses. Y después de que el PRD perdiera un juicio por lo que calificó de «fraude cibernético» y el máximo tribunal electoral de México declarara oficialmente presidente a Calderón, los seguidores de AMLO celebraron un simulacro de toma de posesión de su presidente «legítimo».
Pero la táctica fracasó. Las protestas se disiparon y, aunque muchas encuestas mostraban que la gente pensaba que había algún fraude, otras culpaban a AMLO del aumento de las tensiones, por lo que él poco a poco fue dando marcha atrás.
Mientras tanto, Calderón prestó juramento y el 11 de diciembre de 2006, solo 10 días después de su toma de posesión, el nuevo presidente envió 6.500 soldados a Michoacán, su estado natal. Su objetivo era la organización criminal conocida como la Familia Michoacana. Meses antes, el grupo había arrojado infamemente cinco cabezas cortadas en un club de striptease de Uruapan, Michaocán, marcando el comienzo de una serie de espectáculos truculentos orquestados por los cárteles para aterrorizar a la población mexicana.
Tras el inicio de la ofensiva de Calderón, la violencia empeoró. En febrero de 2007, Pancho León y otras dos personas que iban con él desaparecieron mientras se dirigían a una reunión en una carretera cerca de Torreón, Coahuila. El caso se caracterizó por una serie de incoherencias e irregularidades, incluida la misteriosa desaparición de pruebas. No se recuperó ninguno de los cuerpos.
Pancho León fue una de las miles de personas que desaparecieron en México a medida que la situación de seguridad se deterioraba rápidamente durante el gobierno de Calderón. También aumentaron los secuestros y asesinatos.
Las cosas empeoraron el 21 de enero de 2008, cuando las fuerzas armadas de México detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, uno de los líderes de la OBL en su lujosa casa de Culiacán, la capital y ciudad más grande del estado de Sinaloa. Corrió el rumor de que el cártel de Sinaloa había utilizado sus conexiones corruptas para orquestar la detención con el fin de eliminar a uno de sus adversarios emergentes. La llamada Federación de grupos criminales aliados se disolvió.
Siguió la guerra. A mediados de 2008 se produjeron más de 100 asesinatos sólo en Culiacán, incluida una oleada de homicidios de policías. A medida que la disputa entre la OBL y el cártel de Sinaloa se recrudecía, los miembros de ambos bandos se volvían cada vez más vulnerables. Las autoridades estadounidenses y mexicanas aprovecharon para seguirle la pista a otro líder de la OBL, Arturo Beltrán Leyva, en un esfuerzo de cooperación sin precedentes entre ambos gobiernos.
El 16 de diciembre de 2009, la Marina de México utilizó la información recabada para allanar un edificio residencial en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Arturo y cuatro de sus guardaespaldas murieron en la operación. En una comunicación diplomática confidencial enviado en aquel momento, las autoridades estadounidenses lo calificaron como «la caída de mayor nivel de una figura de un cártel bajo el gobierno de Calderón».
El informante
La investigación estadounidense sobre la campaña de AMLO de 2006 comenzó en 2010, apenas unos meses después de la muerte de Arturo, cuando un informante le contó a un agente sobre la peculiar reunión en aquella habitación de hotel de Nuevo Vallarta. El informante, según un relato del medio Proceso, que accedió a registros internos del gobierno sobre él, había adoptado el alias de «Jennifer» cuando comenzó a colaborar con las autoridades mexicanas en 2007. (Un relato posterior de la misma periodista diría que adoptó el nombre en 2008, a instancias de las autoridades estadounidenses).
Jennifer era, según los investigadores, Roberto López Nájera, el mismo agente de la OBL que había asistido a la reunión de Nuevo Vallarta, donde los líderes de la OBL habían propuesto intercambiar fondos por influencia en la selección del procurador general del país, si la campaña de AMLO ganaba las elecciones de 2006. También, presuntamente, había recolectado el dinero de la OBL y lo entregó al coordinador de la campaña de AMLO, Mauricio Soto Caballero, durante sus reuniones en Polanco en las semanas que siguieron.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que habían usado a López como informante después de que el jefe de su cártel, La Barbie, supuestamente secuestrara y desapareciera a uno de los familiares de López a causa de una disputa interna. La Barbie, años más tarde, en la audiencia de lectura de su sentencia, negaría haber matado a alguien durante su larga carrera criminal. López también empezó a colaborar con las autoridades mexicanas años más tarde.
En esos primeros años como cooperante — antes de que comenzara la investigación sobre la campaña de AMLO de 2006 — López había demostrado ser útil. Poco después de convertirse en informante, les contó a las autoridades estadounidenses sobre un ex investigador de la policía especial mexicana que trabajaba con el Servicio de Marshals de Estados Unidos y que estaba filtrando información a la OBL. Más tarde, el funcionario se declararía culpable en un tribunal estadounidense por aceptar un soborno de un hombre conocido como «Mr. Nineteen» a cambio de información sobre un fugitivo estadounidense al que la Embajada de Estados Unidos le seguía la pista en México. Los investigadores estadounidenses dijeron a InSight Crime que Mr. Nineteen era el apodo que la OBL usaba para referirse a López.
López también había revelado que tres miembros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (hoy llamada Fiscalía General de la República) trabajaban con la OBL. Los tres se declararon culpables y empezaron a colaborar con las autoridades mexicanas.
Sin embargo, la colaboración de López con las autoridades mexicanas en años posteriores resultaría mucho más problemática. Esto incluyó trabajar en casos del gobierno mexicano contra un alto general mexicano, Tomás Ángeles; el antiguo zar antidroga, Noé Ramírez; y un alto mando de la policía antidroga, Javier Herrera Valles. Los tres fueron encarcelados en el marco de lo que se denominó Operación Limpieza, la muy publicitada ofensiva del gobierno de Calderón contra la corrupción interna impulsada por el narcotráfico.
Aun así, los tres lucharon contra los cargos, y en 2013, los tres casos se desmoronarían, en parte por problemas con los testimonios de López. En uno de los artículos periodísticos más condenatorios sobre el informante, Proceso dijo que López tenía una «lengua letal» y detalló cómo López cambiaba sus historias o era llamado por los fiscales para fabricar testimonios en casos que se estaban desmoronando. Un exfuncionario mexicano que trabajaba en la Procuraduría General de la República en esa época y habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, dijo que esta práctica de emplear informantes para apuntalar investigaciones poco sólidas era y es típica.
«En muchos de casos no corroboraban, ni corroboran, la información proporcionada por los testigos con otros elementos de prueba y por eso se caían y se caen los casos», dijo el exfuncionario, refiriéndose a algunos fiscales de la Procuraduría General.
Pero en 2010, López seguía siendo considerado un activo valioso, por lo que los investigadores estadounidenses lo pusieron a trabajar en el caso AMLO. Primero, lo interrogaron sobre los detalles de la reunión en el hotel de Nuevo Vallarta. López también informó a los investigadores sobre los supuestos pagos hechos al coordinador de campaña de AMLO en Polanco, a Mauricio Soto Caballero. Edgar Valdez Villareal, alias ‘La Barbie’. Nicolás Mollinedo Bastar. Sergio Villareal Barragán, alias ‘El Grande’. Roberto López Nájera, alias ‘Jennifer’
Es más, tras la campaña, López y Soto se habían hecho amigos improbables. Y Soto, según descubrieron los investigadores en sus interrogatorios a López, estaba interesado en entrar en el negocio de la droga.
Fue en este contexto en el que los investigadores idearon su plan. La DEA hizo que López invitara a Soto a una reunión en un hotel de Florida. Allí, López y Soto, junto con un agente encubierto de la DEA haciéndose pasar por un traficante de drogas, hablaron de meterse juntos en el negocio de la droga.
No se hicieron planes específicos, pero los investigadores dijeron que las conversaciones entre López y Soto sobre el tráfico de drogas continuaron, y los dos organizaron varias otras reuniones, incluyendo la reunión a finales de 2010 en McAllen, Texas, donde Soto recibió las llaves del auto y fue posteriormente capturado.
Después de volar a Nueva York con los agentes, no está claro qué ocurrió a continuación. InSight Crime no pudo encontrar ningún documento judicial relacionado con Soto en la base de datos judicial federal, y los funcionarios del Departamento de Justicia no hicieron comentarios, pero a los pocos días se permitió a Soto regresar a México.
Al parecer, el caso ahora tenía a un infiltrado del lado de AMLO, y adoptó un nombre. Lo llamaron Operación Polanco, una referencia al elegante y exclusivo vecindario donde presuntamente el dinero pasó de la OBL a la campaña de AMLO.
El comité
La investigación sobre la campaña de AMLO era compleja y delicada, por lo que al principio, los agentes de la DEA decidieron que necesitaban la aprobación de lo que se llama el Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés). Se consulta al SARC cuando la DEA está entrando en un terreno legal, ético, o político delicado. Por ejemplo, los agentes encubiertos pueden querer hacerse pasar por un cura o un psiquiatra, o dejar salir a propósito drogas o dinero de la escena de un crimen, para poder seguir su rastro.
Pero el SARC también puede ser consultado cuando los agentes persiguen a un político o a un alto cargo de las fuerzas del orden, lo que puede causar revuelo en los medios de comunicación o poner en peligro las relaciones diplomáticas. Según los investigadores estadounidenses, esta es la razón por la que la DEA llamó al SARC para la investigación de AMLO. En 2010, cuando iniciaron la investigación, AMLO no ocupaba ningún cargo, pero como exalcalde de Ciudad de México y el candidato que casi gana las elecciones presidenciales, seguía siendo una figura política de alto perfil y los investigadores pensaron que causaría revuelo si se viera envuelto en una investigación por narcotráfico.
El comité suele estar formado por altos cargos de la DEA, así como por miembros de alto nivel de su organismo matriz, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). En algunos casos, otros departamentos también pueden estar presentes en el comité, incluyendo funcionarios del Departamento de Estado.
Pero el rigor y la eficacia de los SARC varían dependiendo del caso, del momento político, de la relación con otro país y otros factores. Un informe del Inspector General del DOJ de 2015 describió la revisión de un programa sobre informantes confidenciales por parte del comité como «inadecuada e infrecuente.»
Cuando los agentes acudieron al SARC para informarle de su investigación sobre la campaña presidencial de AMLO en 2006, el comité no se opuso. Los agentes tendrían que volver con actualizaciones por escrito cada seis meses, pero la investigación tenía la aprobación oficial para continuar.
Por aquel entonces, la DEA recibió la notificación de que el empresario que asistió a la reunión en un hotel de Nuevo Vallarta entre la OBL y emisarios de la campaña de AMLO iba a viajar a Las Vegas con su familia. Después de que el empresario aterrizó, los agentes lo siguieron a él y a su familia, y observaron cómo se registraban en un extenso complejo hotelero y casino. Después de obtener su número de habitación, subieron y llamaron a la puerta del empresario.
Abrió el empresario. La conversación, según los investigadores estadounidenses, fue breve. En español, un agente le dijo al empresario quiénes eran y mostró su placa. Uno de los hijos del empresario estaba en la habitación, así que mantuvieron la voz baja y se quedaron torpemente en la puerta.
«Necesito un trago», dijo finalmente el empresario.
Los agentes invitaron al empresario, que estaba visiblemente conmocionado, a hablar más con ellos en el vestíbulo.
Los hombres bajaron y se sentaron en el bar. Uno de los agentes preguntó al empresario si quería una copa. El empresario murmuró que sí, así que el agente pidió dos Macallan de 12 años.
El bartender sirvió las bebidas y las puso delante de los hombres. Mientras el agente empezaba a explicar al empresario lo que había escuchado de la reunión y los pagos a la campaña, el empresario levantó el vaso y lo inclinó hacia atrás como si estuviera bebiendo un trago de tequila.
La trampa
El empresario ayudó a los investigadores a corroborar la reunión del hotel de Nuevo Vallarta, así como algunos de los demás detalles relativos a las reuniones con López y el movimiento de dinero hacia Soto. Pero no se le acusó de ningún delito y regresó a México, donde parece que se mantendrá alejado de más problemas legales, aunque cooperó a regañadientes.
Soto, por su parte, se convirtió en el personaje central de la investigación. Entre los datos más importantes que aportó figura que había entregado el dinero que había recibido de la OBL a Nicolás Mollinedo Bastar.
Más comúnmente conocido como «Nico», Mollinedo fue el chofer de AMLO y más tarde su «coordinador de logística» durante el tiempo que AMLO fue alcalde de Ciudad de México a principios de la década de 2000. Aunque llevaba al entonces alcalde en el popular Nissan Tsuru, Nico ganaba algo cercano a US$ 5.000 mensuales, una cantidad escandalosa, según versiones periodísticas de la época porque era similar a lo que ganaban los altos funcionarios de la administración.
Para los investigadores estadounidenses, Nico era la pieza clave del caso y se convertiría en el objetivo principal porque era uno de los principales asistentes de AMLO. Los investigadores pensaron que al presionar a Nico para convertirse en informante, podrían averiguar lo que AMLO sabía sobre la supuesta contribución de la OBL a la campaña.
Así, en 2011, los agentes convencieron a Soto para que llevara un micrófono durante un par de encuentros con Nico. Nico se había convertido en un exitoso hombre de negocios desde su época de trabajo con AMLO, al parecer comprando tierras, autos costosos y enviando a sus hijos a escuelas privadas en Estados Unidos. Y los dos hombres habían mantenido una estrecha relación.
La primera vez que Soto usó un micrófono, según los investigadores, la grabación falló. La segunda vez, funcionó. En la grabación, los investigadores dijeron más tarde a InSight Crime, se podía oír a los dos hablando de los posibles problemas que sus interacciones con la OBL podrían causarles.
Tenían motivos para preocuparse. Para entonces, el gobierno de Calderón había desmantelado la cúpula de la OBL. La mayoría de los hermanos Beltrán Leyva, así como otros muchos dirigentes, estaban muertos o en la cárcel. Esto incluía a los que habían estado en la reunión de 2005 en el hotel: La Barbie, su suegro, y El Grande, quienes fueron capturados en 2010.
Durante su conversación grabada, Soto y Nico también discutieron su exposición legal, en parte debido a la Operación Limpieza, la que había conducido a las detenciones de antiguos agentes de la SIEDO y del informante de la OBL que había estado trabajando con el Servicio de Marshals en la embajada de Estados Unidos.
La grabación era útil, pero no demostraba que Nico hubiera cometido un delito. Sin embargo, dio a los investigadores la sensación de que estaban en el camino correcto.
Otras cosas también estaban encajando. El Grande, que estaba bajo custodia mexicana, corroboró algunos de los detalles de la reunión de Nuevo Vallarta y corroboraría más tras su extradición a Estados Unidos. Una quinta persona, que posteriormente fue identificada por la DEA como un «socio» de El Grande, también dijo a la DEA que El Grande le habló de la reunión en Nuevo Vallarta y que la OBL había dado a la «campaña de AMLO más de 2 millones de dólares» en 2006.
Para los investigadores estadounidenses, el testimonio de El Grande era especialmente importante porque, en el momento de su detención, tenía una relación de enemistad con La Barbie y López, y, por lo tanto, ningún incentivo para corroborar el relato de López, a quien El Grande consideraba un títere de La Barbie. En efecto, la OBL se había fracturado. Hubo incluso una historia que afirmaba que La Barbie había ayudado a las autoridades a acorralar a su antiguo jefe, Arturo Beltrán Leyva, en el apartamento de Cuernavaca, donde Arturo encontró su sangriento final.
En este punto, los investigadores de la DEA eran ligeramente optimistas de que el caso se estaba cerrando, pero tenían que despejar algunos obstáculos antes de que alguien pudiera ser acusado. Todavía no podían vincular a AMLO o incluso a Nico a la conspiración. No tenían rastro del dinero, solo una serie de testigos presenciales y alguna información corroborada de una conversación grabada. Además, el plazo de prescripción para acusar a personas, que normalmente es de cinco años para este tipo de delitos, ya había pasado. Y lo más grave de todo es que la política del caso había cambiado.
El plan
En los años posteriores a su estrecha derrota electoral en 2006, AMLO se había mantenido activo políticamente y, a finales de 2011, estaba claro que se postularía nuevamente a la presidencia, por lo cual los investigadores sabían que tendrían que convocar una reunión híbrida con el SARC con personal presente en Washington DC y la Ciudad de México para obtener su aprobación. Ahora, el tema que el comité tenía que considerar no era solo la atención de los medios por ir tras una figura política, sino la interferencia política.
Los investigadores siguieron adelante de todos modos e idearon una forma de «actualizar la conspiración», como dijo un agente. El plan lidiaría no solo con el estatuto de limitaciones, sino también con los posibles escollos políticos. Y a finales de 2011, unos pocos meses antes del lanzamiento oficial de la campaña de AMLO, la presentaron ante el SARC en una reunión híbrida con representantes reunidos en Washington DC y la Ciudad de México.
Su objetivo, dijeron al comité, era Nico, quien para entonces había vuelto a trabajar con AMLO, ayudando a su nueva campaña presidencial. El plan era presentar a Nico a un agente encubierto en una reunión.
En esa reunión, el agente encubierto le ofrecería a Nico US$5 millones en financiación de campaña. La contribución se disfrazaría como procedente de la OBL. A pesar de sus reveses, el grupo criminal seguía siendo una buena tapadera. Uno de los hermanos que aún operaba fuera de prisión, Héctor Beltrán Leyva, llevaba el apodo de «El Caballero», un guiño a sus conexiones de clase alta.
El quid pro quo, según los investigadores, sería el mismo que el que la OBL había utilizado en las elecciones de 2006: el grupo criminal obtendría el derecho de tanteo sobre el procurador general, en otras palabras, un pase libre para traficar drogas.
El proceso comenzaría con una entrega de dinero en efectivo, que los agentes suponían que uno de los mensajeros de Nico recogería. El mero hecho de aceptar el dinero, argumentó uno de los investigadores, “actualizaría la conspiración” y extendería el estatuto de limitaciones.
El objetivo de la operación encubierta era seguir ascendiendo en la escalera política. Los investigadores pensaron que el operativo provocaría más conversaciones telefónicas entre Nico, otros asociados, e implicaría a más personas en la conspiración. En un «escenario ideal», como dijo un agente, Nico eventualmente viajaría a Estados Unidos, donde podrían detenerlo, acusarlo y luego intentar convencerlo de delatar a los demás involucrados.
Pero cuando los investigadores estaban por terminar la presentación, la conexión de México se cortó. Otros en la llamada trataron de llenar los vacíos y luego responder una serie de preguntas centradas en la política del caso. Estaba claro que el SARC quería evitar cualquier apariencia de interferir en el proceso electoral, por lo que se ofrecieron alternativas, como realizar la operación encubierta y luego sentarse sobre la investigación hasta que supieran los resultados de las elecciones. De esa manera, argumentaron, podrían mantenerla en marcha y actuar si el comité reconsideraba una vez que AMLO dejara de ser candidato. Pero el SARC no pareció convencido.
Pasaron unos días antes de que los investigadores recibieran noticias de sus jefes. El mensaje era claro: cerrar la investigación.
Las secuelas
Los investigadores comprendieron la decisión del comité. El SARC estaba preocupado por las apariencias, especialmente con las elecciones que se avecinaban en México y AMLO preparándose para estar en la boleta electoral.
También había otras preocupaciones. Después de un período de cooperación sin precedentes en asuntos de lucha contra el narcotráfico, que incluyó un gran paquete de asistencia de Estados Unidos y una renovación de las extradiciones de México a Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos y México estaban atravesando algunos disturbios. Durante años, en el marco de una ambiciosa operación antidroga, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) había permitido que las armas compradas en circunstancias sospechosas en armerías estadounidenses «entraran» a México, para poder rastrearlas con la esperanza de detener a miembros de alto nivel de los cárteles.
Pero cuando se encontró una de las armas en el lugar del asesinato de un agente de la patrulla fronteriza estadounidense en diciembre de 2010, la práctica estalló en un escándalo. Los posteriores testimonios de denunciantes, correos electrónicos internos, audiencias en el Congreso y reportajes en los medios de comunicación sobre el caso “Rápido y Furioso» demostró que se había permitido la entrada en México de cientos de armas, docenas de las cuales fueron encontradas posteriormente en escenarios de crímenes e incautadas en alijos de los cárteles.
El gobierno mexicano estaba furioso. Antiguos aliados del poder judicial y de las fuerzas de seguridad se sintieron traicionados, en parte porque nunca se les informó adecuadamente sobre la práctica de la ATF. El escándalo se cerniría sobre las relaciones bilaterales durante años, y el tráfico de armas de Estados Unidos a México sigue siendo un importante punto de discordia entre ambas naciones.
Aun así, los investigadores estaban preocupados por las implicaciones de dejar pasar el caso. Uno de ellos respondió a la orden de cerrar la investigación sobre el financiamiento de la campaña con una pregunta a sus jefes: «¿Qué pasa si gana AMLO y sabemos esto de él»?
AMLO perdió las elecciones en 2012, y no impugnó el resultado como había hecho en 2006. Pero al final de las elecciones, los investigadores habían pasado a otros casos. Es más, sabían que sus jefes y el SARC no les habrían permitido reabrir el caso. Tras las elecciones, Estados Unidos intentaba tender puentes con una nueva administración, menos abierta a colaborar con la DEA que la anterior y aún dolida por el escándalo de Rápido y Furioso.
«Hace trece años, el Departamento [de Justicia de EE. UU.] siguió sus protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles,» dijo una persona familiarizada con las investigaciones del Departamento de Justicia en la investigación sobre AMLO. «Como resultado, la actividad investigativa fue limitada en tiempo, restringida en alcance solo a actividades criminales relacionadas con drogas, notificada en el país, y concluida.»
Todos los demás implicados en el caso también siguieron adelante. Soto, entre otras cosas, mantenía una relación cercana al círculo de AMLO, incluso con Nico, que ha seguido apareciendo en las noticias, en parte por la forma en que su familia supuestamente ha utilizado su sus contactos en lucrativos negocios inmobiliarios y puestos políticos de alto nivel.
Soto, entre otras cosas, creó una organización ambiental con Nico, que sigue promocionándola en su página web personal. Nico, por su parte, ha seguido siendo un fijo en las noticias, en parte por la forma en que su familia supuestamente ha convertido sus contactos en lucrativos negocios de tierras y puestos políticos de alto nivel.
Ninguno respondió a los esfuerzos de InSight Crime para hablar con ellos.
El empresario que asistió la reunión en Nuevo Vallarta y fue emboscado en Las Vegas también permaneció en México. Los intentos de contactar con él no fueron exitosos.
La Barbie fue deportado a Estados Unidos, se declaró culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas y fue condenado a 49 años de cárcel. Sus abogados no respondieron a InSight Crime.
Su suegro, Montemayor, también se declaró culpable de lavado de dinero y narcotráfico y fue condenado a 34 años de prisión federal en Estados Unidos. Sus abogados no respondieron a las preguntas de InSight Crime.
Sergio Villarreal, alias El Grande, salió de la prisión federal en 2019, según los registros de la prisión estadounidense. Sus abogados declinaron hacer comentarios.
El abogado de La Barbie, López, alias Jennifer o Mr. Nineteen, desapareció y, según un reportaje de Proceso, ingresó a un programa de protección de testigos en Estados Unidos.
En 2018, seis años después de que el SARC cerrara la investigación, AMLO ganó la presidencia.
Las relaciones entre EE. UU. y México bajo AMLO han sido tensas. Mientras que México se ha quejado del tráfico de armas desde EE. UU., Estados Unidos ha tenido sus propias preocupaciones.
El fentanilo, del cual gran parte se fabrica ilegalmente en México, ha inundado las calles estadounidenses en los últimos años, llevando a números récord de muertes por sobredosis. Y en 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. capturó y acusó a un ex secretario de defensa mexicano de coludir con traficantes de drogas; los cargos fueron retirados después de los reclamos de la administración de AMLO.
Después de que InSight Crime solicitó un comentario sobre la investigación de la campaña de AMLO en 2006, el Departamento de Justicia respondió: «El Departamento de Justicia respeta plenamente la soberanía de México, y estamos comprometidos a trabajar codo a codo con nuestros socios mexicanos para combatir a los cárteles de drogas responsables de tanta muerte y destrucción en ambos países. Es nuestra práctica estándar no comentar sobre la existencia de cualquier actividad investigativa particular. Seguimos consistentemente estrictos protocolos internos y supervisión para manejar todas las investigaciones internacionales sensibles.»
Su mandato termina en diciembre de 2024. Su oficina no respondió a los esfuerzos de InSight Crime por obtener comentarios.
Parker Asmann ha contribuido a este reportaje.
